Skip to main content

 

CAMBIO DE INSTANCIA


Esta version inoficial se traslada a su nuevo hogar en diplo@loma.ml para llegar a todo el fediverso.

- Disculpen las molestias -

 

Lea la columna del rector Álvaro Ramis sobre Emergencia Climática en @LMDiplo_Chile "El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos, ahora están en juego". @ÁlvaroRamis ver + https://bit.ly/2NGhYrH pic.twitter.com/BaM9h6CuSK
Bild/Foto
https://twitter.com/U_Academia/status/1167431433062965248


 

Purga en Argelia


Argelia experimenta una purga histórica. En nombre de la lucha contra la corrupción, la “dilapidación de bienes públicos”, el “favoritismo” y el “abuso de autoridad”, cerca de unos cincuenta responsables de muy alto rango, entre ellos los dos ex primeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal, han sido encarcelados. La oleada de imputaciones, en primer lugar dirigida contra empresarios cercanos al expresidente Abdelaziz Bouteflika, alcanza en la actualidad a todas las categorías de dirigentes, en especial prefectos. El general y jefe de Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, lidera la maniobra y asegura que “ha llegado la hora de rendir cuentas” para la “banda de ladrones” que ha dirigido el país. Los argelinos, estupefactos por la magnitud de la corrupción revelada, pero poco crédulos con respecto a las motivaciones políticas del hombre fuerte del país, continúan manifestándose cada viernes con, entre otros, este eslogan: “¡Os habéis ‘comido' al país, banda de ladrones!”.

El empresario Nabil Karoui, líder en los sondeos de opinión para las presidenciales de septiembre, fue detenido el pasado 23 de agosto en el marco de una investigación por blanqueo de capitales iniciada por una denuncia presentada en 2014 por IWatch, una ONG especializada en la lucha contra la corrupción.
https://mondiplo.com/purga-en-argelia

 

Las mafias de la arena


“En el estado de Tamil Nadu (en la India), la arena de playa esconde minerales muy codiciados, como el granate, la ilmenita, el rutilo, el circón, el silicato, el leucoxeno o la monacita (un mineral radiactivo que contiene uranio y torio). Desde hace años, auténticas mafias dictan la ley en este sector”, revelaron el equipo de investigación de Radio France. La investigación, divulgada por France Info (22 de junio de 2019), recoge la experiencia de la periodista Sandhya Ravishankar, que se ha visto acosada: “La mafia de la arena tiene conexiones con responsables políticos, policías y funcionarios en el propio Gobierno. En cuanto revelas sus artimañas, ¡ya no te dejan!”. Otro periodista, Sandeep Sharma, que se interesaba también por las mafias de la arena, pero en el estado de Madhya Pradesh, murió aplastado por un camión el 26 de marzo de 2018. “Estaba investigando para el canal indio News World”, precisa France Info, que añade que otro investigador, Jagendra Singh, también murió, quemado vivo, en junio de 2015.
https://mondiplo.com/las-mafias-de-la-arena

 

La trampa de General Electric


Frédéric Pierucci, alto directivo de Alstom en Filipinas, fue detenido el 4 de abril de 2013 en Estados Unidos en virtud de la ley anticorrupción, que permite detener a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pasó veinticinco meses en la cárcel. En su obra Le Piège américain explica cómo General Electric se sirve de esa ley para neutralizar, si no destruir a sus competidores.



Responsable de compliance (cumplimiento normativo) hasta mediados de la década del 2000, Ben W. Heineman [uno de los vicepresidentes de General Electric – GE] es considerado uno de los juristas más innovadores de Estados Unidos por sus compañeros de profesión. Bajo su impulso, GE se labró una reputación de “caballero blanco” y forjó estrechos vínculos con la unidad anticorrupción del DOJ [Departamento de Justicia]. Con regularidad, fiscales con dificultades para reconvertirse profesionalmente emprenden una segunda carrera en el seno de la dirección de compliance de GE. En 2014, trabajaban allí más de una docena. A partir de la década del 2000, GE también supo ver que dirigentes empresariales metidos hasta las cejas en casos de corrupción constituían presas ideales. La multinacional no ha dudado en lanzar una oferta de compra de sus empresas con, como broche final, la promesa de ayudarles a negociar con el DOJ. (…) General Electric ya había comprado cuatro empresas en esas circunstancias en diez años. Con Alstom, de lejos la más grande, se marcó un quinto tanto (…).

También he podido constatar que en la producción de electricidad, prácticamente todos los competidores internacionales de GE han sido encausados u obligados a pagar fuertes multas: la helvético-sueca ABB en 2010 (58 millones de dólares), la alemana Siemens en 2008 (800 millones de dólares de multa y ocho imputados, uno de ellos miembro del comité ejecutivo), la japonesa Hitachi (19 millones de dólares), y ahora Alstom. En cambio, ninguno de los grandes actores estadounidenses del sector que incluyen en su oferta equipamientos de GE ha sido investigado por el DOJ, como Bechtel (que construye, entre otras cosas, las embajadas estadounidenses en el extranjero), Black and Veatch, Fluor, Stone and Webster, Sargent and Lundy, o las dos calderistas Amec Foster Wheeler (también muy metida en el petróleo) y Babcock and Wilcox. Sin embargo, toda esa buena sociedad se entrega a una competencia feroz en el mismo mercado internacional de la construcción de centrales eléctricas, de gas, carbón, nucleares o eólicas. ¿Cómo se las arreglan estas empresas si nunca recurren a los servicios de “asesores”? Lo cierto es que cuentan con el apoyo de la diplomacia estadounidense.

Por ejemplo, en 2010, GE pudo vender de mutuo acuerdo (por tanto, sin licitación real) turbinas de gas por un valor de 3.000 millones de dólares al Gobierno iraquí en condiciones completamente irregulares. Un asunto aún más escandaloso si se tiene en cuenta que por entonces Irak no tenía capacidad para construir centrales eléctricas y que, por lo tanto, Bagdad se encontró con decenas de turbinas de gas con las que no sabía qué hacer. Pero nadie, en ese momento, dijo nada. Igualmente, GE llega a ejercer de simple subcontratista de un contratista principal. La empresa estadounidense suministra las turbinas de gas a un constructor encargado de suministrar centrales llave en mano. Y, por supuesto, es el contratista quien remunera a los asesores. Para ese juego, en el mercado asiático, los socios preferidos de GE son algunas de las mayores empresas de trading coreanas y japonesas, que nunca han sido importunadas por el DOJ.

(…) Tras habernos vendido una licencia para sus turbinas de gas, GE endureció sus condiciones comerciales y, al no trasladar los nuevos modelos, más grandes y eficaces a sus propias licencias, las dejó obsoletas. Así, en 1999, Alstom fue obligada a revender su propio negocio de turbinas de gas a GE (incluida la emblemática fábrica de Belfort con sus empleados…). La realidad es que GE, presente en Francia desde hace varias décadas, ha aprendido a conocer nuestro país, nuestro tejido económico, nuestras treinta y cinco horas, nuestra cultura y sobre todo nuestras redes políticas. Y sus dirigentes son expertos en materia de lobbying.
https://mondiplo.com/la-trampa-de-general-electric

 

¿Quién investiga a los investigadores?


La mayoría de los artículos sobre corrupción provienen de la misma fuente: las investigaciones de Transparencia Internacional. Esta organización no gubernamental (ONG) fue fundada en 1993 por Peter Eigen, exdirector regional del Banco Mundial, junto con Michael J. Hershman, exmiembro de los servicios de inteligencia del Ejército estadounidense, Frank Vogl, asesor de comunicaciones para el mundo de las finanzas también a través del Banco Mundial, y el difunto George Moody Stuart, que había hecho fortuna en la industria azucarera.

En sus principales investigaciones, Transparencia Internacional no mide la carga de la corrupción en términos económicos para cada país. Lo que hace es elaborar un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) basado en encuestas realizadas por estructuras privadas u otras ONG: The Economist Intelligence Unit, respaldada por el semanario liberal británico The Economist, Freedom House, una organización estadounidense fundada en 1941 y cuyo consejo de administración ha dado la bienvenida a los neoconservadores Samuel Huntington, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Jeane Kirkpatrick, el Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, e incluso grandes corporaciones.

El IPC ignora los casos de corrupción que conciernen al mundo de las empresas. En consecuencia, el colapso de Lehman Brothers (2008) o la manipulación de la tasa de referencia del mercado monetario (LIBOR) por parte de los principales bancos británicos (2015) no afectaron a las calificaciones de Estados Unidos y el Reino Unido (1).

En 2015, Transparencia Internacional recibió 3 millones de dólares de Siemens. Siete años antes, la sociedad alemana había tenido que pagar la mayor multa jamás impuesta a una empresa (1.600 millones de dólares) por soborno de altos funcionarios en muchos países.




(1) Dan Steinbock, “What Transparency International's corruption index doesn't see”, South China Morning Post, Hong Kong, 16 de marzo de 2018.
https://mondiplo.com/quien-investiga-a-los-investigadores

 

Candidatos eliminados en Senegal


Dos candidatos para las elecciones presidenciales senegalesas de febrero de 2019, Khalifa Sall y Karim Wade, fueron acusados y procesados por malversación de dinero público y enriquecimiento ilícito. Amnistía Internacional cuestiona la imparcialidad de estos procesos, que les impidieron participar en el escrutinio, el cual ganó, finalmente, el presidente saliente, Macky Sall.



Khalifa Sall, líder de la oposición y alcalde de Dakar, arrestado en marzo de 2017, fue acusado de asociación delictiva, de complicidad y falsedad en documentos mercantiles privados, de falsedad en documentos administrativos, de malversación y de fraude en las arcas públicas, así como de blanqueo de capitales. Se le ha denegado en varias ocasiones su puesta en libertad bajo fianza. Fue elegido como miembro del Parlamento en julio de 2017 mientras seguía encontrándose detenido. (…) En junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental determinó que la detención de Khalifa Sall era arbitraria y consideró que se habían violado sus derechos a la presunción de inocencia y a la inmunidad parlamentaria, así como su derecho a ser asistido por sus abogados. (…)
En marzo de 2015, el Tribunal de Represión del Enriquecimiento Ilícito condenó a Karim Wade, exministro e hijo de Abdoulaye Wade –expresidente de la República–, a seis años de prisión y a una sanción de unos 210.744.000 euros por enriquecimiento ilícito. (…) Este tribunal no respeta las normas internacionales y regionales en materia de igualdad en los procesos, en particular porque no se pueden recurrir sus dictámenes. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos considera que el derecho a presentar un recurso ante una instancia jurisdiccional superior es uno de los elementos esenciales de un proceso justo. En abril de 2016, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria estimó que la detención preventiva de Karim Wade era arbitraria, especialmente debido al atraso acumulado durante el procedimiento y a la diferencia de trato observada. Karim Wade fue puesto en libertad en junio de 2016 gracias a un indulto presidencial.




Amnistía Internacional, “Senegal: All talk no action”, 9 de agosto de 2018. Informe destinado a la 31º sesión del Examen Periódico Universal, Naciones Unidas, noviembre de 2018.
https://mondiplo.com/candidatos-eliminados-en-senegal

 

Mea culpa


El 9 de agosto de 2019, en France Inter, el cronista Anthony Bellanger reconocía haberse equivocado cuando trató la encarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. Esta lucidez, aunque muy tardía, le distingue de gran parte de sus compañeros.



Sí, creí en la independencia de la Justicia brasileña y me equivoqué. El “pequeño juez” Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, sí contaba con una agenda política cuando consiguió condenar y encarcelar al expresidente “Lula”. (…) Formé parte de aquellos que quedaron impresionados favorablemente ante las manifestaciones callejeras contra la clase política. (…) [Pero]lo que me convenció definitivamente de que sí existía cierta voluntad de apartar políticamente a “Lula”, fueron unas escuchas publicadas el pasado mes de junio. Se trataba de transcripciones de conversaciones entre, por una parte, el juez Moro y, por la otra, los fiscales, entre ellos la acusación. En secreto, tranquilamente intercambiaron información, orientaron la acusación y planearon ruedas de prensa para hundir a “Lula”. ¿Por qué semejante ensañamiento? Para impedir que Lula se presentara a las elecciones presidenciales de 2018, las cuales, probablemente, habría ganado. (…) Es sencillo: cuando se plantea a los brasileños la cuestión de quién ha sido el mejor presidente del país, un 57% responde “Lula”. Muy por delante de todos los demás. Por lo tanto, había que hacer todo lo posible para perjudicarle, también a costa de una evidente denegación de justicia.
https://mondiplo.com/mea-culpa

 

“Alguien realmente ruin”


El 6 de febrero de 2019, la demócrata electa Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó la comparecencia ante la Cámara de Representantes de Karen Hobert Flynn, de la organización Causa en Común, de Bradley Smith, del Movimiento por la Libre Expresión, y de Rudy Mehrbani, del Centro Brennan, para poner de relieve el funcionamiento del sistema político estadounidense.



Ocasio-Cortez: — Les propongo que juguemos a las preguntas y respuestas. Yo interpretaré el papel del villano, (...) que busca aprovechar el sistema político para enriquecerse, para servir a sus intereses, incluso si eso significa anteponerlos a los del pueblo estadounidense. (...) Así que, Sra. Hobert Flynn, imaginemos que quiero ser diputada y que quiero financiar mi campaña exclusivamente con donaciones de grandes empresas. ¿Hay algo en el plano legal que me lo impida?
Hobert Flynn: — Nada.

Ocasio-Cortez: — Vale. Así que, si lo he entendido bien, nada impide que me financien por completo, por ejemplo, empresas de los sectores del petróleo o farmacéutico, y que me rodeen por entero sus lobistas, ¿no es así? Entonces, digamos que soy una persona realmente muy ruin, que he hecho algunas cosas bastante malas en el pasado y que deseo hacerlas olvidar para poder ser elegida. Sr. Smith, ¿es cierto que usted escribió un artículo en The Washington Post titulado: “Esos pagos a mujeres eran indecorosos. Eso no significa que fueran ilegales” (1)?
Smith: — No puedo ver el documento desde aquí, pero en efecto escribí un artículo bajo ese título para The Washington Post. Me imagino que se trata de ese texto.

Ocasio-Cortez: — De acuerdo, muy bien. Así pues, luz verde para los sobornos. Puedo hacer lo que quiera, incluso cosas no muy elegantes: la ley me autoriza a pagar a la gente para que guarde silencio. Incluso eso se considera dentro del ejercicio de mi libertad de expresión. (...) Ahora imaginemos que resulto elegida. Por lo tanto, puedo ocupar mi escaño y tengo el poder de modificar, redactar o influir en el contenido de las leyes que rigen Estados Unidos de América. Fantástico. ¿Puede decirme –quizás, entre ustedes, la Sra. Hobert Flynn– si existe un límite a la variedad de textos sobre los que tengo derecho a intervenir? ¿O si hay un límite en mi capacidad de modificar el contenido de las leyes que conciernen a los grupos de interés que financiaron mi campaña y me permitieron salir elegida?
Hobert Flynn: — No existe ningún límite.

Ocasio-Cortez: — ¿Ninguno? De acuerdo. Así que, si lo he entendido bien, ¿puedo ser financiada en su totalidad por (...) la industria farmacéutica y aprovechar mi mandato para redactar leyes a su favor? ¿Y esto, sin el más mínimo marco legal?
Hobert Flynn: — Así es.

Ocasio-Cortez: — Vale, genial. Entonces, Sr. Mehrbani, la última cosa que deseo hacer es enriquecerme con el menor esfuerzo posible. Esa es mi principal ambición como villano. Por lo tanto, ¿hay algo que me prohíba poseer acciones, digamos, en una compañía petrolera, y luego redactar leyes que desregulen ese sector de actividad? ¿Leyes que puedan hacer que el valor de mis acciones se dispare?
Mehrbani: — Podría hacerlo perfectamente.

Ocasio-Cortez: — Ah, ¿sí? ¿Podría? ¿No hay nada en la legislación actual que me lo prohíba?
Mehrbani: — Nada.

Ocasio-Cortez: — ¡Perfecto! Por lo tanto, mi última pregunta (...) es la siguiente: ¿es posible que la pequeña historia que acabamos de imaginar juntos pueda aplicarse al Gobierno y a los funcionarios electos que se encuentran actualmente en el poder?
Mehrbani: — Sí.
Hobert Flynn: — Sí.




(1) (1) Bradley Smith, “Those payments to women were unseemly. That doesn't mean they were illegal”, The Washington Post, 22 de agosto de 2018. En este artículo, el autor critica el mecanismo que permite liquidar procedimientos judiciales mediante el pago de sumas de dinero a los denunciantes.
https://mondiplo.com/alguien-realmente-ruin

 

Los opositores rusos son siempre unos corruptos…




A comienzos de los años 2000, Vladímir Putin instrumentalizaba la lucha contra la corrupción para arrebatar a los oligarcas de la “era Yeltsin” el poder que habían acumulado durante la transición. Había llegado el momento de que los allegados del presidente se enriquecieran. Quince años más tarde, las malversaciones y las concusiones siguen formando parte del capitalismo ruso.



El pasado 6 de junio, el periodista ruso Iván Golunov fue detenido y encarcelado por posesión de drogas. La policía recurrió a un ardid habitual: colocar “pruebas” en el acusado, y posteriormente en su vivienda. Pero, en esta ocasión, la detención suscitó una ola de protestas, que hizo que cientos de manifestantes salieran a las calles, y generó declaraciones de apoyo de organizaciones de prensa rusas que, por lo general, no critican a las autoridades. Más sorprendente aún: Golunov fue puesto en libertad cinco días más tarde.

Las investigaciones del periodista sobre delitos cometidos por hombres de negocios y burócratas han continuado provocando la ira de sus poderosos enemigos, especialmente el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, de quien ha revelado su fortuna inmobiliaria. Pero estas solo llegan a un grupo reducido de lectores. Las reacciones por su detención se deben menos al contenido de sus artículos que a la furia en gran medida compartida frente a los abusos de poder permanentes cometidos por los dirigentes rusos. Se inscriben en la continuidad de la protesta surgida en el invierno de 2011-2012, cuando decenas de miles de rusos se manifestaron para oponerse a la manipulación de las elecciones por parte del partido en el poder, Rusia Unida, y al regreso inminente de Vladímir Putin a la presidencia.

Si bien la oposición se compone de una amplia amalgama de corrientes políticas e ideológicas –desde liberales hasta socialistas, pasando por monárquicos y libertarios–, todos coinciden en la necesidad de luchar contra la corrupción. Un tema que Alexéi Navalni, que lo denuncia sin descanso desde los años 2000, ha logrado fijar en el debate público. A través de diferentes plataformas, como su blog LiveJournal, de su cuenta de Twitter o de operaciones mediáticas realizadas por su Fundación Anticorrupción (FBK), denuncia todo tipo de fraudes, desde el nepotismo hasta el enriquecimiento personal de funcionarios, pasando por el robo a gran escala perpetrado por las empresas del Estado. También reveló información comprometedora sobre figuras del Kremlin, comenzando por Dmitri Medvédev. El documental Don't Call Him “Dimon”, producido por la FBK en 2017, revelaba la fortuna personal del expresidente, compuesta de yates y un enorme patrimonio inmobiliario tanto en Rusia como en Italia, especialmente viñedos y un castillo en la Toscana.

Sin duda alguna, la lucha contra la corrupción ha permitido que la oposición se uniera eficazmente, llegando a forzar al régimen a abordar públicamente el tema. Este año, en su tradicional diálogo en directo con telespectadores (cuidadosamente seleccionados), le preguntaron a Putin si se sentía “personalmente responsable de este caos”. “Por supuesto”, respondió, antes de afirmar: “El número de delitos ligados a la corrupción está bajando, esencialmente gracias a nuestra acción constante e intransigente”.

En efecto, algunas figuras de alto rango han sido detenidas, como el exministro de Economía Alexéi Uliukaiev, condenado en diciembre de 2017 a ocho años de prisión por haber aceptado un soborno. Pero existen motivos fundados para que los resultados de semejantes esfuerzos despierten sospechas sobre su sinceridad. Por ejemplo, el exministro de Defensa Anatoli Serdiukov fue cesado en 2012 a raíz de un escándalo de corrupción, y acusado de negligencia en 2013, antes de que se le concediera un indulto al año siguiente. Actualmente ocupa un puesto importante (y sin duda, generosamente remunerado) en Rostec, el conglomerado militar-industrial del Estado. Así pues, las investigaciones por corrupción parecen reflejar más unos conflictos internos entre la elite rusa que un mecanismo disciplinario, y son empleadas como un arma contra rivales.

Las campañas oficiales contra la corrupción son poco más que un simple ejercicio de comunicación. Pero la oposición, en cambio, desea realmente hacerle frente. Para esta, se trata solo de un contratiempo pasajero que no es inherente al sistema; una vez liberado de esta plaga, este podría funcionar de manera más justa y racional. Ahora bien, eso significa confundir una característica con una anomalía: el festín de enriquecimiento ilícito contra el cual se rebelan –y con razón– Navalni y otros no es producto de la codicia del entorno de Putin; forma parte de la propia arquitectura del sistema. No es un fenómeno externo o accidental del capitalismo ruso contemporáneo: es inherente a este.

Para entender mejor esta complejidad, es necesario remontarse a los orígenes de la elite postsoviética. Los medios de comunicación occidentales describen a sus miembros como hábiles políticos que hicieron fortuna en la batalla campal de la apertura a la economía de mercado, en los años 1990. Algunas prácticas eran quizás de dudosa legalidad, pero ¿acaso la propia ley no era confusa durante ese periodo caótico? Boris Berezovski (1) encarnaba a la perfección esta oligarquía surgida en los noventa. En pocos años, este antiguo vendedor de material informático pasó a ser dueño de bancos, una compañía petrolera, un gran periódico y el canal de televisión ruso más importante. Incluso ejerció altos cargos bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Los miembros de esta oligarquía suelen ser comparados con los “barones ladrones” (robber barons) de finales del siglo XIX en Estados Unidos: hombres cuyo enriquecimiento a través de medios poco escrupulosos adquirió respetabilidad en poco tiempo.

Pero esta representación nada dice del proceso que permitió a estos oligarcas amasar semejantes fortunas. Lejos de haberse creado al término de una competencia feroz, la nueva elite rusa nació de la voluntad política del Estado. Yeltsin, apremiado por desmantelar la economía planificada soviética, procedió en 1992 a la privatización masiva de los activos públicos. La operación adquirió formas diversas, como las “subastas de activos”, durante las cuales ciudadanos comunes podían adquirir participaciones en empresas para luego venderlas; o incluso las “privatizaciones por decreto”, mediante las cuales Yeltsin transfirió la propiedad de empresas en su totalidad a personas de su elección.

El conjunto de estas privatizaciones permitió crear una nueva clase de oligarcas que adquirieron partes importantes de la infraestructura productiva de la Unión Soviética a precios ridículamente bajos. Su punto en común no era un sentido de los negocios particularmente desarrollado, sino la capacidad para explotar sus vínculos con el aparato del Estado, poniendo en funcionamiento su red para obtener una licencia de exportación, por ejemplo, o prometiendo apoyar a Yeltsin en su intento de reelección en 1996 a cambio de una compañía petrolera, tal como se produjo con los “préstamos a cambio de acciones” de 1995.

“Para convertirse en millonario en Rusia –explicaba el banquero Piotr Aven–, no es necesario ser inteligente o especialista en un área precisa. Generalmente, basta con tener un apoyo activo en el seno del Gobierno, el Parlamento, las autoridades locales y los órganos de seguridad. Un buen día, tu insignificante banco es autorizado, por ejemplo, a realizar operaciones con fondos públicos. O te asignan generosamente cuotas para la exportación de petróleo, madera y gas. En otras palabras, te ascienden al rango de millonario”.

Al asumir el poder, en el año 2000, Putin se comprometió públicamente a “acabar con la clase oligarca”, sugiriendo que habían cambiado los vientos y que las grandes fortunas privadas ya no eran intocables. La realidad resultó ser muy diferente. Lejos de castigar a los oligarcas, el presidente favoreció su florecimiento. Según la clasificación anual de la revista Forbes, en el año 2000, Rusia no tenía milmillonarios; a finales de su segundo mandato, en 2008, eran ochenta y dos, y once años más tarde, noventa y ocho, a pesar de una coyuntura de estancamiento económico, las sanciones occidentales infligidas a Rusia desde 2014 y la anexión de Crimea.

Por tanto, lo que cambió desde la llegada de Putin no es la posibilidad de un enriquecimiento personal masivo, sino la identidad de aquellos que lo logran y los lazos que mantienen con el Estado. La mayoría de los oligarcas de la era Yeltsin no formaban parte del aparato del Estado; sacaron provecho de su disfuncionalidad. Los de la era Putin son más bien iniciados que supieron desplegar el poder del Estado con el fin de adquirir activos. Con diferencias sectoriales: en los años 1990, mientras que el precio de los recursos naturales era generalmente bajo, las fortunas rusas más grandes se concentraban en la banca, las finanzas y los medios de comunicación. A comienzos de los años 2000, el aumento de la cotización del petróleo, el gas y los metales benefició sobre todo a aquellos que tenían acciones en esos sectores. Entre esos magnates se encontraban personas cercanas al Kremlin a la cabeza de empresas públicas, que sacaron provecho de lo que puede denominarse un nepotismo capitalista de Estado.

Sin embargo, esta noción no explica la similitud de los métodos y las prioridades entre empresas públicas y privadas. En ambos casos, se trata de optimizar el valor para el accionista y la remuneración de los directivos, y no de destinar sus beneficios a los objetivos estratégicos nacionales (sin hablar de redistribución de las riquezas). El resultado es más o menos el mismo, a pesar de las diferencias formales.

La naturaleza turbia de las fronteras entre el Estado y el mundo de los negocios no tiene su origen en la era Putin, y tampoco indica que el Estado se inmiscuya en la economía para tomar el control, ni que individuos particularmente poderosos sean estafadores. Del mismo modo, como en todas partes del mundo, un programa político que se basa principalmente en la lucha contra la corrupción presenta riesgos y límites. Navalni suele denunciar el despilfarro de dinero público ocasionado por la corrupción, lo que es innegable. Pero esta lógica puede también sostener una posición más amplia contra toda intervención del Estado y en favor de la economía de mercado. Lo que podría conducir a justificar remedios neoliberales aún más brutales que los que ya probó Rusia, con el pretexto de que el Estado sigue siendo una fuente de saqueo demasiado grande.

La corrupción encuentra sus raíces en la imbricación del poder político y el poder económico rusos, que se remonta a la presidencia de Yeltsin y a la creación misma de la economía postsoviética. Cuando un hombre de negocios quiere adueñarse de una empresa competidora, por ejemplo, puede pagarles a altos funcionarios para que realicen controles fiscales e inspecciones laborales hasta que el propietario acuerde con él el precio de compra. En estos últimos diez años, son cada vez más los funcionarios los que se consagran a tales prácticas, utilizando su poder legal para obtener los activos que desean, e ilustrando así el proverbio ruso: “Para nuestros amigos, todo; para nuestros enemigos, la ley”.




(1) Uno de los oligarcas rusos más poderosos. Acusado de corrupción en Rusia, Francia y Brasil, escapó a Londres, donde se suicidó (según la versión oficial) en 2013.
https://mondiplo.com/los-opositores-rusos-son-siempre-unos-corruptos

 

Los entresijos de la investigación




Los periodistas que investigan sobre la corrupción de los poderosos encarnan el contrapoder. Estos investigadores hacen que dimitan ministros, que tiemblen asesores, que caigan patronos –en menos ocasiones–. Sin embargo, los adalides de la transparencia siempre mantienen una zona de sombra: el público no sabe nada sobre cómo trabajan, a qué se enfrentan, qué les motiva. Pierre Péan, quien fuera una destacada figura de este medio, deja al descubierto sus secretos.



Desde mediados de los años 1980, la vida pública francesa parece marcada por una paradoja. Por un lado, el aumento del paro, las desigualdades sociales y geográficas, la globalización económica y el repliegue del Estado del bienestar tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, y su reorganización en beneficio de las empresas privadas, han marcado nuestro tiempo. Por el otro, el mundo mediático no ha situado en lo alto del podio la investigación social o el reportaje económico, susceptibles de explicar estas transformaciones, sino un género y una figura que normalmente prosperan cuando todo se desmorona: el escándalo de corrupción político-financiero y el periodista llamado “de investigación”.

Se desgranan los nombres de los escándalos como se tararean los hits que imprimen su melodía en los surcos de la memoria colectiva: Botton, Schuller-Maréchal, Urba, MNEF, HLM de París, HLM de Hauts-de-Seine, Elf, Pelat, cassette Méry [escándalo de la cinta de vídeo de J.-C. Méry], Crédit lyonnais, Dumas, Balkany, Takieddine, Woerth-Bettencourt, Cahuzac… Por turnos, copan titulares, alteran el devenir político y transmiten la imagen de una sociedad construida no ya sobre el antagonismo de fuerzas sociales y políticas, sino sobre la lucha del bien –un pequeñísimo grupo de individuos decididos a purgar nuestra bella democracia de las ovejas negras que la degradan– contra el mal –una serie de políticos y altos funcionarios corruptos–. Estos ángeles entregados en cuerpo y alma a la causa suprema, el derecho a la información, forman una elite en el seno de su profesión.

