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CAMBIO DE INSTANCIA


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Lea la columna del rector Álvaro Ramis sobre Emergencia Climática en @LMDiplo_Chile "El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos, ahora están en juego". @ÁlvaroRamis ver + https://bit.ly/2NGhYrH pic.twitter.com/BaM9h6CuSK
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Purga en Argelia


Argelia experimenta una purga histórica. En nombre de la lucha contra la corrupción, la “dilapidación de bienes públicos”, el “favoritismo” y el “abuso de autoridad”, cerca de unos cincuenta responsables de muy alto rango, entre ellos los dos ex primeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal, han sido encarcelados. La oleada de imputaciones, en primer lugar dirigida contra empresarios cercanos al expresidente Abdelaziz Bouteflika, alcanza en la actualidad a todas las categorías de dirigentes, en especial prefectos. El general y jefe de Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, lidera la maniobra y asegura que “ha llegado la hora de rendir cuentas” para la “banda de ladrones” que ha dirigido el país. Los argelinos, estupefactos por la magnitud de la corrupción revelada, pero poco crédulos con respecto a las motivaciones políticas del hombre fuerte del país, continúan manifestándose cada viernes con, entre otros, este eslogan: “¡Os habéis ‘comido' al país, banda de ladrones!”.

El empresario Nabil Karoui, líder en los sondeos de opinión para las presidenciales de septiembre, fue detenido el pasado 23 de agosto en el marco de una investigación por blanqueo de capitales iniciada por una denuncia presentada en 2014 por IWatch, una ONG especializada en la lucha contra la corrupción.
https://mondiplo.com/purga-en-argelia



Las mafias de la arena


“En el estado de Tamil Nadu (en la India), la arena de playa esconde minerales muy codiciados, como el granate, la ilmenita, el rutilo, el circón, el silicato, el leucoxeno o la monacita (un mineral radiactivo que contiene uranio y torio). Desde hace años, auténticas mafias dictan la ley en este sector”, revelaron el equipo de investigación de Radio France. La investigación, divulgada por France Info (22 de junio de 2019), recoge la experiencia de la periodista Sandhya Ravishankar, que se ha visto acosada: “La mafia de la arena tiene conexiones con responsables políticos, policías y funcionarios en el propio Gobierno. En cuanto revelas sus artimañas, ¡ya no te dejan!”. Otro periodista, Sandeep Sharma, que se interesaba también por las mafias de la arena, pero en el estado de Madhya Pradesh, murió aplastado por un camión el 26 de marzo de 2018. “Estaba investigando para el canal indio News World”, precisa France Info, que añade que otro investigador, Jagendra Singh, también murió, quemado vivo, en junio de 2015.
https://mondiplo.com/las-mafias-de-la-arena



La trampa de General Electric


Frédéric Pierucci, alto directivo de Alstom en Filipinas, fue detenido el 4 de abril de 2013 en Estados Unidos en virtud de la ley anticorrupción, que permite detener a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pasó veinticinco meses en la cárcel. En su obra Le Piège américain explica cómo General Electric se sirve de esa ley para neutralizar, si no destruir a sus competidores.



Responsable de compliance (cumplimiento normativo) hasta mediados de la década del 2000, Ben W. Heineman [uno de los vicepresidentes de General Electric – GE] es considerado uno de los juristas más innovadores de Estados Unidos por sus compañeros de profesión. Bajo su impulso, GE se labró una reputación de “caballero blanco” y forjó estrechos vínculos con la unidad anticorrupción del DOJ [Departamento de Justicia]. Con regularidad, fiscales con dificultades para reconvertirse profesionalmente emprenden una segunda carrera en el seno de la dirección de compliance de GE. En 2014, trabajaban allí más de una docena. A partir de la década del 2000, GE también supo ver que dirigentes empresariales metidos hasta las cejas en casos de corrupción constituían presas ideales. La multinacional no ha dudado en lanzar una oferta de compra de sus empresas con, como broche final, la promesa de ayudarles a negociar con el DOJ. (…) General Electric ya había comprado cuatro empresas en esas circunstancias en diez años. Con Alstom, de lejos la más grande, se marcó un quinto tanto (…).

También he podido constatar que en la producción de electricidad, prácticamente todos los competidores internacionales de GE han sido encausados u obligados a pagar fuertes multas: la helvético-sueca ABB en 2010 (58 millones de dólares), la alemana Siemens en 2008 (800 millones de dólares de multa y ocho imputados, uno de ellos miembro del comité ejecutivo), la japonesa Hitachi (19 millones de dólares), y ahora Alstom. En cambio, ninguno de los grandes actores estadounidenses del sector que incluyen en su oferta equipamientos de GE ha sido investigado por el DOJ, como Bechtel (que construye, entre otras cosas, las embajadas estadounidenses en el extranjero), Black and Veatch, Fluor, Stone and Webster, Sargent and Lundy, o las dos calderistas Amec Foster Wheeler (también muy metida en el petróleo) y Babcock and Wilcox. Sin embargo, toda esa buena sociedad se entrega a una competencia feroz en el mismo mercado internacional de la construcción de centrales eléctricas, de gas, carbón, nucleares o eólicas. ¿Cómo se las arreglan estas empresas si nunca recurren a los servicios de “asesores”? Lo cierto es que cuentan con el apoyo de la diplomacia estadounidense.

Por ejemplo, en 2010, GE pudo vender de mutuo acuerdo (por tanto, sin licitación real) turbinas de gas por un valor de 3.000 millones de dólares al Gobierno iraquí en condiciones completamente irregulares. Un asunto aún más escandaloso si se tiene en cuenta que por entonces Irak no tenía capacidad para construir centrales eléctricas y que, por lo tanto, Bagdad se encontró con decenas de turbinas de gas con las que no sabía qué hacer. Pero nadie, en ese momento, dijo nada. Igualmente, GE llega a ejercer de simple subcontratista de un contratista principal. La empresa estadounidense suministra las turbinas de gas a un constructor encargado de suministrar centrales llave en mano. Y, por supuesto, es el contratista quien remunera a los asesores. Para ese juego, en el mercado asiático, los socios preferidos de GE son algunas de las mayores empresas de trading coreanas y japonesas, que nunca han sido importunadas por el DOJ.

(…) Tras habernos vendido una licencia para sus turbinas de gas, GE endureció sus condiciones comerciales y, al no trasladar los nuevos modelos, más grandes y eficaces a sus propias licencias, las dejó obsoletas. Así, en 1999, Alstom fue obligada a revender su propio negocio de turbinas de gas a GE (incluida la emblemática fábrica de Belfort con sus empleados…). La realidad es que GE, presente en Francia desde hace varias décadas, ha aprendido a conocer nuestro país, nuestro tejido económico, nuestras treinta y cinco horas, nuestra cultura y sobre todo nuestras redes políticas. Y sus dirigentes son expertos en materia de lobbying.
https://mondiplo.com/la-trampa-de-general-electric



¿Quién investiga a los investigadores?


La mayoría de los artículos sobre corrupción provienen de la misma fuente: las investigaciones de Transparencia Internacional. Esta organización no gubernamental (ONG) fue fundada en 1993 por Peter Eigen, exdirector regional del Banco Mundial, junto con Michael J. Hershman, exmiembro de los servicios de inteligencia del Ejército estadounidense, Frank Vogl, asesor de comunicaciones para el mundo de las finanzas también a través del Banco Mundial, y el difunto George Moody Stuart, que había hecho fortuna en la industria azucarera.

En sus principales investigaciones, Transparencia Internacional no mide la carga de la corrupción en términos económicos para cada país. Lo que hace es elaborar un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) basado en encuestas realizadas por estructuras privadas u otras ONG: The Economist Intelligence Unit, respaldada por el semanario liberal británico The Economist, Freedom House, una organización estadounidense fundada en 1941 y cuyo consejo de administración ha dado la bienvenida a los neoconservadores Samuel Huntington, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Jeane Kirkpatrick, el Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, e incluso grandes corporaciones.

El IPC ignora los casos de corrupción que conciernen al mundo de las empresas. En consecuencia, el colapso de Lehman Brothers (2008) o la manipulación de la tasa de referencia del mercado monetario (LIBOR) por parte de los principales bancos británicos (2015) no afectaron a las calificaciones de Estados Unidos y el Reino Unido (1).

En 2015, Transparencia Internacional recibió 3 millones de dólares de Siemens. Siete años antes, la sociedad alemana había tenido que pagar la mayor multa jamás impuesta a una empresa (1.600 millones de dólares) por soborno de altos funcionarios en muchos países.




(1) Dan Steinbock, “What Transparency International's corruption index doesn't see”, South China Morning Post, Hong Kong, 16 de marzo de 2018.
https://mondiplo.com/quien-investiga-a-los-investigadores



Candidatos eliminados en Senegal


Dos candidatos para las elecciones presidenciales senegalesas de febrero de 2019, Khalifa Sall y Karim Wade, fueron acusados y procesados por malversación de dinero público y enriquecimiento ilícito. Amnistía Internacional cuestiona la imparcialidad de estos procesos, que les impidieron participar en el escrutinio, el cual ganó, finalmente, el presidente saliente, Macky Sall.



Khalifa Sall, líder de la oposición y alcalde de Dakar, arrestado en marzo de 2017, fue acusado de asociación delictiva, de complicidad y falsedad en documentos mercantiles privados, de falsedad en documentos administrativos, de malversación y de fraude en las arcas públicas, así como de blanqueo de capitales. Se le ha denegado en varias ocasiones su puesta en libertad bajo fianza. Fue elegido como miembro del Parlamento en julio de 2017 mientras seguía encontrándose detenido. (…) En junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental determinó que la detención de Khalifa Sall era arbitraria y consideró que se habían violado sus derechos a la presunción de inocencia y a la inmunidad parlamentaria, así como su derecho a ser asistido por sus abogados. (…)
En marzo de 2015, el Tribunal de Represión del Enriquecimiento Ilícito condenó a Karim Wade, exministro e hijo de Abdoulaye Wade –expresidente de la República–, a seis años de prisión y a una sanción de unos 210.744.000 euros por enriquecimiento ilícito. (…) Este tribunal no respeta las normas internacionales y regionales en materia de igualdad en los procesos, en particular porque no se pueden recurrir sus dictámenes. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos considera que el derecho a presentar un recurso ante una instancia jurisdiccional superior es uno de los elementos esenciales de un proceso justo. En abril de 2016, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria estimó que la detención preventiva de Karim Wade era arbitraria, especialmente debido al atraso acumulado durante el procedimiento y a la diferencia de trato observada. Karim Wade fue puesto en libertad en junio de 2016 gracias a un indulto presidencial.




Amnistía Internacional, “Senegal: All talk no action”, 9 de agosto de 2018. Informe destinado a la 31º sesión del Examen Periódico Universal, Naciones Unidas, noviembre de 2018.
https://mondiplo.com/candidatos-eliminados-en-senegal



Mea culpa


El 9 de agosto de 2019, en France Inter, el cronista Anthony Bellanger reconocía haberse equivocado cuando trató la encarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. Esta lucidez, aunque muy tardía, le distingue de gran parte de sus compañeros.



Sí, creí en la independencia de la Justicia brasileña y me equivoqué. El “pequeño juez” Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, sí contaba con una agenda política cuando consiguió condenar y encarcelar al expresidente “Lula”. (…) Formé parte de aquellos que quedaron impresionados favorablemente ante las manifestaciones callejeras contra la clase política. (…) [Pero]lo que me convenció definitivamente de que sí existía cierta voluntad de apartar políticamente a “Lula”, fueron unas escuchas publicadas el pasado mes de junio. Se trataba de transcripciones de conversaciones entre, por una parte, el juez Moro y, por la otra, los fiscales, entre ellos la acusación. En secreto, tranquilamente intercambiaron información, orientaron la acusación y planearon ruedas de prensa para hundir a “Lula”. ¿Por qué semejante ensañamiento? Para impedir que Lula se presentara a las elecciones presidenciales de 2018, las cuales, probablemente, habría ganado. (…) Es sencillo: cuando se plantea a los brasileños la cuestión de quién ha sido el mejor presidente del país, un 57% responde “Lula”. Muy por delante de todos los demás. Por lo tanto, había que hacer todo lo posible para perjudicarle, también a costa de una evidente denegación de justicia.
https://mondiplo.com/mea-culpa



“Alguien realmente ruin”


El 6 de febrero de 2019, la demócrata electa Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó la comparecencia ante la Cámara de Representantes de Karen Hobert Flynn, de la organización Causa en Común, de Bradley Smith, del Movimiento por la Libre Expresión, y de Rudy Mehrbani, del Centro Brennan, para poner de relieve el funcionamiento del sistema político estadounidense.



Ocasio-Cortez: — Les propongo que juguemos a las preguntas y respuestas. Yo interpretaré el papel del villano, (...) que busca aprovechar el sistema político para enriquecerse, para servir a sus intereses, incluso si eso significa anteponerlos a los del pueblo estadounidense. (...) Así que, Sra. Hobert Flynn, imaginemos que quiero ser diputada y que quiero financiar mi campaña exclusivamente con donaciones de grandes empresas. ¿Hay algo en el plano legal que me lo impida?
Hobert Flynn: — Nada.

Ocasio-Cortez: — Vale. Así que, si lo he entendido bien, nada impide que me financien por completo, por ejemplo, empresas de los sectores del petróleo o farmacéutico, y que me rodeen por entero sus lobistas, ¿no es así? Entonces, digamos que soy una persona realmente muy ruin, que he hecho algunas cosas bastante malas en el pasado y que deseo hacerlas olvidar para poder ser elegida. Sr. Smith, ¿es cierto que usted escribió un artículo en The Washington Post titulado: “Esos pagos a mujeres eran indecorosos. Eso no significa que fueran ilegales” (1)?
Smith: — No puedo ver el documento desde aquí, pero en efecto escribí un artículo bajo ese título para The Washington Post. Me imagino que se trata de ese texto.

Ocasio-Cortez: — De acuerdo, muy bien. Así pues, luz verde para los sobornos. Puedo hacer lo que quiera, incluso cosas no muy elegantes: la ley me autoriza a pagar a la gente para que guarde silencio. Incluso eso se considera dentro del ejercicio de mi libertad de expresión. (...) Ahora imaginemos que resulto elegida. Por lo tanto, puedo ocupar mi escaño y tengo el poder de modificar, redactar o influir en el contenido de las leyes que rigen Estados Unidos de América. Fantástico. ¿Puede decirme –quizás, entre ustedes, la Sra. Hobert Flynn– si existe un límite a la variedad de textos sobre los que tengo derecho a intervenir? ¿O si hay un límite en mi capacidad de modificar el contenido de las leyes que conciernen a los grupos de interés que financiaron mi campaña y me permitieron salir elegida?
Hobert Flynn: — No existe ningún límite.

Ocasio-Cortez: — ¿Ninguno? De acuerdo. Así que, si lo he entendido bien, ¿puedo ser financiada en su totalidad por (...) la industria farmacéutica y aprovechar mi mandato para redactar leyes a su favor? ¿Y esto, sin el más mínimo marco legal?
Hobert Flynn: — Así es.

Ocasio-Cortez: — Vale, genial. Entonces, Sr. Mehrbani, la última cosa que deseo hacer es enriquecerme con el menor esfuerzo posible. Esa es mi principal ambición como villano. Por lo tanto, ¿hay algo que me prohíba poseer acciones, digamos, en una compañía petrolera, y luego redactar leyes que desregulen ese sector de actividad? ¿Leyes que puedan hacer que el valor de mis acciones se dispare?
Mehrbani: — Podría hacerlo perfectamente.

Ocasio-Cortez: — Ah, ¿sí? ¿Podría? ¿No hay nada en la legislación actual que me lo prohíba?
Mehrbani: — Nada.

Ocasio-Cortez: — ¡Perfecto! Por lo tanto, mi última pregunta (...) es la siguiente: ¿es posible que la pequeña historia que acabamos de imaginar juntos pueda aplicarse al Gobierno y a los funcionarios electos que se encuentran actualmente en el poder?
Mehrbani: — Sí.
Hobert Flynn: — Sí.




(1) (1) Bradley Smith, “Those payments to women were unseemly. That doesn't mean they were illegal”, The Washington Post, 22 de agosto de 2018. En este artículo, el autor critica el mecanismo que permite liquidar procedimientos judiciales mediante el pago de sumas de dinero a los denunciantes.
https://mondiplo.com/alguien-realmente-ruin



Los opositores rusos son siempre unos corruptos…




A comienzos de los años 2000, Vladímir Putin instrumentalizaba la lucha contra la corrupción para arrebatar a los oligarcas de la “era Yeltsin” el poder que habían acumulado durante la transición. Había llegado el momento de que los allegados del presidente se enriquecieran. Quince años más tarde, las malversaciones y las concusiones siguen formando parte del capitalismo ruso.



El pasado 6 de junio, el periodista ruso Iván Golunov fue detenido y encarcelado por posesión de drogas. La policía recurrió a un ardid habitual: colocar “pruebas” en el acusado, y posteriormente en su vivienda. Pero, en esta ocasión, la detención suscitó una ola de protestas, que hizo que cientos de manifestantes salieran a las calles, y generó declaraciones de apoyo de organizaciones de prensa rusas que, por lo general, no critican a las autoridades. Más sorprendente aún: Golunov fue puesto en libertad cinco días más tarde.

Las investigaciones del periodista sobre delitos cometidos por hombres de negocios y burócratas han continuado provocando la ira de sus poderosos enemigos, especialmente el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, de quien ha revelado su fortuna inmobiliaria. Pero estas solo llegan a un grupo reducido de lectores. Las reacciones por su detención se deben menos al contenido de sus artículos que a la furia en gran medida compartida frente a los abusos de poder permanentes cometidos por los dirigentes rusos. Se inscriben en la continuidad de la protesta surgida en el invierno de 2011-2012, cuando decenas de miles de rusos se manifestaron para oponerse a la manipulación de las elecciones por parte del partido en el poder, Rusia Unida, y al regreso inminente de Vladímir Putin a la presidencia.

Si bien la oposición se compone de una amplia amalgama de corrientes políticas e ideológicas –desde liberales hasta socialistas, pasando por monárquicos y libertarios–, todos coinciden en la necesidad de luchar contra la corrupción. Un tema que Alexéi Navalni, que lo denuncia sin descanso desde los años 2000, ha logrado fijar en el debate público. A través de diferentes plataformas, como su blog LiveJournal, de su cuenta de Twitter o de operaciones mediáticas realizadas por su Fundación Anticorrupción (FBK), denuncia todo tipo de fraudes, desde el nepotismo hasta el enriquecimiento personal de funcionarios, pasando por el robo a gran escala perpetrado por las empresas del Estado. También reveló información comprometedora sobre figuras del Kremlin, comenzando por Dmitri Medvédev. El documental Don't Call Him “Dimon”, producido por la FBK en 2017, revelaba la fortuna personal del expresidente, compuesta de yates y un enorme patrimonio inmobiliario tanto en Rusia como en Italia, especialmente viñedos y un castillo en la Toscana.

Sin duda alguna, la lucha contra la corrupción ha permitido que la oposición se uniera eficazmente, llegando a forzar al régimen a abordar públicamente el tema. Este año, en su tradicional diálogo en directo con telespectadores (cuidadosamente seleccionados), le preguntaron a Putin si se sentía “personalmente responsable de este caos”. “Por supuesto”, respondió, antes de afirmar: “El número de delitos ligados a la corrupción está bajando, esencialmente gracias a nuestra acción constante e intransigente”.

En efecto, algunas figuras de alto rango han sido detenidas, como el exministro de Economía Alexéi Uliukaiev, condenado en diciembre de 2017 a ocho años de prisión por haber aceptado un soborno. Pero existen motivos fundados para que los resultados de semejantes esfuerzos despierten sospechas sobre su sinceridad. Por ejemplo, el exministro de Defensa Anatoli Serdiukov fue cesado en 2012 a raíz de un escándalo de corrupción, y acusado de negligencia en 2013, antes de que se le concediera un indulto al año siguiente. Actualmente ocupa un puesto importante (y sin duda, generosamente remunerado) en Rostec, el conglomerado militar-industrial del Estado. Así pues, las investigaciones por corrupción parecen reflejar más unos conflictos internos entre la elite rusa que un mecanismo disciplinario, y son empleadas como un arma contra rivales.

Las campañas oficiales contra la corrupción son poco más que un simple ejercicio de comunicación. Pero la oposición, en cambio, desea realmente hacerle frente. Para esta, se trata solo de un contratiempo pasajero que no es inherente al sistema; una vez liberado de esta plaga, este podría funcionar de manera más justa y racional. Ahora bien, eso significa confundir una característica con una anomalía: el festín de enriquecimiento ilícito contra el cual se rebelan –y con razón– Navalni y otros no es producto de la codicia del entorno de Putin; forma parte de la propia arquitectura del sistema. No es un fenómeno externo o accidental del capitalismo ruso contemporáneo: es inherente a este.

Para entender mejor esta complejidad, es necesario remontarse a los orígenes de la elite postsoviética. Los medios de comunicación occidentales describen a sus miembros como hábiles políticos que hicieron fortuna en la batalla campal de la apertura a la economía de mercado, en los años 1990. Algunas prácticas eran quizás de dudosa legalidad, pero ¿acaso la propia ley no era confusa durante ese periodo caótico? Boris Berezovski (1) encarnaba a la perfección esta oligarquía surgida en los noventa. En pocos años, este antiguo vendedor de material informático pasó a ser dueño de bancos, una compañía petrolera, un gran periódico y el canal de televisión ruso más importante. Incluso ejerció altos cargos bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Los miembros de esta oligarquía suelen ser comparados con los “barones ladrones” (robber barons) de finales del siglo XIX en Estados Unidos: hombres cuyo enriquecimiento a través de medios poco escrupulosos adquirió respetabilidad en poco tiempo.

Pero esta representación nada dice del proceso que permitió a estos oligarcas amasar semejantes fortunas. Lejos de haberse creado al término de una competencia feroz, la nueva elite rusa nació de la voluntad política del Estado. Yeltsin, apremiado por desmantelar la economía planificada soviética, procedió en 1992 a la privatización masiva de los activos públicos. La operación adquirió formas diversas, como las “subastas de activos”, durante las cuales ciudadanos comunes podían adquirir participaciones en empresas para luego venderlas; o incluso las “privatizaciones por decreto”, mediante las cuales Yeltsin transfirió la propiedad de empresas en su totalidad a personas de su elección.

El conjunto de estas privatizaciones permitió crear una nueva clase de oligarcas que adquirieron partes importantes de la infraestructura productiva de la Unión Soviética a precios ridículamente bajos. Su punto en común no era un sentido de los negocios particularmente desarrollado, sino la capacidad para explotar sus vínculos con el aparato del Estado, poniendo en funcionamiento su red para obtener una licencia de exportación, por ejemplo, o prometiendo apoyar a Yeltsin en su intento de reelección en 1996 a cambio de una compañía petrolera, tal como se produjo con los “préstamos a cambio de acciones” de 1995.

“Para convertirse en millonario en Rusia –explicaba el banquero Piotr Aven–, no es necesario ser inteligente o especialista en un área precisa. Generalmente, basta con tener un apoyo activo en el seno del Gobierno, el Parlamento, las autoridades locales y los órganos de seguridad. Un buen día, tu insignificante banco es autorizado, por ejemplo, a realizar operaciones con fondos públicos. O te asignan generosamente cuotas para la exportación de petróleo, madera y gas. En otras palabras, te ascienden al rango de millonario”.

Al asumir el poder, en el año 2000, Putin se comprometió públicamente a “acabar con la clase oligarca”, sugiriendo que habían cambiado los vientos y que las grandes fortunas privadas ya no eran intocables. La realidad resultó ser muy diferente. Lejos de castigar a los oligarcas, el presidente favoreció su florecimiento. Según la clasificación anual de la revista Forbes, en el año 2000, Rusia no tenía milmillonarios; a finales de su segundo mandato, en 2008, eran ochenta y dos, y once años más tarde, noventa y ocho, a pesar de una coyuntura de estancamiento económico, las sanciones occidentales infligidas a Rusia desde 2014 y la anexión de Crimea.