Durante los años 1970, la correlación de fuerzas entre la prensa y el poder, desequilibrada en favor del segundo, situaba su actividad en los márgenes, al menos hasta que un par de investigadores de The Washington Post hicieron caer al presidente de Estados Unidos. El caso Watergate, mito fundador (1) convertido en modelo, estableció de una vez por todas las reglas de esta actividad: el investigador toma por adversario al Estado, supuesta fuente de todo poder y de todo mal, justo en el momento en que este inicia su repliegue en beneficio de las empresas privadas.

El periodismo de investigación especializado en asuntos político-financieros, que migró de las irreverentes columnas de Le Canard Enchaîné de finales de los años 1970 a las de referencia de Le Monde de mediados de los años 1990, ha cambiado profundamente el teatro democrático. El observador es ahora actor, y a veces director de escena, de la obra interpretada por los partidos, los políticos y los electores. Sus revelaciones alteraron el reparto de cartas de las elecciones presidenciales francesas de 2017 contribuyendo a la eliminación de François Fillon, al igual que llevaron a la dimisión del vicecanciller austriaco Heinz-Christian Strache, en 2019. El contrapoder se ha erigido en poder. Pero ¿quién conoce su funcionamiento? ¿Cómo surgen esas “revelaciones”? ¿Quién elige su calendario, sus objetivos?

Una particularidad de esta actividad, practicada en nombre de la moral y la transparencia, es su opacidad. Efectivamente, un abismo separa la imagen del periodista de investigación vehiculada por la propia prensa, con sus semblanzas de los investigadores, individuos de mirada umbría y facultades supuestamente excepcionales, fotografiados espalda contra espalda como en los carteles de las películas de espionaje (2), y la práctica diaria del oficio.

Y es que en el fondo hay dos maneras de investigar. Una, reivindicada en particular por el autor de estas líneas, podría definirse como un periodismo ordinario y lento: el investigador escoge un tema y le dedica un tiempo, una energía que la mayoría de redacciones no están dispuestas a invertir. Avanza a ciegas, progresa a trompicones y asume el riesgo de equivocarse. Generalmente, sus investigaciones desembocan en casos poco judicializados, en comparación con los escándalos político-financieros que copan titulares. De todo ello resultará un libro cuyo avance cubre, aproximadamente, los gastos asumidos y cuyas ventas ayudarán a iniciar la siguiente investigación. Es un modelo frágil: algunos fracasos comerciales sucesivos acompañados de demandas por difamación bastan para privar al periodista de la posibilidad (y las ganas) de volver a las andadas. Para restaurar el mermado prestigio de los medios de comunicación, algunas redacciones, también de medios audiovisuales, han creado espacios que permiten investigar sobre asuntos económicos o de sociedad (“Cash Investigation”, el programa de Élise Lucet en France 2), pero el fenómeno sigue siendo marginal.

Y por buenos motivos. Aunque, por lo general, pretenden seguir ese difícil camino, la mayoría de cabezas de cartel del periodismo de investigación trabajan de una manera radicalmente diferente. No se trata de investigar, sino de esperar una filtración. La de un acta de audiencia o investigación que transmite un juez, un policía o un abogado. El documento llega, ayer por fax, hoy por mensajería cifrada. A continuación, el intrépido detective se dedica a reescribirlo en estilo periodístico: hechos detallados, fechas precisas, nombres conocidos o que lo serán dentro de poco. Este trabajo de transposición se acompaña de algunas llamadas telefónicas que permiten recoger los desmentidos o los embarazados balbuceos de las personas acusadas, demostración incontestable de un trabajo de primer orden.

“El caso de las HLM [‘habitation à loyer modéré'; viviendas de protección oficial] permitió descubrir una categoría especial de la corporación de la gente de prensa: los periodistas de investigación. En la época en que yo todavía era ingenuo, pensaba que su oficio era… investigar”, ha escrito el juez Éric Halphen. “¡Error! (…) Con raras excepciones, y aquí pienso particularmente en Le Canard Enchaîné (...), los periodistas de investigación no investigan” (3)… En privado, el magistrado contaba haber recibido una oferta, que rechazó, de los dos grandes investigadores de la época para “caminar juntos”.

El ascenso de este periodismo que abre telediarios es fruto de una alianza de circunstancias entre una pequeña fracción del mundo judicial y una minúscula parte del mundo mediático (4). Esta coalición de los márgenes de poderosas repercusiones presenta varias características. En primer lugar, el periodista de investigación generalmente no escoge el tema de su investigación: un magistrado, un policía o un abogado, que tiene sus prioridades, sus intereses –por ejemplo, desbloquear los frenos políticos a una investigación judicial sobre un personaje prominente haciéndola pública– se lo hace llegar, completamente elaborado. “Tenemos por norma centrarnos en los sumarios”, ha explicado Ariane Chemin, de Le Monde. “No emprendemos una investigación por iniciativa propia” (5).

El caso de la posible financiación libia de la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007, dado a conocer por el sitio web Mediapart, arroja luz sobre los entresijos de la investigación. Los principales actores de la obra son responsables de la Oficina Central de Lucha Contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales. Este servicio de la Policía Judicial, ubicado en Nanterre, interroga a los protagonistas libios y franceses citados en la investigación. El comandante responsable del expediente digitaliza con regularidad las nuevas actas. Un abogado de la asociación Sherpa, parte civil en esta instrucción, recupera los últimos discos compactos que contienen los documentos. En los días que siguen, un periodista de Mediapart publica un nuevo elemento de la “investigación”, obviamente, bien documentado. Fabrice Arfi, depositario de todas las actas judiciales y convertido en el mayor especialista en este caso, completa el trabajo de la Oficina Central apoyándose en las actas, que contienen los nombres, lugares y direcciones de los actores así como de sus allegados. La investigación consiste en seleccionar los documentos de una instrucción judicial que puedan interesar a los lectores, en reescribirlos y completarlos; el investigador es un administrador de filtraciones.

El segundo aspecto estriba, precisamente, en el origen y uso de esa información. Su explotación supone la violación de dos leyes, la presunción de inocencia y el secreto de sumario, en aras de un principio, el derecho a la información. Esas infracciones de la legalidad dan al puñado de “investigadores” que hablan en nombre de la profesión medios que exceden el derecho común, los de la Justicia y la Policía, pero sin el marco administrativo y judicial que normalmente los acompaña. Hervé Gattegno, que se formó en Le Monde y se convirtió en director de la redacción de Le Journal du dimanche, admitía a principios de la década del 2000 trabajar más o menos como un juez instructor. Tenía por costumbre dejar su tarjeta de visita en el buzón de un protagonista ilocalizable telefónicamente con esta simple mención: “Hervé Gattegno desea escucharle”.

En el caso Cahuzac (que, recordemos, procedía de una verdadera investigación periodística), el director de Mediapart, Edwy Plenel, no dudó en escribir al fiscal de la República para exigirle que dictara un auto de procesamiento suplementario a fin de que el juez instruyera los nuevos hechos revelados por el sitio web. Dicho de otro modo, el periodista ya no se contenta con contribuir a la manifestación de la verdad o con ilustrar a los lectores: se convierte, en el caso de autos, en auxiliar judicial, incluso policial. Esta postura puede parecerle legítima al público cuando se trata de denunciar ante el fiscal a un ministro de Hacienda que defrauda al fisco, como en el caso de Jérôme Cahuzac. Pero ¿el periodista denunciará mañana ante el juez a un adversario político, un enemigo personal o un competidor profesional? En tanto ningún contrapoder contrapese el poder mediático, una parte del debate público dependerá de la selección que algunos investigadores hagan de las filtraciones puestas a su disposición; una selección pensada para golpear “allí donde duele, con la esperanza de que haya menos dolor, menos desgracia y sufrimiento, injusticia y miseria, algún día” (6).

Aunque todo el mundo está interesado en teatralizar este supuesto enfrentamiento entre héroes y villanos, comenzando por los jueces y la Policía, que ven en él un modo de actuar sin hacerse de notar, nadie se lleva a engaño: el investigador decidirá publicar, por ejemplo, los documentos de una personalidad prominente incautados durante un registro domiciliario, que la Policía se ha apresurado a transmitirle, siguiendo su propio criterio, sus prioridades políticas, su calendario o el de sus informadores. ¿Veremos, por ejemplo, la vida privada de Jean-Luc Mélenchon, cuyos ordenadores y correspondencia personal fueron incautados en octubre de 2018, oportunamente puesta en línea la víspera de una cita electoral? ¿O la información recopilada por los detectives de Bernard Arnault sobre la vida del diputado François Ruffin (7) y sus vínculos con el equipo de Fakir?

Todo transcurre como si, subrepticiamente, algunos personajes de la escena periodística hubieran logrado cambiar el orden de los artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 colocando la presunción de inocencia (artículo 9) por detrás de la libre comunicación de los pensamientos y opiniones (artículo 11). Y eso cuando el derecho a la información ni siquiera aparece. Este concepto que afecta al conjunto de los ciudadanos, quienes teóricamente son sus beneficiarios, solo ha sido definido por los profesionales de la información en textos corporativos (como la Declaración de Deberes y Derechos de los Periodistas de Múnich de 1971). ¿Es competencia exclusiva de la prensa decidir sobre esta cuestión o la de la protección de la vida privada?

El debate sobre la utilización de escuchas telefónicas por parte de las estrellas de la investigación ejemplifica bien esta tensión. Como todos los que trabajan en cuestiones sensibles, Plenel, por entonces periodista de Le Monde, fue objeto de escuchas. Contó en un libro esa experiencia. “Un diálogo telefónico es como una conversación con uno mismo”, escribe en Les Mots volés [“las palabras robadas”] (Stock, 1997). “Si el interlocutor es un amigo íntimo, uno se deja llevar, se desnuda, piensa en voz alta, habla demasiado rápido, afirma cosas que no piensa realmente, miente, dice tonterías, sinsentidos, expresa como verdades cosas de las que duda profundamente (…). Uno se cree en su casa, a resguardo, en una intimidad protectora”. Veinte años después de la redacción de este texto contundente y sincero, invoca el concepto de “interés público” para justificar la publicación por parte de Mediapart de otras “palabras robadas”, las del mayordomo de Liliane Bettencourt, la heredera de L'Oréal, o las de Alexandre Benalla. Indiscutiblemente, las revelaciones suscitan el interés del público. Pero esas reacciones no siempre son tan moralmente impecables como los justicieros de la pluma desearían. A menudo, la alegría malsana de ver caer a los corruptos se traduce, al cabo del tiempo, en impotencia frente a las estructuras corruptoras, que continúan existiendo después de que un ministro reemplace a otro. Uno se cree vengado, pero nada ha cambiado (8).

Eso cuando no es la cuenta bancaria o el alcance social del medio de comunicación los que están detrás de la publicación del escándalo. Ya que el interés público tantas veces mencionado mantiene estrechos vínculos con el interés privado. Las exclusivas, presentadas siempre como un servicio prestado al público, reportan beneficios. Saltan a titulares, generan contenidos televisados, radiofónicos, caldean las redes sociales, se traducen en notoriedad, credibilidad y ventas, en suscripciones y aumentos de la tarifa publicitaria. De ahí la exasperante técnica del “serial”, que consiste en trocear la publicación de las actas a fin de prolongar las revelaciones y amplificar su impacto; un procedimiento comercial digno de un prestidigitador que se presenta como la dramaturgia inherente a los giros de la investigación. En ocasiones, esa dosificación de la información trastoca el funcionamiento del juego político: en periodo electoral, permite centrar el debate en las sospechas que suscita un candidato en lugar de en su programa.

La misma producción de la exclusiva obedece a criterios económicos. Acceder a los documentos judiciales permite ganar tiempo y, por lo tanto, dinero. Los periodistas justicieros que reciben esos documentos se benefician de investigaciones no solo ya masticadas, sino también pagadas, puesto que las actas que constituyen la materia prima sintetizan investigaciones efectuadas por la Policía y la Justicia gracias al dinero público. Las pocas firmas que “sacan a la luz los escándalos” gracias a las filtraciones reciben al hacerlo una especie de subvención cuya atribución depende de sus contactos personales y de la que se encuentran privados sus colegas. ¡Definitivamente, los senderos de la virtud y la lucha contra el Estado son sinuosos!

Esta economía a la hora de investigar tiene un doble efecto perverso. Los periodistas que aceptan la alianza mediático-judicial pagan el acceso a los documentos con una extrema dependencia de las fuentes. Cuando las actas emanan de los abogados de la parte civil, los artículos generalmente abrazan la causa de esta. Teniendo en cuenta el reducidísimo número de magistrados, abogados y policías que aceptan violar el secreto de sumario, el número de “grandes periodistas de investigación” que, en Francia, se dedican a casos fuertemente judicializados se ha limitado hasta el momento a una docena. La desigualdad de acceso a la información que implica este sistema también tiene una dimensión económica: puesto que un puñado de investigadores detenta el monopolio del acceso a los documentos del sumario de los casos sensibles, todos los demás se ven forzados a reproducir su información, a citarla y, por lo tanto, a contribuir a la promoción de sus competidores.

Tres décadas después de su irrupción en el centro de la vida pública francesa, ese periodismo que transforma la instrucción de algunos casos político-financieros en “escándalos” no solo ha perturbado el juego democrático sustituyendo el enfrentamiento ideológico de los partidos por el espectáculo de un tribunal de virtud orquestado por los medios de comunicación. También ha desequilibrado la balanza de la justicia introduciendo un segundo nivel de juicio público de los acusados. El primero, judicial, se basa en la aplicación de la ley. El segundo, mediático, utiliza los medios del primero pero se basa en la moral, la del periodista-instructor. Este último pronuncia su veredicto antes del proceso –en cuyo desarrollo necesariamente influye–, veredicto que, además, presenta la aterradora singularidad de no ser recurrible. Ni el derecho a réplica ni la acción judicial bastan para borrar el juicio mediático. Así, durante el caso Elf, que se desarrolló en la segunda mitad de los años 1990, Roland Dumas fue objeto de 52 portadas en Le Monde; el exministro de Asuntos Exteriores fue exonerado de todas las acusaciones, pero su nombre quedó asociado a esa malversación.

Cierto, pero ¿y Cahuzac?, se objetará. ¿La moral pública no obtiene una reparación? Llegamos aquí a los límites de la “revelación”. En ocasiones, las ramificaciones no desarrolladas de algunos casos están más cargadas de sentido que las que abren el telediario de la noche. ¿En qué momento y por qué las fuentes institucionales callan de repente, dejando al periodista sin pruebas? En general, la respuesta es bastante simple: cuando el avance de la investigación ya no pone en entredicho a un tipo reemplazable y corrupto, sino al propio sistema corruptor.




(1) Véase Serge Halimi, “Un icono del periodismo”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2019.

(2) Cf. por ejemplo, el dosier “Le retour des chasseurs de ‘unes'”, Télérama, París, 3 de marzo de 2012.

(3) Éric Halphen, Sept ans de solitude, Denoël, París, 2002.

(4) Cf. Dominique Marchetti, “Les révélations du ‘journalisme d'investigation'”, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 131-132, París, marzo de 2000.

(5) Citado en Jean-Marie Charon y Claude Furet, Un secret si bien violé. La loi, le juge et le journaliste, Seuil, París, 2000.

(6) Edwy Plenel, Le Journaliste et le Président, Stock, París, 2006.

(7) NdlT.: Ruffin es periodista, fundador de la publicación Fakir, en 2015 realizó la película documental Merci patron!, una crítica de Bernard Arnault, patrón del grupo de lujo LVMH, primera fortuna de Francia. Desde en 2017 es diputado en la Asamblea Nacional francesa por una coalición de izquierdas.

(8) Véase Razmig Keucheyan y Pierre Rimbert, “El carnaval de la investigación”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2013, y Denis Robert, Pendant les “affaires”, les affaires continuent, Stock, París, 1996.
https://mondiplo.com/los-entresijos-de-la-investigacion

 

Un mal endémico entre los representantes electos indios


Si se acusó de corrupción a la dinastía Gandhi, el nuevo hombre fuerte de la India, Narendra Modi, no tiene nada que envidiar a sus predecesores. Sus gastos para las elecciones legislativas (11 de abril-19 de mayo de 2019) han batido todos los récords mundiales.



Cuando el primer ministro indio Narendra Modi se presentó como chowkidar (protector) de la nación, tras los enfrentamientos indo-pakistaníes posteriores al atentado perpetrado en Cachemira en febrero de 2019, Rahul Gandhi, presidente del Partido del Congreso, replicó enseguida: “El protector es un ladrón”. Habida cuenta del éxito cosechado por Modi, reelegido en mayo de 2019 con una mayoría aún más amplia que en 2014 (1), esta frase no consiguió el efecto deseado. No obstante, la corrupción no deja de ser una constante de la vida política, y de la vida sin más, en la India.

Más allá de los escándalos de los que puede hacerse eco la prensa, la India es, en efecto, el país de la zona Asia-Pacífico donde se recurre con más frecuencia a los sobornos. Y los más desfavorecidos son los más afectados: el 73% de los pobres debe hacer uso de estas prácticas al menos una vez al año, frente al 55% de los más favorecidos, según Transparencia Internacional, una organización controvertida, pero la única que publica estudios al respecto (véase “[¿Quién investiga a los investigadores”) [“People and corruption: Asia Pacific” (PDF), Transparencia Internacional, Berlín, 2017.]]. Esta corrupción facilita el acceso a servicios que deberían ser públicos: documentos administrativos, asuntos policiales, conexión a la red de electricidad, incluso atención hospitalaria. El mundo económico también se queja de estas obligaciones ilegales –incluso a pesar de que se señale su implicación en numerosos escándalos–, de que empresarios involucrados en estas prácticas hayan tenido que huir del país y de que los vínculos entre el ámbito político y las financiaciones opacas alimenten el “imperio de los multimillonarios”, como escribe el periodista James Crabtree (2).

El Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, que sueña con construir una India “sin [Partido del] Congreso”, denuncia la dimensión dinástica de esta formación que ha dominado la escena política desde la independencia, en 1949. La acusa de adular a los musulmanes e instrumentaliza los escándalos que estallaron con los Gobiernos congresistas. Así, apunta que Rajiv Gandhi, el padre de su adversario electoral Rahul Gandhi, “descrito como ‘don limpio' por sus aduladores, acabó sus días como corrupto número uno” (3). Se trata de una alusión de mal gusto (Rajiv Gandhi fue asesinado en un atentado suicida) al escándalo Bofors, relativo a un contrato de compra de armamento sueco que se firmó después de haberse entregado comisiones ocultas a diversos intermediarios, políticos y oficiales del Ministerio de Defensa. Este caso, destapado en 1987, contribuyó a la derrota de Rajiv Gandhi en las elecciones generales de 1989 y a la escisión del Partido del Congreso. En 2004, el Alto Tribunal de Delhi lo exculpó en este caso.

La moderada liberalización de la economía india, iniciada en 1991 por el Partido del Congreso, supuestamente reduciría la corrupción de los funcionarios mediante el desmantelamiento del “imperio de los permisos” –los salvoconductos que debían obtener las empresas–. Ahora bien, el nuevo dinamismo económico favoreció otro tipo de corrupción, vinculado a las actividades desde entonces abiertas al sector privado, ya se tratara de la subasta de licencias para el lanzamiento de la telefonía móvil 2G en 2007-2008 o del escándalo conocido como “Coalgate”: la distribución sin subasta de yacimientos de carbón a compañías privadas en 2004-2009, con el Gobierno congresista de Manmohan Singh (2004-2014). Las pérdidas para el Estado se elevaron a miles de millones de dólares.

Con motivo del inicio de las investigaciones en los dos casos, en 2011, un activista, Anna Hazare, comenzó una huelga de hambre para que se endureciera un proyecto de ley sobre la creación de un Defensor del Pueblo (Lokpal) para los casos en los que estén implicados oficiales y ministros. Originó un movimiento de protesta masivo, retransmitido en gran medida por los medios de comunicación, quienes estaban siendo sacudidos por escándalos de tráfico de influencias, pues algunos representantes electos les pagaban por una cobertura positiva de sus actividades (4). La movilización se fue extendiendo por una gran parte del país y dio origen al Partido del Ciudadano Corriente (Aam Aadmi Party), que ganó las elecciones en la capital en 2013, pero que no consiguió implantarse a nivel nacional. Pese a que todos los protagonistas habían sido absueltos en el caso 2G y ninguna sentencia condenaba a Singh por el “Coalgate”, los escándalos contribuyeron a la derrota del Partido del Congreso en las elecciones generales de 2014. Ironías de la historia: fue este el que consiguió la aprobación de la ley Lokpal en 2013, pero Modi no nombró al primer Defensor del Pueblo hasta marzo de 2019, un mes antes de las elecciones…

El Partido del Congreso pensó que había llegado la hora de su venganza hacia el BJP con el escándalo de los Rafale, cuando, en 2015, el primer ministro rescindió un primer contrato firmado en 2012 con el Gobierno de Singh y relativo a 126 aviones, entre ellos 108 que serían producidos de forma conjunta en la India por la gran empresa pública de aeronáutica Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL). Modi anunció la sustitución de este contrato por la compra llave en mano de 36 aviones del fabricante francés Dassault. Pero el precio por unidad, con un significativo aumento, así como la elección de un conglomerado industrial indio cercano al poder, Reliance ADA, para beneficiarse de buena parte de las “compensaciones industriales” vinculadas a este tipo de compra, suscitaron interrogantes. El Tribunal de Cuentas indio asumió el caso, tratado directamente por el gabinete del primer ministro (5). La corrupción financiera no está asentada, pero el escándalo alimenta la acusación de “capitalismo de connivencia” con frecuencia dirigida contra Modi, quien se beneficia de enormes financiaciones durante sus campañas electorales. El caso, aún en curso, no influyó de manera decisiva en el resultado de las elecciones generales.

Y es que, además de la retórica antipakistaní sobre seguridad, la máquina electoral del BJP ha sabido utilizar todos los recursos a su alcance con respecto a la cuestión de la lucha contra la corrupción jugando a dos bandas. La primera: los múltiples proyectos puestos en marcha después de 2014 (muchos de ellos retomados del Partido del Congreso, pero rebautizados y modificados) para facilitar la distribución de ayudas sociales y abrir cuentas bancarias a las familias desprovistas de ellas. Aunque los resultados efectivos de estas medidas son objeto de controversia entre expertos y entre políticos, el recurso al ámbito digital se presentó como un medio seguro para cerrar los canales de la corrupción ordinaria de los intermediarios, burocráticos o privados, por quienes pasaban tradicionalmente estas financiaciones.

Segunda banda: una iniciativa espectacular, la desmonetización sorpresa de los billetes grandes (500 y 1.000 rupias) operada en 2016. Esta apresurada decisión, que incumbía al 86% de la masa monetaria en circulación, repercutió de forma muy negativa en la economía de un país en el que los empleos informales son mayoritarios (por lo tanto, pagados en efectivo) y en las pequeñas empresas y microempresas. Según el discurso oficial, la desmonetización habría acabado con el dinero negro de los ricos, corruptos, falsificadores y terroristas. En realidad, en 2017, el Banco Central indio anunció que el 99% de los billetes obsoletos se habían cambiado, echando por tierra el argumentario gubernamental (6), pero sin impacto electoral negativo.

A decir verdad, pocos partidos presentan un balance adulador. Varios líderes de partidos regionales han sido condenados por corrupción –Laloo Prasad Yadav en Bihar, Jayalalitha Jayaram en Tamil Nadu– sin que eso perjudique irremediablemente a su formación y sin que la imagen empañada de los políticos aparte a los ciudadanos de las urnas: el índice de participación en las últimas elecciones legislativas alcanzó el 67%.

Por lo demás, entre 2014 y 2018, el país subió siete puestos en la clasificación mundial de la corrupción, situándose en el 78º –mejor que China (87º), Brasil (105º) y Rusia (138º) (7)–. La población percibe esta lacra, pero parece dejar margen de maniobra a los políticos de todas las orientaciones. ¿Resulta tan sorprendente cuando se sabe que, entre los representantes electos de la nueva Cámara, según la Association for Democratic Reforms, una organización no gubernamental especializada en transparencia electoral, el 43% tiene causas judiciales pendientes? (8).




(1) Véase Christophe Jaffrelot, “Cómo ganar las elecciones en la India con un resultado desastroso”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2019.

(2) James Crabtree, The Billionaire Raj: A Journey through India's New Gilded Age, Tim Duggan Books, Nueva York, 2018.

(3) Press Trust of India, “Narendra Modi says Rajiv Gandhi's life ended as ‘corrupt n°1'”, Firstpost, 5 de mayo de 2019, www.firstpost.com

(4) Anuradha Raman, “News you can abuse”, Outlook, Nueva Delhi, 21 de diciembre de 2009. Véase también Benjamin Fernandez, “Una prensa popular de espaldas al pueblo”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2014.

(5) Véase Romain Mielcarek, “¿Pilotos o vendedores de cañones?”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2018.

(6) Arun Kumar, Demonetization and the Black Economy, Penguin India, Nueva Delhi, 2017.

(7) “Corruption perception index: global scores”, Transparencia Internacional, 2018.

(8) “43% of newly-elected Lok Sabha MPs face criminal charges: Report”, Association for Democratic Reforms (ADR), Nueva Delhi, 18 de junio de 2019, www.adrindia.org. La ADR, creada por académicos en 1999, consiguió del Tribunal Supremo en 2003 que todos los candidatos a las elecciones den a conocer su situación judicial y sus recursos.
https://mondiplo.com/un-mal-endemico-entre-los-representantes-electos

 

Los arcanos de un golpe de Estado judicial en Brasil


La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016, y el espectacular proceso judicial y la encarcelación, en 2018, del candidato favorito para las elecciones presidenciales, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se basaron en un mismo motivo: la lucha contra la corrupción. Numerosos observadores aprobaron esta limpieza llevada a cabo en nombre de la justicia republicana. Pero, más tarde, se dieron cuenta de que se trataba de un golpe de Estado judicial que acabó beneficiando a la extrema derecha.



La operación “Lava Jato” (“lavado de alta presión”), relacionada con el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente brasileña, estalló en marzo de 2014. Recayó bajo la responsabilidad del juez Sérgio Moro, quien ya había estado practicando en 2005 como juez auxiliar en otro caso con gran eco mediático: el escándalo del mensalão, relativo al pago de sobornos por parte del Partido de los Trabajadores (PT) a algunos diputados para obtener su apoyo.

Moro describe su manera de proceder en un artículo publicado a mediados de los años 2000: consistía en imitar los procedimientos puestos en marcha durante la operación “Mani Pulite” (“manos limpias”), que, a comienzos de los años 1990, provocó la caída de los partidos de gobierno italianos, lo que precipitó el final de la I República. En su texto, Moro subraya la importancia de dos aspectos de este método: el recurso a penas de prisión preventiva para incitar a la delación y las filtraciones a la prensa, calibradas para suscitar la ira de la opinión pública y presionar a sospechosos e instituciones. Desde su punto de vista, la puesta en escena mediática importa más que la presunción de inocencia.

A lo largo del caso “Lava Jato”, el juez brasileño desveló talentos ocultos de agente del espectáculo. Redadas, detenciones espectaculares, confesiones: llamadas a la prensa y a las cadenas de televisión garantizaron en cada etapa una amplia cobertura de las operaciones que orquestaba. Cada una más dramática que la anterior, fueron numeradas y se les dotó de nombres en clave tomados del imaginario cinematográfico, clásico o bíblico: “Dolce Vita”, “Casablanca”, “Aletheia” (“verdad” en griego clásico), “Juicio final”, “Omertà”, “Abyss”, etc. ¿Que los italianos se jactan de poseer un sentido innato del espectáculo? Moro los hace pasar por aficionados.

Durante un año, las actuaciones judiciales apuntaron a exdirectivos de la sociedad petrolera nacional Petrobras, acusados de haber recibido sobornos, antes de provocar la caída del primer alto cargo importante del PT (su tesorero, João Vaccari Neto) y de directivos de las dos mayores sociedades de construcción y obras públicas del país, Odebrecht (1) y Andrade Gutierrez. Se intensificaron las manifestaciones de apoyo a Moro: pusieron bajo presión al Congreso al exigir que se castigara al PT y que Dilma Rousseff se marchara. No le hizo falta más al presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Cunha, para incluir en la agenda la destitución de la presidenta.

Rousseff, aislada y debilitada, pidió ayuda al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien desplegó sus habilidades de negociador para restaurar las relaciones con el antiguo aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Cunha, que al parecer ingresó varios millones de dólares en cuentas secretas en Suiza, propuso un pacto de protección mutua: interrumpiría sus iniciativas contra Rousseff si el Gobierno le devolvía el favor. “Lula” ordenó a la presidenta que aceptara esa mano que le tendía; se negó a hacerlo, respaldada por la dirección nacional del PT, que temía que se descubriera el acuerdo. Los diputados del PT apoyaron las acciones judiciales contra Cunha, quien respondió poniendo en marcha el proceso de destitución.