Por tanto, lo que cambió desde la llegada de Putin no es la posibilidad de un enriquecimiento personal masivo, sino la identidad de aquellos que lo logran y los lazos que mantienen con el Estado. La mayoría de los oligarcas de la era Yeltsin no formaban parte del aparato del Estado; sacaron provecho de su disfuncionalidad. Los de la era Putin son más bien iniciados que supieron desplegar el poder del Estado con el fin de adquirir activos. Con diferencias sectoriales: en los años 1990, mientras que el precio de los recursos naturales era generalmente bajo, las fortunas rusas más grandes se concentraban en la banca, las finanzas y los medios de comunicación. A comienzos de los años 2000, el aumento de la cotización del petróleo, el gas y los metales benefició sobre todo a aquellos que tenían acciones en esos sectores. Entre esos magnates se encontraban personas cercanas al Kremlin a la cabeza de empresas públicas, que sacaron provecho de lo que puede denominarse un nepotismo capitalista de Estado.

Sin embargo, esta noción no explica la similitud de los métodos y las prioridades entre empresas públicas y privadas. En ambos casos, se trata de optimizar el valor para el accionista y la remuneración de los directivos, y no de destinar sus beneficios a los objetivos estratégicos nacionales (sin hablar de redistribución de las riquezas). El resultado es más o menos el mismo, a pesar de las diferencias formales.

La naturaleza turbia de las fronteras entre el Estado y el mundo de los negocios no tiene su origen en la era Putin, y tampoco indica que el Estado se inmiscuya en la economía para tomar el control, ni que individuos particularmente poderosos sean estafadores. Del mismo modo, como en todas partes del mundo, un programa político que se basa principalmente en la lucha contra la corrupción presenta riesgos y límites. Navalni suele denunciar el despilfarro de dinero público ocasionado por la corrupción, lo que es innegable. Pero esta lógica puede también sostener una posición más amplia contra toda intervención del Estado y en favor de la economía de mercado. Lo que podría conducir a justificar remedios neoliberales aún más brutales que los que ya probó Rusia, con el pretexto de que el Estado sigue siendo una fuente de saqueo demasiado grande.

La corrupción encuentra sus raíces en la imbricación del poder político y el poder económico rusos, que se remonta a la presidencia de Yeltsin y a la creación misma de la economía postsoviética. Cuando un hombre de negocios quiere adueñarse de una empresa competidora, por ejemplo, puede pagarles a altos funcionarios para que realicen controles fiscales e inspecciones laborales hasta que el propietario acuerde con él el precio de compra. En estos últimos diez años, son cada vez más los funcionarios los que se consagran a tales prácticas, utilizando su poder legal para obtener los activos que desean, e ilustrando así el proverbio ruso: “Para nuestros amigos, todo; para nuestros enemigos, la ley”.




(1) Uno de los oligarcas rusos más poderosos. Acusado de corrupción en Rusia, Francia y Brasil, escapó a Londres, donde se suicidó (según la versión oficial) en 2013.
https://mondiplo.com/los-opositores-rusos-son-siempre-unos-corruptos



Los entresijos de la investigación




Los periodistas que investigan sobre la corrupción de los poderosos encarnan el contrapoder. Estos investigadores hacen que dimitan ministros, que tiemblen asesores, que caigan patronos –en menos ocasiones–. Sin embargo, los adalides de la transparencia siempre mantienen una zona de sombra: el público no sabe nada sobre cómo trabajan, a qué se enfrentan, qué les motiva. Pierre Péan, quien fuera una destacada figura de este medio, deja al descubierto sus secretos.



Desde mediados de los años 1980, la vida pública francesa parece marcada por una paradoja. Por un lado, el aumento del paro, las desigualdades sociales y geográficas, la globalización económica y el repliegue del Estado del bienestar tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, y su reorganización en beneficio de las empresas privadas, han marcado nuestro tiempo. Por el otro, el mundo mediático no ha situado en lo alto del podio la investigación social o el reportaje económico, susceptibles de explicar estas transformaciones, sino un género y una figura que normalmente prosperan cuando todo se desmorona: el escándalo de corrupción político-financiero y el periodista llamado “de investigación”.

Se desgranan los nombres de los escándalos como se tararean los hits que imprimen su melodía en los surcos de la memoria colectiva: Botton, Schuller-Maréchal, Urba, MNEF, HLM de París, HLM de Hauts-de-Seine, Elf, Pelat, cassette Méry [escándalo de la cinta de vídeo de J.-C. Méry], Crédit lyonnais, Dumas, Balkany, Takieddine, Woerth-Bettencourt, Cahuzac… Por turnos, copan titulares, alteran el devenir político y transmiten la imagen de una sociedad construida no ya sobre el antagonismo de fuerzas sociales y políticas, sino sobre la lucha del bien –un pequeñísimo grupo de individuos decididos a purgar nuestra bella democracia de las ovejas negras que la degradan– contra el mal –una serie de políticos y altos funcionarios corruptos–. Estos ángeles entregados en cuerpo y alma a la causa suprema, el derecho a la información, forman una elite en el seno de su profesión.

Durante los años 1970, la correlación de fuerzas entre la prensa y el poder, desequilibrada en favor del segundo, situaba su actividad en los márgenes, al menos hasta que un par de investigadores de The Washington Post hicieron caer al presidente de Estados Unidos. El caso Watergate, mito fundador (1) convertido en modelo, estableció de una vez por todas las reglas de esta actividad: el investigador toma por adversario al Estado, supuesta fuente de todo poder y de todo mal, justo en el momento en que este inicia su repliegue en beneficio de las empresas privadas.

El periodismo de investigación especializado en asuntos político-financieros, que migró de las irreverentes columnas de Le Canard Enchaîné de finales de los años 1970 a las de referencia de Le Monde de mediados de los años 1990, ha cambiado profundamente el teatro democrático. El observador es ahora actor, y a veces director de escena, de la obra interpretada por los partidos, los políticos y los electores. Sus revelaciones alteraron el reparto de cartas de las elecciones presidenciales francesas de 2017 contribuyendo a la eliminación de François Fillon, al igual que llevaron a la dimisión del vicecanciller austriaco Heinz-Christian Strache, en 2019. El contrapoder se ha erigido en poder. Pero ¿quién conoce su funcionamiento? ¿Cómo surgen esas “revelaciones”? ¿Quién elige su calendario, sus objetivos?

Una particularidad de esta actividad, practicada en nombre de la moral y la transparencia, es su opacidad. Efectivamente, un abismo separa la imagen del periodista de investigación vehiculada por la propia prensa, con sus semblanzas de los investigadores, individuos de mirada umbría y facultades supuestamente excepcionales, fotografiados espalda contra espalda como en los carteles de las películas de espionaje (2), y la práctica diaria del oficio.

Y es que en el fondo hay dos maneras de investigar. Una, reivindicada en particular por el autor de estas líneas, podría definirse como un periodismo ordinario y lento: el investigador escoge un tema y le dedica un tiempo, una energía que la mayoría de redacciones no están dispuestas a invertir. Avanza a ciegas, progresa a trompicones y asume el riesgo de equivocarse. Generalmente, sus investigaciones desembocan en casos poco judicializados, en comparación con los escándalos político-financieros que copan titulares. De todo ello resultará un libro cuyo avance cubre, aproximadamente, los gastos asumidos y cuyas ventas ayudarán a iniciar la siguiente investigación. Es un modelo frágil: algunos fracasos comerciales sucesivos acompañados de demandas por difamación bastan para privar al periodista de la posibilidad (y las ganas) de volver a las andadas. Para restaurar el mermado prestigio de los medios de comunicación, algunas redacciones, también de medios audiovisuales, han creado espacios que permiten investigar sobre asuntos económicos o de sociedad (“Cash Investigation”, el programa de Élise Lucet en France 2), pero el fenómeno sigue siendo marginal.

Y por buenos motivos. Aunque, por lo general, pretenden seguir ese difícil camino, la mayoría de cabezas de cartel del periodismo de investigación trabajan de una manera radicalmente diferente. No se trata de investigar, sino de esperar una filtración. La de un acta de audiencia o investigación que transmite un juez, un policía o un abogado. El documento llega, ayer por fax, hoy por mensajería cifrada. A continuación, el intrépido detective se dedica a reescribirlo en estilo periodístico: hechos detallados, fechas precisas, nombres conocidos o que lo serán dentro de poco. Este trabajo de transposición se acompaña de algunas llamadas telefónicas que permiten recoger los desmentidos o los embarazados balbuceos de las personas acusadas, demostración incontestable de un trabajo de primer orden.

“El caso de las HLM [‘habitation à loyer modéré'; viviendas de protección oficial] permitió descubrir una categoría especial de la corporación de la gente de prensa: los periodistas de investigación. En la época en que yo todavía era ingenuo, pensaba que su oficio era… investigar”, ha escrito el juez Éric Halphen. “¡Error! (…) Con raras excepciones, y aquí pienso particularmente en Le Canard Enchaîné (...), los periodistas de investigación no investigan” (3)… En privado, el magistrado contaba haber recibido una oferta, que rechazó, de los dos grandes investigadores de la época para “caminar juntos”.

El ascenso de este periodismo que abre telediarios es fruto de una alianza de circunstancias entre una pequeña fracción del mundo judicial y una minúscula parte del mundo mediático (4). Esta coalición de los márgenes de poderosas repercusiones presenta varias características. En primer lugar, el periodista de investigación generalmente no escoge el tema de su investigación: un magistrado, un policía o un abogado, que tiene sus prioridades, sus intereses –por ejemplo, desbloquear los frenos políticos a una investigación judicial sobre un personaje prominente haciéndola pública– se lo hace llegar, completamente elaborado. “Tenemos por norma centrarnos en los sumarios”, ha explicado Ariane Chemin, de Le Monde. “No emprendemos una investigación por iniciativa propia” (5).

El caso de la posible financiación libia de la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007, dado a conocer por el sitio web Mediapart, arroja luz sobre los entresijos de la investigación. Los principales actores de la obra son responsables de la Oficina Central de Lucha Contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales. Este servicio de la Policía Judicial, ubicado en Nanterre, interroga a los protagonistas libios y franceses citados en la investigación. El comandante responsable del expediente digitaliza con regularidad las nuevas actas. Un abogado de la asociación Sherpa, parte civil en esta instrucción, recupera los últimos discos compactos que contienen los documentos. En los días que siguen, un periodista de Mediapart publica un nuevo elemento de la “investigación”, obviamente, bien documentado. Fabrice Arfi, depositario de todas las actas judiciales y convertido en el mayor especialista en este caso, completa el trabajo de la Oficina Central apoyándose en las actas, que contienen los nombres, lugares y direcciones de los actores así como de sus allegados. La investigación consiste en seleccionar los documentos de una instrucción judicial que puedan interesar a los lectores, en reescribirlos y completarlos; el investigador es un administrador de filtraciones.

El segundo aspecto estriba, precisamente, en el origen y uso de esa información. Su explotación supone la violación de dos leyes, la presunción de inocencia y el secreto de sumario, en aras de un principio, el derecho a la información. Esas infracciones de la legalidad dan al puñado de “investigadores” que hablan en nombre de la profesión medios que exceden el derecho común, los de la Justicia y la Policía, pero sin el marco administrativo y judicial que normalmente los acompaña. Hervé Gattegno, que se formó en Le Monde y se convirtió en director de la redacción de Le Journal du dimanche, admitía a principios de la década del 2000 trabajar más o menos como un juez instructor. Tenía por costumbre dejar su tarjeta de visita en el buzón de un protagonista ilocalizable telefónicamente con esta simple mención: “Hervé Gattegno desea escucharle”.

En el caso Cahuzac (que, recordemos, procedía de una verdadera investigación periodística), el director de Mediapart, Edwy Plenel, no dudó en escribir al fiscal de la República para exigirle que dictara un auto de procesamiento suplementario a fin de que el juez instruyera los nuevos hechos revelados por el sitio web. Dicho de otro modo, el periodista ya no se contenta con contribuir a la manifestación de la verdad o con ilustrar a los lectores: se convierte, en el caso de autos, en auxiliar judicial, incluso policial. Esta postura puede parecerle legítima al público cuando se trata de denunciar ante el fiscal a un ministro de Hacienda que defrauda al fisco, como en el caso de Jérôme Cahuzac. Pero ¿el periodista denunciará mañana ante el juez a un adversario político, un enemigo personal o un competidor profesional? En tanto ningún contrapoder contrapese el poder mediático, una parte del debate público dependerá de la selección que algunos investigadores hagan de las filtraciones puestas a su disposición; una selección pensada para golpear “allí donde duele, con la esperanza de que haya menos dolor, menos desgracia y sufrimiento, injusticia y miseria, algún día” (6).