Moro, por su parte, preparaba el golpe de gracia. A comienzos del mes de marzo de 2016, inició la operación “Aletheia”. “Lula” fue trasladado a dependencias policiales de madrugada ante los objetivos de las cámaras, pues se había avisado previamente a los medios de comunicación. El expresidente era sospechoso de haberse beneficiado de las dádivas de Odebrecht. Más tarde tuvieron lugar otros giros inesperados. Moro interceptó –y difundió en la prensa– una conversación entre Rousseff y “Lula”, a quienes sometió a escuchas. En ella, ambos dirigentes mencionaban la posibilidad de que el segundo pasara a ser ministro de la Casa Civil (el equivalente brasileño del cargo de primer ministro). Como los funcionarios de rango ministerial y los miembros del Congreso gozan de una inmunidad que solo el Tribunal Supremo puede anular, nadie dudó de que se trataba de una estratagema para impedir su detención. Dos jueces de Brasilia se opusieron al nombramiento: el primero vitupera recurrentemente contra el PT en Facebook; el segundo ha recibido favores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hostil al poder.

La presión en la calle a favor de la destitución de la presidenta alcanzó su paroxismo. Sin embargo, en la Asamblea nada parecía indicar que se fuera a conseguir la mayoría de dos tercios necesaria. Nuevas redadas sacaron a la luz unos cuadernos de Odebrecht en los que se detallaban las sumas otorgadas a unas doscientas personalidades de casi todos los partidos. En la clase política se encendieron todas las alarmas: en una conversación grabada a sus espaldas, un agente de primer nivel en el seno del PMDB le decía a un compañero que “hay que poner fin a la hemorragia”. Ahora bien, “los tipos del Tribunal Supremo” le habían transmitido que resultaría imposible mientras Rousseff se encontrara en el poder, pues los medios de comunicación se ensañaban con ella. Explicaba que no quedaba otra opción más que reemplazarla lo más rápido posible por el presidente del Senado, Michel Temer, y formar un Gobierno de unidad nacional respaldado por el Supremo y por el Ejército. En menos de dos semanas, la Asamblea aprobó la destitución de la presidenta, dejándole vía libre a Moro para deshacerse de Cunha, que había dejado de ser útil. Pronto excluido de la Asamblea, este último acabó en prisión. El Senado validó la destitución de la presidenta y Temer tomó las riendas del país.

A comienzos del año 2017, “Lula” fue arrestado sobre la base de sospechas de corrupción vinculadas a la adquisición de un apartamento en la costa del cual, no obstante, nunca fue el propietario legal. Juzgado en Curitiba durante el verano siguiente, fue condenado a nueve años de cárcel. Tras el proceso de apelación, la pena se elevó a doce años. El primer presidente del PT, entre rejas; la segunda, destituida entre ataques: el naufragio del partido parecía total.

Entonces surgieron dos análisis del papel de los jueces. El primero los describía como justicieros determinados a acabar con la corrupción; el segundo, como agentes políticos dispuestos a todo para conseguir sus objetivos. En su obra O lulismo em crise (Companhia das Letras, 2018), el sociólogo brasileño André Singer rechaza los dos. A su parecer, los jueces se mostraron, al mismo tiempo, perfectamente republicanos e innegablemente facciosos. Republicanos: ¿cómo describir de otra manera el encarcelamiento de los empresarios más ricos y poderosos del país? Facciosos: ¿qué otro sentido darle al acoso sistemático a los miembros del PT, mientras que otros partidos se libraron de ello, excepto Cunha, que se había vuelto demasiado molesto? Por no hablar de las afinidades políticas de los jueces, de los anatemas que lanzaron por Facebook o de las fotografías en las que se les ve posar, con una gran sonrisa, luciendo los emblemas de partidos conservadores. Queda una cuestión: ¿Eran estos jueces republicanos y facciosos en proporciones equivalentes?

En el sistema judicial brasileño, policías, fiscales y jueces conforman cuerpos independientes unos de otros. La Policía reúne pruebas, los fiscales emiten acusaciones y los jueces deciden penas (en Brasil, los jurados solo intervienen en caso de homicidio). En la práctica, sin embargo, las tres funciones se fusionaron con motivo de la operación “Lava Jato”, pues la Policía y los fiscales trabajaron bajo la supervisión del juez, que controlaba las investigaciones, determinaba las penas que debían imponerse y las pronunciaba: una negación incuestionable de los mecanismos básicos de la Justicia, que establecen la separación de la acusación y de la condena (sin olvidar que el juez Moro eliminó de un plumazo el principio de la presunción de inocencia).

Otro elemento distintivo del sistema judicial brasileño: la “delación recompensada” permite amenazar a una persona con abrumadoras penas de cárcel a no ser que contribuya a implicar a otro justiciable –el equivalente judicial del chantaje–. Se puede tomar conciencia de las derivas a las que contribuye semejante dispositivo a través del caso de Marcelo Odebrecht, el patrono más rico arrestado en el marco de la investigación. Condenado a diecinueve años de prisión por corrupción, su pena se redujo a dos años y medio cuando se prestó al jueguecito de la delación. En semejante contexto, costaría sobrestimar la presión sufrida para aportar a los magistrados elementos que puedan hacer avanzar las investigaciones que más les preocupan.

Pero, finalmente, todo lo anterior ejerce poco peso en comparación con la introducción del concepto de domínio do fato: la posibilidad de condenar a alguien sin ninguna prueba directa de su participación en un crimen, según la idea de que no puede no ser su responsable. Este mecanismo deriva del de Tatherrschaft (“dominio de la acción”), concebido por el jurista alemán Claus Roxin para condenar a criminales de guerra nazis. No obstante, Roxin ha denunciado la utilización brasileña del principio: figurar en esta o aquella posición en un organigrama no es suficiente, afirma, para establecer la responsabilidad de un crimen. Hace falta, por añadidura, que la Justicia pueda probar que el acusado, en efecto, ordenó dicho crimen. Y el juez Moro no se detuvo en semejantes sutilezas. Por haber recibido supuestamente un apartamento valorado en 600.000 dólares, “Lula” fue condenado a doce años de prisión (2): dos terceras partes de la pena inicial de cárcel de Odebrecht por menos del 2% de las sumas de cuya malversación está acusado este último.

Con todo, en semejante contexto, la actuación del tribunal de Curitiba se corresponde más o menos con el cóctel identificado por Singer: una dosis de celo republicano, otra de estrategia facciosa. Cuando se asciende por la jerarquía judicial hasta el Tribunal Supremo, la cosa cambia. Aquí, ni rigor ético ni fervor ideológico. Las motivaciones resultan ser mucho más sórdidas (3).

Al contrario que sus equivalentes en otras partes del mundo, el Tribunal Supremo brasileño combina tres funciones: interpreta la Constitución, desempeña el papel de tribunal de apelación en última instancia para los procesos judiciales del ámbito civil y penal y, por último, concentra la facultad de perseguir a los dirigentes políticos –miembros del Congreso y ministros–, quienes sin ello disfrutan de una inmunidad conocida como foro privilegiado. Los once miembros del Supremo son nombrados por el Ejecutivo. Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, su confirmación por parte del poder legislativo no es más que una formalidad. No se requiere experiencia previa en tribunales: basta con haber ejercido como abogado o fiscal.

El nombramiento de los miembros del Tribunal siempre se ha basado más en lógicas de redes que en afinidades ideológicas. En el equipo actual, uno de los miembros fue abogado de “Lula”, otro se benefició de favores del expresidente Fernando Henrique Cardoso y un tercero es primo de otro presidente, Fernando Collor de Mello. Cuando la presión pública que exigía la destitución de Rousseff se encontraba en su momento de mayor intensidad, ocho de los once miembros del Tribunal Supremo habían sido nombrados por la presidenta y por su predecesor. Sin embargo, los jueces mostraban un color político cambiante y aquellos que le debían su puesto al PT buscaron precisamente marcar su independencia con respecto al partido en el poder. En la práctica, se contentaban con sustituir una forma de lealtad por otra: olvidados los caciques del PT, desde entonces obedecían a los medios de comunicación predominantes.

Desde el comienzo de la operación, el equipo de Curitiba utilizó las filtraciones y las revelaciones a la prensa para cortocircuitar los procedimientos normales. Generalmente está prohibido precipitar la estigmatización pública de un acusado antes de su comparecencia, pero Moro se abstuvo de hacerlo tanto menos cuanto que podía contar con los periodistas para presionar al Tribunal Supremo. Cuando uno de los jueces de la institución le informó de que el principio del habeas corpus exigía la liberación de un directivo de Petrobras, Moro acudió a la prensa para declarar que, en ese caso, también habría que liberar a traficantes de drogas. Su superior cambió de opinión. Tras haber infringido tres leyes relativas a las escuchas telefónicas y haber hecho pública la conversación entre “Lula” y Rousseff, el juez Moro se justificó explicando que había actuado por “el interés general”. Alabado por la prensa como un héroe nacional, no recibió ninguna sanción.

Unos días después de su elección como presidente del país, en octubre de 2018, Jair Bolsonaro anunció que Moro había aceptado el cargo de ministro de Justicia. En los años 1990, los magistrados italianos responsables de la operación “Mani Pulite” lamentaron que sus esfuerzos por luchar contra la corrupción hubieran favorecido, en definitiva, la llegada al poder de Silvio Berlusconi. En Brasil, la estrella de “Lava Jato” se alegró de unirse al equipo de uno de los pocos dirigentes políticos susceptibles de hacer que Berlusconi pase por un personaje simpático.




(1) Véase Anne Vigna, “Los brasileños también tienen su gran multinacional”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2013.

(2) N de la R.: A esta primera pena se añade otra, de doce años también, pronunciada en febrero de 2019.

(3) N de la R.: A partir del 9 de junio de 2019, el sitio web de información estadounidense The Intercept comenzó a revelar una serie de mensajes encriptados del juez Moro en los que confirmaba que había manipulado la operación “Lava Jato” con fines políticos.
https://mondiplo.com/los-arcanos-de-un-golpe-de-estado-judicial-en




 

Coloquios influenciados en el Golfo




Invitar a conferencias a personalidades reputadas sin reparar en gastos o acoger las reuniones de prestigiosas instituciones internacionales: las monarquías petroleras utilizan todos estos procedimientos para reforzar su notoriedad.



Kuwait en los años 1980, Dubái, miembro de la federación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en los años 1990 y, por último, Qatar y Abu Dabi una década más tarde: todos han emprendido una desenfrenada búsqueda de influencia que necesita medios financieros consecuentes. En esta búsqueda de visibilidad, los periodistas siempre han sido objetivos preferentes, con independencia de su nacionalidad (1). Invitados a viajes de prensa –a menudo la única manera de encontrarse con dirigentes locales–, se benefician de regalos que van de la estilográfica de marca al reloj de lujo, cuando no se trata de sobres con dinero en efectivo depositados en su habitación de hotel. No obstante, la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, la guerra en Yemen, que impone gastos significativos a los EAU, han limitado estas dádivas.

Los países anfitriones tienen en cuenta los diversos niveles de exigencia ética que muestran sus invitados. Así pues, tanto a la prensa anglosajona como a la europea, que supuestamente son las más herméticas con respecto a los gestos de generosidad, aunque sean “desinteresados”, se las trata de manera menos pródiga que a sus homólogas asiáticas o árabes. Pero existen excepciones. De manera confidencial, los representantes de ministerios o de agencias de información que guían a los viajeros cuentan de buena gana cómo el enviado de este o aquel periódico francés o estadounidense exigió el mismo trato que el reservado a su compañero egipcio o chino, beneficiándose él también del ordenador portátil último modelo en lugar del cargador solar inicialmente recibido…

Para “existir”, Dubái, Qatar o Abu Dabi también multiplican las conferencias y los coloquios. El objetivo: atraer a grandes nombres occidentales y hacerlo mejor que el vecino. Poco importa que se trate una temática aburrida, que las comunicaciones de los oradores sean prudentes y estén acordadas o que no haya demasiada audiencia: lo esencial es dar la impresión de una intensa actividad intelectual. Invitados con todos los gastos pagados y con vuelo en primera clase o, para los menos conocidos, en clase business, los participantes son alojados en hoteles de lujo cuyo índice de ocupación, a falta de turistas, depende mucho de estos coloquios dedicados a los temas mediáticos del momento. También en estas ocasiones, las personalidades más importantes pueden recibir regalos de valor, con la tarea implícita de alabar la “visión” del monarca local y el carácter “excepcional” de la experiencia política de su país (2). El 3 de marzo de 2018, Nicolas Sarkozy pronunciaba así en Abu Dabi un discurso remunerado sobre el tema de la democracia destructora de “leadership”, que obstaculizaría el surgimiento de “grandes líderes” de la talla de Xi Jinping, Vladímir Putin o Mohamed Bin Salmán. Esta intervención no podía no gustarle al hombre fuerte del emirato –y de toda la península Arábiga–, el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed al Nahyan (3).

En un contexto mundial marcado por una limitación de sus recursos financieros, las instituciones internacionales también pueden olvidar sus principios y solicitar la ayuda de las monarquías del Golfo. El pasado mes de abril, la Unión Interparlamentaria (UIP), organización mundial de Parlamentos que además es la institución internacional de corte político más antigua (1889), celebró su asamblea de primavera en Qatar, con, como temas principales, “la educación, la igualdad de género y la lucha contra el terrorismo”. Una importante precisión: en Qatar no existe ningún Parlamento salido de las urnas, pues el Consejo de la Shura solo tiene un papel consultivo. En octubre de 2020, el emirato de Dubái, por su parte, acogerá una exposición universal dedicada a las nuevas tecnologías con el lema “conectar las mentes, construir el futuro” –incluso cuando la legislación de los EAU relativa al uso de Internet es una de las más coercitivas del mundo (4)–. También en esta ocasión participarán invitados de prestigio en coloquios y conferencias organizados en paralelo a la exposición. Bien atendidos, fingirán ignorar la realidad del país que les recibe. Anthony Blair está acostumbrado a esta duplicidad: el ex primer ministro británico acumula las muy lucrativas misiones de asesoramiento en el Golfo con vistas a favorecer reformas políticas o sociales que nadie se cree (5).




(1) Véase Daniel Lazare, “La temida influencia de Riad en Washington”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2017.

(2) Véase “El Golfo según sus propias palabras”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2013.

(3) “Véase David D. Kirkpatrick, “The most powerful Arab ruler isn't MBS. It's MBZ”, The New York Times, 2 de junio de 2019.

(4) “Aux Émirats arabes unis, les utilisateurs de VPN risquent désormais la prison”, Le Monde, 1 de agosto de 2016.

(5) Edward Malnick, “Tony Blair is advising the Saudi government under a £9 million deal between the country and his ‘institute'”, The Telegraph, Londres, 21 de julio de 2018.
https://mondiplo.com/kuwait-en-los-anos-1980-dubai-miembro-de-la

 

Sermonear al mundo o cambiarlo




En 2017, en Francia, François Fillon, candidato de Los Republicanos, veía cómo se desvanecían sus posibilidades de acceder al Palacio del Elíseo cuando se abrió una investigación contra su esposa, que se había beneficiado de un empleo ficticio. En 2018, la Justicia brasileña apuntaba al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva como sospechoso de haber recibido sobornos y le impidió presentarse a las elecciones presidenciales. En 2019, el expresidente de la Asamblea Nacional francesa, François de Rugy, dimitió de su cargo de ministro de Transición Ecológica cuando la prensa reveló que servía bogavante y vinos Grand Cru a sus allegados por cuenta del Estado… De París a Brasilia, de Londres a Seúl, parece que los “escándalos” marcan el ritmo de la vida política. Esta lacra –que el papa Francisco ha calificado recientemente como “cáncer” que gangrena las sociedades modernas (1)– preocupa tanto que, cada 9 de diciembre e impulsado por Naciones Unidas, el planeta celebra el Día Internacional contra la Corrupción, dos días después del Día de la Aviación Civil y dos días antes del Día de las Montañas.

Aunque es unánime la condena del fenómeno, el término llama la atención por su nebulosidad. La investigadora Anastassiya Zagainova subraya que hace referencia, al mismo tiempo, a “infracciones penales, definiendo un comportamiento preciso y su sanción (corrupción activa y pasiva, injerencia, concusión, vulneración de la igualdad de oportunidades en la contratación pública)” y “comportamientos socialmente discutibles, pero cuya forma de sanción sigue siendo imprecisa (lobbying, evasión fiscal, creación de sociedades pantalla offshore, puertas giratorias, etc.)” (2).

En Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que desee influir en las decisiones de un representante electo no necesita recurrir a los sobornos. Desde enero de 2010 y la sentencia “Citizens United v. Federal Election Commission” emitida por el Tribunal Supremo, le basta con subvencionar a asociaciones vinculadas a su protegido, de la manera más legal del mundo y sin limitaciones de las cantidades (véase “Alguien realmente ruin”). En muchos países, semejante práctica estaría prohibida; al otro lado del Atlántico se habla de… libertad de expresión. Según un informe de la Sunlight Foundation, entre 2007 y 2012, las doscientas empresas estadounidenses más activas políticamente dedicaron, a nivel federal, 5.800 millones de dólares a gastos de este tipo. Durante el mismo periodo, recibieron el equivalente a 4,4 billones de dólares en diversos regalos: subvenciones, exenciones, reducciones de impuestos, etc. (3).
Los grandes medios de comunicación, criticados por su disposición para asumir las preferencias de las elites, encontraron en los “escándalos” la manera de mejorar su imagen: si revelan las infamias de los poderosos, es porque son libres
Enmendar la ley en lugar de dichos comportamientos: el método atrae. De esta manera, las multinacionales estadounidenses que deseen implantarse en países pobres están autorizadas a efectuar “pagos de facilitación” (facilitating payments) para acelerar un proceso, obtener una autorización o hacer que se priorice un dosier. Por su parte, los justiciables lo suficientemente acaudalados pueden poner fin a las actuaciones judiciales de las que son objeto proporcionándole dinero a la parte contraria. Por consiguiente, la frontera entre corrupción y prácticas legales, fluctuante, se presenta sometida a las vicisitudes del derecho. Y de la lógica que a menudo subyace en su elaboración: legalizar las prácticas predominantes a la vez que se garantiza la mayor de las severidades para los atroces crímenes de las clases populares.

Variable según los puntos del globo y las jerarquías sociales, la atención otorgada al fenómeno cambia igualmente con el paso del tiempo. Entre 1981 y 1990, Le Figaro, Le Monde y Libération publicaron 2.630 artículos que trataban, de una forma u otra, sobre corrupción. Una década más tarde, la cifra se había cuadruplicado (4). ¿Se había abatido sobre el mundo una epidemia de prevaricación? En un estudio publicado en 2004, los investigadores Catherine Fieschi y Paul Heywood proponen otra explicación: la transformación del debate político como consecuencia del colapso del sistema comunista a comienzos de los años 1990. “Los partidos cuyas batallas electorales se organizaban ayer en torno a cuestiones ideológicas, pero que contaban con las mismas prácticas en materia de corrupción, tuvieron que cambiar de táctica. Los programas de la izquierda y de la derecha comenzaron a parecerse y la urgencia por demostrar su competencia una vez en el poder se volvía determinante. (…) Así pues, la rivalidad política llevó a abandonar los debates sustantivos porque se preferían las acusaciones de corrupción, destinadas a empañar el crédito del adversario” (5). Esta evolución fue una oportunidad inesperada para los grandes medios de comunicación. Criticados por su disposición para asumir las preferencias de las elites, encontraron en los “escándalos” la manera de mejorar su imagen: si revelan las infamias de los poderosos, es porque son libres (véase el artículo de Pierre Péan).

Pero el énfasis que se puso en los años 1990 en el tema de la corrupción procede igualmente de un movimiento ideológico más profundo. Como había desaparecido el modelo político alternativo representado por el bloque del Este, el modelo occidental pasó a ser, según sus promotores, el único posible, la encarnación de la razón. En los pasillos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial surgió entonces el tema de la “gobernanza”: la idea de un Gobierno técnico, dirigido por expertos que trabajan por el bien común. Así, tanto para los países del Sur como para aquellos del antiguo bloque comunista, convertirse al libre comercio o al capitalismo ya no era una elección política, sino un imperativo para una buena gestión.

La corrupción, perjudicial para las empresas que desean implantarse en los países en vías de desarrollo, acapara la atención de las instituciones neoliberales, que identifican con mucha rapidez su causa principal: una falta de libre comercio. “Al inflar los precios de los bienes por encima del precio de mercado –explica así el investigador Strom C. Thacker–, los obstáculos al comercio pueden llevar a los directivos de las empresas a pagar sobornos para obtener una exención o un trato preferente” (6). Liberalizar y luchar contra la prevaricación: las organizaciones internacionales pronto condicionarán sus ayudas financieras a estos dos imperativos. Omnipresente cuando se trata de evaluar el fenómeno de la corrupción, la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional –fundada dos años después del colapso de la Unión Soviética por un exmiembro del Banco Mundial (véase “¿Quién investiga a los investigadores?”)– considera que las malversaciones solo atañen al sector público. Por definición, las empresas estarían protegidas de ellas.

Se replicará que el México de los años 1980 y la Rusia de la década siguiente demostraron que el reinado del mercado –y las privatizaciones que exige– conocía a la perfección las connivencias, las mordidas y la corrupción. Pero les importa poco a aquellos que, junto con Francis Fukuyama, consideran que el hundimiento del bloque soviético significó el “fin de la historia”. En el relato que construyen, las brújulas ya no son políticas, sino morales. Ciertamente, las elites conservan sus preferencias ideológicas, pero las formulan recurriendo al registro de la virtud. ¿Se hablaba antaño de capitalismo? Ahora se tratará de libertad económica. ¿Se intervenía en la isla de Granada para luchar contra la amenaza comunista? (7). Se enviará a las tropas para salvaguardar los derechos humanos.

Así, en Brasil, la izquierda ya no aparece como un adversario electoral, sino como un enemigo cuyas opciones políticas amenazan la probidad. Dos académicos calcularon que el 95% de los artículos sobre corrupción en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010 y 2014 incumbía al Partido de los Trabajadores (PT), y el 5%, al de la socialdemocracia brasileña (PSDB) (8), una formación conservadora identificada, no obstante, por las instituciones electorales de aquella época como “la más sucia” (9) (véase el artículo de Perry Anderson). Semejante cobertura conduce poco a poco a dejar de asociar las malversaciones a personalidades políticas para relacionarlas con la corriente que encarnan. Invita a amalgamar las sumas sustraídas por dirigentes deshonestos y aquellas dedicadas a elevar el nivel de vida de los más pobres, acusados de indolencia. ¿Acaso no se trata, en ambos casos, de una sustracción indebida –y por lo tanto “inmoral”– de la riqueza nacional? Así, el nuevo presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, puede prometer luchar contra la corrupción “limpiando Brasil de los vicios morales e ideológicos” (10) que asocia al PT.
Los sans-culottes, los defensores de la Comuna o los manifestantes de 1936 no luchaban contra la corrupción, sino contra el poder del dinero. No les movía la voluntad de mostrarse ejemplares, sino su determinación por vencer. La izquierda no nació para sermonear al mundo, sino para cambiarlo
La multiplicación de los escándalos parece haber logrado convencer a una parte de la izquierda de que, a fin de cuentas, el mundo no funcionaría tan mal si se consiguiera erradicar el fraude, las trampas y la corrupción. Cambiando su brújula política por otra moral, estos militantes se metamorfosean. Ayer, luchaban; hoy, se indignan. Fundaban organizaciones para tomar el poder; ahora firman peticiones, exigiéndole al mundo que se muestre más agradable, más tolerante, menos racista, más verde, más paritario. No les preocupa que François de Rugy haya sido ministro de Transición Ecológica de un Gobierno que empeora la crisis climática promoviendo el libre comercio, sino que se hubiese equipado de un secador demasiado costoso. Y como la moral impone que uno se aplique a sí mismo lo que espera de los demás, lo más importante ya no es alcanzar sus objetivos, sino mostrarse recto, justo, equitativo y gentil.

Con algunas consecuencias en la organización de las luchas políticas, tal y como lo ilustra una sesión de formación impartida por el sindicato francés Confederación General del Trabajo (CGT) a representantes del personal elegidos entre sus filas, en 2014. Se invitó a una joven, sindicada recientemente y asalariada en un gran hotel, a tomar la palabra para explicar su concepción de la lucha sindical: “Para mí, lo más importante es no elegir el bando propio de forma sistemática, mostrarme imparcial”. “No digas disparates –le respondió el formador de la CGT–. ¿Crees que, en caso de conflicto, tu directora de recursos humanos se preguntará qué es justo e imparcial? La política es un bando contra otro: el tuyo, como sindicalista, es el bando de los asalariados”.

Los sans-culottes, los defensores de la Comuna o los manifestantes de 1936 no luchaban contra la corrupción, sino contra el poder del dinero. No les movía la voluntad de mostrarse ejemplares, sino su determinación por vencer. La izquierda no nació para sermonear al mundo, sino para cambiarlo.




(1) Carol Glatz, “Corruption is a devastating cancer harming society, pope says”, National Catholic Reporter, 18 de marzo de 2019.

(2) Anastassiya Zagainova, “La corruption institutionnalisée: un nouveau concept issu de l'analyse du monde émergent”, tesis doctoral en ciencias económicas defendida el 27 de noviembre de 2012 en la Universidad de Grenoble.

(3) “‘Fixed Fortunes': corporate donors spent $5.8B on political influence, received $4.4T in financial benefits”, Sunlight Foundation, Washington, DC, 17 de noviembre de 2014.

(4) Cálculos efectuados por Chloé Bonafoux, a quien los autores dan las gracias.

(5) Catherine Fieschi y Paul Heywood, “Trust, cynicism and populist anti-politics”, Journal of Political Ideologies, vol. 9, n.° 3, Abingdon-on-Thames (Reino Unido), octubre de 2004.

(6) Strom C. Thacker, “Democracy, economic policy, and political corruption in comparative perspective”, en Charles H. Blake y Stephen D. Morris (bajo la dir. de), Corruption & Democracy in Latin America, University of Pittsburg Press, 2009.

(7) Intervención militar estadounidense para derrocar al poder entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1983.

(8) João Feres Júnior y Luna de Oliveira Sassara, “Corrupção, escândalos e a cobertura midiática da política” (PDF), Novos estudios, São Paulo, julio de 2016.

(9) “PSDB é o partido mais sujo do Brasil, revela ranking da justiça eleitoral”, Pragmatismo Politico, 9 de septiembre de 2012.

(10) Vinicius Torres Freire, “A revolução moral de Bolsonaro”, Folha de São Paulo, 2 de enero de 2019.
https://mondiplo.com/sermonear-al-mundo-o-cambiarlo

 

Sin rastro de la democratización de la filosofía


La filosofía podría ser una disciplina clave para desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. Sin embargo, en Francia, su enseñanza sufre un conservadurismo persistente, debido en gran medida al prestigio paralizante que la rodea.



La filosofía se presenta gustosamente como el emblema por excelencia de la democracia. Declara no conocer fronteras y se pretende universalmente emancipadora y campeona todoterreno del espíritu crítico. Las “Instrucciones” del que fuera ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en Francia, Anatole de Monzie, que datan de 1925 y nunca han sido derogadas, proclaman que “es en clase de Filosofía donde los alumnos aprenden a ser libres mediante el ejercicio de la reflexión, e incluso podríamos decir que ese es el objeto mismo y fundamental de esta asignatura” (1). Sin embargo, cuando se trata de enseñarla, hay que reconocer que estamos lejos de dicha premisa.

El número de alumnos que se inician en filosofía es mayor que nunca: la mitad de una franja de edad de Francia; la mitad solo, puesto que los alumnos de los liceos profesionales [centros en los que se imparte formación profesional], esto es, el 28% de los bachilleres, están excluidos (2), al igual que los que han abandonado la escuela antes del curso en que se imparte. La mitad de una franja de edad, pese a todo, no es cualquier cosa, y multitud de estudiantes tienen ocasión de descubrir durante el último curso del liceo maneras de ver a menudo inéditas para ellos, que provocan aprensión o curiosidad, y que supondrán, para la mayoría, su primer y último encuentro con la filosofía.

¿Qué retienen de todo ello? El último informe de la Inspección General de Filosofía, redactado hace más de diez años, sorprende por su lucidez, en un registro en el que la pauta habitual consiste en contentarse con la realidad existente (3). Así, sin dejar de subrayar la calidad de los docentes, su compromiso y sus esfuerzos para adaptarse a condiciones a veces muy difíciles, constata que “una proporción bastante importante de alumnos, sobre todo en algunos bachilleratos, manifiesta una indiferencia total y sin matices respecto al aspecto liberador de la filosofía y considera, en todos los sentidos, que pierde el tiempo en clase de Filosofía”. Los bachilleratos tecnológicos [bachilleratos en los que se imparte cultura general y formación de tipo técnico-práctico (salud, administración, hostelería, arte…)] son citados en primer lugar. Se siguen pidiendo disertaciones escritas –prueba estrella desde hace más de un siglo– a alumnos a menudo con dificultades de aprendizaje, cuya especialización se ha hecho por defecto, y que carecen del bagaje cultural, sobre todo lingüístico, que les permitiría realizar satisfactoriamente ese tipo de ejercicio.

Este informe, que pasó desapercibido en la profesión, concluía del siguiente modo: “La enseñanza de la filosofía se encuentra en una encrucijada. Probablemente se extraviará si, en su apego a una imagen de sí misma, se niega a cambiar su manera de ser, es decir, su manera de enseñar”. Una década más tarde, nada ha cambiado.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Un vistazo retrospectivo se hace necesario: si la enseñanza de la filosofía pone actualmente en aprietos a profesores y alumnos, exigiendo a unos que exijan a los otros que adquieran en un solo año de estudios una cultura filosófica y un método de reflexión modélicos, es porque todas las tentativas de transformación fueron invariablemente rechazadas. En 1988, el entonces ministro de Educación Lionel Jospin pidió a un grupo coordinado por el sociólogo Pierre Bourdieu y el científico François Gros que reflexionara sobre los contenidos de la disciplina. La Comisión de Filosofía y Epistemología, copresidida por Jacques Bouveresse y Jacques Derrida, entregó su informe en junio de 1989 (4). Este texto decisivo, cuyo diagnóstico y propuestas no han envejecido nada en treinta años, nunca ha sido objeto de un debate serio y argumentado en la profesión: el Ministerio renunció a publicarlo, bajo presión de una parte de la misma (5). Actualmente, la inmensa mayoría de los docentes ignora su existencia.

¿Qué decía ese informe? Se trataba de bajar la enseñanza de la filosofía del pedestal en el que la había puesto su sacralización. Tenía que adoptar un carácter académico, progresivo, menos elitista y preocuparse por la formación real de los alumnos. Dos propuestas, entre otras, se ofrecían a debate. La primera era sacar esta asignatura, impartida solo en el último curso, de su aislamiento instaurando un ciclo obligatorio: iniciación en segundo curso, formación en el último, profundización en la educación superior. La asignatura de Filosofía ya no se pensaba como coronación, sino como acompañamiento, e interrelacionada con otras disciplinas, debiendo ayudar al alumno a dotar de unidad y dimensión crítica a su cultura a medida que la adquiere.

La segunda propuesta consistía en precisar y delimitar los programas para asegurarse de que el alumno, en el examen, solo será evaluado en base a lo que ha podido aprender realmente en clase; de otro modo, las capacidades adquiridas fuera de la escuela se vuelven determinantes, capacidades que, sabemos, no son las mejor repartidas socialmente. Desde 1973, los programas se centran en conceptos: la libertad, la felicidad, el Estado, el arte, etc. Ahora bien, un mismo concepto puede abordarse desde múltiples enfoques. Los profesores tienen, en teoría, total libertad para elegir esos temas y construir sus clases con autores de su elección. Pero, en la práctica, no tienen tiempo de profundizar en todas las facetas de un concepto, y en las pruebas de acceso a la universidad sus alumnos podrán toparse con un tema que han estudiado poco o nada durante el curso.

La libertad, por ejemplo, puede dar pie a preguntas sobre la existencia del libre albedrío (libertad contra determinismo) o sobre las libertades políticas. Otro ejemplo: un inventario no exhaustivo de los temas de las pruebas de acceso a la universidad relacionados con el arte propuestos en los últimos treinta años revela que, en teoría, los estudiantes examinados deben dominar cerca de una quincena de problemáticas diferentes. Entre esos temas, encontramos: “La naturaleza de la obra de arte” (“¿Qué distingue una obra de arte de un objeto cualquiera?”), “Relaciones entre arte y verdad” (“¿La obra de arte nos sitúa en presencia de una verdad imposible de alcanzar por otros medios?”), o “Relaciones entre arte e historia” (“¿La obra de arte depende de su tiempo?”).

El programa vigente pretende garantizar la libertad de los profesores, pero en realidad consigue lo contrario: que un programa sea impreciso no quiere decir que confiera más libertad. Al contrario: cuanto más se centra en algunos problemas que es imperativo estudiar, sobre los que los estudiantes podrán ser evaluados, más tiempo y libertad tienen los profesores para profundizar y diversificar sus planteamientos filosóficos con sus alumnos.

Este episodio del informe Derrida-Bouveresse marca la pauta de las tres décadas siguientes. Cada vez que se intentan reformar los programas y los exámenes de acceso a la universidad con vistas a una mayor delimitación de los conceptos que se deben estudiar y una mayor explicitación de los objetivos, se forma o se reagrupa una oposición conservadora, atrincherada en la mitología de la profesión. El resultado de esta guerra de programas es la perpetuación del statu quo: la introducción de la asignatura de filosofía en segundo curso, en los liceos profesionales y en la educación superior todavía no se ha debatido seriamente, y las pruebas de acceso a la universidad permanecen inalteradas.

En aras de la autenticidad filosófica, las reflexiones y prácticas realmente pedagógicas se ven relegadas al rango de “cocina” de cada profesor, cuando no son acogidas con desconfianza o menosprecio. Como ya observaba el sociólogo Louis Pinto en 1983, “un trabajo centrado en la dimensión educativa de la competencia filosófica solo puede ser percibido y denunciado como una agresión por todos aquellos que hacen del pensamiento puro, es decir, el pensamiento que se define a sí mismo, su monopolio profesional” (6). Así, esta dimensión central de toda asignatura –su didáctica– sigue excluida de la formación inicial y continua de los profesores, casi exclusivamente erudita. “Las oposiciones, y particularmente las oposiciones a catedrático, se conciben y viven como ‘diplomas de excelencia filosófica', como medios para continuar siendo ‘filósofo' en lugar de como medios para acceder a la profesión de profesor de Filosofía”, denunciaba hace casi veinte años el Manifiesto por la enseñanza de la filosofía, texto fundador de la Asociación para la Creación de Institutos de Investigación sobre la Enseñanza de la Filosofía (ACIREPH, por sus siglas en francés).

Sin embargo, ideas para democratizar la enseñanza de la filosofía no faltan (7). Por lo pronto, la de sacarla de su reclusión en el último curso introduciendo un plan de estudios progresivo y coherente en los tres cursos del liceo. Serían necesarios nuevos programas, diseñados para esos tres años, que permitan educar en el análisis, la investigación y la discusión racional. Por lo que se refiere al contenido y la práctica, debería ponerse el acento en la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos fundamentales de lógica y argumentación (condición necesaria y condición suficiente; argumento/sofisma; razonamiento inductivo/deductivo; etc.), de referentes léxicos y conceptuales relacionados con cada concepto o problema, de referentes culturales relacionados con las grandes corrientes filosóficas que se contradicen sobre un problema dado y, por último, grandes cuestiones relacionadas con el mundo contemporáneo.

Se podría diseñar una carga lectiva común para esta formación común desde el primer curso hasta los exámenes de acceso a la universidad. En efecto, nada justifica la carga lectiva actual, con cuatro horas de Filosofía en el bachillerato general [bachillerato con diversas modalidades de ciencias y humanidades], frente a solo dos en los bachilleratos tecnológicos y ninguna en los liceos profesionales. Esta situación es absurda: allí donde los alumnos tienen mayores carencias desde el punto de vista de la formación general como consecuencia de su trayectoria académica y, por lo tanto, precisan de una formación más sólida, tienen menos horas lectivas.

Por desgracia, la nueva reforma, motivada fundamentalmente por preocupaciones de tipo presupuestario, no avanza en esa dirección. Más allá de la cuestión de la carga lectiva y los medios, en el mejor de los casos constantes, cuando no decrecientes en un contexto de austeridad, el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer ha nombrado a una reconocida conservadora (8) al frente del Consejo Superior de Programas (CSP). Souâd Ayada ha ejercido su autoridad sobre los Grupos encargados de Elaborar los Proyectos de Programas (GEPP), prohibiéndoles que se entrevistaran con asociaciones, sindicatos y otros especialistas de la educación, ignorando los estatutos, que no obstante obligan al CSP. Según estos, “en conformidad con el decreto del 24 de julio de 2013, los GEPP (…) consultan a especialistas y colegas cuya experiencia les parece útil”. Como era de esperar, los futuros programas mantendrán la vaguedad de los precedentes.

A contracorriente tanto de una contrarreforma conservadora como de la “desnivelación de las exigencias”, que consiste, a menudo con las mejores intenciones, en pedir menos a los alumnos con dificultades –y, al hacerlo, en enseñarles menos (9)–, es más necesario que nunca renovar los métodos de formación y evaluación de los alumnos de Filosofía para dotarlos realmente de herramientas de reflexión crítica. Esto permitiría transformar los exámenes de acceso a la universidad, precisando, clarificando y argumentando las exigencias. Una tarea particularmente urgente en bachilleratos tecnológicos, donde una parte significativa de los estudiantes, superados por la vaguedad de las exigencias, termina en una hora una prueba pensada para durar cuatro.




(1) Las “Instrucciones” de 1925 se reproducen en la obra central de Bruno Poucet Enseigner la philosophie. Histoire d'une discipline scolaire (1860-1990), CNRS Éditions, París, 1999.

(2) Cf. Pierre Bourdieu y Patrick Champagne, “Les exclus de l'intérieur”, Actes de la recherche en sciences sociales, n.° 91-92, París, marzo de 1992.

(3) Jean-Louis Poirier, “État de l'enseignement de la philosophie en 2007-2008” (PDF), Inspección General de la Educación Nacional (IGEN), Ministerio de Educación francés, París, septiembre de 2008.

(4) “Rapport de la commission de philosophie et d'épistémologie”, París, 15 de junio de 1989.

(5) Suplemento del número de septiembre-octubre de 1989 de la revista L'Enseignement philosophique, órgano de la Asociación de Profesores de Filosofía de la Educación Pública (APPEP, por sus siglas en francés).

(6) Louis Pinto, “L'école des philosophes. La dissertation de philosophie au baccalauréat”, Actes de la recherche en sciences sociales, n.° 47-48, junio de 1983.

(7) Cf. Sébastien Charbonnier, Que peut la philosophie? Être le plus nombreux possible à penser le plus possible, Seuil, París, 2013.

(8) “À la tête du Conseil des programmes, Souâd Ayada, une philosophe au conservatisme assumé”, Le Monde, 2 de febrero de 2018.

(9) Cf. Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l'exigence intellectuelle, La Dispute, París, 2016; Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire (GRDS), L'École commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, 2012.
https://mondiplo.com/sin-rastro-de-la-democratizacion-de-la-filosofia

 

La “benevolencia”, una cortina de humo ante la selección social en la escuela




Mientras la educación nacional francesa experimenta una creciente falta de medios y de efectivos, una consigna cosecha un gran éxito: la “benevolencia” que se invita a los docentes a manifestar hacia sus alumnos y que podría triunfar sobre todos los obstáculos. Esta cantinela oculta la impotencia de la institución para reducir el abismo existente entre los niños de las clases favorecidas y los de las clases populares.



“República, excelencia, bondad”: de las tres palabras escogidas por el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, para inaugurar su primer curso académico en septiembre de 2017, la que sorprende es la última. Desde el mandato de Jules Ferry, es de rigor invocar la República cuando se habla de educación. La excelencia también ha entrado en el vocabulario cotidiano de los centros de enseñanza. Designa la preocupación de la administración educativa, compartida por una parte de los docentes, por no concentrar los esfuerzos y recursos de manera desproporcionada en los alumnos con dificultades en “detrimento” de los demás. La palabra, que traduce la voluntad de, ante todo, no perjudicar a los aventajados, se ha convertido en la –eufemística– expresión oficial que justifica los casos de fracaso escolar.

Queda la “benevolencia”. El concepto se extendió por los colegios [collèges, centros de educación secundaria de primer ciclo] y los liceos [lycées, centros de educación secundaria de segundo ciclo] en pocos años. Inspirado por la política del care, difundida en Francia particularmente por Martine Aubry (1), fue defendido por el ministro de Educación Vincent Peillon en 2012, en el marco de la concertación “Refundemos la escuela de la República”, previa a la ley del mismo nombre. La benevolencia es hoy uno de los pilares de las “buenas prácticas” defendidas por la administración educativa. Esta filosofía puede resumirse en la siguiente fórmula: “cada joven necesita ánimos a diario” (2). Sin esa pedagogía comprensiva, se incapacita al alumno para el éxito y no podrá encontrar su propio camino. El mensaje es transparente: profesores severos, que desanimáis diariamente (ceños fruncidos, observaciones mordaces, notas exageradamente bajas), sois los principales responsables del fracaso de centenares de miles de crisálidas que solo esperaban un gesto para convertirse en mariposas. También contribuye a promover, en el debate sobre la educación, cuestiones de postura más que de estructura. Ya que la puesta en órbita del tema de la “benevolencia” en el mundo educativo tiene como principal objetivo eludir las causas reales del fracaso escolar. Totalmente apropiada para la dosis de austeridad impuesta a los servicios públicos –esa “benevolencia” no cuesta nada al Estado–, es también la tapadera perfecta, puesto que desvía la atención de cuestiones que tienen menos encanto, como el número de horas lectivas o el número de alumnos por clase.

Esta monserga moralizadora floreció bajo la presidencia de François Hollande. El pedagogo se transforma en animador: “El docente crea las condiciones de benevolencia y seguridad para que todos los niños (incluso los que se expresan poco o nada) tomen la palabra y participen en situaciones de comunicación más complejas que las de la vida cotidiana; acepta los errores ‘positivos' (…). Así, contribuye a construir la equidad entre niños reduciendo las diferencias lingüísticas” (3). Por tanto, para terminar con las desigualdades en el dominio del lenguaje, los estrategas del Ministerio de Educación francés confían en la amabilidad del docente. Cuando el alumno escribe, debe poder apoyarse en “observaciones siempre benévolas relativas al texto inicialmente producido” (4). En los colegios, la dirección morigera a aquellos profesores que han cometido el error de poner un 0 a un trabajo no entregado, y piden que concluyan su valoración trimestral del alumno con alguna idea positiva. Estas instrucciones podrían ampliarse si no tendieran a sustituir la misión de emancipación de la escuela por el imperativo de la realización personal: “Preescolar es una etapa benevolente (…). Su misión principal es conseguir que los alumnos tengan ganas de ir a la escuela para aprender y para afirmar y desarrollar su personalidad” (5).

Estas directrices provocan reacciones paradójicas entre los docentes: hay sarcasmo y fatiga frente al nuevo leitmotiv educativo, pero también aceptación de ese discurso acusador. Confrontados a la dificultad de la tarea, desamparados a veces, pueden ser sensibles a lo que, bajo apariencia de progresismo, constituye en realidad una renuncia. “Si se quiere titular a más alumnos, hay que pasar de un sistema de enseñanza que selecciona para que los mejores obtengan una educación de excelencia a un sistema ‘benévolo' que decide que tengan éxito de manera variada alumnos a los que se les reconocen habilidades plurales”, afirmaba un informe de la Inspección General en 2013 (6). En la academia [circunscripción administrativa del sistema educativo francés] de Lille, un colegio decidió denominar su proyecto de centro “colegio de las inteligencias múltiples”. En abril de 2015, recibió el premio a la innovación y el desarrollo profesional en la Jornada de Innovación del Ministerio de Educación francés. ¿La idea? “Invitar a los docentes a que trabajen otras formas de inteligencia en los aprendizajes: inteligencia espacial, corporal –kinestésica o musical–, rítmica” (7). ¿Los beneficiarios? “Alumnos con dificultades en el uso de la lengua”. También se preconiza el uso de “mapas heurísticos” o “mapas mentales”, esos esquemas que han invadido manuales, cuadernos y carpetas.

Talentos, potenciales, inteligencias, habilidades… La enumeración de esos términos elude la realidad de la jerarquía de conocimientos y de las aptitudes escolares, y su consecuencia: un lugar más o menos envidiable en la escala social. Su utilización pone al descubierto –y difunde– una concepción esencialista de los alumnos, desconectada de su clase social. En lugar de intentar comprender el fracaso escolar para combatirlo mejor, esta concepción lo ratifica y lo disfraza con consideraciones morales para que sea aceptado más fácilmente como ineluctable. Estos discursos pseudoigualitarios tienen como fin justificar que el sistema educativo renuncie a que los niños de las clases populares accedan a conocimientos legítimos. Por su parte, el Liceo Henri-IV [considerado uno de los mejores centros de educación secundaria de Francia], en el V Distrito de París, mantiene el rumbo de siempre. Hasta el curso de 2018-2019, es decir, antes de la reforma del centro, ponía a disposición de los alumnos que empezaban première [segundo curso del liceo] una lista de “lecturas recomendadas”. En francés, solo para el capítulo “Realismo y naturalismo”, figuraban cuarenta y tres títulos. Sin contar los relatos naturalistas de Émile Zola, Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans... ¿Para cuándo una petición de intelectuales exigiendo respeto por las “habilidades plurales” de los hijos de la burguesía parisina?

La promoción de la “benevolencia” va de la mano de la instauración, en todos los niveles del sistema escolar, de la evaluación por “competencias”. Ambas convergen para obviar el problema de la masificación escolar. En primaria, la preocupación por la benevolencia lleva, por ejemplo, a nombrar cada semana alumnos responsables de múltiples misiones desprovistas de objetivos cognitivos, tales como borrar la pizarra, recoger los cuadernos, poner en fila a los compañeros antes de entrar en clase, etc., instaurando una confusión acuciante entre el conocimiento que se debe adquirir y las tareas que hay que realizar (8). Desde el momento en que estas son evaluadas en tanto tales, como una habilidad social, en el listado de competencias ya habitual en todos los niveles del sistema educativo, el niño sociable y que se presenta voluntario para apagar las luces y bajar las persianas tiene motivos para creer, y su familia con él, que ha cumplido con su parte del contrato. Aunque no domine la lectura.

La ofensiva contra la evaluación de los alumnos mediante una calificación numérica –sustituida por un complejo sistema de evaluación por competencias– participa de la misma lógica. Impulsada por la Unión Europea (9), la evaluación por competencias es actualmente la norma en primaria y en gran número de colegios. Los boletines son ahora tablas interminables que desgranan “competencias” divididas en “ámbitos”, a su vez divididos en “ítems” de contornos particularmente difusos: “escuchar para comprender un mensaje oral, una idea, un texto leído”; “adquirir y comprender el significado de las palabras”… Se han vuelto ilegibles. La toma de conciencia de las desigualdades escolares, fuente de una brutal desilusión para los jóvenes provenientes de las clases populares, se traslada del colegio al liceo, en el que la nota perdura.

La idea de matar al paciente para acabar con la enfermedad no es nueva. Pero en la actualidad aparece sistemáticamente en todas las etapas del recorrido educativo. Pongamos por caso un alumno de troisième [último curso del colegio] que ambiciona obtener su diploma de primer ciclo de secundaria. Llamémoslo Florian. Desde 2017, el diploma se califica sobre 800 puntos. De estos, 400 puntos se asignan mediante exámenes que tienen lugar al final del año escolar. Los 400 puntos restantes dependen del grado de adquisición de los ocho componentes, cada uno calificado sobre 50, de una “base común de conocimientos y competencias”. Esos componentes no se corresponden con el marco de trabajo del alumno (la disciplina). Esto obliga a los docentes a trabajar por aproximación a fin de fijar la “posición” de los alumnos en cada uno de los ocho componentes (por ejemplo: “los métodos y herramientas para aprender” o “la formación de la persona y el ciudadano”). La opacidad no se detiene ahí. En efecto, para cada “componente” se ha fijado una escala de cuatro valores que atestan el nivel de adquisición: “insuficiente” (10 puntos de 50), “frágil” (25 puntos), “satisfactorio” (40 puntos) y “muy buen dominio” (50 puntos). Aunque Florian sea malísimo en inglés, el cómputo final le garantiza al menos el 20% de los puntos posibles. Si es muy bueno en matemáticas –pero no excelente–, obtendrá no obstante el 100% de los puntos del componente en cuestión. Y si, a pesar de este baremo que mejora “por sí solo” los resultados de los alumnos –que no sus conocimientos–, Florian corriera el riesgo de fracasar, podría contar con repetidas intervenciones de miembros de la dirección para una rectificación al alza de las evaluaciones efectuadas por los docentes. En efecto, el índice de éxito de los alumnos en el marco de los diversos exámenes es un elemento clave en la evaluación del trabajo de los directores de los centros por parte de los Directores Académicos de los Servicios de la Educación Nacional (DASEN, exinspectores de academia) y los rectores de academia.

Con las reformas del liceo y el baccalauréat que entrarán en vigor en este nuevo curso académico de 2019-2020, Blanquer continúa esa tendencia. El concepto de “recorrido” individualizado de los alumnos –que se supone pueden escoger sus “especialidades”– confiere una libertad solo aparente, omitiendo datos estructurales: todas las especialidades no se enseñan en todos los liceos. Ahí, de nuevo, el equívoco impera respecto a la obtención del futuro título: supervisión constante, exámenes comunes (algunos en première, otros en terminale –último curso del liceo–) y exámenes finales (algunos en première, otros en terminale). Dichoso quien se aclare –o más exactamente, dichoso quien sea informado–. Estos principios contradictorios pesan sobre el alumno, invitado a decantarse por una u otra especialidad mientras una selección severa lo sitúa bajo evaluación constante.

La imagen de la escuela de la Tercera República como una escuela sólida y exigente, en la que los alumnos habrían adquirido el dominio de las tablas de multiplicar y el conocimiento de las reglas de la ortografía tiene mucho de irreal. El antiguo sistema de calificación tampoco tiene por qué provocar particular nostalgia. La selección social de los alumnos ya existía en el pasado. Pero el sistema educativo no ponía tanto empeño en ocultarla.




(1) Evelyne Pieiller, “Liberté, égalité... ‘care'“, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 2010.

(2) “Agir contre le décrochage scolaire: alliance éducative et approche pédagogique repensée”, informe de la Inspección General de la Educación Nacional (IGEN) y la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y la Investigación (IGAENR, por sus siglas en francés), Ministerio de Educación francés, junio de 2013.

(3) Bulletin officiel, Ministerio de Educación francés, París, 26 de marzo de 2015.

(4) Bulletin officiel, 24 de diciembre de 2015.

(5) Bulletin officiel spécial, n.° 2, 26 de marzo de 2015.

(6) “Agir contre le décrochage scolaire: alliance éducative et approche pédagogique repensée”, informe de la Inspección General de la Educación Nacional (IGEN) y la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y la Investigación (IGAENR, por sus siglas en francés), Ministerio de Educación francés, junio de 2013.

(7) “Agir contre le décrochage scolaire: alliance éducative et approche pédagogique repensée”, informe de la Inspección General de la Educación Nacional (IGEN) y la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y la Investigación (IGAENR, por sus siglas en francés), Ministerio de Educación francés, junio de 2013.

(8) Cf. Stéphane Bonnéry, Comprendre l'échec scolaire. Élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques, La Dispute, París, 2007.

(9) “Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe”, Comisión Europea, Bruselas, 10 de junio de 2016.
https://mondiplo.com/la-benevolencia-una-cortina-de-humo-ante-la

 

Impotencia o cinismo ante la venta de armas europeas




Tras cuatro años de la guerra llevada a cabo por Riad en Yemen y al menos diez mil muertos, sigue costando que se imponga el debate sobre la venta de armas. Entre grandes declaraciones y razón de Estado, la mayoría de los países europeos y, en particular, los grandes exportadores de armamento, han decidido continuar con las entregas destinadas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos.



A finales de mayo de 2019, los estibadores de la Confederación General del Trabajo (CGT) del puerto de Marsella inspeccionaban los cargamentos destinados al Bahri Tabuk, un carguero saudí sospechoso de querer embarcar munición de artillería. Unos días antes, otro navío, el Bahri Yanbu, había conseguido recoger su carga en Bélgica, pero había tenido que renunciar a cargar en el puerto francés de Le Havre. Los días 20 y 21 de mayo, sindicalistas italianos anunciaban a su vez una huelga hasta que el barco abandonara el puerto de Génova, consiguiendo poder inspeccionar el cargamento. En cada uno de estos casos, los trabajadores portuarios estaban acompañados de unos pocos activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de algunos representantes electos que denunciaban el papel de Arabia Saudí y de sus aliados en la guerra en Yemen. ¿Nos encontramos ante el comienzo de la concienciación tras muchos años de inacción?

El episodio actual de la guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando grupos de rebeldes hutíes avanzaron hasta la capital, Saná. Este movimiento de confesión chií, respaldado por Irán, se enfrenta de forma más o menos violenta a las fuerzas leales al régimen desde 2004. El 15 de febrero de 2015, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución 2201, que lo condena y reclama el fin de las hostilidades. Ha reiterado esta condena en varias ocasiones, también después del 26 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí, encabezando una coalición que reúne a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, Sudán y Marruecos, puso en marcha las primeras operaciones militares (1).

Al mismo tiempo, la ONU se preocupa por los 24,1 millones de yemeníes (de 30,5 millones) que necesitan asistencia, con gran urgencia en el caso de 14,3 millones de ellos. A finales de 2018, las luchas habían provocado desplazamientos de población (4,8 millones de personas), 60.000 heridos y cerca de 10.000 muertos (2). Algunas ONG, entre ellas Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), que ha establecido una importante base de datos, hablan de más de 90.000 muertos, de los cuales 11.700 son civiles (3). La “peor crisis humanitaria del planeta”, se alarmaba la ONU en febrero de 2018.

Numerosas ONG consideran que Arabia Saudí y sus aliados se preocupan poco por las poblaciones civiles. Asimismo, citan los casos más dramáticos, entre otros muchos: el bombardeo de un funeral en octubre de 2016 (140 muertos), el de una boda en abril de 2018 (una treintena de muertos, entre ellos 13 niños) o también el de un autobús, el 9 de agosto de 2018 (51 muertos, entre ellos 40 niños). “Tristes errores”, alega Riad. Pero el establecimiento de un bloqueo marítimo que, so pretexto de impedir la circulación de armas, también impide la de la comida y sume en el hambre a la población deja pocas dudas sobre las prácticas del reino.

Desde el comienzo del conflicto, las organizaciones europeas que trabajan en el control de los armamentos, como Amnistía Internacional, Action, Sécurité, Éthique Républicaines (ASER), Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT), Campaign Against Arms Trade (CAAT), Human Rights Watch, etc., insisten en que las armas utilizadas en este conflicto proceden de Estados Unidos y de los países europeos. Arabia Saudí y los EAU son dos clientes que figuran con regularidad a la cabeza de las ventas de Francia, el Reino Unido, Alemania, España, Italia, Bulgaria o incluso Suecia. Varias ONG (4) han emprendido acciones judiciales de manera dispersa ante el Tribunal Penal Internacional y ante tribunales nacionales. En cada caso, se trata de demostrar la complicidad del país exportador, pero las interpretaciones del derecho siguen siendo difíciles.

En Francia, por ejemplo, el proceso iniciado por ASER fue desestimado, el pasado 9 de julio, por el tribunal administrativo de París. En el Reino Unido, el Tribunal de Apelación de Londres le dio la razón a CAAT el pasado 20 de junio, pues consideró que la atribución de licencias por parte del Gobierno a Arabia Saudí era un “error de derecho” (interpretación errónea de la ley): un dictamen no vinculante que Liam Fox, entonces secretario de Estado de Comercio Internacional, prometió conseguir anular a través de un nuevo procedimiento judicial. Con todo, una victoria.

El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), en vigor desde el 24 de diciembre de 2014 (5), y la posición común europea adoptada en 2008 obligan a todos estos países a no exportar armas si existe algún “riesgo preponderante” de que contribuyan a “violaciones del derecho internacional humanitario”. Pero las ONG y los Gobiernos no adoptan la misma definición de “riesgo preponderante”. Las primeras ven en cada muerte civil una prueba, mientras que los segundos hablan de “daños colaterales” –los cuales critican, pero no por ello condenan la intervención–. ¿Hay crímenes de guerra? ¿Hay complicidad por parte de aquellos que proporcionan las armas? Por ahora, ninguno de los órganos jurisdiccionales a los que se ha recurrido ha dado la razón a las ONG.

Pese a que la mayoría de los Gobiernos se preocupan públicamente por la masacre en Yemen, fue el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en los locales del consulado de su país en Estambul, en octubre de 2018, lo que provocó que se tomaran decisiones políticas durante las semanas posteriores. Austria, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Finlandia establecieron entonces un embargo; los dos últimos renunciaron a contratos potencialmente interesantes, pero sin comparación con aquellos de los líderes del mercado.