Aunque todo el mundo está interesado en teatralizar este supuesto enfrentamiento entre héroes y villanos, comenzando por los jueces y la Policía, que ven en él un modo de actuar sin hacerse de notar, nadie se lleva a engaño: el investigador decidirá publicar, por ejemplo, los documentos de una personalidad prominente incautados durante un registro domiciliario, que la Policía se ha apresurado a transmitirle, siguiendo su propio criterio, sus prioridades políticas, su calendario o el de sus informadores. ¿Veremos, por ejemplo, la vida privada de Jean-Luc Mélenchon, cuyos ordenadores y correspondencia personal fueron incautados en octubre de 2018, oportunamente puesta en línea la víspera de una cita electoral? ¿O la información recopilada por los detectives de Bernard Arnault sobre la vida del diputado François Ruffin (7) y sus vínculos con el equipo de Fakir?

Todo transcurre como si, subrepticiamente, algunos personajes de la escena periodística hubieran logrado cambiar el orden de los artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 colocando la presunción de inocencia (artículo 9) por detrás de la libre comunicación de los pensamientos y opiniones (artículo 11). Y eso cuando el derecho a la información ni siquiera aparece. Este concepto que afecta al conjunto de los ciudadanos, quienes teóricamente son sus beneficiarios, solo ha sido definido por los profesionales de la información en textos corporativos (como la Declaración de Deberes y Derechos de los Periodistas de Múnich de 1971). ¿Es competencia exclusiva de la prensa decidir sobre esta cuestión o la de la protección de la vida privada?

El debate sobre la utilización de escuchas telefónicas por parte de las estrellas de la investigación ejemplifica bien esta tensión. Como todos los que trabajan en cuestiones sensibles, Plenel, por entonces periodista de Le Monde, fue objeto de escuchas. Contó en un libro esa experiencia. “Un diálogo telefónico es como una conversación con uno mismo”, escribe en Les Mots volés [“las palabras robadas”] (Stock, 1997). “Si el interlocutor es un amigo íntimo, uno se deja llevar, se desnuda, piensa en voz alta, habla demasiado rápido, afirma cosas que no piensa realmente, miente, dice tonterías, sinsentidos, expresa como verdades cosas de las que duda profundamente (…). Uno se cree en su casa, a resguardo, en una intimidad protectora”. Veinte años después de la redacción de este texto contundente y sincero, invoca el concepto de “interés público” para justificar la publicación por parte de Mediapart de otras “palabras robadas”, las del mayordomo de Liliane Bettencourt, la heredera de L'Oréal, o las de Alexandre Benalla. Indiscutiblemente, las revelaciones suscitan el interés del público. Pero esas reacciones no siempre son tan moralmente impecables como los justicieros de la pluma desearían. A menudo, la alegría malsana de ver caer a los corruptos se traduce, al cabo del tiempo, en impotencia frente a las estructuras corruptoras, que continúan existiendo después de que un ministro reemplace a otro. Uno se cree vengado, pero nada ha cambiado (8).

Eso cuando no es la cuenta bancaria o el alcance social del medio de comunicación los que están detrás de la publicación del escándalo. Ya que el interés público tantas veces mencionado mantiene estrechos vínculos con el interés privado. Las exclusivas, presentadas siempre como un servicio prestado al público, reportan beneficios. Saltan a titulares, generan contenidos televisados, radiofónicos, caldean las redes sociales, se traducen en notoriedad, credibilidad y ventas, en suscripciones y aumentos de la tarifa publicitaria. De ahí la exasperante técnica del “serial”, que consiste en trocear la publicación de las actas a fin de prolongar las revelaciones y amplificar su impacto; un procedimiento comercial digno de un prestidigitador que se presenta como la dramaturgia inherente a los giros de la investigación. En ocasiones, esa dosificación de la información trastoca el funcionamiento del juego político: en periodo electoral, permite centrar el debate en las sospechas que suscita un candidato en lugar de en su programa.

La misma producción de la exclusiva obedece a criterios económicos. Acceder a los documentos judiciales permite ganar tiempo y, por lo tanto, dinero. Los periodistas justicieros que reciben esos documentos se benefician de investigaciones no solo ya masticadas, sino también pagadas, puesto que las actas que constituyen la materia prima sintetizan investigaciones efectuadas por la Policía y la Justicia gracias al dinero público. Las pocas firmas que “sacan a la luz los escándalos” gracias a las filtraciones reciben al hacerlo una especie de subvención cuya atribución depende de sus contactos personales y de la que se encuentran privados sus colegas. ¡Definitivamente, los senderos de la virtud y la lucha contra el Estado son sinuosos!

Esta economía a la hora de investigar tiene un doble efecto perverso. Los periodistas que aceptan la alianza mediático-judicial pagan el acceso a los documentos con una extrema dependencia de las fuentes. Cuando las actas emanan de los abogados de la parte civil, los artículos generalmente abrazan la causa de esta. Teniendo en cuenta el reducidísimo número de magistrados, abogados y policías que aceptan violar el secreto de sumario, el número de “grandes periodistas de investigación” que, en Francia, se dedican a casos fuertemente judicializados se ha limitado hasta el momento a una docena. La desigualdad de acceso a la información que implica este sistema también tiene una dimensión económica: puesto que un puñado de investigadores detenta el monopolio del acceso a los documentos del sumario de los casos sensibles, todos los demás se ven forzados a reproducir su información, a citarla y, por lo tanto, a contribuir a la promoción de sus competidores.

Tres décadas después de su irrupción en el centro de la vida pública francesa, ese periodismo que transforma la instrucción de algunos casos político-financieros en “escándalos” no solo ha perturbado el juego democrático sustituyendo el enfrentamiento ideológico de los partidos por el espectáculo de un tribunal de virtud orquestado por los medios de comunicación. También ha desequilibrado la balanza de la justicia introduciendo un segundo nivel de juicio público de los acusados. El primero, judicial, se basa en la aplicación de la ley. El segundo, mediático, utiliza los medios del primero pero se basa en la moral, la del periodista-instructor. Este último pronuncia su veredicto antes del proceso –en cuyo desarrollo necesariamente influye–, veredicto que, además, presenta la aterradora singularidad de no ser recurrible. Ni el derecho a réplica ni la acción judicial bastan para borrar el juicio mediático. Así, durante el caso Elf, que se desarrolló en la segunda mitad de los años 1990, Roland Dumas fue objeto de 52 portadas en Le Monde; el exministro de Asuntos Exteriores fue exonerado de todas las acusaciones, pero su nombre quedó asociado a esa malversación.

Cierto, pero ¿y Cahuzac?, se objetará. ¿La moral pública no obtiene una reparación? Llegamos aquí a los límites de la “revelación”. En ocasiones, las ramificaciones no desarrolladas de algunos casos están más cargadas de sentido que las que abren el telediario de la noche. ¿En qué momento y por qué las fuentes institucionales callan de repente, dejando al periodista sin pruebas? En general, la respuesta es bastante simple: cuando el avance de la investigación ya no pone en entredicho a un tipo reemplazable y corrupto, sino al propio sistema corruptor.




(1) Véase Serge Halimi, “Un icono del periodismo”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2019.

(2) Cf. por ejemplo, el dosier “Le retour des chasseurs de ‘unes'”, Télérama, París, 3 de marzo de 2012.

(3) Éric Halphen, Sept ans de solitude, Denoël, París, 2002.

(4) Cf. Dominique Marchetti, “Les révélations du ‘journalisme d'investigation'”, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 131-132, París, marzo de 2000.

(5) Citado en Jean-Marie Charon y Claude Furet, Un secret si bien violé. La loi, le juge et le journaliste, Seuil, París, 2000.

(6) Edwy Plenel, Le Journaliste et le Président, Stock, París, 2006.

(7) NdlT.: Ruffin es periodista, fundador de la publicación Fakir, en 2015 realizó la película documental Merci patron!, una crítica de Bernard Arnault, patrón del grupo de lujo LVMH, primera fortuna de Francia. Desde en 2017 es diputado en la Asamblea Nacional francesa por una coalición de izquierdas.

(8) Véase Razmig Keucheyan y Pierre Rimbert, “El carnaval de la investigación”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2013, y Denis Robert, Pendant les “affaires”, les affaires continuent, Stock, París, 1996.
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Un mal endémico entre los representantes electos indios


Si se acusó de corrupción a la dinastía Gandhi, el nuevo hombre fuerte de la India, Narendra Modi, no tiene nada que envidiar a sus predecesores. Sus gastos para las elecciones legislativas (11 de abril-19 de mayo de 2019) han batido todos los récords mundiales.



Cuando el primer ministro indio Narendra Modi se presentó como chowkidar (protector) de la nación, tras los enfrentamientos indo-pakistaníes posteriores al atentado perpetrado en Cachemira en febrero de 2019, Rahul Gandhi, presidente del Partido del Congreso, replicó enseguida: “El protector es un ladrón”. Habida cuenta del éxito cosechado por Modi, reelegido en mayo de 2019 con una mayoría aún más amplia que en 2014 (1), esta frase no consiguió el efecto deseado. No obstante, la corrupción no deja de ser una constante de la vida política, y de la vida sin más, en la India.

Más allá de los escándalos de los que puede hacerse eco la prensa, la India es, en efecto, el país de la zona Asia-Pacífico donde se recurre con más frecuencia a los sobornos. Y los más desfavorecidos son los más afectados: el 73% de los pobres debe hacer uso de estas prácticas al menos una vez al año, frente al 55% de los más favorecidos, según Transparencia Internacional, una organización controvertida, pero la única que publica estudios al respecto (véase “[¿Quién investiga a los investigadores”) [“People and corruption: Asia Pacific” (PDF), Transparencia Internacional, Berlín, 2017.]]. Esta corrupción facilita el acceso a servicios que deberían ser públicos: documentos administrativos, asuntos policiales, conexión a la red de electricidad, incluso atención hospitalaria. El mundo económico también se queja de estas obligaciones ilegales –incluso a pesar de que se señale su implicación en numerosos escándalos–, de que empresarios involucrados en estas prácticas hayan tenido que huir del país y de que los vínculos entre el ámbito político y las financiaciones opacas alimenten el “imperio de los multimillonarios”, como escribe el periodista James Crabtree (2).

El Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, que sueña con construir una India “sin [Partido del] Congreso”, denuncia la dimensión dinástica de esta formación que ha dominado la escena política desde la independencia, en 1949. La acusa de adular a los musulmanes e instrumentaliza los escándalos que estallaron con los Gobiernos congresistas. Así, apunta que Rajiv Gandhi, el padre de su adversario electoral Rahul Gandhi, “descrito como ‘don limpio' por sus aduladores, acabó sus días como corrupto número uno” (3). Se trata de una alusión de mal gusto (Rajiv Gandhi fue asesinado en un atentado suicida) al escándalo Bofors, relativo a un contrato de compra de armamento sueco que se firmó después de haberse entregado comisiones ocultas a diversos intermediarios, políticos y oficiales del Ministerio de Defensa. Este caso, destapado en 1987, contribuyó a la derrota de Rajiv Gandhi en las elecciones generales de 1989 y a la escisión del Partido del Congreso. En 2004, el Alto Tribunal de Delhi lo exculpó en este caso.

La moderada liberalización de la economía india, iniciada en 1991 por el Partido del Congreso, supuestamente reduciría la corrupción de los funcionarios mediante el desmantelamiento del “imperio de los permisos” –los salvoconductos que debían obtener las empresas–. Ahora bien, el nuevo dinamismo económico favoreció otro tipo de corrupción, vinculado a las actividades desde entonces abiertas al sector privado, ya se tratara de la subasta de licencias para el lanzamiento de la telefonía móvil 2G en 2007-2008 o del escándalo conocido como “Coalgate”: la distribución sin subasta de yacimientos de carbón a compañías privadas en 2004-2009, con el Gobierno congresista de Manmohan Singh (2004-2014). Las pérdidas para el Estado se elevaron a miles de millones de dólares.