En Francia, la publicación de documentos clasificados por parte del colectivo de periodistas Disclose, el pasado 15 de abril, sacó a la luz la responsabilidad del Ejecutivo (6). Estas revelaciones llevaron a que la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) convocara a los periodistas en el marco de una investigación por “atentar contra el secreto de defensa nacional”. La razón: una nota de la Dirección de Inteligencia Militar (DRM, por sus siglas en francés) clasificada como “confidencial de defensa” y entregada al presidente Emmanuel Macron, al primer ministro Édouard Philippe, a la ministra de Defensa Florence Parly y al ministro de Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian en la que se precisaba un listado de armamento pesado utilizado por los saudíes y los emiratíes en este conflicto. Así, en esta lista se descubren las posiciones de tanques (Leclerc, AMX-30, AMX-10P), de vehículos blindados (Aravis), buques de guerra (corbetas Baynunah, fragatas Al-Madinah y Al-Makkah), piezas de artillería (AUF-1, LG1, Milan, RTF1…), aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo (A330 MRTT), helicópteros (Cougar, Panther y Dauphin), cazas (Mirage 2000-9) o incluso sus contenedores designadores láser (Damoclès), que permiten apuntar con precisión a un objetivo.

Según la DRM, los obuses autopropulsados Caesar, del fabricante francés Nexter, podrían alcanzar a 436.370 civiles yemeníes y “respaldan a las tropas leales al régimen y a las fuerzas armadas saudíes en su avance por el territorio yemení”. Pese a que la inteligencia militar habla de una utilización “defensiva”, los periodistas de Disclose demostraron que 35 civiles murieron en bombardeos de artillería dentro del perímetro de alcance de los Caesar; algunos de ellos se encontraban a demasiada distancia para los cañones de fabricación china y estadounidense también presentes en esta zona: solo las armas de origen francés pudieron alcanzarles. Asimismo, al contrario que los tanques Leclerc y los Mirage 2000-9, estos artefactos se han ido suministrando por etapas desde 2010 (y se seguirá haciendo hasta 2024): es difícil defender la ignorancia mientras se realizan las entregas.

La nota de la DRM incluye igualmente corbetas de tipo Abu Dhabi vendidas por los italianos, aviones de combate Typhoon y Tornado enviados por los británicos, cazaminas de tipo Al-Murjan y corbetas de tipo Murayjib fabricadas en Alemania o también buques patrulleros Ghannatha y radares aéreos de origen sueco.

Gracias a los informes oficiales sobre las exportaciones, ya se sabía de la continuación de las exportaciones de armamento durante la guerra en Yemen. En 2017, los países de la Unión Europea concedieron licencias por valor de 17.000 millones de euros a Arabia Saudí y por valor de 5.000 millones a los EAU (7). Entre ellos: el Reino Unido (1.572 millones de euros), Alemania (477 millones de euros) o incluso Bélgica (152 millones de euros) (8). El envío de armas alcanzó los 484 millones de euros en el caso de Bulgaria y los 174 millones en el de España. En su propio informe del pasado 4 de junio (9), Francia anunciaba haber enviado armas por valor de 1.398 millones de euros a la monarquía saudí y de 237 millones a los EAU en 2018. Mientras que en el Oeste los grandes fabricantes históricos como Francia, Alemania o el Reino Unido proporcionan sistemas estructuradores, como aviones de combate o buques, Riad y Abu Dabi acuden al Este a buscar equipamiento menos sofisticado. De esta manera, Arabia Saudí es el primer cliente de Bulgaria en lo que a armas ligeras y municiones se refiere.

¿Cómo justificar estas ventas? Desde el gabinete de la ministra de Defensa francesa se abstienen de responder. Con todo, Parly expuso sus argumentos ante los diputados de la Comisión de Defensa Nacional el 7 de mayo de 2019: “Es indispensable para nuestra soberanía. (…) Para disponer de equipamiento militar que nos permita intervenir con vistas a garantizar nuestra misión fundamental de protección de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos, así como la disuasión nuclear, debemos conservar la viabilidad y la independencia de nuestra industria de defensa” (10).

En realidad, la ministra no ha dejado de cambiar su discurso, entre mentiras y mala fe. Pese a la información proporcionada por la DRM, Parly se mostraba categórica, en France Inter, el pasado 20 de enero: “No tengo conocimiento de que se hayan utilizado directamente armas [francesas]en este conflicto”. El 7 de mayo, ante los diputados y tras las revelaciones de Disclose, insistía: “Nunca hemos afirmado que no se hayan utilizado armas francesas en Yemen, pero a día de hoy no tenemos ninguna prueba que demuestre que se están usando deliberadamente armas de fabricación francesa contra las poblaciones civiles”. No obstante, en los documentos de la DRM se apuntan precisiones sobre diversos armamentos, como en el caso de la corbeta lanzamisiles Baynunah: “Participa en el bloqueo naval y en el apoyo de operaciones terrestres llevadas a cabo en el litoral yemení”.

El diputado del grupo mayoritario Fabien Gouttefarde, presidente del Grupo de Amistad Francia-Yemen y del Grupo de Estudios Acción Humanitaria, asegura por su parte que, durante su visita al Estado Mayor de la coalición, Riad le explicó que los oficiales estadounidenses y británicos no habían puesto ninguna objeción al método. El diputado francés, exjurista especializado en derecho de conflictos armados en el Ministerio de Defensa, justifica las ventas de Francia: “Hay una alianza estratégica con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. No se debe olvidar Charlie Hebdo. Al Qaeda en la Península Arábiga [AQPA], con bases de repliegue en Yemen, ha llevado a cabo atentados terroristas mortales. Existía realmente una amenaza terrorista que la coalición ha contribuido a combatir”. Y subraya que “los hutíes perpetran casi el mismo número de crímenes de guerra. Atraviesan a diario la frontera saudí. Cuando se tiene una alianza estratégica de estas características, también es legítimo proporcionar armas para defenderse”. Ahora bien, pese a que la DRM alaba en su nota algunos esfuerzos de parte de los emiratíes contra los yihadistas, varias investigaciones de la prensa han mostrado que la coalición no hacía de ello una prioridad e incluso que se coordinaba en algunos casos con AQPA contra los hutíes (11).

Frente a la razón de Estado invocada por los Gobiernos europeos, a los Parlamentos, cuando no están divididos, les resulta difícil obtener información fiable sobre las exportaciones. Efectivamente, se han impuesto los informes públicos por todas partes, pero su utilización se revela más o menos ardua según el país. Por ejemplo, escasean los representantes electos franceses dispuestos a explorar las abundantes páginas con tablas puestas a su disposición. Es aún peor en Italia, con la presentación de 1.400 páginas de documentos sin ordenar. En el Reino Unido, varios diputados se especializan en este ejercicio y redactan un informe alternativo acompañado de cuestiones a las que el Gobierno está obligado a responder. En Alemania, el debate es particularmente intenso en el seno de la Comisión de Defensa. Una minoría de países, entre ellos los Países Bajos, notifica a los representantes electos la firma de cualquier licencia de exportación por una cuantía superior a 2 millones de euros, a excepción de una lista de países fiables. Solamente en Suecia se consulta a un grupo de parlamentarios especializados para cualquier licencia de riesgo incluso antes de que se expida. En el Reino Unido, Andrew Smith, portavoz de CAAT, se alegra por el veredicto del 20 de junio del Tribunal de Apelación. Especialmente porque Londres, pese a todo, ha suspendido temporalmente sus nuevas licencias de exportación con Arabia Saudí, aunque no por ello se han detenido los envíos y el mantenimiento.

Pese a que el debate es intenso, ningún exportador de envergadura había adoptado ninguna política firme… hasta octubre de 2018, tras el asesinato de Khashoggi, cuando la canciller alemana Angela Merkel declaró durante un mitin en Ortenberg, el 22 de octubre: “Mientras no se resuelva este caso, se suspenderán las exportaciones hacia Arabia Saudí. Os lo prometo”.

Este anuncio cayó como un mazazo en la industria europea, en particular en Francia y en el Reino Unido. Como algunas piezas eran fabricadas por empresas alemanas, los mayores fabricantes se encontraron bloqueados. La mayoría de los industriales intentaron entonces modificar la voluntad alemana entre bastidores, pero uno de ellos se manifestó en público: el presidente ejecutivo de Airbus, que espera vender, entre otras cosas, 48 aviones de combate Eurofighter a Riad. El pasado 16 de febrero, Thomas Enders realizaba las siguientes declaraciones a la agencia de prensa Reuters: “Nos trae de cabeza, desde hace años, que la parte alemana se otorgue el derecho a bloquear la venta, digamos, de un helicóptero francés cuando una única y minúscula pieza alemana entra en su fabricación”. En efecto, estas piezas alemanas se encuentran presentes un poco por todas partes por razones históricas. “Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria armamentística alemana estaba muy limitada –explica el periodista e investigador Otfried Nassauer–. Durante décadas se fue especializando, pues, en la concepción de componentes destinados a otros países. Por eso se encuentran hoy en día en los Eurofighters destinados a Arabia Saudí aunque sea el Reino Unido el que realice la exportación”.

Para evitar verse bloqueados por las decisiones políticas de Berlín, sus socios se benefician desde 1972 de un acuerdo, bautizado como “Debré-Schmidt”, que autoriza a las empresas a cambiar de subcontratista en caso de incapacidad para suministrar los elementos previstos en los contratos. Aunque esta libertad funciona sobre el papel, a menudo es difícil encontrar sustitutos dentro de unos plazos razonables. En el caso del Eurofighter, las actualizaciones del software informático bloqueadas por Berlín no se pueden improvisar con la primera start-up que aparezca (12). Peor aún, los sustitutos son a menudo estadounidenses, y el peor de los temores de los vendedores de armas europeos es verse sometidos a la buena voluntad de Washington. Así pues, París y Londres saltaron a la palestra para convencer a Berlín de abandonar su obstinación. El 29 de marzo de 2019, el Gobierno alemán limitó las prohibiciones a los materiales íntegramente alemanes. Finalmente, los componentes, incluso aquellos destinados a los países incriminados, serán expedidos.

En realidad, en Alemania, los industriales ya han encontrado otras astucias para eludir el embargo. Rheinmetall ha continuado suministrando municiones a Arabia Saudí pasando por sus filiales con sede en Italia y en Sudáfrica. Más ampliamente, los gigantes europeos del armamento se establecen cada vez más en el lugar, tanto en Arabia Saudí como en los EAU. Riad y Abu Dabi han multiplicado durante estos últimos meses los anuncios de lanzamientos de empresas conjuntas y las aperturas de fábricas en colaboración con multitud de grupos europeos (Thales, Naval Group, Leonardo, CMI, Navantia, Airbus, MBDA…), respectivamente vía Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y Emirates Defense Industries Company (EDIC). El objetivo es poder ir construyendo y manteniendo progresivamente el material in situ. Incluso a costa de que Gobiernos y Parlamentos de los países socios tengan cada vez menos voz y voto.

Ningún industrial ha accedido a respondernos oficialmente, pero un ejecutivo de una empresa francesa, amparado en el anonimato, deja caer: “SAMI ahora forma parte de los prerrequisitos impuestos por Arabia Saudí. Es una creación muy reciente que viene de la necesidad de coordinar la industria in situ. (…) Arabia Saudí es el segundo importador de armas del mundo, así que todos los vendedores se encuentran allí”.




(1) Véase Laurent Bonnefoy, “Parálisis saudí en Yemen”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2017.

(2) “Yemen: 2019 Humanitarian Needs Overview 2019”, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, diciembre de 2018.

(3) “Yemen Snapshots: 2015-2019”, ACLED, junio de 2019.

(4) En Francia (ASER, ACAT), en Bélgica (Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, CNAPD; Ligue des Droits de l'Homme), en el Reino Unido (CAAT), en Italia (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR; Rete Disarmo), en Yemen (Mwatana for Human Rights), en los Países Bajos (Public Interest Litigation Project - Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, PILP-NJCM; PAX; Stop Wapenhandel).

(5) A comienzos de 2019, 101 Estados lo ratificaron, entre ellos los países europeos, pero no lo han hecho Estados Unidos, China ni Rusia.

(6) "Made in France", Disclose, 15 abril de 2019.

(7) Según el informe de 2017 del Servicio Europeo de Acción Exterior, encargado de recopilar los datos de los países miembros, no es posible proporcionar una cifra sobre los envíos, pues no todos los países comparten esta información con Bruselas.

(8) Vigésimo informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/C 453/01, 14 de diciembre de 2018.

(9) Informe para el Parlamento sobre las exportaciones de armamento de Francia 2019, Ministerio de Defensa, 4 de junio de 2019.

Transcripción de la audiencia n.° 32 de la Comisión de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional, París, 7 de mayo de 2019.

Maggie Michael, Trish Wilson y Lee Keath, “AP Investigation: U.S. allies, al-Qaida battle rebels in Yemen”, Associated Press, 7 de agosto de 2018.

Michel Cabirol, “Eurofighter, A330 MRTT, Casa C295, H145… bloqués à l'export: Berlin fragilise Airbus”, La Tribune, 25 de febrero de 2019.
https://mondiplo.com/impotencia-o-cinismo-ante-la-venta-de-armas

 

Alianzas insólitas en torno al mar de Omán


Durante los últimos seis meses, los acuerdos pactados entre Pakistán y Arabia Saudí, por una parte, y la India e Irán, por la otra, llevan a pensar que se están constituyendo dos ejes bilaterales. No obstante, Irán y Pakistán se encuentran lejos de la ruptura y el acercamiento indo-saudí continúa pese al golpe de fuerza del primer ministro indio en Jammu y Cachemira.



Nadie se lo esperaba, pero, en 2015, Pakistán se negó a enviar tropas de refuerzo para secundar a Arabia Saudí en Yemen, ya que le preocupaba molestar a Irán. Si bien los vínculos entre Islamabad y Riad en aquel momento se deterioraron, han ido estrechándose desde entonces. Riad necesita a Islamabad por razones de seguridad, pues el Ejército pakistaní –uno de los más eficaces del mundo musulmán– es el que le ofrece más garantías a la Familia Real. Después de 2015, los pakistaníes multiplicaron los gestos de buena voluntad, como con la designación, en abril de 2017, del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Raheel Sharif, a la cabeza de la Alianza Militar Islámica contra el Terrorismo (IMCTC, por sus siglas en inglés) (1), susceptible de haber estado implicada en la guerra en Yemen, como lo recordó el ministro de Defensa saudí (2). O también el envío, en 2018, de mil soldados –además de los 670 ya presentes– a Arabia Saudí (3), oficialmente para desempeñar tareas de formación y de asesoramiento (4).

Por otra parte, Pakistán depende en términos económicos de los saudíes: debido a las remesas de dinero que los entre 2,7 y 3 millones de trabajadores pakistaníes en Arabia Saudí envían al país (más de 20.000 millones de dólares en 2018-2019), pero aún más por las donaciones y las inversiones otorgadas por Riad al “país de los puros” (5), crónicamente deficitario. La emergencia económica es tal que, un mes después de su llegada al poder el 18 de agosto de 2018, el primer ministro Imran Khan dedicó su primera visita oficial al extranjero a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Poco después, el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán anunció una donación de 3.000 millones de dólares y un aplazamiento de la factura petrolera por el mismo importe; los EAU, a su vez, también otorgaron una ayuda de 3.000 millones de dólares. Khan viajó de nuevo a Riad en octubre de 2018 (6). Unos meses más tarde, en febrero de 2019, Bin Salmán dedicaba su primera visita “hacia el este” a Pakistán. Allí prometió inversiones que ascenderían a 20.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones se destinarían a la construcción de una refinería gigante en Gwadar, el puerto de aguas profundas que los chinos están desarrollando en el mar Arábigo en el marco de las nuevas “rutas de la seda” (Belt and Road Initiative, BRI).

Durante esa visita, el príncipe heredero no olvidó la vertiente diplomática. Además de anunciar la liberación de 2.000 pakistaníes prisioneros (de un total de 3.000), maravilló a Islamabad denunciando los intentos de “politización” de la lista de personalidades acusadas de terrorismo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –una forma de deslegitimar los esfuerzos de la India para que se inscriba a Masood Azhar, líder de Jaish-e-Mohammed, un grupo terrorista con base en Pakistán que reivindicó el atentado de Pulwama, en Jammu y Cachemira, el pasado mes de febrero (más de cuarenta soldados indios muertos). Pese a todo, Masood Azhar ha sido incluido en esa lista el 1 de mayo de este año.

Otros dos factores coyunturales contribuyen a acercar a ambos países. Por una parte, los saudíes y los pakistaníes pretenden trabajar conjuntamente en una solución negociada en Afganistán, a fin de evitar que la India e Irán aprovechen la retirada estadounidense para reforzar sus vínculos con Kabul. Para ello, Bin Salmán parece contar con Khan y, en mayor medida, con el nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Qamar Javed Bajwa, con quien se reunió durante su visita. Por otra parte, Islamabad pretende utilizar el canal de comunicación saudí para limar asperezas con Washington.

De hecho, haya sacado provecho o no de la buena relación de Bin Salmán con la Casa Blanca, el encuentro entre Khan y Donald Trump, el pasado 22 de julio, fue un éxito. El segundo cuenta con el primero para obligar a los talibanes a negociar con Kabul y para facilitar, de este modo, la retirada estadounidense de Afganistán, a cambio de algunas concesiones: se propuso desempeñar el papel de mediador entre la India y Pakistán, principalmente en el conflicto de Cachemira –lo que sin lugar a dudas contribuyó a precipitar la decisión de Nueva Delhi de derogar el estatuto de autonomía del que gozaba Jammu y Cachemira– y prometió que Estados Unidos brindaría apoyo técnico para optimizar el uso de sus aviones F-16.

Mientras que la dependencia de Pakistán con respecto a Arabia Saudí crece, se observa un movimiento idéntico entre la India e Irán. En diciembre de 2018 ambos países rubricaron un acuerdo bilateral relativo al puerto iraní de Chabahar, codiciado por Nueva Delhi desde hace años, que está situado a algo más de setenta kilómetros al oeste del puerto pakistaní de Gwadar, financiado por los chinos. Los indios ven en Chabahar una puerta de entrada hacia Afganistán (incluso hacia Asia Central): una manera de bordear Pakistán a la vez que intensifica sus relaciones con Kabul. Justo después, el Gobierno iraní seleccionó una joint venture india compuesta por un socio privado (mayoritario), Jawaharlal Nehru Port Trust, y uno público, Deendayal Port Trust, para explotar el puerto. La Administración de Trump le concedió una derogación excepcional del embargo, pues consideraba que contribuiría al desarrollo de Afganistán.

Mientras Teherán se acerca a Nueva Delhi –hasta el punto de entablar negociaciones con vistas a un acuerdo comercial preferencial–, sus relaciones con Islamabad se degradan. Una de las manzanas de la discordia es la relacionada con el terrorismo transfronterizo: las autoridades iraníes le achacan la responsabilidad de un ataque que se saldó con la muerte de veintisiete Pasdarán (Guardianes de la Revolución) en el Baluchistán iraní (Sistán y Baluchistán) en febrero de 2019. Esta región, de mayoría suní, alberga un movimiento islamista hostil al régimen.

El ayatolá Alí Jamenei, arremetiendo con palabras bastante directas contra la Inter-Services Intelligence (ISI) pakistaní, denunció el papel de los “servicios de inteligencia de países regionales y transregionales” (7). El general de división Mohammad Ali Jafari, entonces jefe de los Pasdarán, fue más allá: “El Gobierno pakistaní, que protege a estas fuerzas antirrevolucionarias y estas amenazas para el islam, sabe dónde se encuentran. Cuentan con el apoyo de sus fuerzas de seguridad (…). [Si]no las castiga, tomaremos represalias contra estas fuerzas antirrevolucionarias…” (8). Irán incluso precisó que tres de los seis terroristas eran pakistaníes (9): una novedad, ya que, en general, achaca la responsabilidad de este tipo de ataques a iraníes.

Aunque se dibujan así dos ejes, uno que vincula a Pakistán con Arabia Saudí y otro entre la India e Irán, no son exclusivos. El reino wahabita, lejos de ver en Pakistán a su único aliado en Asia del Sur, refuerza sus vínculos con el enemigo histórico de Islamabad: la India. Este acercamiento se remonta a la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Riad en 2016, seguida de otra en 2018. Además, justo después de su visita oficial a Islamabad, en febrero de 2019, Bin Salmán pasó dos días en Nueva Delhi. No se limitó a reiterar su deseo de colaborar en la lucha contra el terrorismo, sino que, además, anunció una potenciación de las relaciones económicas. Junto con los EAU e Irak, Arabia Saudí figura ya entre los tres principales suministradores de petróleo de la India, pues las importaciones procedentes de Irán han disminuido un 40% a raíz de las sanciones estadounidenses. En dos años, el comercio indio-saudí ha duplicado su valor, pasando de 14.000 millones a 28.000 millones de dólares. El príncipe heredero ha prometido inversiones que ascenderán a 100.000 millones de dólares, y la petrolera saudí Aramco ha realizado una participación por valor de 15.000 millones de dólares en la refinería Reliance de Jamnagar.

En este contexto, ambos países decidieron crear un Consejo para una Alianza Estratégica dedicado principalmente a las cuestiones energéticas (10); asimismo, Arabia Saudí anunció que la India sería uno de sus socios estratégicos de aquí a 2030 (11). Señal de esta buena voluntad, el pasado 1 de marzo, Sushma Swaraj, por entonces ministra india de Asuntos Exteriores, habló ante la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en la que nunca antes se había admitido a la India por el veto pakistaní. Sin embargo, los miembros de la organización reiteraron delante de ella su apoyo a los cachemires, víctimas, a su parecer, de los métodos represivos de Nueva Delhi –pero no en la declaración final (lo que más le importaba a la India)–.

En segundo lugar, Irán y Pakistán han multiplicado los proyectos comunes. En 2017, el general Bajwa realizó un viaje oficial a Teherán durante el cual se trató sobre cooperación estratégica, principalmente en materia balística –una visita así no tenía lugar desde hacía dos décadas–. Al año siguiente, no solo se rebeló el ayatolá Jamenei contra la manera en la que la India trataba a los cachemires –hecho insólito–, sino que, además, el ministro de Asuntos Exteriores expresó el deseo de “conectar” a Irán en el corredor económico China-Pakistán, en particular uniendo Gwadar y Chabahar, e invitó a los chinos y a los pakistaníes a invertir ahí. No obstante, aunque los iraníes han comenzado a construir el gasoducto que deberá llegar hasta Pakistán, todos estos proyectos no verán la luz del día a corto plazo: Teherán no quiere alejarse de Nueva Delhi y, sobre todo, Islamabad se ha vuelto demasiado dependiente de Riad.

Ahora bien, para numerosos pakistaníes, la civilización islámica de la que se sienten herederos no es la de Arabia Saudí, sino la de la cultura persa; comparten su lengua, su música, su pintura y algunos aspectos del sufismo. Los (ex)diplomáticos y dirigentes de think tanks con los que nos encontramos el pasado mes de enero en Islamabad y Lahore se reconocen en esta identidad. Temen tener que darle la espalda, bajo la presión de Riad y de sus influyentes intermediarios en la escena política, ya se trate de madrasas salafistas o de grupos islamistas como Lashkar-e-Taiba y la red Haqqani, que mantienen, desde la yihad antisoviética efectuada junto a Ben Laden, una estrecha relación con los saudíes, tanto en términos económicos como ideológicos (12). De ahí que muchos miembros de la elite lamenten ver cómo el islam pakistaní se encuentra en vías de “wahabización” debido a las influencias saudíes, incluso si oficialmente todos buscan minimizar su impacto.

El profesor Rifaat Hussain, especialista en relaciones regionales, reconocía el pasado enero que el “inmenso desafío” para Pakistán era reducir su dependencia de Arabia Saudí y, al mismo tiempo, consideraba que a Irán –y sus novecientos kilómetros de frontera con Pakistán– le interesaba en gran medida cooperar y que su acercamiento con la India era “más táctico que estratégico”. Otros responsables pakistaníes afirmaban que Teherán “necesitaría más a Pakistán debido a las sanciones estadounidenses”, puesto que la India no puede responder a causa de sus buenas relaciones con Washington.

En este contexto, son muchos los que, en Pakistán, sueñan con un equilibrio entre Teherán y Riad –equidistante de alguna manera–. Por lo demás, Islamabad ha intentado en varias ocasiones asumir el papel de mediador entre los dos candidatos al liderazgo del mundo musulmán. En 2015 lo intentó Nawaz Sharif, entonces primer ministro; su sucesor, Khan, siguió sus pasos en 2018, también sin éxito.

El hecho de que Arabia Saudí se permita intensificar sus relaciones con la India, un socio económico de peso, justo cuando también invierte más en Pakistán sugiere que Riad apenas teme ya los eventuales reproches de este último. Bin Salmán probablemente piense que Islamabad no puede decirle que no tan fácilmente como en 2015 por motivos económicos. Ahora bien, posiblemente solo sea verdad en parte, pues Pakistán puede jugar la carta iraní para contrarrestar y exigir a su socio saudí que respete sus intereses. Prueba de ello fue la visita de Khan a Irán, en abril de 2019, que le permitió acudir a Mashad, un símbolo importante para Teherán y los chiíes de Pakistán. Además, creó una fuerza conjunta de intervención rápida en la frontera irano-pakistaní para luchar contra el terrorismo, con el objetivo de que este último deje de envenenar las relaciones bilaterales.

El dictador Muhammad Ayub Khan, presidente de Pakistán de 1958 a 1969, decía, pensando en China, la Unión Soviética y Estados Unidos, que había que poner a “un león contra el otro”. Su país podría aplicar tal estrategia hoy en día en el juego de las cuatro esquinas regional en el que participan Arabia Saudí, Irán, la India y el “país de los puros”.




(1) Además de Arabia Saudí y Pakistán, esta alianza incluye, entre otros países, a Egipto, Qatar, Marruecos, Kuwait, Turquía, Bangladesh…

(2) Cf. Shaul Shay, “Saudi Arabia and Pakistan - strategic alliance” (PDF), Herzliya Conference Papers, abril de 2018.

(3) “As many as 1.671 Pakistani soldiers deployed in Saudi Arabia, NA told”, Pakistan Today, Islamabad, 13 de marzo de 2018.

(4) Dania Akkad, “Pourquoi le Pakistan s'apprête-t-il à envoyer un millier de soldats en Arabie saoudite?”, Middle East Eye, 21 de febrero de 2018.

(5) Significado de “Pakistán” en urdu.

(6) Asif Shahzad, “Imran Khan leaves for Saudi conference saying Pakistan ‘desperate' for loans”, Reuters, 22 de octubre de 2018.

(7) “Thousands attend funeral of Iranian guards killed in blast”, Dawn, Karachi, 17 de febrero de 2019.

(8) “Iran general claims Pakistan backs Jaish al-Adl”, Newsweek Pakistan, 16 de febrero de 2019.

(9) Rick Gladstone, “Iran says suicide bomber who hit revolutionary guards was Pakistani”, The New York Times, 19 de febrero de 2019.

India-Saudi Arabia joint statement during the state visit of His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia to India”, Ministerio de Asuntos Exteriores, Nueva Delhi, 20 de febrero de 2019.

Crown Prince's visit to India: focus on strategic alliance”, Saudi Gazette, Islamabad, 19 de febrero de 2019.

Cf. “‘South Asian Muslims' interactions with Arabian Islam until the 1990s. Pan-Islamism before and after Pakistan”, en Christophe Jaffrelot y Laurence Louër (bajo la dir. de), Pan-Islamic Connections. Transnational Networks between South Asia and the Gulf, Oxford University Press, Nueva York, 2018.
https://mondiplo.com/alianzas-insolitas-en-torno-al-mar-de-oman

 

Evo Morales, las políticas sociales y el consumismo




El presidente boliviano Evo Morales, que llegó al poder en 2006, aspirará a un cuarto mandato en octubre. Las políticas de redistribución que ha implementado han posibilitado el surgimiento de una clase media diversa y, a veces, muy próspera, como los “cholos”, los indígenas urbanizados. Estos sectores de la población, menos militantes que antaño, no comparten necesariamente los valores de los dirigentes a los que les deben su ascenso.



Detrás de la barra de su cocina estilo americano, Juan Pablo Reyes Aguilar y Diego Lionel Rodas Zurita preparan el menú del día de su restaurante: lawa de chuño, una sopa de patatas deshidratadas, y charque frito, carne de llama seca y salada. Dos platos inspirados en la cocina tradicional del altiplano andino, a base de ingredientes que ya utilizaban los incas. Con grandes cantidades de quinoa y finas hierbas, ambos cocineros se proponen “revivir” estos sabores ancestrales haciendo de cada plato “una puesta en escena”.

Ubicado en la calle Murillo, una concurrida arteria que conduce a los mercados de La Paz (Bolivia), el restaurante Popular ocupa la primera planta de una casa con un patio interior que en otro tiempo albergaba viviendas modestas. Allí se encuentran actualmente un tostador de cafés bolivianos y una tienda de artesanías textiles. Desde su inauguración, en 2018, el restaurante tiene un éxito fulgurante gracias a su cocina “fusión”, ofrecida en un único menú del día (incluyendo su variante vegetariana) servido por un personal con camiseta negra y fular de aguayo, una tela tradicional andina. Cada día, la gente se amontona frente a las puertas del establecimiento, donde, a menos que se haya reservado con mucha antelación, solo unos pocos afortunados podrán entrar. Con un menú de 65 bolivianos (alrededor de 10 euros, mientras que el salario mensual medio equivale a 450 euros), la clientela resulta menos popular de lo que sugiere el nombre del restaurante: ejecutivos encorbatados, jóvenes abogados, empleados de oficinas públicas próximas, así como turistas, que llegan aquí atraídos por las recomendaciones leídas en Internet.

El Popular encarna un fenómeno que se observa desde hace una quincena de años en toda la región, incluso en Bolivia, el país más pobre de América del Sur: el surgimiento de una nueva clase media, que hace tambalear las perspectivas electorales. Aunque sea producto de las políticas de redistribución social de dirigentes progresistas, esta cautiva a los comentaristas conservadores: “Después de un tiempo, la clase media emergente tiende a preferir la economía de mercado a las políticas estatales y proteccionistas”, decía entusiasmado en 2010 el responsable de la sección “América Latina” del semanario The Economist (1).

El incremento del nivel de vida suele estar acompañado por un deseo de no modificar más el orden de las cosas, una “pulsión social de conservadurismo”, resume casi diez años más tarde Raúl García Linera, asesor de la vicepresidencia, cuyo titular es su hermano Álvaro. Este admite que: “Si el proceso revolucionario no logra dar respuesta a ello, corre el riesgo de ir a su ruina”. ¿Está la izquierda condenada a ser expulsada del poder por las poblaciones a las cuales sus políticas han beneficiado, es decir, a engendrar a sus sepultureros? La pregunta se vuelve más candente en Bolivia cuando su presidente, Evo Morales, en el cargo desde 2006, aspira a un cuarto mandato en octubre.

“Lo más importante es producir –insiste el ministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora, cuando le preguntamos sobre los potenciales efectos indeseables de sus políticas económicas–. La palabra ‘productivo' es tan importante que hemos incorporado en la nueva ley educativa la idea de que la educación debe ser productiva; queremos poner esa idea en la cabeza de los niños desde pequeños”. Según Arce Catacora y Álvaro García Linera, toda redistribución debe estar precedida de una fase de producción, la cual requiere, por un lado, un nivel mínimo de paz social y, por el otro, un mercado interno dinámico.

En lo que respecta a la paz social, las cosas no estaban resueltas. Dos años después de ser elegido presidente, Morales sufría un intento de golpe de Estado fomentado por la oligarquía terrateniente de la región de Santa Cruz (2). El Gobierno debía pues tratar con una oposición poco preocupada por los principios democráticos, y encontrar el modo de alcanzar sus objetivos sin ofender en exceso. Un ejemplo: en lugar de oponerse directamente al poderoso sector de la agroindustria para ayudar a los pequeños productores, la Administración creó en 2007 la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Este organismo compra a los pequeños agricultores su producción de arroz, trigo, soja o maíz a precios superiores a los del mercado cuando estos son demasiado bajos. La agroindustria se ve entonces obligada a igualar sus precios con los de EMAPA, incluso a mejorar su oferta. “El mercado no es más que pura especulación –resume Jorge Guillén, responsable de EMAPA en la región de Santa Cruz–. La función de EMAPA consiste en regularlo, incluso adquiriendo sólo el 15% de la producción total”. “El papel de EMAPA es ayudar a impedir que la agroindustria fije por sí sola los precios –añade el vicepresidente Álvaro García Linera–. En síntesis, a fortalecer la posición de los pequeños productores. La intervención del Estado equilibra una lucha desigual entre dos sectores muy desiguales económicamente”.

Una lógica “win-win” (o de beneficio mutuo) que se observa en las medidas tomadas para estimular el mercado interno. En las calles de los centros urbanos, llaman la atención de los paseantes unos pequeños carteles que dicen “Esfuerzo por Bolivia”. Señalan los comercios que participan en un programa iniciado en 2018 (y basado en una ley de 2013) para favorecer la producción local: cuando el crecimiento del producto interior bruto (PIB) supera el 4,5%, los empresarios deben pagar un “doble aguinaldo” (una segunda paga extra) a aquellos trabajadores cuyo ingreso es inferior a un umbral fijado por la ley (15.000 bolivianos por mes en 2018, aproximadamente 2.000 euros, es decir, más de siete veces el salario mínimo). Por primera vez este año, los empleados públicos perciben el 15% de la suma a través de una aplicación móvil que limita su utilización a productos fabricados en Bolivia y al pago de artesanos locales previamente registrados.

Si bien la medida había provocado inicialmente el rechazo de los pequeños comerciantes, que debían pagar un mes más de salario a sus empleados, actualmente lo hacen convencidos: “Vendedores de zapatos, ponchos, helados... Todo el mundo se ha registrado –nos explica una clienta de un puesto de la calle Max Paredes, una de las principales arterias comerciales de La Paz–. La aplicación está bien hecha: puedes ingresar el producto que buscas y Google Maps te indica los sitios donde puedes encontrarlo. Luego, le das un código al vendedor para pagar con su aplicación. La operación tiene tanto éxito que los pequeños comerciantes cuentan que nunca habían ganado tanto”.

“Redistribuir forma parte de la justicia social, pero también sirve de combustible para la dinámica interna”, justifica el vicepresidente García Linera. Redistribución, consumo, producción, crecimiento: en el plano económico, el esquema boliviano se parece a un círculo virtuoso. Pero estimular el consumo conduce a veces a alentar el consumismo, con consecuencias políticas menos favorables.

Desde su apertura, en 2010, el centro comercial Megacenter –ubicado en el barrio residencial y acomodado de Irpavi– ascendió rápidamente a la categoría de destino obligado de final del día y fines de semana, con sus dieciocho salas de cine (algunas en 3D, que proyectan las últimas grandes producciones hollywoodenses), sus numerosas franquicias internacionales como Burger King o Hard Rock Café, su pub irlandés, sus tiendas, su bolera, su gimnasio, sus salas VIP, su campo de paintball, su pista de patinaje y... sus tres plantas de aparcamiento. Otros florecen en las grandes ciudades del país, sugiriendo que la cultura de los malls al estilo estadounidense –que hasta hace algunos años aquí nadie conocía– se ha instalado actualmente en Bolivia.

Pero los cambios no se llevaron a cabo sin roces. En 2014, con la inauguración de una línea de teleférico que conecta el suburbio popular de El Alto con Irpavi, se facilitó la llegada de familias de barrios populares, reconocibles por las polleras que llevan tradicionalmente las mujeres indígenas. Poco acostumbradas a la etiqueta propia de este tipo de entorno, se sentaban en el suelo para compartir una gaseosa o golosinas, o bien disfrutaban de los jardines de los alrededores y se tumbaban sobre la hierba. Su presencia provocó a su vez la llegada de vendedores ambulantes de comida barata... “Estos indios contaminan el Megacenter –clamaban enojados algunos vecinos y clientes a través de las redes sociales–. Desde que vienen, hay basura por todos lados”. Otros intentaron una torpe defensa: “Es cultural. Se sientan en el suelo para estar en contacto con la Madre Tierra” (3). La instalación de carteles “Prohibido hacer picnics” permitió que el templo del consumo volviera a ser un lugar “agradable”, donde cada uno puede actualmente ver una película estadounidense comiendo palomitas, hacer sus fotos de boda o aprovechar las “súper ofertas” y los “precios locos”, como durante el Black Friday, ese acontecimiento de noviembre venido directamente de Estados Unidos que marca el comienzo de las compras de fin de año.

“Las personas que frecuentan estos lugares difícilmente volverán a ser comunistas”, suspira Manuel Canelas, ministro de Comunicación, encargado de trabajar por la reconquista de la clase media antes de las elecciones de octubre. A sus ojos, el discurso del poder cometió el pecado de elevar el consumo al rango de virtud en sí misma, con el riesgo de borrar la dimensión política de su proyecto. “Estos últimos años se ha observado una explosión de los gimnasios privados en Bolivia, particularmente en La Paz. Lo que dice mucho sobre la transformación de la sociedad: con mejores condiciones de vida, uno dispone de más tiempo para preocuparse por su cuerpo, su apariencia”.

Canelas esboza, al dialogar con nosotros, el recorrido típico de un “joven boliviano de 25 años”. No habiendo crecido en el barrio periférico popular del que provienen sus padres, se “socializó en otros espacios”, construyéndose una identidad “en lugares donde los códigos son un poco menos colectivos”. No más egoísta que su padre o su madre, este joven será sin embargo menos proclive “a militar toda su vida en un sindicato”: “Su relación con el interés general será diferente”. Al igual que sus preferencias políticas. ¿La solución? “Debemos mejorar la oferta de servicios públicos y su calidad”, nos dice Canelas, para que “no se asocie más el bienestar y la calidad de vida con lo individual y lo privado. Es el único modo de desarrollar una forma de conciencia política compatible con las ideas de nuestra revolución en el seno de esta población”. En esta perspectiva, Canelas recomienda construir “parques, espacios públicos donde puedan hacer deporte, ir en familia, hablar con sus vecinos, interactuar y vivir en comunidad. Se adquiere otra idea de la ciudadanía cuando se puede acceder a este tipo de lugares, en vez de cultivar su apariencia en un centro privado”.

Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raquel Lara identifica otra dificultad: “Mi hija, que tiene 24 años, desconoce las conquistas del pasado, de la ‘guerra del gas', por ejemplo (4). La juventud actual está despolitizada; no ha sido informada, ni formada. Ya no hay dictadura contra la cual luchar, la lucha política interesa menos”. El argumento no convence a Jazmín Valdivieso, que forma parte de esa juventud de menores de 30 años: “Hay que vender otra cosa a los jóvenes. El discurso según el cual ‘las cosas están mejor que en la época de la dictadura' no les basta”. En su opinión, no están desmotivados, sino comprometidos con otras cosas. Las luchas actuales son “las de la juventud urbana, proveniente de la clase media”. Según Valdivieso, esto se explica por la evolución demográfica: “Hay muchos menos jóvenes en las zonas rurales. Se quedan allí hasta los 14 o 15 años, luego se mudan para ir a estudiar o trabajar, y entonces se convierten en urbanitas”. ¿Cuáles son las luchas que los movilizan? “Las luchas por los derechos de los animales, las mujeres, las personas LGTB [lesbianas, gays, trans y bisexuales], etc., que son impulsadas fuera de los partidos, por jóvenes que no son militantes sino activistas. Para muchos de ellos, la política está manchada por la corrupción; un sentimiento que se extiende en el seno de la clase media”.

Pero ¿puede hablarse realmente de “una” clase media, sobre todo en Bolivia? En esta categoría se encuentran los sectores cultos de los barrios acomodados, como San Miguel y Sopocachi en La Paz, los empleados de un sector público fortalecido por las nuevas empresas estatales y aquellos jóvenes cuyas expectativas de futuro crecieron con la generalización del acceso a la educación sin que el mercado de trabajo haya sido capaz de generar aún una demanda considerable de empleos cualificados. Se encuentran también los comerciantes, artesanos y microemprendedores provenientes de las clases populares y de tez a menudo más oscura, cuyas condiciones de existencia y nivel de vida mejoraron sensiblemente: aquí se les conoce como “cholos”, poblaciones indígenas urbanizadas, menos aferradas a los valores tradicionales aún preponderantes en las zonas rurales que a formas de actividad económica y comercial a menudo poco cualificadas (5). Ahora bien, nada indica que la estrategia de Canelas (y de todos aquellos que pretenden reforzar la conciencia política de una clase cuya tendencia consumista habría sido demasiado elogiada por el Gobierno) esté dando los frutos esperados en lo que respecta a los cholos.

Estos últimos apoyaron inicialmente a Morales. Primero, por identificación étnica: “Las cosas cambiaron aquí, vivimos una revolución. Con la elección de nuestro presidente Evo Morales, nuestra cultura está actualmente en un primer plano”, declaraba en 2014 un residente de El Alto a un periodista de Financial Times (6). Su entusiasmo fue también alimentado por el voluntarismo del Estado, que benefició en gran medida a una población que controla actualmente la mayor parte del comercio de distribución a nivel nacional y se convirtió en un actor económico central. En efecto, la “revolución” que mencionaba el hombre entrevistado por Financial Times traía consigo un segundo componente: “Ahora puedo decir: ‘Tengo dinero, hago lo que quiero'”. Como construirse un cholet, término surgido de la combinación de cholo y chalet, en referencia a las casas suizas, que simbolizarían el éxito. En las calles de El Alto, es imposible no ver esos extraños edificios. Para la franja más rica de los cholos, exhibir su éxito económico implica tener un cholet mucho más extravagante que el del vecino: de cinco, seis, a veces siete pisos; paredes pintadas con colores brillantes; una arquitectura donde lo kitsch compite con lo ostentoso; inmensos ventanales; una superficie que supera a veces los quinientos metros cuadrados...

Pero en la actualidad se ha consumado la ruptura entre los cholos y el Gobierno, según nos explica Nico Tassi, antropólogo especialista en economía popular: “El primer conflicto con el Gobierno se produjo en el momento en que el poder emprendió la lucha contra la economía informal” –que representa el 60% del PIB y concierne al 70% de la población activa (7)–, en los años 2010. Cuando el Estado reforzó los controles, los cholos lo interpretaron “como una forma de desconfianza hacia ellos”. Más allá de la típica resistencia a los impuestos, aparece entonces un fenómeno inesperado: la mejora de los servicios públicos no representa una prioridad para una población que, habiéndolos descubierto con la llegada al poder de Morales, se siente satisfecha con su nivel de funcionamiento actual.

Entre los cholos, la prioridad sigue siendo la comunidad local, que resulta tanto más importante cuanto que vive un éxito colectivo asociado a una identidad cultural fuerte. Para Tassi, las poblaciones cholas constituyen originalmente sectores populares que no dependen de “entidades civilizadoras externas, como el Estado, el capital, la escuela, las ONG”. Con su discurso sobre el respeto a las diferencias identitarias, la “revolución plurinacional” de Morales les invita a “afirmarse de manera autónoma, reforzar sus propias instituciones y su cultura, ayer denigrada”. En este caso concreto, el acceso a la clase media no se ve acompañado de una ruptura con el modo de vida anterior, sino de su fortalecimiento. Se observa su riqueza no a través de los modos de consumo y de vida europeos, sino a la moda chola.

De esta manera, por ejemplo, los prestes, esas fiestas particularmente onerosas que organiza la nueva burguesía chola de origen aimara, desempeñan un papel determinante en el seno de ese sector de la población. Las ropas y joyas que lucen durante estas celebraciones (tan costosas que a veces se contrata un servicio de seguridad) expresan un éxito económico y un estatus social que el resto del tiempo no suele mostrarse. Este nuevo orgullo de “indios con plata” suscita además un resurgimiento de odio racial por parte de la antigua elite y la clase media blanca afectadas en sus privilegios.

Arraigo y funcionamiento comunitarios no significan aquí cerrarse al mundo, sino todo lo contrario. Don Paulino Santos, un agricultor de unos sesenta años, con el rostro arrugado y la sonrisa desdentada, nos declara con orgullo que gana “mucho dinero”. Además del campo del cual se ocupa, administra, junto a su hija, un taller textil y está a punto de viajar a China para encontrar allí nuevos mercados. Los lazos de los comerciantes cholos con China han alcanzado un nivel tal que, cuando Morales designó a su primer embajador en el país asiático, este se dirigió naturalmente a la comunidad chola para recabar información. Cuando se trata de entablar negociaciones con multinacionales, los comerciantes de La Paz también prescinden del Estado. Como en sus negociaciones con el gigante Samsung, al que lograron imponerle la distribución de productos únicamente en negocios independientes. Si bien la empresa surcoreana posee una tienda oficial en la calle Eloy Salmón, esta hace exclusivamente las funciones de showroom y no puede vender allí sus productos.

Cuando nos explica cómo ve el futuro del proceso político en el cual trabaja desde 2006, Álvaro García Linera afirma que “Bolivia tiene la suerte de tener esta clase media indígena chola, con su funcionamiento comunitario y asociativo muy específico”. Esta permite “pensar la continuidad del proceso de transformación social iniciado con la llegada al poder de Evo Morales, aun cuando esta clase sea más consumista e individualista de lo que eran antes los sectores de la población de la cual surgió”. Para el vicepresidente, la clase media emergente chola constituiría la columna vertebral de la economía del país, como consecuencia de su control del mercado interno: mezclando eficacia y ética comunitaria, ofrecería “nuevas herramientas de reflexión para pensar y prolongar el proceso de cambio”.

Si resultan reelegidos, Morales y su equipo deberán sin embargo dar muestras de habilidad táctica y flexibilidad estratégica para vincular el futuro de su “revolución democrática y cultural” a un grupo social que, según todo indica, por el momento, se construye al margen de este proceso.




(1) “Democracy, Latino-style”, The Economist, Londres, 11 de septiembre de 2010.

(2) Véase Hernando Calvo Ospina, “Desestabilización en Bolivia”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2010.

(3) Véase “En busca de la Pachamama”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2018.

(4) Importante conflicto social que, en octubre de 2003, condujo a la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contribuyó al prestigio del actual presidente Evo Morales.

(5) La porosidad de las fronteras entre economía rural y economía urbana condujo a extender el término al conjunto de poblaciones mestizas que, sin adoptar el estilo de vida y las actividades de las burguesías blancas provenientes de la colonización, se inscriben en el desarrollo de una economía local caracterizada por la informalidad y las redes de proximidad.

(6) Andres Schipani, “Bolivia's indigenous people flaunt their new-found wealth”, Financial Times, Londres, 4 de diciembre de 2014.

(7) “Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico”, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 2016; Leandro Medina y Friedrich Schneider, “Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years?”, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, DC, 2018.
https://mondiplo.com/evo-morales-las-politicas-sociales-y-el

 

En Sudán manda el “Estado profundo”


Por primera vez desde hace décadas, los militares sudaneses deben compartir el poder con los civiles que predominan en el Consejo Soberano, establecido el 21 de agosto. Una transición de 39 meses debe conducir a una Constitución democrática.



El pasado 4 de junio, hombres armados, que supuestamente actuaban en nombre del Estado, dispersaron a los civiles reunidos desde hacía cerca de dos meses delante de la sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) en Jartum. La represión, que ha provocado la muerte de entre 130 y 150 manifestantes, impacta por su magnitud en un África árabe en ebullición.

Desde junio de 1989, Sudán, país bisagra entre África y Oriente Próximo, se encontraba en manos de un grupo islamista que llegó al poder mediante un golpe de Estado militar. Aunque el país sufría entonces las consecuencias de la Guerra Fría, los sudaneses ya se enfrentaban por razones culturales profundas. El Gobierno islamista, liderado por Omar al Bashir, buscó durante años promover un programa fundamentalista revolucionario global que se suponía que pondría fin a la “guerra religiosa” entre el Norte (mayoritariamente musulmán) y el Sur (mayoritariamente cristiano). La voluntad de autonomía del Sur había provocado un largo enfrentamiento militar desde la independencia, en 1956.

El estrepitoso fracaso de esta estrategia obligó a Al Bashir a aceptar la secesión del Sur (600.000 kilómetros cuadrados) en 2011. Sudán del Sur se convirtió en el 193º miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Jartum ya no podía contar con su estrecha alianza con China, pues esta se basaba en la producción petrolera, en adelante en manos del nuevo Gobierno de Juba. Los militares cometieron el error de descuidar el sector agrícola, que sufrió un gran deterioro. Al mismo tiempo, intentaron imponer una visión racializada y rigorista de un islam hasta entonces practicado con tolerancia por la población. Supuso un nuevo fracaso: la exacerbación de un arabismo artificial en la región periférica de Darfur provocó una guerra civil que aún continúa. A esta espiral de errores, los dirigentes de Jartum añadieron el brutal trato otorgado a los combatientes negros musulmanes que habían luchado junto a los sureños derrotados y que tuvieron que volver al Norte al finalizar la guerra. Estos combatientes se sublevaron, mostrando de paso la dimensión racial y social de los conflictos intersudaneses.

Nada que ofrecer


Así, en 2019, tras veinticinco años de dictadura, el régimen islamista ya no tenía nada más que ofrecer, solo el espectáculo de sus reiterados fracasos y de su creciente corrupción. La debacle económica fue la gota que colmó el vaso: provocó un duelo directo entre la junta y la población. Tras las revueltas de 2013, reprimidas con violencia, los partidarios de una liberalización del régimen, que habían vuelto a organizarse en la clandestinidad, reaparecieron abiertamente en 2019 con la Declaración de la Libertad y el Cambio (DLC), impulsada por la Alianza para la Libertad y el Cambio (ALC).

No obstante, este movimiento democrático adolece de tres puntos débiles: es muy urbano, incluso fuera de la capital; agrupa sobre todo a los Walad al Balad, los árabes de las provincias centrales; y –a excepción de la Asociación de Profesionales Sudaneses (APS)– se encuentra atravesado por profundas divisiones. Enfrente, el Consejo Militar de Transición (CMT) ejerce el poder de facto tras haber derrocado a Al Bashir el 10 de abril. De ahí la ambigüedad de la situación: ¿se ha asistido a un golpe de Estado militar o a una revolución democrática? Sin lugar a dudas, la caída del dictador no provocó en absoluto la de la dictadura, y el CMT ha asumido el poder sin ningún mandato emanado del enorme proceso de protesta popular iniciado con las manifestaciones del 19 de diciembre de 2018.

Al contrario que los anteriores levantamientos (1964 y 1985), este movimiento, de inmediato bautizado como sentada, comenzó fuera de la capital y rápidamente adquirió una dimensión nacional. Los manifestantes y sus organizaciones convergieron hacia Jartum, llevando a las calles a más de medio millón de personas durante semanas. La reagrupación, una especie de campamento festivo, también funcionaba como un mitin político permanente en el que toda la gente daba muestras de solidaridad. Todo el mundo se ocupaba de los niños –había muchos–; las mujeres, que hacían oír sus voces, se encontraban omnipresentes; y los provincianos descubrían la capital. Los eslóganes marcaban el tono de un movimiento completamente pacífico: “silmiya” (“no violencia”), “hurriya” (“libertad”), “thawra” (“revolución”), “didd al haramiyya” (“abajo los ladrones”), “madaniya” (“el poder, para los civiles”). Durante todo el Ramadán, en este país musulmán gobernado por islamistas desde hace treinta años, los manifestantes ayunaban o no según su libre elección… con casi 50 ºC a la sombra. Los comerciantes, incluidos los cristianos, abastecían a la multitud con bienes de primera necesidad y se organizaban turnos para limpiar los residuos. Los pequeños jugaban entre las piernas y los fusiles de los soldados que confraternizaban con la muchedumbre.

Con todo, lejos de las cámaras y las miradas, se agredía y mataba a insurgentes. En treinta años de poder, un grupo de islamistas, cada vez más limitado pero poderoso, había construido una especie de Estado paralelo. Aquellos que disparaban a los manifestantes no eran los hombres del Ejército regular, que intentaban protegerlos lo mejor que podían. Se trataba de mercenarios procedentes de Darfur –las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés)– o de batallones del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS, por sus siglas en inglés) dirigido por Salah Gosh. Aquí se puede hablar de “Estado profundo”, en referencia al concepto forjado en Turquía en los años 1990. El levantamiento de Darfur, en 2003, acabó con la imagen de cualquier homogeneidad bajo la bandera de un islam radical y dejó al descubierto la realidad de un régimen mafioso reconvertido hacia el comercio ilegal de petróleo (1999-2011). La secesión del Sur le retiró a este poder lo que le quedaba de aura nacionalista. La bancarrota económica, en 2018, le hizo perder sus últimos oropeles de legitimidad. En cambio, los arcanos del Estado sudanés tradicional fueron reemplazados por redes de poderes en manos de unos pocos islamistas.

Una de las paradojas de la gran kermés revolucionaria de comienzos de 2019 reside en su profundo conservadurismo. La nostalgia por el entusiasmo liberador de la independencia impregnaba las mentes. Se agitaban las banderas de entonces; se entonaban los cánticos de aquella época. “Nos equivocamos desde el principio –exclamaba un manifestante en mayo–. Además, no somos árabes, sino más bien africanos islamizados; se debería cambiar de lengua… pasar al inglés”. Durante el periodo del 6 de abril (inicio de la ocupación de la plaza delante de la sede de las FAS) al 3 de junio (masacres), “se tenía la impresión de que Sudán estaba de vuelta”, nos confiaba un diplomático francés de misión en Jartum. De ahí el brutal shock de la represión llevada a cabo por los agentes del “Estado profundo”.

En el extranjero, pocos observadores comprendieron esta revolución nostálgica. Los paralelismos con las “primaveras árabes” mostraron rápidamente sus limitaciones. Ciertamente, el movimiento manifestaba el mismo tipo de hostilidad hacia la dictadura y de aspiración a la democracia. Por el contrario, no alimentaba ninguna ilusión con respecto al islam político, cuya evocación, tras treinta años de abusos y de corrupción de un régimen que se identificaba con él, incluso podía suscitar una violencia latente entre los manifestantes.

Riad entra en escena


La revolución debía enfrentarse igualmente al “problema colonial interior”. Organizador de esta sangrienta represión, el general Mohamed Hamdane Daglo, conocido como “Hemetti”, es oriundo de la provincia de Darfur. Durante años, aquel que hoy se erige en liberador sirvió como combatiente supplétif (1) a los árabes del régimen de Jartum frente a las amenazas étnicamente alógenas de las provincias, en el Sur primero –hasta la secesión– y, más tarde, en Darfur. Reunió bajo la égida de las RSF a numerosos excombatientes de las guerras sahelianas: chadianos (su primo es jefe del Estado Mayor del Ejército chadiano), nigerinos, centroafricanos e incluso desertores de Boko Haram. En las calles de Jartum se percibe un aroma a ocupación extranjera.

Esto explica el apoyo de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos a la represión “colonial”: para ambos países, se trata de restaurar un régimen islámico, sin Hermanos Musulmanes ni base popular, respaldado en un “Estado profundo” pobre, es decir, que dependa de los apoyos exteriores, entre ellos el de su aliado estadounidense. Para Riad y Abu Dabi, que comparten la misma visión sobre los cambios políticos y sociales de las “primaveras” de 2011, es la configuración soñada: reforzar una islamización autoritaria institucional a la vez que se bloquean las revoluciones radicales incontroladas; garantizar una dominación árabe en el mundo musulmán (lo que lleva a marginar a Turquía e Irán); por último, monopolizar los canales de las finanzas islámicas, lo que implica alejar a Qatar. Controlada de esta manera, la revolución sudanesa, respaldada por el presidente Abdel Fatah Al Sisi, también se inscribe en la continuidad del imperialismo egipcio en el valle del Nilo. Representa la esperanza de una victoria absoluta para el bando conservador islamista, que lucha por imponer su hegemonía desde 2011. “Hemetti” ya ha enviado tropas a Libia y a Yemen por cuenta de los saudíes.

A este complejo entramado, la “comunidad internacional”, ante todo preocupada por preservar la “estabilidad” de Sudán, ha intentado aplicar una cataplasma de legitimidad apoyando un primer acuerdo entre el CMT y los opositores de la ALC, el 5 de julio, y un segundo el 3 de agosto, bajo los auspicios del mediador de la Unión Africana, Mohamed El Hacen Lebatt. Se supone que este acuerdo iniciará un proceso institucional de veintiún meses que llevará a una nueva Constitución y a un régimen civil. Prevé el establecimiento de un Consejo soberano compuesto por cinco militares y seis civiles. Estos últimos deberán nombrar al primer ministro. Por último, el Parlamento tendrá que configurarse en los noventa días posteriores a la firma del acuerdo. Sin embargo, las garantías parecen débiles, incluso inexistentes. ¿Quién va a controlar a los militares y a los servicios de inteligencia? Tres regiones (Darfur, Nilo Azul y Kordofán) siguen siendo presa de conflictos armados.

Tibor Nagy, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Africanos, afirma que la explicación a esta condescendencia internacional se encuentra en el temor a ver cómo Sudán se hunde de nuevo en el caos, igual que Somalia o Libia. Ahora bien, aunque estén cerca de Sudán geográficamente, estos dos países tienen poco en común con un país en el que existe una tradición democrática bien arraigada. Asimismo, la cuestión del radicalismo islamista se encarna sobre todo en lo que queda de la dictadura y no en el movimiento revolucionario. “Nuestro objetivo –continúa explicando Nagy, cuyo conocimiento del contexto local parece, decididamente, de lo más somero– era conseguir una transición aceptable para el pueblo sudanés, pero no nos corresponde a nosotros ponernos después a hacer las salchichas” (2).

Dejemos a un lago la incongruencia de la imagen charcutera y volvamos a la debilidad estructural del acuerdo de transición: el “Estado profundo” sudanés conserva el control gracias a sus poderosos protectores saudíes y emiratíes. En efecto, los opositores sudaneses han ganado la confrontación con la dictadura militar-islamista. No obstante, frente a las recomposiciones geopolíticas en el mundo árabe, semejante victoria moral ejercerá poco peso cuando haya que “hacer las salchichas”. Unos detrás de otros, los actores más significativos de la protesta –movimientos armados de Kordofán, APS– se niegan a participar en el futuro Gobierno nacional, que se revela cada vez más como un asunto de saudíes y emiratíes. Aunque Sudán ha salido de la dictadura, aún no ha encontrado el camino de una nueva estabilidad, que el atrevimiento estadounidense vuelve cada vez más improbable.