Con motivo del inicio de las investigaciones en los dos casos, en 2011, un activista, Anna Hazare, comenzó una huelga de hambre para que se endureciera un proyecto de ley sobre la creación de un Defensor del Pueblo (Lokpal) para los casos en los que estén implicados oficiales y ministros. Originó un movimiento de protesta masivo, retransmitido en gran medida por los medios de comunicación, quienes estaban siendo sacudidos por escándalos de tráfico de influencias, pues algunos representantes electos les pagaban por una cobertura positiva de sus actividades (4). La movilización se fue extendiendo por una gran parte del país y dio origen al Partido del Ciudadano Corriente (Aam Aadmi Party), que ganó las elecciones en la capital en 2013, pero que no consiguió implantarse a nivel nacional. Pese a que todos los protagonistas habían sido absueltos en el caso 2G y ninguna sentencia condenaba a Singh por el “Coalgate”, los escándalos contribuyeron a la derrota del Partido del Congreso en las elecciones generales de 2014. Ironías de la historia: fue este el que consiguió la aprobación de la ley Lokpal en 2013, pero Modi no nombró al primer Defensor del Pueblo hasta marzo de 2019, un mes antes de las elecciones…

El Partido del Congreso pensó que había llegado la hora de su venganza hacia el BJP con el escándalo de los Rafale, cuando, en 2015, el primer ministro rescindió un primer contrato firmado en 2012 con el Gobierno de Singh y relativo a 126 aviones, entre ellos 108 que serían producidos de forma conjunta en la India por la gran empresa pública de aeronáutica Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL). Modi anunció la sustitución de este contrato por la compra llave en mano de 36 aviones del fabricante francés Dassault. Pero el precio por unidad, con un significativo aumento, así como la elección de un conglomerado industrial indio cercano al poder, Reliance ADA, para beneficiarse de buena parte de las “compensaciones industriales” vinculadas a este tipo de compra, suscitaron interrogantes. El Tribunal de Cuentas indio asumió el caso, tratado directamente por el gabinete del primer ministro (5). La corrupción financiera no está asentada, pero el escándalo alimenta la acusación de “capitalismo de connivencia” con frecuencia dirigida contra Modi, quien se beneficia de enormes financiaciones durante sus campañas electorales. El caso, aún en curso, no influyó de manera decisiva en el resultado de las elecciones generales.

Y es que, además de la retórica antipakistaní sobre seguridad, la máquina electoral del BJP ha sabido utilizar todos los recursos a su alcance con respecto a la cuestión de la lucha contra la corrupción jugando a dos bandas. La primera: los múltiples proyectos puestos en marcha después de 2014 (muchos de ellos retomados del Partido del Congreso, pero rebautizados y modificados) para facilitar la distribución de ayudas sociales y abrir cuentas bancarias a las familias desprovistas de ellas. Aunque los resultados efectivos de estas medidas son objeto de controversia entre expertos y entre políticos, el recurso al ámbito digital se presentó como un medio seguro para cerrar los canales de la corrupción ordinaria de los intermediarios, burocráticos o privados, por quienes pasaban tradicionalmente estas financiaciones.

Segunda banda: una iniciativa espectacular, la desmonetización sorpresa de los billetes grandes (500 y 1.000 rupias) operada en 2016. Esta apresurada decisión, que incumbía al 86% de la masa monetaria en circulación, repercutió de forma muy negativa en la economía de un país en el que los empleos informales son mayoritarios (por lo tanto, pagados en efectivo) y en las pequeñas empresas y microempresas. Según el discurso oficial, la desmonetización habría acabado con el dinero negro de los ricos, corruptos, falsificadores y terroristas. En realidad, en 2017, el Banco Central indio anunció que el 99% de los billetes obsoletos se habían cambiado, echando por tierra el argumentario gubernamental (6), pero sin impacto electoral negativo.

A decir verdad, pocos partidos presentan un balance adulador. Varios líderes de partidos regionales han sido condenados por corrupción –Laloo Prasad Yadav en Bihar, Jayalalitha Jayaram en Tamil Nadu– sin que eso perjudique irremediablemente a su formación y sin que la imagen empañada de los políticos aparte a los ciudadanos de las urnas: el índice de participación en las últimas elecciones legislativas alcanzó el 67%.

Por lo demás, entre 2014 y 2018, el país subió siete puestos en la clasificación mundial de la corrupción, situándose en el 78º –mejor que China (87º), Brasil (105º) y Rusia (138º) (7)–. La población percibe esta lacra, pero parece dejar margen de maniobra a los políticos de todas las orientaciones. ¿Resulta tan sorprendente cuando se sabe que, entre los representantes electos de la nueva Cámara, según la Association for Democratic Reforms, una organización no gubernamental especializada en transparencia electoral, el 43% tiene causas judiciales pendientes? (8).




(1) Véase Christophe Jaffrelot, “Cómo ganar las elecciones en la India con un resultado desastroso”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2019.

(2) James Crabtree, The Billionaire Raj: A Journey through India's New Gilded Age, Tim Duggan Books, Nueva York, 2018.

(3) Press Trust of India, “Narendra Modi says Rajiv Gandhi's life ended as ‘corrupt n°1'”, Firstpost, 5 de mayo de 2019, www.firstpost.com

(4) Anuradha Raman, “News you can abuse”, Outlook, Nueva Delhi, 21 de diciembre de 2009. Véase también Benjamin Fernandez, “Una prensa popular de espaldas al pueblo”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2014.

(5) Véase Romain Mielcarek, “¿Pilotos o vendedores de cañones?”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2018.

(6) Arun Kumar, Demonetization and the Black Economy, Penguin India, Nueva Delhi, 2017.

(7) “Corruption perception index: global scores”, Transparencia Internacional, 2018.

(8) “43% of newly-elected Lok Sabha MPs face criminal charges: Report”, Association for Democratic Reforms (ADR), Nueva Delhi, 18 de junio de 2019, www.adrindia.org. La ADR, creada por académicos en 1999, consiguió del Tribunal Supremo en 2003 que todos los candidatos a las elecciones den a conocer su situación judicial y sus recursos.
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Los arcanos de un golpe de Estado judicial en Brasil


La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016, y el espectacular proceso judicial y la encarcelación, en 2018, del candidato favorito para las elecciones presidenciales, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se basaron en un mismo motivo: la lucha contra la corrupción. Numerosos observadores aprobaron esta limpieza llevada a cabo en nombre de la justicia republicana. Pero, más tarde, se dieron cuenta de que se trataba de un golpe de Estado judicial que acabó beneficiando a la extrema derecha.



La operación “Lava Jato” (“lavado de alta presión”), relacionada con el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente brasileña, estalló en marzo de 2014. Recayó bajo la responsabilidad del juez Sérgio Moro, quien ya había estado practicando en 2005 como juez auxiliar en otro caso con gran eco mediático: el escándalo del mensalão, relativo al pago de sobornos por parte del Partido de los Trabajadores (PT) a algunos diputados para obtener su apoyo.

Moro describe su manera de proceder en un artículo publicado a mediados de los años 2000: consistía en imitar los procedimientos puestos en marcha durante la operación “Mani Pulite” (“manos limpias”), que, a comienzos de los años 1990, provocó la caída de los partidos de gobierno italianos, lo que precipitó el final de la I República. En su texto, Moro subraya la importancia de dos aspectos de este método: el recurso a penas de prisión preventiva para incitar a la delación y las filtraciones a la prensa, calibradas para suscitar la ira de la opinión pública y presionar a sospechosos e instituciones. Desde su punto de vista, la puesta en escena mediática importa más que la presunción de inocencia.

A lo largo del caso “Lava Jato”, el juez brasileño desveló talentos ocultos de agente del espectáculo. Redadas, detenciones espectaculares, confesiones: llamadas a la prensa y a las cadenas de televisión garantizaron en cada etapa una amplia cobertura de las operaciones que orquestaba. Cada una más dramática que la anterior, fueron numeradas y se les dotó de nombres en clave tomados del imaginario cinematográfico, clásico o bíblico: “Dolce Vita”, “Casablanca”, “Aletheia” (“verdad” en griego clásico), “Juicio final”, “Omertà”, “Abyss”, etc. ¿Que los italianos se jactan de poseer un sentido innato del espectáculo? Moro los hace pasar por aficionados.

Durante un año, las actuaciones judiciales apuntaron a exdirectivos de la sociedad petrolera nacional Petrobras, acusados de haber recibido sobornos, antes de provocar la caída del primer alto cargo importante del PT (su tesorero, João Vaccari Neto) y de directivos de las dos mayores sociedades de construcción y obras públicas del país, Odebrecht (1) y Andrade Gutierrez. Se intensificaron las manifestaciones de apoyo a Moro: pusieron bajo presión al Congreso al exigir que se castigara al PT y que Dilma Rousseff se marchara. No le hizo falta más al presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Cunha, para incluir en la agenda la destitución de la presidenta.

Rousseff, aislada y debilitada, pidió ayuda al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien desplegó sus habilidades de negociador para restaurar las relaciones con el antiguo aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Cunha, que al parecer ingresó varios millones de dólares en cuentas secretas en Suiza, propuso un pacto de protección mutua: interrumpiría sus iniciativas contra Rousseff si el Gobierno le devolvía el favor. “Lula” ordenó a la presidenta que aceptara esa mano que le tendía; se negó a hacerlo, respaldada por la dirección nacional del PT, que temía que se descubriera el acuerdo. Los diputados del PT apoyaron las acciones judiciales contra Cunha, quien respondió poniendo en marcha el proceso de destitución.

Moro, por su parte, preparaba el golpe de gracia. A comienzos del mes de marzo de 2016, inició la operación “Aletheia”. “Lula” fue trasladado a dependencias policiales de madrugada ante los objetivos de las cámaras, pues se había avisado previamente a los medios de comunicación. El expresidente era sospechoso de haberse beneficiado de las dádivas de Odebrecht. Más tarde tuvieron lugar otros giros inesperados. Moro interceptó –y difundió en la prensa– una conversación entre Rousseff y “Lula”, a quienes sometió a escuchas. En ella, ambos dirigentes mencionaban la posibilidad de que el segundo pasara a ser ministro de la Casa Civil (el equivalente brasileño del cargo de primer ministro). Como los funcionarios de rango ministerial y los miembros del Congreso gozan de una inmunidad que solo el Tribunal Supremo puede anular, nadie dudó de que se trataba de una estratagema para impedir su detención. Dos jueces de Brasilia se opusieron al nombramiento: el primero vitupera recurrentemente contra el PT en Facebook; el segundo ha recibido favores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hostil al poder.

La presión en la calle a favor de la destitución de la presidenta alcanzó su paroxismo. Sin embargo, en la Asamblea nada parecía indicar que se fuera a conseguir la mayoría de dos tercios necesaria. Nuevas redadas sacaron a la luz unos cuadernos de Odebrecht en los que se detallaban las sumas otorgadas a unas doscientas personalidades de casi todos los partidos. En la clase política se encendieron todas las alarmas: en una conversación grabada a sus espaldas, un agente de primer nivel en el seno del PMDB le decía a un compañero que “hay que poner fin a la hemorragia”. Ahora bien, “los tipos del Tribunal Supremo” le habían transmitido que resultaría imposible mientras Rousseff se encontrara en el poder, pues los medios de comunicación se ensañaban con ella. Explicaba que no quedaba otra opción más que reemplazarla lo más rápido posible por el presidente del Senado, Michel Temer, y formar un Gobierno de unidad nacional respaldado por el Supremo y por el Ejército. En menos de dos semanas, la Asamblea aprobó la destitución de la presidenta, dejándole vía libre a Moro para deshacerse de Cunha, que había dejado de ser útil. Pronto excluido de la Asamblea, este último acabó en prisión. El Senado validó la destitución de la presidenta y Temer tomó las riendas del país.

A comienzos del año 2017, “Lula” fue arrestado sobre la base de sospechas de corrupción vinculadas a la adquisición de un apartamento en la costa del cual, no obstante, nunca fue el propietario legal. Juzgado en Curitiba durante el verano siguiente, fue condenado a nueve años de cárcel. Tras el proceso de apelación, la pena se elevó a doce años. El primer presidente del PT, entre rejas; la segunda, destituida entre ataques: el naufragio del partido parecía total.