(1) N. de la T.: En francés se denomina así a los efectivos militares nativos alistados temporalmente.

(2) Adrienne Klasa, “US backs Sudan transition deal for fear of state collapse”, Financial Times, Londres, 11 de julio de 2019.
https://mondiplo.com/en-sudan-manda-el-estado-profundo

 

Gaza: un pueblo aprisionado




Mientras que los israelíes están llamados a elegir un nuevo Parlamento el 17 de septiembre, la Franja de Gaza continúa hundiéndose. Desde hace trece años, Tel Aviv somete al territorio palestino dirigido por Hamás a un bloqueo militar devastador. ¿Cuánto tiempo podrá resistir la población?



Es una mañana de junio, hace un tiempo radiante en esta playa en la que se alinean las coloridas barcas pesqueras. El resplandor del sol, el azul del cielo y el oleaje del mar confieren al panorama una apariencia de postal. Pero la ilusión de este encantador decorado no dura mucho tiempo: aquí, el Mediterráneo está contaminado; el horizonte, obturado por las fragatas de guerra; los cielos, surcados por los cazas y los drones. Nos encontramos en la Franja de Gaza, un territorio superpoblado (2 millones de habitantes en 365 kilómetros cuadrados) y asediado por Israel.

Los pescadores que nos reciben en su cabaña en Beit Lahiya, en las inmediaciones de la ciudad de Gaza, se muestran contrariados. Israel, que impone desde hace trece años un implacable bloqueo –aéreo, marítimo y terrestre– en esta lengua de tierra palestina, les prohíbe desde hace dos días cualquier salida al mar, tras haber ido reduciendo ya su área de navegación. La razón alegada: el envío de globos y cometas incendiarios a las localidades israelíes –principalmente kibutz– contiguas a la franja costera por vía terrestre. El 18 de junio, tras dos noches de hostilidades (1) y, más tarde, una vuelta a la “calma”, Tel Aviv autorizará de nuevo la pesca, pero solo en un radio de 10 millas náuticas (18,5 kilómetros), lejos de las aguas rebosantes de peces. Se trata de una medida de excepción cuyo levantamiento reclama con regularidad Hamás, el partido islamista en el poder desde 2006 en Gaza, durante las negociaciones indirectas con Israel.

“Los buques patrulleros israelíes apenas se encuentran a tres o cuatro kilómetros, se pueden apreciar a simple vista –nos cuenta Jihad Al-Sultan, responsable del comité sindical de los pescadores del norte de la Franja de Gaza, mientras señala con el dedo hacia alta mar–. Cuando nuestros pescadores están en el mar, les disparan regularmente, en la mayoría de los casos sin ninguna advertencia. Hace poco, varios resultaron heridos, y sus embarcaciones, seriamente dañadas”. Durante el primer semestre de 2019, las fuerzas navales israelíes abrieron fuego en más de doscientas ocasiones hacia los pescadores, hirieron a unos treinta y requisaron una docena de barcos, según dos organizaciones no gubernamentales, una palestina y otra israelí –el Centro por los Derechos Humanos Al-Mezan y B'Tselem–. Dos marineros gazatíes fueron asesinados en 2018.

En el año 2000, la Franja de Gaza contaba con unos 10.000 trabajadores del mar. A falta de poder acceder a las aguas rebosantes de peces –Israel los excluye del 85% de las zonas marítimas a las que, sin embargo, les da acceso el derecho internacional–, las dos terceras partes tuvieron que tirar la toalla: ya solo quedan 3.500 pescadores en la actualidad, entre los cuales el 95% vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de 5 euros al día), frente al 50% en 2008.

Nos dirigimos a Khuzaa, una aldea cercana a Jan Yunis, una de las principales ciudades del sur del enclave. La moral está por los suelos allí también. Pese a una evidente miseria, Khaled Qadeh, un agricultor de 34 años de ojos penetrantes protegidos por su sombrero de mimbre, nos invita a tomar asiento alrededor de un tentempié en la pequeña tienda de descanso levantada en las inmediaciones de su campo. Sus tierras, repartidas por 11 dunums (1,1 hectáreas), se encuentran a unos cientos de metros de la valla israelí “fronteriza”, no reconocida por el derecho internacional. Un entrelazado de 65 kilómetros de muros, trincheras, barreras metálicas, alambradas y alambre de púas rodea la Franja de Gaza y está reforzado con una zona tapón que varía entre 300 metros y 1,5 kilómetros de anchura (véase el mapa). Esta área de exclusión militar se adentra en un 25% del territorio e invade un 35% de las tierras cultivables, muy lejos de la línea de armisticio de 1949 (“línea verde”) que separa oficialmente Israel y Gaza. “Mi familia también posee 20 dunums de tierra al otro lado de la línea verde, pero los perdimos en 1948 [año de la creación del Estado de Israel]”, nos precisa Qadeh.

De la escasa hectárea de la que dispone, el campesino solo puede explotar por completo una tercera parte de las parcelas. “El resto de mi campo, al borde de la no-go zone, es difícilmente accesible, pues la mayoría de las veces los israelíes me impiden llegar allí, y son de gatillo fácil, por no hablar de los daños causados por sus tanques y sus bulldozers. Igual que todos los campesinos de la zona fronteriza, a menudo estoy expuesto a los disparos, incluso en este mismo lugar en el que nos encontramos. Los israelíes también me impiden trabajar de noche para aprovechar la corriente, cuando hay: si sospechan del más mínimo movimiento, ametrallan o bombardean”, nos cuenta Qadeh con un potente tono de voz mientras un vehículo blindado israelí que patrulla a lo lejos levanta una nube de polvo. Desde la creación de la zona tapón, consecuencia del desmantelamiento de las colonias judías de Gaza en 2005, y la instauración del embargo, al año siguiente, su rendimiento cayó un 80%. Su actividad es la única fuente de ingresos de su familia y está profundamente endeudado. La pequeña parcela que puede cultivar solo le permite ganar unos 400 shekels (100 euros) al mes, gracias a la venta de sus productos, y alimentar a los suyos. El sector agrario, en el que trabajan 44.000 personas (en torno a un 10% del empleo), ha disminuido más del 30% desde 2014 (2).

La situación de los pescadores y de los agricultores es la misma que la que experimenta toda la franja costera: “catastrófica” e “insostenible”, según las palabras de Isabelle Durant, directora adjunta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) (3). En 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) daba la voz de alarma. Estimaba que este territorio se volvería “inhabitable” para 2020 si no se levantaba el bloqueo impuesto por Israel, con la colaboración de Egipto (4). Gaza, aislada del mundo desde hacía ocho años, ya había sufrido por aquel entonces dos guerras, iniciadas por Tel Aviv en 2006 y en 2008-2009 (más de 1.800 muertes en el lado palestino y una veintena en el israelí). En 2017, después de otras dos guerras (en 2012 y 2014, con un balance acumulado de 2.500 gazatíes muertos frente a 72 israelíes), Robert Piper, entonces coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, constataba: “La degradación de la situación se ha acelerado con más rapidez de lo que se preveía (…). Puede que Gaza ya sea inhabitable” (5).

El 70% de la población posee el estatus de refugiado desde 1948 y la mitad tiene menos de 15 años. Hoy en día, el desempleo se eleva al 53% de la población activa (el 70% entre los jóvenes y el 85% entre las mujeres) –un récord mundial–, la pobreza alcanza a más de una de cada dos personas y la economía local se ha derrumbado (-6,9% de crecimiento en 2018) (6). Asimismo, las infraestructuras y “las capacidades productivas se han destruido”, subraya la UNCTAD (7). “Entre las destrucciones materiales y los costes de la reconstrucción, solo la factura de la última guerra [la de 2014] se eleva a 11.000 millones de dólares –precisa Ali Al-Hayek, presidente de la Asociación de Empresarios Palestinos (PBA, por sus siglas en inglés), con quien nos reunimos en la sede de la organización, en el centro de la ciudad–. Se borraron del mapa más de mil fábricas, talleres y comercios, sobre todo. Israel nos libra también una guerra económica”. Debido al embargo, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, reducir los salarios o despedir a trabajadores. “La Franja de Gaza se asemeja a una gran prisión en la que se ha confinado a todo un pueblo sometido a una ocupación militar, y en la que se administran dosis de calmantes, como la ayuda humanitaria, para evitar la implosión”, resume Ghazi Hamad, viceministro de Desarrollo Social y una personalidad importante de Hamás. “Desde la elección de Hamás, en 2006, sufrimos un castigo colectivo cuyo fin no vemos –nos declara por su parte el analista gazatí Fathi Sabah, colaborador del periódico panárabe Al-Hayat–. Este bloqueo es, ante todo, un medio de presión utilizado por Israel, con la complicidad de la comunidad internacional, para ponernos de rodillas”.

El asedio israelí afecta a todos los aspectos del día a día. Incluso ha dado lugar a una nueva “normalidad”. La precariedad energética, por ejemplo: desde la destrucción por parte de Tel Aviv de la única central eléctrica, en junio de 2006, el acceso a la electricidad es aleatorio. Reconstruida en parte, la central, a la que le falta fuel, solo funciona a un 20% de sus capacidades. Así pues, el territorio debe abastecerse principalmente de Israel, que proporciona electricidad –facturada a la Autoridad Palestina de Cisjordania– en cantidades limitadas. Los cortes en el suministro eléctrico marcan el ritmo de la vida de los gazatíes. “Solo tenemos entre ocho y doce horas de electricidad cada veinticuatro horas, y en horarios variables –nos explica Ghada Al-Kord, periodista y traductora de 34 años–. La mayoría de los hogares no poseen grupos electrógenos, demasiado caros, para paliar los cortes. Lo que significa, por ejemplo, que no podemos guardar casi nada en la nevera. Por lo tanto, tenemos que organizarnos de un día para otro. Hace dos años era aún peor”. De abril de 2017 a enero de 2018, Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, se negó a abonar a Israel el importe de la factura de la electricidad para presionar a sus rivales de Hamás. La consecuencia: la población solo tenía de tres a cuatro horas de corriente al día. Además, los habitantes se enfrentan a una escasez de agua. Debido a la contaminación del acuífero costero, del cual Israel controla el 85% de los recursos, más del 95% de las capas freáticas atribuidas al enclave son insalubres.

El embargo también afecta de lleno al acceso a la atención sanitaria. En el hospital Al-Shifa, el más grande del territorio, antaño con renombre, provoca hoy aprensión. Los gazatíes, fieles a su sentido del autoescarnio, bromean a este respecto: “Se entra con vida, pero se sale con los pies por delante”. Y con razón. Faltos de medicamentos, de material y de camas para tratar a los numerosos enfermos, los hospitales se han transformado en morideros. Las prohibiciones de importar productos de primera necesidad, la falta de personal, los cortes de electricidad, pero también los daños causados –a propósito– por la artillería israelí han hecho de la sanidad un sector destruido. “Nos falta de todo”, lamenta el portavoz de las autoridades sanitarias de Gaza, Ashraf Al-Qadra, que se pone a realizar un sórdido inventario heteróclito: “Más del 50% de los medicamentos básicos son inaccesibles, el 65% de los pacientes con cáncer se ven privados de tratamiento, una gran parte de las intervenciones quirúrgicas no pueden efectuarse…”.

En el hospital Al-Shifa, la imagen es significativa: nos cruzamos con muchos lisiados –jóvenes, en su mayoría–, las paredes están deterioradas, las salas de espera se encuentran saturadas, y el personal, desbordado. Mohamed Chahin, cirujano ortopédico, se ocupa esencialmente de los manifestantes heridos por los soldados israelíes durante las concentraciones semanales organizadas delante de la valla “fronteriza” israelí en el marco de la Gran Marcha del Retorno (Massirat Al-Awda). Cada viernes, día de manifestación, los médicos deben hacer frente a la afluencia de heridos. “Los pacientes son numerosos y, a veces, muy jóvenes –cuenta Chahin–. Sufren lesiones profundas que nunca hasta ahora habíamos constatado. Los israelíes utilizan balas explosivas que destruyen los tejidos musculares, las articulaciones y los nervios. Cuando sus francotiradores no apuntan a matar –al pecho o directamente a la cabeza–, encañonan hacia las piernas o las partes más sensibles del cuerpo para causar daños irreversibles. Es como si hubieran asistido a clases de anatomía. Muchos manifestantes alcanzados se ven discapacitados de por vida o se les tiene que realizar alguna amputación, pues nos faltan equipamientos”. De los 30.000 heridos registrados desde el comienzo de la Marcha del Retorno, cerca de 140, entre ellos una treintena de niños, han perdido algún miembro inferior o superior y, según la ONU, 1.700 corren el riesgo de sufrir alguna amputación en los próximos dos años por no obtener la autorización israelí para ser evacuados.

Los jóvenes se encuentran en primera línea en las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno. Este movimiento de protesta popular y no armado, que reúne cada semana a miles de familias, se inició el 30 de marzo de 2018, antes de la conmemoración anual de lo que los palestinos denominan la Nakba, el 15 de mayo. Este término, traducido como “catástrofe”, designa el éxodo de 1948, durante el cual 800.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares por los israelíes y se refugiaron en Gaza, en Cisjordania o en los países árabes vecinos.

Un viernes por la tarde acudimos a Malaka, al este de Gaza, uno de los cinco lugares en los que se celebra la movilización semanal. El ambiente es apacible, familiar. Se ha montado una inmensa tienda en una zona alejada para acoger, entre otros, a los más ancianos y a los lisiados. Por el altavoz, una voz recuerda el sentido de la movilización: el derecho al regreso, la denuncia de la Conferencia de Bahréin sobre la dimensión económica del nuevo “plan de paz” estadounidense, la unidad palestina. Las banderas palestinas, numerosas, ondean al viento. No nos acercaremos a la zona, muy peligrosa, en la que se encuentran los jóvenes que están dispuestos a ir a desafiar a los francotiradores israelíes.

La idea de una concentración masiva ante la barrera israelí surgió de las mentes de una veintena de jóvenes gazatíes. “Nos inspiramos en las acciones del mismo tipo llevadas a cabo desde hace varios años en Palestina o en los confines de Israel”, relata Ahmad Abou Artema, uno de sus iniciadores. Este activista pacifista de 35 años, de voz calmada y monocorde, procede de una familia expulsada de Ramla en 1948. Y continúa: “Con esta movilización civil, el objetivo era reafirmar el derecho al retorno de los refugiados a sus tierras, tal y como se estableció en las resoluciones de la ONU, y clamar alto y claro nuestra sed de dignidad”. Muy rápidamente, las facciones políticas se unieron al movimiento en aras de la unidad, como para poner fin a la discordia entre los hermanos rivales de Hamás y de Fatah, que envenena el panorama palestino. Para esta ocasión, los partidos guardaron sus respectivas banderas y dieron la consigna de agitar solo la de Palestina. “La cuestión de los refugiados es un asunto de consenso nacional. Así pues, es normal que todas las facciones hayan brindado su apoyo”, nos precisa Artema. Hamás, aunque partidario de la lucha armada contra Israel, se asoció estrechamente a este movimiento pacífico. Forma parte de su comité de organización junto a otras formaciones, como Yihad Islámica (islamo-nacionalista) o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP, marxista). “La Gran Marcha es una de las opciones alternativas a la vía de las armas de las que disponemos para hacer valer nuestros derechos frente a la ocupación –declara Hamad–. Permite darle visibilidad a nuestra causa”.

El movimiento, que supuestamente iba a durar hasta el 15 de mayo de 2018, continúa desde entonces. Han surgido otras reivindicaciones, como el levantamiento del bloqueo o la defensa de Jerusalén. Pese al carácter no armado de las concentraciones, Israel decidió responder con las armas. Desde el comienzo de la movilización civil, más de doscientos gazatíes han perdido la vida, entre ellos unos cincuenta niños, pero también socorristas y periodistas. A este balance se añade el centenar de palestinos que han muerto en un año y medio en el territorio durante bombardeos o ataques israelíes. En febrero de 2019, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluía que la violencia perpetrada por Israel durante las manifestaciones en las inmediaciones de Gaza podía “constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad” (8). El primer ministro israelí niega rotundamente estas acusaciones. Benjamín Netanyahu, señalando el envío de cometas y de globos incendiarios a tierras contiguas israelíes por parte de los protestatarios, replicó que Israel debía “proteger su soberanía, así como la de sus ciudadanos, y ejercer su derecho a la autodefensa” (9). Puede contar con el respaldo de su opinión pública: en mayo de 2018, mientras la cifra de muertos en el lado palestino se acercaba al centenar, una encuesta indicaba que el 71% de los israelíes consideraba que los disparos contra los protestatarios de la marcha estaban justificados (10).

Ante el elevado número de víctimas entre los manifestantes y los daños materiales causados en territorio israelí por objetos incendiarios, llueven también las críticas sobre los dirigentes palestinos. La “comunidad internacional” y la prensa occidental acusan a las facciones –Hamás a la cabeza– de instrumentalizar a los jóvenes y de dejarlos a merced de los francotiradores agazapados detrás de la barrera. Khaled Al-Batsh, líder de la Yihad Islámica en Gaza y miembro del Comité Nacional de la Marcha del Retorno, niega estas acusaciones. “Se nos ha exhortado a utilizar la vía de la resistencia pacífica, que es lo que hemos hecho mediante estas movilizaciones –nos explica–. Y ahora, nos quieren responsabilizar del elevado número de víctimas palestinas. No se condena a los verdaderos responsables. ¿Quién nos mata, quién mata a nuestros hijos? Francotiradores aguerridos que saben exactamente lo que hacen. Hasta ahora, no hay que lamentar ninguna muerte israelí en el transcurso de estas manifestaciones. ¿Por qué nadie sanciona a Israel?”. Maher Misher, dirigente del FPLP y miembro del comité de organización de la marcha, con quien nos encontramos en la concentración del 14 de junio de 2019 (11), también condena las reprimendas de los occidentales. Para él, este movimiento cuenta con dos méritos: “Por una parte, permite hacer presión sobre Israel, pues los daños causados en las tierras de las localidades israelíes por simples cometas incendiarias han llevado a algunos habitantes a marcharse; por la otra, ha vuelto a poner el foco en la cuestión del derecho al retorno en la escena internacional. Por eso esta marcha debe continuar”. “Pese a los heridos –mi padre y mi hermano han sido alcanzados por balas–, la movilización debe continuar hasta que recuperemos nuestros derechos y nuestras tierras”, argumenta Mohammed Shallah, un empleado de 33 años con el que nos cruzamos mientras avanza con paso determinado hacia la zona más peligrosa, contigua a la barrera.

Con todo, algunas voces disonantes se hacen oír, especialmente entre los jóvenes. Muchos han dejado de ir a la marcha, la cual consideran demasiado cercana a Hamás desde que la formación islamista comenzó a liderarla. “Hamás ha hecho suyo este movimiento para limpiar su imagen y recuperar legitimidad en un momento en el que pierde fuerza”, afirma Loai A., activista por los derechos humanos de 26 años. En los últimos tiempos, la reputación del “partido de la resistencia islámica” se ha ido deteriorando. Una parte de los gazatíes le reprocha a la organización liderada por Yahya Sinwar el no haber reconocido la importancia de las necesidades sociales de la población y el haberse sumergido en el autoritarismo y el rigorismo moral.

Prueba de ello: la represión del movimiento de protesta popular iniciado el pasado mes de marzo. Con el eslogan “Bidna Na'ich” (“Queremos vivir”), miles de personas desfilaron para protestar contra la subida de los precios y la degradación de las condiciones de vida. Hamás, acusando al movimiento de estar manipulado por Fatah, respondió con la fuerza: varios centenares de manifestantes fueron golpeados y arrestados (12). “¿Cómo quiere que apoyemos la Gran Marcha mientras Hamás no hace nada por nosotros y nos reprime?”, nos pregunta Loai A. con un tono lleno de amargura. “Yo le digo a Hamás: ‘No me importa perder la pierna, pero al menos que sirva para algo y para que, a cambio, os ocupéis de nosotros'. Numerosos jóvenes solo piensan en partir al extranjero. El problema –añade suspirando– es que no se puede salir…”.

¿Puede encarnar Fatah una alternativa? Nada parece más incierto, pues es importante el descrédito con el que cuenta la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, líder de Fatah, a ojos de numerosos gazatíes, al igual que entre una gran mayoría de palestinos de Cisjordania. La política de conciliación iniciada con Israel durante el “proceso de paz” ha resultado ser un fracaso, la colonización se ha extendido y la opinión pública rechaza en masa la colaboración en materia de seguridad entre la Policía de la Autoridad Palestina y el Ejército israelí en Cisjordania (13). Por no hablar de la corrupción que gangrenó las instituciones cuando Fatah estaba en el poder en Gaza, avivando los rencores en beneficio de un Hamás considerado más íntegro. “La situación con Fatah realmente no era mejor –explica Fathi Sabah–. Y en Cisjordania, hoy en día, las cosas van mal: Mahmud Abbas no hace nada contra las colonias, no lucha contra la ocupación, no defiende Jerusalén… No hace nada salvo pronunciar discursos en Naciones Unidas”. Al rechazar por completo a Fatah y a Hamás, cada vez más gazatíes piden cambios políticos radicales, como sus compatriotas de Cisjordania, y reclaman una renovación generacional.

En este contexto de crisis generalizada, en el que el bloqueo y el asedio comprometen el futuro, muchos han perdido la esperanza. “Odio Gaza, tres guerras me arruinaron la infancia y quiero salir de aquí”, nos confía Amira Al-Achcar, estudiante de 18 años que vive en el campamento de Nusseirat con sus ocho hermanos y hermanas y su madre, sola y sin empleo. “Todos los días conozco a personas extraordinarias, con educación, que desean la paz con los israelíes, pero ya no pueden más –declara, a su vez, Matthias Schmale, director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) en Gaza, que escolariza a cerca de 280.000 menores y proporciona ayuda alimentaria a más de un millón de personas en el enclave–. Es fácil comprender que algunos puedan inclinarse por la violencia cuando se ve el trato que inflige Israel a todo un pueblo”.

En ausencia de avances por parte de Israel, y a falta de respaldo internacional, especialmente de la mayoría de los países árabes, la prioridad, para muchos, es la resolución del conflicto entre Fatah y Hamás. El 12 de octubre de 2017, ambos movimientos firmaron un acuerdo de reconciliación que supuestamente permitirá el regreso de la Autoridad Palestina a la Franja de Gaza. Pero el proceso se estanca, principalmente debido a las exigencias de Abbas. El presidente de la Autoridad Palestina reclama, entre otras cosas, el desarme de Hamás, una petición rechazada categóricamente por la formación islamista. Mientras tanto, “la población se hunde cada día un poco más en la miseria y Gaza es una olla a presión que amenaza con estallar”, considera Ahmad Youssef, figura influyente de Hamás favorable a una solución de compromiso entre ambos partidos. A su parecer, “hay que reconstruir la casa palestina para enfrentarse mejor a Tel Aviv. Y solo se podrá hacer a través de un sistema de cogestión del poder. Ambos deben realizar concesiones”. Imad Al-Agha, alto responsable de Fatah en Jan Yunis, mantiene un discurso similar: “Debemos poner fin a esta discordia que le hace el juego a Israel y aunar nuestras fuerzas”. Un deseo imposible para unos; una urgencia absoluta para otros.

¿Podrá llevarse a cabo esta reconciliación bajo los auspicios de la juventud, con vistas a elaborar una nueva estrategia nacional? Hassan Ostaz, militante de Fatah de 29 años, está convencido de ello: “Hay que reconocer que, en la actualidad, solo Hamás resiste ante los israelíes. Debemos superar las divisiones para reflexionar sobre los medios de luchar juntos contra la ocupación. Es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, al organizar reuniones comunes con las juventudes de Hamás”. Por su parte, Mohammed Haniyeh, de 28 años, es el representante de estas juventudes en el seno del comité de organización de la Gran Marcha. Nos recibe en una oficina que comparte con… las juventudes de Fatah. Para él, ha llegado la hora del arranque colectivo: “Sin más tardar, debemos constituir un Gobierno de unidad, organizar nuevas elecciones y trabajar por construir nuestro Estado, de Cisjordania a Gaza”. En el “acuerdo del siglo” preparado por Washington y respaldado por los países del Golfo ni siquiera se menciona este Estado. Ese enésimo proyecto de paz entierra, en particular, la idea de una Palestina independiente y considera la Franja de Gaza como una entidad separada de Cisjordania. “Una funesta broma”, zanja Youssef.




(1) Tzvi Joffre, “IAF attacks targets in Gaza Strip after rocket fire”, The Jerusalem Post, e “Israeli air force fires many missiles into Gaza”, International Middle East Media Center (IMEMC), 14 de junio de 2019.

(2) Cf. el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), Nueva York, mayo de 2018, y Ali Adam, “Israel is intensifying its war on Gaza's farmers”, The New Arab, Londres, 19 de marzo de 2018.

(3) Tom Miles, “UN bemoans unsustainable Palestinian economy”, Reuters, 12 de septiembre de 2018.

(4) Cf. el informe “Gaza in 2020: A liveable place?”, Naciones Unidas, Nueva York, agosto de 2012.

(5) “Gaza ten years later”, Naciones Unidas, julio de 2017.

(6) Todos estos datos están disponibles en los sitios web del Banco Mundial, de la UNCTAD y de la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS, por sus siglas en inglés).

(7) “Rapport sur l'assistance de la Cnuced au peuple palestinien”, UNCTAD, Ginebra, 12 de septiembre de 2018.

(8) “Gaza: des enquêteurs de l'ONU suspectent Israël de crimes contre l'humanité lors des manifestations”, ONU Info, 28 de febrero de 2019.

(9) Tovah Lazaroff, “Netanyahu: UN set new hypocrisy record with Israeli war crimes allegation”, The Jerusalem Post, 28 de febrero de 2019.

Cf. “The Peace Index”, 2 de mayo de 2018.

Más de 90 palestinos, entre ellos 28 niños y 4 socorristas, resultarán heridos ese día en la Franja de Gaza.

Entsar Abu Jahal, “Human rights group documents Hamas abuses”, Al-Monitor, 26 de abril de 2019.

Sobre la cooperación en materia de seguridad, véase “El espectro de la Intifada en Cisjordania”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2014.
https://mondiplo.com/gaza-un-pueblo-aprisionado

 

La bomba de racimo del “brexit”


Se entiende que David Cameron, primer ministro británico de mayo de 2010 a julio de 2016, haya dado muestras de total discreción desde que se marchó del número 10 de Downing Street y lo sustituyó Theresa May, la cual, a su vez, se vio obligada a ceder a Boris Johnson su posición a la cabeza del Partido Conservador –por lo tanto, del Gobierno– el 23 de julio de 2019.

En efecto, el nombre de David Cameron quedará asociado al fiasco más estrepitoso de la historia reciente del Reino Unido: el brexit. Este fiasco ya está dejando tras de sí un paisaje político devastado por una especie de bomba de racimo política cuyas múltiples esquirlas se proyectan en todas las direcciones. Hasta el punto no solo de cuestionar la cohesión y la unidad del Reino Unido, sino también de servir de precedente para la disolución de la Unión Europea (UE). Efectivamente, una de las cuestiones centrales que plantea el brexit es la de la articulación, incluso la contradicción, entre, por una parte, las dinámicas políticas nacionales de los Estados miembros y, por la otra, una integración económica reforzada automáticamente por el mercado único europeo.

Cameron, al querer ganarse a los sectores más eurófobos del Partido Conservador con la promesa de convocar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE si ganaba las elecciones legislativas de 2015, no imaginó ni por un instante que estaba abriendo así una auténtica caja de Pandora. Es cierto que ganó las elecciones, pero perdió el referéndum organizado en junio de 2016 y en el marco del cual había llamado a votar a favor del remain (permanencia en la UE). Extrajo las consecuencias de este fracaso retirándose de la vida pública.

De esta manera, una maniobra de naturaleza puramente política para resolver un problema interno del Partido Conservador –la celebración de un referéndum a favor o en contra del brexit– desembocó en una crisis que, desde hace más de tres años, interfiere en el funcionamiento de las instituciones británicas y ha pasado a ser una cuestión de gran preocupación para la UE.