Entonces surgieron dos análisis del papel de los jueces. El primero los describía como justicieros determinados a acabar con la corrupción; el segundo, como agentes políticos dispuestos a todo para conseguir sus objetivos. En su obra O lulismo em crise (Companhia das Letras, 2018), el sociólogo brasileño André Singer rechaza los dos. A su parecer, los jueces se mostraron, al mismo tiempo, perfectamente republicanos e innegablemente facciosos. Republicanos: ¿cómo describir de otra manera el encarcelamiento de los empresarios más ricos y poderosos del país? Facciosos: ¿qué otro sentido darle al acoso sistemático a los miembros del PT, mientras que otros partidos se libraron de ello, excepto Cunha, que se había vuelto demasiado molesto? Por no hablar de las afinidades políticas de los jueces, de los anatemas que lanzaron por Facebook o de las fotografías en las que se les ve posar, con una gran sonrisa, luciendo los emblemas de partidos conservadores. Queda una cuestión: ¿Eran estos jueces republicanos y facciosos en proporciones equivalentes?

En el sistema judicial brasileño, policías, fiscales y jueces conforman cuerpos independientes unos de otros. La Policía reúne pruebas, los fiscales emiten acusaciones y los jueces deciden penas (en Brasil, los jurados solo intervienen en caso de homicidio). En la práctica, sin embargo, las tres funciones se fusionaron con motivo de la operación “Lava Jato”, pues la Policía y los fiscales trabajaron bajo la supervisión del juez, que controlaba las investigaciones, determinaba las penas que debían imponerse y las pronunciaba: una negación incuestionable de los mecanismos básicos de la Justicia, que establecen la separación de la acusación y de la condena (sin olvidar que el juez Moro eliminó de un plumazo el principio de la presunción de inocencia).

Otro elemento distintivo del sistema judicial brasileño: la “delación recompensada” permite amenazar a una persona con abrumadoras penas de cárcel a no ser que contribuya a implicar a otro justiciable –el equivalente judicial del chantaje–. Se puede tomar conciencia de las derivas a las que contribuye semejante dispositivo a través del caso de Marcelo Odebrecht, el patrono más rico arrestado en el marco de la investigación. Condenado a diecinueve años de prisión por corrupción, su pena se redujo a dos años y medio cuando se prestó al jueguecito de la delación. En semejante contexto, costaría sobrestimar la presión sufrida para aportar a los magistrados elementos que puedan hacer avanzar las investigaciones que más les preocupan.

Pero, finalmente, todo lo anterior ejerce poco peso en comparación con la introducción del concepto de domínio do fato: la posibilidad de condenar a alguien sin ninguna prueba directa de su participación en un crimen, según la idea de que no puede no ser su responsable. Este mecanismo deriva del de Tatherrschaft (“dominio de la acción”), concebido por el jurista alemán Claus Roxin para condenar a criminales de guerra nazis. No obstante, Roxin ha denunciado la utilización brasileña del principio: figurar en esta o aquella posición en un organigrama no es suficiente, afirma, para establecer la responsabilidad de un crimen. Hace falta, por añadidura, que la Justicia pueda probar que el acusado, en efecto, ordenó dicho crimen. Y el juez Moro no se detuvo en semejantes sutilezas. Por haber recibido supuestamente un apartamento valorado en 600.000 dólares, “Lula” fue condenado a doce años de prisión (2): dos terceras partes de la pena inicial de cárcel de Odebrecht por menos del 2% de las sumas de cuya malversación está acusado este último.

Con todo, en semejante contexto, la actuación del tribunal de Curitiba se corresponde más o menos con el cóctel identificado por Singer: una dosis de celo republicano, otra de estrategia facciosa. Cuando se asciende por la jerarquía judicial hasta el Tribunal Supremo, la cosa cambia. Aquí, ni rigor ético ni fervor ideológico. Las motivaciones resultan ser mucho más sórdidas (3).

Al contrario que sus equivalentes en otras partes del mundo, el Tribunal Supremo brasileño combina tres funciones: interpreta la Constitución, desempeña el papel de tribunal de apelación en última instancia para los procesos judiciales del ámbito civil y penal y, por último, concentra la facultad de perseguir a los dirigentes políticos –miembros del Congreso y ministros–, quienes sin ello disfrutan de una inmunidad conocida como foro privilegiado. Los once miembros del Supremo son nombrados por el Ejecutivo. Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, su confirmación por parte del poder legislativo no es más que una formalidad. No se requiere experiencia previa en tribunales: basta con haber ejercido como abogado o fiscal.

El nombramiento de los miembros del Tribunal siempre se ha basado más en lógicas de redes que en afinidades ideológicas. En el equipo actual, uno de los miembros fue abogado de “Lula”, otro se benefició de favores del expresidente Fernando Henrique Cardoso y un tercero es primo de otro presidente, Fernando Collor de Mello. Cuando la presión pública que exigía la destitución de Rousseff se encontraba en su momento de mayor intensidad, ocho de los once miembros del Tribunal Supremo habían sido nombrados por la presidenta y por su predecesor. Sin embargo, los jueces mostraban un color político cambiante y aquellos que le debían su puesto al PT buscaron precisamente marcar su independencia con respecto al partido en el poder. En la práctica, se contentaban con sustituir una forma de lealtad por otra: olvidados los caciques del PT, desde entonces obedecían a los medios de comunicación predominantes.

Desde el comienzo de la operación, el equipo de Curitiba utilizó las filtraciones y las revelaciones a la prensa para cortocircuitar los procedimientos normales. Generalmente está prohibido precipitar la estigmatización pública de un acusado antes de su comparecencia, pero Moro se abstuvo de hacerlo tanto menos cuanto que podía contar con los periodistas para presionar al Tribunal Supremo. Cuando uno de los jueces de la institución le informó de que el principio del habeas corpus exigía la liberación de un directivo de Petrobras, Moro acudió a la prensa para declarar que, en ese caso, también habría que liberar a traficantes de drogas. Su superior cambió de opinión. Tras haber infringido tres leyes relativas a las escuchas telefónicas y haber hecho pública la conversación entre “Lula” y Rousseff, el juez Moro se justificó explicando que había actuado por “el interés general”. Alabado por la prensa como un héroe nacional, no recibió ninguna sanción.

Unos días después de su elección como presidente del país, en octubre de 2018, Jair Bolsonaro anunció que Moro había aceptado el cargo de ministro de Justicia. En los años 1990, los magistrados italianos responsables de la operación “Mani Pulite” lamentaron que sus esfuerzos por luchar contra la corrupción hubieran favorecido, en definitiva, la llegada al poder de Silvio Berlusconi. En Brasil, la estrella de “Lava Jato” se alegró de unirse al equipo de uno de los pocos dirigentes políticos susceptibles de hacer que Berlusconi pase por un personaje simpático.




(1) Véase Anne Vigna, “Los brasileños también tienen su gran multinacional”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2013.

(2) N de la R.: A esta primera pena se añade otra, de doce años también, pronunciada en febrero de 2019.

(3) N de la R.: A partir del 9 de junio de 2019, el sitio web de información estadounidense The Intercept comenzó a revelar una serie de mensajes encriptados del juez Moro en los que confirmaba que había manipulado la operación “Lava Jato” con fines políticos.
https://mondiplo.com/los-arcanos-de-un-golpe-de-estado-judicial-en






Coloquios influenciados en el Golfo




Invitar a conferencias a personalidades reputadas sin reparar en gastos o acoger las reuniones de prestigiosas instituciones internacionales: las monarquías petroleras utilizan todos estos procedimientos para reforzar su notoriedad.



Kuwait en los años 1980, Dubái, miembro de la federación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en los años 1990 y, por último, Qatar y Abu Dabi una década más tarde: todos han emprendido una desenfrenada búsqueda de influencia que necesita medios financieros consecuentes. En esta búsqueda de visibilidad, los periodistas siempre han sido objetivos preferentes, con independencia de su nacionalidad (1). Invitados a viajes de prensa –a menudo la única manera de encontrarse con dirigentes locales–, se benefician de regalos que van de la estilográfica de marca al reloj de lujo, cuando no se trata de sobres con dinero en efectivo depositados en su habitación de hotel. No obstante, la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, la guerra en Yemen, que impone gastos significativos a los EAU, han limitado estas dádivas.

Los países anfitriones tienen en cuenta los diversos niveles de exigencia ética que muestran sus invitados. Así pues, tanto a la prensa anglosajona como a la europea, que supuestamente son las más herméticas con respecto a los gestos de generosidad, aunque sean “desinteresados”, se las trata de manera menos pródiga que a sus homólogas asiáticas o árabes. Pero existen excepciones. De manera confidencial, los representantes de ministerios o de agencias de información que guían a los viajeros cuentan de buena gana cómo el enviado de este o aquel periódico francés o estadounidense exigió el mismo trato que el reservado a su compañero egipcio o chino, beneficiándose él también del ordenador portátil último modelo en lugar del cargador solar inicialmente recibido…

Para “existir”, Dubái, Qatar o Abu Dabi también multiplican las conferencias y los coloquios. El objetivo: atraer a grandes nombres occidentales y hacerlo mejor que el vecino. Poco importa que se trate una temática aburrida, que las comunicaciones de los oradores sean prudentes y estén acordadas o que no haya demasiada audiencia: lo esencial es dar la impresión de una intensa actividad intelectual. Invitados con todos los gastos pagados y con vuelo en primera clase o, para los menos conocidos, en clase business, los participantes son alojados en hoteles de lujo cuyo índice de ocupación, a falta de turistas, depende mucho de estos coloquios dedicados a los temas mediáticos del momento. También en estas ocasiones, las personalidades más importantes pueden recibir regalos de valor, con la tarea implícita de alabar la “visión” del monarca local y el carácter “excepcional” de la experiencia política de su país (2). El 3 de marzo de 2018, Nicolas Sarkozy pronunciaba así en Abu Dabi un discurso remunerado sobre el tema de la democracia destructora de “leadership”, que obstaculizaría el surgimiento de “grandes líderes” de la talla de Xi Jinping, Vladímir Putin o Mohamed Bin Salmán. Esta intervención no podía no gustarle al hombre fuerte del emirato –y de toda la península Arábiga–, el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed al Nahyan (3).

En un contexto mundial marcado por una limitación de sus recursos financieros, las instituciones internacionales también pueden olvidar sus principios y solicitar la ayuda de las monarquías del Golfo. El pasado mes de abril, la Unión Interparlamentaria (UIP), organización mundial de Parlamentos que además es la institución internacional de corte político más antigua (1889), celebró su asamblea de primavera en Qatar, con, como temas principales, “la educación, la igualdad de género y la lucha contra el terrorismo”. Una importante precisión: en Qatar no existe ningún Parlamento salido de las urnas, pues el Consejo de la Shura solo tiene un papel consultivo. En octubre de 2020, el emirato de Dubái, por su parte, acogerá una exposición universal dedicada a las nuevas tecnologías con el lema “conectar las mentes, construir el futuro” –incluso cuando la legislación de los EAU relativa al uso de Internet es una de las más coercitivas del mundo (4)–. También en esta ocasión participarán invitados de prestigio en coloquios y conferencias organizados en paralelo a la exposición. Bien atendidos, fingirán ignorar la realidad del país que les recibe. Anthony Blair está acostumbrado a esta duplicidad: el ex primer ministro británico acumula las muy lucrativas misiones de asesoramiento en el Golfo con vistas a favorecer reformas políticas o sociales que nadie se cree (5).




(1) Véase Daniel Lazare, “La temida influencia de Riad en Washington”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2017.

(2) Véase “El Golfo según sus propias palabras”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2013.

(3) “Véase David D. Kirkpatrick, “The most powerful Arab ruler isn't MBS. It's MBZ”, The New York Times, 2 de junio de 2019.

(4) “Aux Émirats arabes unis, les utilisateurs de VPN risquent désormais la prison”, Le Monde, 1 de agosto de 2016.

(5) Edward Malnick, “Tony Blair is advising the Saudi government under a £9 million deal between the country and his ‘institute'”, The Telegraph, Londres, 21 de julio de 2018.
https://mondiplo.com/kuwait-en-los-anos-1980-dubai-miembro-de-la



Sermonear al mundo o cambiarlo




En 2017, en Francia, François Fillon, candidato de Los Republicanos, veía cómo se desvanecían sus posibilidades de acceder al Palacio del Elíseo cuando se abrió una investigación contra su esposa, que se había beneficiado de un empleo ficticio. En 2018, la Justicia brasileña apuntaba al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva como sospechoso de haber recibido sobornos y le impidió presentarse a las elecciones presidenciales. En 2019, el expresidente de la Asamblea Nacional francesa, François de Rugy, dimitió de su cargo de ministro de Transición Ecológica cuando la prensa reveló que servía bogavante y vinos Grand Cru a sus allegados por cuenta del Estado… De París a Brasilia, de Londres a Seúl, parece que los “escándalos” marcan el ritmo de la vida política. Esta lacra –que el papa Francisco ha calificado recientemente como “cáncer” que gangrena las sociedades modernas (1)– preocupa tanto que, cada 9 de diciembre e impulsado por Naciones Unidas, el planeta celebra el Día Internacional contra la Corrupción, dos días después del Día de la Aviación Civil y dos días antes del Día de las Montañas.

Aunque es unánime la condena del fenómeno, el término llama la atención por su nebulosidad. La investigadora Anastassiya Zagainova subraya que hace referencia, al mismo tiempo, a “infracciones penales, definiendo un comportamiento preciso y su sanción (corrupción activa y pasiva, injerencia, concusión, vulneración de la igualdad de oportunidades en la contratación pública)” y “comportamientos socialmente discutibles, pero cuya forma de sanción sigue siendo imprecisa (lobbying, evasión fiscal, creación de sociedades pantalla offshore, puertas giratorias, etc.)” (2).

En Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que desee influir en las decisiones de un representante electo no necesita recurrir a los sobornos. Desde enero de 2010 y la sentencia “Citizens United v. Federal Election Commission” emitida por el Tribunal Supremo, le basta con subvencionar a asociaciones vinculadas a su protegido, de la manera más legal del mundo y sin limitaciones de las cantidades (véase “Alguien realmente ruin”). En muchos países, semejante práctica estaría prohibida; al otro lado del Atlántico se habla de… libertad de expresión. Según un informe de la Sunlight Foundation, entre 2007 y 2012, las doscientas empresas estadounidenses más activas políticamente dedicaron, a nivel federal, 5.800 millones de dólares a gastos de este tipo. Durante el mismo periodo, recibieron el equivalente a 4,4 billones de dólares en diversos regalos: subvenciones, exenciones, reducciones de impuestos, etc. (3).
Los grandes medios de comunicación, criticados por su disposición para asumir las preferencias de las elites, encontraron en los “escándalos” la manera de mejorar su imagen: si revelan las infamias de los poderosos, es porque son libres
Enmendar la ley en lugar de dichos comportamientos: el método atrae. De esta manera, las multinacionales estadounidenses que deseen implantarse en países pobres están autorizadas a efectuar “pagos de facilitación” (facilitating payments) para acelerar un proceso, obtener una autorización o hacer que se priorice un dosier. Por su parte, los justiciables lo suficientemente acaudalados pueden poner fin a las actuaciones judiciales de las que son objeto proporcionándole dinero a la parte contraria. Por consiguiente, la frontera entre corrupción y prácticas legales, fluctuante, se presenta sometida a las vicisitudes del derecho. Y de la lógica que a menudo subyace en su elaboración: legalizar las prácticas predominantes a la vez que se garantiza la mayor de las severidades para los atroces crímenes de las clases populares.

Variable según los puntos del globo y las jerarquías sociales, la atención otorgada al fenómeno cambia igualmente con el paso del tiempo. Entre 1981 y 1990, Le Figaro, Le Monde y Libération publicaron 2.630 artículos que trataban, de una forma u otra, sobre corrupción. Una década más tarde, la cifra se había cuadruplicado (4). ¿Se había abatido sobre el mundo una epidemia de prevaricación? En un estudio publicado en 2004, los investigadores Catherine Fieschi y Paul Heywood proponen otra explicación: la transformación del debate político como consecuencia del colapso del sistema comunista a comienzos de los años 1990. “Los partidos cuyas batallas electorales se organizaban ayer en torno a cuestiones ideológicas, pero que contaban con las mismas prácticas en materia de corrupción, tuvieron que cambiar de táctica. Los programas de la izquierda y de la derecha comenzaron a parecerse y la urgencia por demostrar su competencia una vez en el poder se volvía determinante. (…) Así pues, la rivalidad política llevó a abandonar los debates sustantivos porque se preferían las acusaciones de corrupción, destinadas a empañar el crédito del adversario” (5). Esta evolución fue una oportunidad inesperada para los grandes medios de comunicación. Criticados por su disposición para asumir las preferencias de las elites, encontraron en los “escándalos” la manera de mejorar su imagen: si revelan las infamias de los poderosos, es porque son libres (véase el artículo de Pierre Péan).

Pero el énfasis que se puso en los años 1990 en el tema de la corrupción procede igualmente de un movimiento ideológico más profundo. Como había desaparecido el modelo político alternativo representado por el bloque del Este, el modelo occidental pasó a ser, según sus promotores, el único posible, la encarnación de la razón. En los pasillos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial surgió entonces el tema de la “gobernanza”: la idea de un Gobierno técnico, dirigido por expertos que trabajan por el bien común. Así, tanto para los países del Sur como para aquellos del antiguo bloque comunista, convertirse al libre comercio o al capitalismo ya no era una elección política, sino un imperativo para una buena gestión.

La corrupción, perjudicial para las empresas que desean implantarse en los países en vías de desarrollo, acapara la atención de las instituciones neoliberales, que identifican con mucha rapidez su causa principal: una falta de libre comercio. “Al inflar los precios de los bienes por encima del precio de mercado –explica así el investigador Strom C. Thacker–, los obstáculos al comercio pueden llevar a los directivos de las empresas a pagar sobornos para obtener una exención o un trato preferente” (6). Liberalizar y luchar contra la prevaricación: las organizaciones internacionales pronto condicionarán sus ayudas financieras a estos dos imperativos. Omnipresente cuando se trata de evaluar el fenómeno de la corrupción, la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional –fundada dos años después del colapso de la Unión Soviética por un exmiembro del Banco Mundial (véase “¿Quién investiga a los investigadores?”)– considera que las malversaciones solo atañen al sector público. Por definición, las empresas estarían protegidas de ellas.

Se replicará que el México de los años 1980 y la Rusia de la década siguiente demostraron que el reinado del mercado –y las privatizaciones que exige– conocía a la perfección las connivencias, las mordidas y la corrupción. Pero les importa poco a aquellos que, junto con Francis Fukuyama, consideran que el hundimiento del bloque soviético significó el “fin de la historia”. En el relato que construyen, las brújulas ya no son políticas, sino morales. Ciertamente, las elites conservan sus preferencias ideológicas, pero las formulan recurriendo al registro de la virtud. ¿Se hablaba antaño de capitalismo? Ahora se tratará de libertad económica. ¿Se intervenía en la isla de Granada para luchar contra la amenaza comunista? (7). Se enviará a las tropas para salvaguardar los derechos humanos.

Así, en Brasil, la izquierda ya no aparece como un adversario electoral, sino como un enemigo cuyas opciones políticas amenazan la probidad. Dos académicos calcularon que el 95% de los artículos sobre corrupción en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010 y 2014 incumbía al Partido de los Trabajadores (PT), y el 5%, al de la socialdemocracia brasileña (PSDB) (8), una formación conservadora identificada, no obstante, por las instituciones electorales de aquella época como “la más sucia” (9) (véase el artículo de Perry Anderson). Semejante cobertura conduce poco a poco a dejar de asociar las malversaciones a personalidades políticas para relacionarlas con la corriente que encarnan. Invita a amalgamar las sumas sustraídas por dirigentes deshonestos y aquellas dedicadas a elevar el nivel de vida de los más pobres, acusados de indolencia. ¿Acaso no se trata, en ambos casos, de una sustracción indebida –y por lo tanto “inmoral”– de la riqueza nacional? Así, el nuevo presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, puede prometer luchar contra la corrupción “limpiando Brasil de los vicios morales e ideológicos” (10) que asocia al PT.
Los sans-culottes, los defensores de la Comuna o los manifestantes de 1936 no luchaban contra la corrupción, sino contra el poder del dinero. No les movía la voluntad de mostrarse ejemplares, sino su determinación por vencer. La izquierda no nació para sermonear al mundo, sino para cambiarlo
La multiplicación de los escándalos parece haber logrado convencer a una parte de la izquierda de que, a fin de cuentas, el mundo no funcionaría tan mal si se consiguiera erradicar el fraude, las trampas y la corrupción. Cambiando su brújula política por otra moral, estos militantes se metamorfosean. Ayer, luchaban; hoy, se indignan. Fundaban organizaciones para tomar el poder; ahora firman peticiones, exigiéndole al mundo que se muestre más agradable, más tolerante, menos racista, más verde, más paritario. No les preocupa que François de Rugy haya sido ministro de Transición Ecológica de un Gobierno que empeora la crisis climática promoviendo el libre comercio, sino que se hubiese equipado de un secador demasiado costoso. Y como la moral impone que uno se aplique a sí mismo lo que espera de los demás, lo más importante ya no es alcanzar sus objetivos, sino mostrarse recto, justo, equitativo y gentil.

Con algunas consecuencias en la organización de las luchas políticas, tal y como lo ilustra una sesión de formación impartida por el sindicato francés Confederación General del Trabajo (CGT) a representantes del personal elegidos entre sus filas, en 2014. Se invitó a una joven, sindicada recientemente y asalariada en un gran hotel, a tomar la palabra para explicar su concepción de la lucha sindical: “Para mí, lo más importante es no elegir el bando propio de forma sistemática, mostrarme imparcial”. “No digas disparates –le respondió el formador de la CGT–. ¿Crees que, en caso de conflicto, tu directora de recursos humanos se preguntará qué es justo e imparcial? La política es un bando contra otro: el tuyo, como sindicalista, es el bando de los asalariados”.

Los sans-culottes, los defensores de la Comuna o los manifestantes de 1936 no luchaban contra la corrupción, sino contra el poder del dinero. No les movía la voluntad de mostrarse ejemplares, sino su determinación por vencer. La izquierda no nació para sermonear al mundo, sino para cambiarlo.




(1) Carol Glatz, “Corruption is a devastating cancer harming society, pope says”, National Catholic Reporter, 18 de marzo de 2019.

(2) Anastassiya Zagainova, “La corruption institutionnalisée: un nouveau concept issu de l'analyse du monde émergent”, tesis doctoral en ciencias económicas defendida el 27 de noviembre de 2012 en la Universidad de Grenoble.

(3) “‘Fixed Fortunes': corporate donors spent $5.8B on political influence, received $4.4T in financial benefits”, Sunlight Foundation, Washington, DC, 17 de noviembre de 2014.

(4) Cálculos efectuados por Chloé Bonafoux, a quien los autores dan las gracias.

(5) Catherine Fieschi y Paul Heywood, “Trust, cynicism and populist anti-politics”, Journal of Political Ideologies, vol. 9, n.° 3, Abingdon-on-Thames (Reino Unido), octubre de 2004.

(6) Strom C. Thacker, “Democracy, economic policy, and political corruption in comparative perspective”, en Charles H. Blake y Stephen D. Morris (bajo la dir. de), Corruption & Democracy in Latin America, University of Pittsburg Press, 2009.

(7) Intervención militar estadounidense para derrocar al poder entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1983.

(8) João Feres Júnior y Luna de Oliveira Sassara, “Corrupção, escândalos e a cobertura midiática da política” (PDF), Novos estudios, São Paulo, julio de 2016.

(9) “PSDB é o partido mais sujo do Brasil, revela ranking da justiça eleitoral”, Pragmatismo Politico, 9 de septiembre de 2012.

(10) Vinicius Torres Freire, “A revolução moral de Bolsonaro”, Folha de São Paulo, 2 de enero de 2019.
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Sin rastro de la democratización de la filosofía


La filosofía podría ser una disciplina clave para desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. Sin embargo, en Francia, su enseñanza sufre un conservadurismo persistente, debido en gran medida al prestigio paralizante que la rodea.



La filosofía se presenta gustosamente como el emblema por excelencia de la democracia. Declara no conocer fronteras y se pretende universalmente emancipadora y campeona todoterreno del espíritu crítico. Las “Instrucciones” del que fuera ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en Francia, Anatole de Monzie, que datan de 1925 y nunca han sido derogadas, proclaman que “es en clase de Filosofía donde los alumnos aprenden a ser libres mediante el ejercicio de la reflexión, e incluso podríamos decir que ese es el objeto mismo y fundamental de esta asignatura” (1). Sin embargo, cuando se trata de enseñarla, hay que reconocer que estamos lejos de dicha premisa.

El número de alumnos que se inician en filosofía es mayor que nunca: la mitad de una franja de edad de Francia; la mitad solo, puesto que los alumnos de los liceos profesionales [centros en los que se imparte formación profesional], esto es, el 28% de los bachilleres, están excluidos (2), al igual que los que han abandonado la escuela antes del curso en que se imparte. La mitad de una franja de edad, pese a todo, no es cualquier cosa, y multitud de estudiantes tienen ocasión de descubrir durante el último curso del liceo maneras de ver a menudo inéditas para ellos, que provocan aprensión o curiosidad, y que supondrán, para la mayoría, su primer y último encuentro con la filosofía.

¿Qué retienen de todo ello? El último informe de la Inspección General de Filosofía, redactado hace más de diez años, sorprende por su lucidez, en un registro en el que la pauta habitual consiste en contentarse con la realidad existente (3). Así, sin dejar de subrayar la calidad de los docentes, su compromiso y sus esfuerzos para adaptarse a condiciones a veces muy difíciles, constata que “una proporción bastante importante de alumnos, sobre todo en algunos bachilleratos, manifiesta una indiferencia total y sin matices respecto al aspecto liberador de la filosofía y considera, en todos los sentidos, que pierde el tiempo en clase de Filosofía”. Los bachilleratos tecnológicos [bachilleratos en los que se imparte cultura general y formación de tipo técnico-práctico (salud, administración, hostelería, arte…)] son citados en primer lugar. Se siguen pidiendo disertaciones escritas –prueba estrella desde hace más de un siglo– a alumnos a menudo con dificultades de aprendizaje, cuya especialización se ha hecho por defecto, y que carecen del bagaje cultural, sobre todo lingüístico, que les permitiría realizar satisfactoriamente ese tipo de ejercicio.

Este informe, que pasó desapercibido en la profesión, concluía del siguiente modo: “La enseñanza de la filosofía se encuentra en una encrucijada. Probablemente se extraviará si, en su apego a una imagen de sí misma, se niega a cambiar su manera de ser, es decir, su manera de enseñar”. Una década más tarde, nada ha cambiado.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Un vistazo retrospectivo se hace necesario: si la enseñanza de la filosofía pone actualmente en aprietos a profesores y alumnos, exigiendo a unos que exijan a los otros que adquieran en un solo año de estudios una cultura filosófica y un método de reflexión modélicos, es porque todas las tentativas de transformación fueron invariablemente rechazadas. En 1988, el entonces ministro de Educación Lionel Jospin pidió a un grupo coordinado por el sociólogo Pierre Bourdieu y el científico François Gros que reflexionara sobre los contenidos de la disciplina. La Comisión de Filosofía y Epistemología, copresidida por Jacques Bouveresse y Jacques Derrida, entregó su informe en junio de 1989 (4). Este texto decisivo, cuyo diagnóstico y propuestas no han envejecido nada en treinta años, nunca ha sido objeto de un debate serio y argumentado en la profesión: el Ministerio renunció a publicarlo, bajo presión de una parte de la misma (5). Actualmente, la inmensa mayoría de los docentes ignora su existencia.

¿Qué decía ese informe? Se trataba de bajar la enseñanza de la filosofía del pedestal en el que la había puesto su sacralización. Tenía que adoptar un carácter académico, progresivo, menos elitista y preocuparse por la formación real de los alumnos. Dos propuestas, entre otras, se ofrecían a debate. La primera era sacar esta asignatura, impartida solo en el último curso, de su aislamiento instaurando un ciclo obligatorio: iniciación en segundo curso, formación en el último, profundización en la educación superior. La asignatura de Filosofía ya no se pensaba como coronación, sino como acompañamiento, e interrelacionada con otras disciplinas, debiendo ayudar al alumno a dotar de unidad y dimensión crítica a su cultura a medida que la adquiere.

La segunda propuesta consistía en precisar y delimitar los programas para asegurarse de que el alumno, en el examen, solo será evaluado en base a lo que ha podido aprender realmente en clase; de otro modo, las capacidades adquiridas fuera de la escuela se vuelven determinantes, capacidades que, sabemos, no son las mejor repartidas socialmente. Desde 1973, los programas se centran en conceptos: la libertad, la felicidad, el Estado, el arte, etc. Ahora bien, un mismo concepto puede abordarse desde múltiples enfoques. Los profesores tienen, en teoría, total libertad para elegir esos temas y construir sus clases con autores de su elección. Pero, en la práctica, no tienen tiempo de profundizar en todas las facetas de un concepto, y en las pruebas de acceso a la universidad sus alumnos podrán toparse con un tema que han estudiado poco o nada durante el curso.

La libertad, por ejemplo, puede dar pie a preguntas sobre la existencia del libre albedrío (libertad contra determinismo) o sobre las libertades políticas. Otro ejemplo: un inventario no exhaustivo de los temas de las pruebas de acceso a la universidad relacionados con el arte propuestos en los últimos treinta años revela que, en teoría, los estudiantes examinados deben dominar cerca de una quincena de problemáticas diferentes. Entre esos temas, encontramos: “La naturaleza de la obra de arte” (“¿Qué distingue una obra de arte de un objeto cualquiera?”), “Relaciones entre arte y verdad” (“¿La obra de arte nos sitúa en presencia de una verdad imposible de alcanzar por otros medios?”), o “Relaciones entre arte e historia” (“¿La obra de arte depende de su tiempo?”).

El programa vigente pretende garantizar la libertad de los profesores, pero en realidad consigue lo contrario: que un programa sea impreciso no quiere decir que confiera más libertad. Al contrario: cuanto más se centra en algunos problemas que es imperativo estudiar, sobre los que los estudiantes podrán ser evaluados, más tiempo y libertad tienen los profesores para profundizar y diversificar sus planteamientos filosóficos con sus alumnos.

Este episodio del informe Derrida-Bouveresse marca la pauta de las tres décadas siguientes. Cada vez que se intentan reformar los programas y los exámenes de acceso a la universidad con vistas a una mayor delimitación de los conceptos que se deben estudiar y una mayor explicitación de los objetivos, se forma o se reagrupa una oposición conservadora, atrincherada en la mitología de la profesión. El resultado de esta guerra de programas es la perpetuación del statu quo: la introducción de la asignatura de filosofía en segundo curso, en los liceos profesionales y en la educación superior todavía no se ha debatido seriamente, y las pruebas de acceso a la universidad permanecen inalteradas.

En aras de la autenticidad filosófica, las reflexiones y prácticas realmente pedagógicas se ven relegadas al rango de “cocina” de cada profesor, cuando no son acogidas con desconfianza o menosprecio. Como ya observaba el sociólogo Louis Pinto en 1983, “un trabajo centrado en la dimensión educativa de la competencia filosófica solo puede ser percibido y denunciado como una agresión por todos aquellos que hacen del pensamiento puro, es decir, el pensamiento que se define a sí mismo, su monopolio profesional” (6). Así, esta dimensión central de toda asignatura –su didáctica– sigue excluida de la formación inicial y continua de los profesores, casi exclusivamente erudita. “Las oposiciones, y particularmente las oposiciones a catedrático, se conciben y viven como ‘diplomas de excelencia filosófica', como medios para continuar siendo ‘filósofo' en lugar de como medios para acceder a la profesión de profesor de Filosofía”, denunciaba hace casi veinte años el Manifiesto por la enseñanza de la filosofía, texto fundador de la Asociación para la Creación de Institutos de Investigación sobre la Enseñanza de la Filosofía (ACIREPH, por sus siglas en francés).

Sin embargo, ideas para democratizar la enseñanza de la filosofía no faltan (7). Por lo pronto, la de sacarla de su reclusión en el último curso introduciendo un plan de estudios progresivo y coherente en los tres cursos del liceo. Serían necesarios nuevos programas, diseñados para esos tres años, que permitan educar en el análisis, la investigación y la discusión racional. Por lo que se refiere al contenido y la práctica, debería ponerse el acento en la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos fundamentales de lógica y argumentación (condición necesaria y condición suficiente; argumento/sofisma; razonamiento inductivo/deductivo; etc.), de referentes léxicos y conceptuales relacionados con cada concepto o problema, de referentes culturales relacionados con las grandes corrientes filosóficas que se contradicen sobre un problema dado y, por último, grandes cuestiones relacionadas con el mundo contemporáneo.

Se podría diseñar una carga lectiva común para esta formación común desde el primer curso hasta los exámenes de acceso a la universidad. En efecto, nada justifica la carga lectiva actual, con cuatro horas de Filosofía en el bachillerato general [bachillerato con diversas modalidades de ciencias y humanidades], frente a solo dos en los bachilleratos tecnológicos y ninguna en los liceos profesionales. Esta situación es absurda: allí donde los alumnos tienen mayores carencias desde el punto de vista de la formación general como consecuencia de su trayectoria académica y, por lo tanto, precisan de una formación más sólida, tienen menos horas lectivas.

Por desgracia, la nueva reforma, motivada fundamentalmente por preocupaciones de tipo presupuestario, no avanza en esa dirección. Más allá de la cuestión de la carga lectiva y los medios, en el mejor de los casos constantes, cuando no decrecientes en un contexto de austeridad, el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer ha nombrado a una reconocida conservadora (8) al frente del Consejo Superior de Programas (CSP). Souâd Ayada ha ejercido su autoridad sobre los Grupos encargados de Elaborar los Proyectos de Programas (GEPP), prohibiéndoles que se entrevistaran con asociaciones, sindicatos y otros especialistas de la educación, ignorando los estatutos, que no obstante obligan al CSP. Según estos, “en conformidad con el decreto del 24 de julio de 2013, los GEPP (…) consultan a especialistas y colegas cuya experiencia les parece útil”. Como era de esperar, los futuros programas mantendrán la vaguedad de los precedentes.

A contracorriente tanto de una contrarreforma conservadora como de la “desnivelación de las exigencias”, que consiste, a menudo con las mejores intenciones, en pedir menos a los alumnos con dificultades –y, al hacerlo, en enseñarles menos (9)–, es más necesario que nunca renovar los métodos de formación y evaluación de los alumnos de Filosofía para dotarlos realmente de herramientas de reflexión crítica. Esto permitiría transformar los exámenes de acceso a la universidad, precisando, clarificando y argumentando las exigencias. Una tarea particularmente urgente en bachilleratos tecnológicos, donde una parte significativa de los estudiantes, superados por la vaguedad de las exigencias, termina en una hora una prueba pensada para durar cuatro.




(1) Las “Instrucciones” de 1925 se reproducen en la obra central de Bruno Poucet Enseigner la philosophie. Histoire d'une discipline scolaire (1860-1990), CNRS Éditions, París, 1999.

(2) Cf. Pierre Bourdieu y Patrick Champagne, “Les exclus de l'intérieur”, Actes de la recherche en sciences sociales, n.° 91-92, París, marzo de 1992.

(3) Jean-Louis Poirier, “État de l'enseignement de la philosophie en 2007-2008” (PDF), Inspección General de la Educación Nacional (IGEN), Ministerio de Educación francés, París, septiembre de 2008.

(4) “Rapport de la commission de philosophie et d'épistémologie”, París, 15 de junio de 1989.

(5) Suplemento del número de septiembre-octubre de 1989 de la revista L'Enseignement philosophique, órgano de la Asociación de Profesores de Filosofía de la Educación Pública (APPEP, por sus siglas en francés).

(6) Louis Pinto, “L'école des philosophes. La dissertation de philosophie au baccalauréat”, Actes de la recherche en sciences sociales, n.° 47-48, junio de 1983.

(7) Cf. Sébastien Charbonnier, Que peut la philosophie? Être le plus nombreux possible à penser le plus possible, Seuil, París, 2013.

(8) “À la tête du Conseil des programmes, Souâd Ayada, une philosophe au conservatisme assumé”, Le Monde, 2 de febrero de 2018.

(9) Cf. Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l'exigence intellectuelle, La Dispute, París, 2016; Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire (GRDS), L'École commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, 2012.
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