El brexit ya ha provocado la dimisión de dos primeros ministros: David Cameron y Theresa May. No se descarta que Boris Johnson corra la misma suerte tras, entre otras posibilidades –entre las que se encontraría la celebración de un nuevo referéndum o de elecciones legislativas anticipadas–, la votación de una moción de censura por parte de la Cámara de los Comunes, en la que dispone de una mayoría por solamente un voto. Su voluntad de sacar al Reino Unido de la UE el 31 de octubre pase lo que pase –es decir, sin ningún acuerdo previo sobre los términos de un divorcio amistoso– choca frontalmente con una decisión ya tomada en Westminster: la de rechazar cualquier brexit “duro”. De ahí el riesgo de conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Igualmente, el brexit ha hecho que emerja la amenaza de confrontaciones territoriales. Así, en caso de salida no negociada de la UE, Escocia podría proclamar su independencia y solicitar su adhesión directa a la UE. El País de Gales se vería tentado a hacer lo mismo. Irlanda del Norte, por su parte, podría volver a convertirse en un foco de lucha armada si, en caso de un brexit “duro”, se restableciera una frontera física con la República de Irlanda. Así pues, son muchos los cambios potenciales no anticipados por los brexiters, por no hablar de las consecuencias del fin del acceso al mercado único europeo.

Paradójicamente, es en el momento en el que el Reino Unido se dirige hacia la salida de la UE cuando los responsables políticos británicos descubren la centralidad de la cuestión europea en el propio seno de cada Estado…
https://mondiplo.com/la-bomba-de-racimo-del-brexit

 

La cara oculta del milagro portugués




El Gobierno portugués, a menudo alabado por haber hecho frente a la Comisión Europea y por haber estimulado el poder adquisitivo, se encuentra actualmente en dificultades. Varios movimientos sociales sacuden el país, como la huelga de transportistas por el aumento de los salarios. En pleno verano, el primer ministro incluso tuvo que recurrir al Ejército para garantizar el abastecimiento de las gasolineras. Las luchas contra la precariedad, por el acceso a la vivienda y por el aumento del poder adquisitivo conciernen a los asalariados tanto del sector público como del privado.



“¿Qué queremos? ¡Casas para todos!”, corean en bucle medio centenar de personas delante del grisáceo edificio del Ministerio de Vivienda portugués. En esta mañana del 4 de junio de 2019, los activistas de la plataforma Stop Despejos (“Stop Desahucios”) y un puñado de familias lisboetas amenazadas con ser desahuciadas no contienen su rabia.

Unos días antes, Maria Nazaré Jorge, de 83 años de edad, que vivía en pleno centro de Lisboa, fue desalojada por diez policías. “Vivía desde hacía cuarenta años en ese apartamento. El contrato de alquiler estaba a nombre de su tía, que murió hace poco”, cuenta Sandra P., de Stop Despejos. “Su alquiler era de 200 euros mensuales. Como los precios inmobiliarios se han disparado en el centro de la capital, el propietario ha aprovechado para expulsarla”. Durante cerca de una hora, los miembros del colectivo se manifiestan enarbolando pancartas que proclaman “Hay una crisis de la vivienda” o “No a la especulación inmobiliaria”, hasta que una pequeña delegación recibe autorización para entrar en el edificio. La jefa de gabinete ministerial declara lacónicamente: “Maria Nazaré Jorge está alojada de modo provisional hasta que se encuentre una solución definitiva”. “Desde su expulsión, sufre depresión y se encuentra completamente desorientada”, cuenta Sandra P. “Vive aislada en lo alto de Castelo, el barrio más turístico de la ciudad, donde el único medio de transporte público es el célebre tranvía número 28, que los turistas toman por asalto…”.

En 2012, el Gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho (2011-2015) modificó la ley sobre los alquileres en favor de los propietarios, facilitando el aumento del alquiler al término del contrato y la expulsión de los inquilinos en caso de reforma del inmueble. Portugal, asfixiada por la crisis de la deuda desde 2008, cayó en 2011 en las redes de la Troika, la alianza del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esta le impuso la desregulación del mercado inmobiliario y el desarrollo de la oferta turística como condición para la concesión de su ayuda de 78.000 millones de euros. Desde entonces, Lisboa se ha esforzado en incrementar su “atractivo fiscal” para estimular el mercado inmobiliario. Creados en 2012, los “visados dorados” –permisos de residencia concedidos a los extranjeros que compran bienes inmobiliarios por valor de más de 500.000 euros– han inyectado en seis años 4.000 millones de euros de capitales en el sector. A esto se añade el estatus de residente no habitual (RNH), garantía de un régimen fiscal ventajoso para los jubilados europeos que se instalan en Portugal y que adquieren una vivienda.

“Otra ley, la de 2014 que regula los alquileres de tipo Airbnb, permite a los propietarios ganar 3.000 euros al mes alquilando a turistas un bien que alquilarían por 300 euros a un portugués”, añade Luís Mendes, geógrafo y miembro de Morar em Lisboa (“Vivir en Lisboa”), plataforma de unas cuarenta asociaciones por el derecho a la vivienda. “En algunos barrios del centro, más de un alojamiento de cada dos se alquila vía Airbnb. Esta liberalización del mercado del alquiler conduce a la expulsión de entre una y tres familias cada día. ¡Hasta las clases medias tienen ahora problemas de alojamiento!”. Con un aumento de los alquileres turísticos del 3.000% en una década, Lisboa es, desde 2018, la ciudad europea que cuenta con mayor número de alojamientos Airbnb por habitante, por delante de Barcelona y París. Aun así, “en cuatro años, el Gobierno de izquierdas apenas ha hecho algo contra ese abanico de medidas neoliberales que favorecen la financiarización de la vivienda”, declara Mendes.

A finales de 2015, el Gobierno del primer ministro socialista António Costa llega al poder anunciando su voluntad de atenuar las medidas de austeridad prescritas por la Troika. Apoyado en el Parlamento por el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista Portugués (PCP) y los ecologistas gracias a acuerdos bipartitos –una coalición apodada la geringonça, “la chapuza”–, el Ejecutivo puso en marcha una política de recuperación del poder adquisitivo, a la vez que saneaba las cuentas públicas. Revalorizó las pensiones más modestas, aumentó el salario mínimo –congelado en 485 euros mensuales (en catorce pagas) hasta 2014, pasó a 600 euros en 2019– e incluso amplió las prestaciones sociales (1).

Los resultados fueron edificantes. En junio de 2017, Portugal salió del procedimiento de déficit excesivo en el que se encontraba desde 2009. La tasa de desempleo ha pasado de un 12% a finales de 2015 a un 6,3% en 2019, y el Gobierno prevé un déficit público próximo a cero en 2019 –se situaba en un 4,4% del producto interior bruto (PIB) en 2015–: un hito desde el advenimiento de la democracia en 1974. En cuanto al crecimiento, “llega” desde 2017 hasta un 2,8%, un récord después de diecisiete años.

De The New York Times a Le Monde, de Le Figaro Économie a Financial Times, la prensa celebra el “milagro económico portugués”. En cuanto a la izquierda europea, aplaude la particular solución de Costa, que ha sabido dar la espalda al dogma liberal de la austeridad impuesto por Bruselas. Durante la campaña presidencial francesa de 2017, el candidato socialista Benoît Hamon se entrevista con Costa en Lisboa. Por su lado, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) habla del “modelo portugués” para promover su programa electoral.

Este éxito se ha traducido en buenos resultados en las últimas elecciones europeas. Hombre clave de la alianza entre el Gobierno y los diputados de extrema izquierda, el socialista Duarte Cordeiro, secretario de Estado para Asuntos Parlamentarios, se regocija de los resultados de su partido. Instalado en un sillón de su elegante despacho en pleno corazón de la Asamblea de la República, subraya: “Estamos a unos meses de las legislativas de octubre, y venimos de ganar las elecciones europeas con un 33,4% de los votos. Ya no enviamos ocho, sino nueve diputados socialistas al Parlamento Europeo. Es la prueba del amplio apoyo popular a la línea de actuación del Partido Socialista [PS]y los partidos que sostienen al Gobierno”.

No obstante, el PS portugués parece adaptarse sin demasiados problemas a las medidas neoliberales de sus predecesores. Como la que incitaba a los propietarios a alquilar a los turistas antes que a los habitantes o las medidas de exención fiscal destinadas a atraer a los inversores chinos y rusos. “Los visados dorados o el estatus de RNH son dos temas sobre los que el Gobierno no ha modificado su política”, admite Cordeiro. “Pero estamos dispuestos a replantearla, probablemente durante una futura legislatura”.

¿Será esto cierto? En enero de 2019, Costa inauguró un régimen de sociedad inmobiliaria inspirado en los Real Estate Investment Trust, un modelo que permite transformar la inversión inmobiliaria en inversión financiera gracias a una fiscalidad ventajosa. Asimismo, dentro de la misma lógica del estatus de RNH, el Gobierno ofrece desde julio de 2019 una reducción del 50% del impuesto sobre la renta durante cinco años a todo portugués que, expatriado durante el periodo de austeridad, regrese próximamente al país. En efecto, entre 2010 y 2015, en el punto más alto de la austeridad, 500.000 personas, es decir, el 5% de la población, emigró. El objetivo de esta medida: incentivar fiscalmente a los jóvenes titulados más adinerados para que vengan a invertir a Portugal. Una ganga a la que no pueden optar los que carecían de medios para exiliarse durante los años que siguieron a la crisis.

Al día siguiente de la acción de Stop Despejos, Morar em Lisboa organiza un debate sobre la reciente regulación de los alquileres tipo Airbnb por el Ayuntamiento. En una pequeña sala enmoquetada, a dos pasos del Museo del Fado, en la parte baja del barrio de la Alfama, discusiones encendidas se prolongan hasta el anochecer. Lurdes Pinheiro, de la asociación vecinal, estalla: “La Alfama se está convirtiendo en un parque de atracciones. Todas las intervenciones urbanísticas del Ayuntamiento están pensadas para los turistas y no para los lisboetas. ¡Es una barbarie arquitectónica que destruye nuestro patrimonio!”.

Unas calles más allá, hace poco que el consistorio socialista ha traspasado el Palacio Santa Helena, una antigua edificación del siglo XVII, a Stone Capital, uno de los principales promotores inmobiliarios de la ciudad. Los dos hermanos que dirigen este grupo privado, los franceses Arthur y Geoffroy Moreno, lo han transformado en apartamentos de lujo. “En el otro lado de la colina de la Alfama, Stone Capital también se ha apoderado de un antiguo patio arbolado considerado como uno de los pulmones verdes del barrio de Graça”, señala Ana Jara, arquitecta y concejal de la oposición (PCP). “Su proyecto es construir una espacio residencial cerrado de lujo, sin consulta pública ni estudio medioambiental”.

Tras las elecciones municipales de 2017 y la renovación del mandato del alcalde socialista Fernando Medina, los proyectos urbanos de envergadura ya no pasan por el filtro del consejo municipal. Ahora son aprobados directamente por el gabinete de Manuel Salgado, vicealcalde responsable de urbanismo desde hace doce años. “Es el maestro de obras de una estrategia de ordenación urbana neoliberal cuyo único objetivo es convertir a Lisboa en un terreno fértil para las inversiones financieras”, declara Jara. “Hace cinco años, un edificio de cada tres en Lisboa estaba en ruinas, degradado o vacío, sin ninguna función social o económica”, señala Mendes. Después de que el jugoso mercado de la rehabilitación de la ciudad se confiara al sector privado, los grandes proyectos urbanísticos florecen bajo la batuta de Salgado. En el norte de la ciudad, la futura Torre Portugália, una torre que albergará viviendas de alto standing, cristaliza la cólera de los lisboetas. Al otro lado del Tajo, en los barrios populares, el proyecto Lisbon South Bay se anuncia como la mayor operación de recalificación urbanística desde la Expo del 98. Dentro del plan: un centro de congresos, una marina y hoteles de lujo. Los promotores calculan que ese proyecto “reforzará el estatus de Lisboa como destino de turismo e inversión” (Público, 14 de mayo de 2019). La capital se ha convertido en un terreno de juego tan favorable a los inversores internacionales que Medina fue invitado en la primavera de 2019 al club Bilderberg, esa discreta reunión anual de las elites políticas y económicas occidentales.

Estas políticas de captación de financiación pública en detrimento del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de los portugueses busca paliar la gran debilidad de las inversiones del Gobierno de Costa. Ya que, desde 1974, el grifo nunca había estado tan cerrado como tras la llegada al poder de los socialistas. En 2018, la inversión pública del país fue la más baja de entre todos los países de la zona euro (2).

¿Los motivos de esta orientación política? La obsesión del Gobierno socialista es respetar la ortodoxia presupuestaria impuesta por los tratados europeos. La recuperación económica no ha servido prioritariamente para mejorar las condiciones de vida de los portugueses, sino para reducir el déficit y la deuda, estimada en un 120% del PIB. “Gran parte del PS quiere mantener una relación pacífica con el sector bancario y las instituciones europeas, para aparecer como el alumno aventajado de Europa”, dice José Gusmão, dirigente del Bloque de Izquierda y eurodiputado. “Su objetivo, a la larga, es el reembolso de la deuda para respetar el techo fijado por Bruselas: un 60% del PIB. Pero mantener el ritmo actual de reducción de la deuda –lo que es utópico– supondría privarnos de inversiones públicas durante dos décadas…”. Cordeiro reconoce: “La principal divergencia con nuestros socios de izquierda sigue siendo el ritmo de la reducción de la deuda. No suscriben nuestros objetivos presupuestarios. Nosotros los asumimos plenamente”.

Este rigor fue puesto en práctica por el ministro de Finanzas Mário Centeno, economista liberal titulado por Harvard y actual presidente del Eurogrupo (3). En lugar de invertir en el sector público, Centeno recientemente rescató Novo Banco (4), un banco privado que quebró durante la crisis debido a sus actividades especulativas: 1.900 millones de euros de dinero público. La decisión desató la ira de la izquierda radical y los comunistas, que acusaron al ministro de preferir “sanear” los bancos privados a efectuar las inversiones necesarias en el país.

Las universidades están al borde de la quiebra; el sistema de salud está falto de medios materiales y de personal. El gestor público de las infraestructuras ferroviarias considera que el 60% de las líneas de ferrocarril están en un estado “malo” o “mediocre”. En cuanto a la vivienda social, representa apenas el 2% del parque inmobiliario. “En este momento, se está discutiendo una ley sobre vivienda en el Parlamento, pero sabemos más o menos cómo terminará”, suspira Rita Silva, de la asociación por el derecho a la vivienda Habita. “Pese a algunas medidas positivas, no hay ninguna voluntad política de invertir dinero público en vivienda. Y António Costa ya ha afirmado que esa ley no debería poner en entredicho la liberalización del mercado inmobiliario”.

Un síntoma de esta tensión entre disciplina presupuestaria y política social es la reciente huelga de docentes. Deseando beneficiarse de la mejora económica, estos últimos reclamaban el aumento de sus salarios, congelados durante nueve años a causa de la austeridad. Pero el pasado 3 de mayo, el primer ministro calificó la aprobación de semejante gasto por el Parlamento de “bomba presupuestaria” que amenazaba con romper “el equilibrio de las cuentas públicas” y que comprometía la “credibilidad internacional” del país. Después de que el Gobierno amenazara con dimitir, los docentes solo consiguieron una descongelación parcial de sus salarios de dos años y nueve meses.

“El país sigue maniatado por esa voluntad de satisfacer las exigencias de Bruselas”, analiza José Reis, investigador en Economía de la Universidad de Coimbra y coordinador del Observatorio de Crisis y Alternativas. “Se ha entablado una difícil lucha para aumentar los débiles ingresos respetando el marco presupuestario europeo, pero el nivel general de los salarios todavía no ha alcanzado el anterior a la crisis financiera. ¿Por qué? Porque el crecimiento descansa, entre otras cosas, en el trabajo precario y de bajo coste”.

En efecto, la caída espectacular del paro encubre la existencia de empleos mal pagados y poco cualificados. Según los estudios dedicados a la cuestión, la mitad de los nuevos contratos serían indefinidos. Desde la llegada de la Troika, nunca ha habido tantos empleos precarios: 73.000 más que en 2011. La mitad de las horas extras trabajadas no se pagaban en 2018. Los más afectados, los jóvenes: el 65% de ellos tienen contratos temporales, es decir, diez puntos más que hace diez años. “En la legislación laboral hemos avanzado muy poco, e incluso hemos retrocedido”, explica Gusmão. “Con la ayuda de la derecha y la patronal, el Gobierno ha aprobado la generalización de los contratos precarios de muy corta duración, antes reservados al sector turístico. En resumen, lo que la geringonça ha conseguido con la revalorización de los salarios, el Gobierno lo ha minado con la precarización de los asalariados”.

Los puertos industriales son una baza fundamental de la economía: entre 2009 y 2018, las exportaciones pasaron del 27% al 43% del PIB –un crecimiento considerable–. Pero la competitividad de los puertos de exportación portugueses también es fruto de la floración de una mano de obra flexible y del recorte de los salarios de los trabajadores. “Entre 2012 y 2013, se aprobó una ley sobre la liberalización de la actividad portuaria que buscaba debilitar nuestras condiciones de trabajo”, cuenta António Mariano, presidente del Sindicato de los Estibadores y de la Actividad Logística (Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, SEAL). “Eso provocó una proliferación enorme de la subcontratación”.

En agosto de 2018, el SEAL desencadenó un movimiento huelguístico en solidaridad con los trabajadores del puerto de Setúbal, a unos cincuenta kilómetros de Lisboa, donde el 90% de los estibadores y encargados de logística trabajaban con contratos diarios. “Esos trabajadores precarios no tienen ni vacaciones ni derecho a protección social en caso de enfermedad o accidente de trabajo. Algunos pueden ser contratados y despedidos dos veces a lo largo de una misma jornada a fin de encadenar dieciséis horas de trabajo”, explica Mariano. Setúbal es el estratégico puerto de AutoEuropa, fábrica del grupo Volkswagen de la que salen más de 100.000 automóviles cada año, y de la empresa portuguesa The Navigator Company, uno de los pesos pesados mundiales de la industria papelera.

“Ante nuestro movimiento contra la precarización extrema, el Gobierno de Costa se lavó las manos arguyendo que se trataba de un asunto que concernía al sector privado”, cuenta el presidente del SEAL. “El 22 de noviembre, cuando el puerto estaba paralizado, el Estado envió a las fuerzas de la Policía para romper los piquetes de huelga a fin de que se cargara un carguero de coches de AutoEuropa…”. La ministra del Mar, la socialista Ana Paula Vitorino, se preocupó más por los automóviles Volkswagen que se amontonaban a la espera de ser exportados que por las condiciones de trabajo de los estibadores.

A finales de 2018, la lucha del SEAL desembocó en un acuerdo para que los trabajadores de Setúbal obtuvieran un convenio colectivo. “No obstante, la ley de 2013 sobre el trabajo portuario sigue en vigor, pese a las numerosas interpelaciones del Ministerio del Mar o de las comisiones parlamentarias que examinan la legislación laboral. Actualmente, en el conjunto de puertos del país, entre el 25 y el 50% de los trabajadores son jornaleros mal pagados”, prosigue Mariano. “Pero los estibadores no son los únicos afectados por la precarización. El Estado busca aumentar la productividad destruyendo el poder de negociación de los trabajadores”.

Doscientos kilómetros al norte de Lisboa, en pleno corazón de Portugal, se encuentra el pueblecito de Pedrógão Grande. Para llegar hasta él, hay que conducir bajo un sol abrasador por un dédalo de carreteras en medio de un vasto paisaje de desolación. En junio de 2017, gigantescos incendios redujeron a cenizas 30.000 hectáreas de bosque y causaron la muerte de 66 personas. La mayoría falleció al intentar huir del fuego por la carretera principal, que las autoridades no habían cerrado a tiempo. Esta tragedia nacional causó una fuerte conmoción. Para explicar ese incendio, el más mortífero de la historia del país, muchos destacaron la falta de medios humanos y materiales. Los bomberos, que en Portugal son mayoritariamente voluntarios, están mal formados, y el sistema de comunicación entre los servicios de emergencia (SIRESP), fruto de una alianza público-privada, se considera defectuoso desde hace una década.

El Gobierno de Costa fue objeto de vivas críticas. El desmantelamiento de los servicios forestales, la privatización de los medios aéreos antiincendios y los recortes presupuestarios de la política forestal, consecuencia de la austeridad y el bajo nivel de inversión pública, han continuado bajo el Ejecutivo socialista. Entre 2006 y 2016, los efectivos de los guardas forestales se redujeron en aproximadamente una tercera parte. Una locura en un país con el 32% de su superficie cubierta de bosque y en el que el fuego devasta 100.000 hectáreas de bosque de media cada año.

También se señaló como causante al cultivo intensivo de eucaliptos. Ese árbol de origen australiano, conocido por empobrecer tanto los suelos como la biodiversidad local, es altamente inflamable. Pero los pequeños propietarios forestales lo plantan masivamente desde hace veinte años: al no requerir de ningún mantenimiento y crecer muy rápido, esta especie es vendida como materia prima a la industria papelera, sobre todo a The Navigator Company. “En la actualidad, una cuarta parte del bosque portugués es de eucaliptos. Se trata de la especie más presente en el territorio”, denuncia la Liga para la Protección de la Naturaleza (LPN). “Portugal ostenta la mayor densidad de eucaliptos del mundo. El árbol, en el pasado designado por el Estado como nuestro ‘petróleo verde', es percibido como un motor de la economía”.

Tercer exportador del país, The Navigator Company efectúa el 3% de las exportaciones nacionales. “En 2002-2004, el Gobierno de José Manuel Barroso negoció con la empresa a fin de intensificar su desarrollo económico”, cuenta Nádia Piazza, que perdió a su hijo de 5 años en el drama de junio de 2017 y que preside la Asociación de Víctimas del Incendio de Pedrógão Grande (5). “Desde entonces, las autoridades locales han concedido autorizaciones para plantar eucaliptos a los ‘micropropietarios', a ojos cerrados. Como la política forestal está basada en el beneficio a corto plazo, el árbol ha proliferado con mucha rapidez en las zonas rurales más desfavorecidas”. Por añadidura, para disgusto de las asociaciones defensoras del medio ambiente, el Gobierno de Passos Coelho liberalizó el cultivo del eucalipto en las parcelas de menos de dos hectáreas, o lo que es lo mismo, en más del 80% de la superficie forestal, transformando Portugal en “Eucaliptugal”, según la expresión de los ecologistas.

“Pedrógão Grande es uno de los municipios más pobres del país. La tercera parte de nuestros 2.500 habitantes tiene más de 65 años y cobra una jubilación de menos de 300 euros mensuales”, cuenta Valdemar Alves, alcalde del PS del Ayuntamiento (6). “Plantar algunos eucaliptos en su pequeña parcela es asegurarse unos ingresos nada desdeñables para sobrevivir”. Por otro lado, la población del pueblo se ha reducido a la mitad en los últimos cincuenta años. “Todos los jóvenes se marchan a Lisboa en busca de trabajo”, se lamenta el alcalde. “Este éxodo rural conlleva el abandono de los campos y bosques, que quedan sin mantenimiento, lo que facilita la propagación de los incendios”. “Hemos perdido a nuestros seres queridos, pero también la esperanza”, comenta con un suspiro Piazza. “Todos experimentamos un sentimiento de abandono”.

Actualmente, el territorio que rodea el pueblo se reduce a un sinfín de colinas grisáceas, donde altos brotes de eucaliptos surgen del suelo como muñecos de su caja. “Los incendios favorecen la proliferación de la especie, así como su comportamiento invasivo…”, explica la LPN. Tras la tragedia de junio de 2017, y con el riesgo creciente de incendios, el Gobierno ha aumentado los efectivos sobre el terreno, ha reforzado los medios aéreos y ha comprado al sector privado la red SIRESP por 7 millones de euros. Pero el primer ministro ha nombrado al frente de la Agencia para la Gestión Integrada de los Incendios Rurales (AGIF), la estructura nacional de coordinación y planificación de la lucha antiincendios inaugurada a principios de 2019, a Tiago Martins de Oliveira, un exdirectivo de The Navigator Company. En cuanto a los nuevos programas regionales de ordenación forestal, que han entrado en vigor este año, privilegian el eucalipto en toda operación de plantación o replantación en el 95% del territorio. “Los nuevos programas no muestran ninguna ambición de cambiar el escenario actual y funcionan sobre la base del business as usual”, resume la LPN.

Desde el año pasado, hay indicadores que muestran que el boom económico de Portugal está perdiendo fuelle. Tras siete años de crecimiento ininterrumpido, el aumento del número de turistas se ha ralentizado fuertemente en 2018 –con una subida del 3,8%, frente al 9,1% de 2017–. En junio, el Banco de Portugal alertó de una posible “fuerte interrupción” de la efervescencia especulativa en el sector inmobiliario. Y si la tasa de crecimiento era de 2,8% en 2017, ha comenzado a desmoronarse, con el 2,1% en 2018 y con una previsión del 1,7% para 2019.

A fuerza de querer aunar medidas sociales y rigor presupuestario, ¿habría obrado el Gobierno de Costa un espejismo en lugar de un milagro? “La geringonça ha sido un laboratorio político, un experimento nuevo en la izquierda”, concluye Reis. “Pero, con las legislativas de octubre a las puertas, surge una pregunta: ¿puede este durar?”.




(1) Véase Marie-Line Darcy y Gwanaëlle Lenoir “‘Gerinconça', la alianza inesperada”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2017.

(2) Con solo el 1,97% del PIB. Cf. Veille économique et financière du Portugal, n.º 30, 3 de mayo de 2019, Dirección General del Tesoro, París.

(3) Reunión mensual de los ministros de Finanzas de la zona euro.

(4) Novo Banco, tercer banco del país, nació del rescate de Banco Espirito Santo. En 2014, el Estado portugués ya había inyectado 4.400 millones de euros en sus cajas.

(5) Piazza se unió en 2018 al grupo del CDS-Partido Popular (derecha conservadora), encargándose de la elaboración del programa electoral del partido.

(6) Actualmente, Alves está siendo investigado por “homicidios por negligencia” en los incendios de junio de 2017 y por un posible desvío de los fondos para la reconstrucción de casas.
https://mondiplo.com/la-cara-oculta-del-milagro-portugues

 

De los bienes de pacotilla a los duraderos




Desde la crisis de 1929, los industriales fabrican cada vez más mercancías cuya longevidad es cada vez más limitada. El imperativo medioambiental implica ralentizar el consumo frenético de bienes. Pero ¿cómo cuestionar el pilar de un sistema respaldado por casi todos los Gobiernos? Una idea simple y aparentemente inofensiva podría abrir brecha.



¿Cómo salir del consumismo? Ampliando el periodo de garantía de los objetos. Una simple constatación justifica esta propuesta: el 80% de las mercancías averiadas dentro del periodo de garantía se devuelven al vendedor o al fabricante para su reparación (1). Por supuesto, la proporción varía según el caso: nos aferramos menos a una impresora que a un reloj y esperamos que este último dure más tiempo, incluso cuando ambos cuestan lo mismo. Esta cifra poco conocida, pese a representar una estimación global, indica que la aplastante mayoría de los consumidores hace valer su derecho cuando se presenta la ocasión.

Ahora bien, en cuanto expira el periodo de garantía, el porcentaje de reparaciones desciende a menos de la mitad –no llega a un 40% en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo–. Con o sin razón, el comprador considera entonces que es más práctico y/o menos costoso comprar una tostadora nueva o un ordenador nuevo. Así pues, es posible alargar la vida útil de los objetos cambiando la legislación: cuanto más se amplíe la duración de la garantía, más mercancías se repararán y más aumentará su longevidad. De esta manera, se ralentizaría el ritmo de su renovación, de la explotación de los recursos naturales y de los flujos de energía que implica su fabricación. La garantía parece algo insignificante; no obstante, constituye una potente palanca de transformación económica y, por tanto, política.

En Francia, varias asociaciones agrupadas en colectivos reivindican la ampliación de la garantía. Les Amis de la Terre (“los amigos de la Tierra”), respaldados en particular por France Nature Environnement (“Francia, naturaleza, medio ambiente”), Halte à l'obsolescence programmée (HOP, “alto a la obsolescencia programada”) y Réseau Action Climat (“red acción por el clima”), lanzaron una petición en la que reclamaban la extensión de la garantía a diez años (2). Desde la ley de consumo francesa de 2014, la llamada “ley Hamon”, el derecho francés establece en dos años su duración mínima, de conformidad con una directiva europea de 1999. Antes, nada impedía a los fabricantes fijarla, por ejemplo, en un año o incluso en seis meses. El paso a diez años –o más– nos haría entrar en otro mundo. Cambiaría la producción y el consumo de mercancías. Esta ruptura de la incesante renovación de los bienes, combinada con otras medidas, conllevaría el advenimiento de una sociedad más sostenible en el plano medioambiental.

Se entiende fácilmente por qué los industriales se oponen a ello con uñas y dientes. Menos mercancías en los mercados significa, si no cambian las circunstancias, menos beneficios. Es cierto que la actividad basada en la reparación podría convertirse en un sector rentable –ya lo es en algunos ámbitos y de ella viven miles de mecánicos–, pero implicaría replantear por completo los modelos productivos vigentes.

Los industriales, preocupados por eliminar de raíz el propio deseo de semejante cambio, repiten que el consumidor pagaría in fine el coste de un aumento del periodo de garantía. El aumento considerable de solicitudes de reparación provocaría inevitablemente gastos adicionales para los fabricantes y los vendedores que repercutirían inevitablemente en los precios. O si no, lloriquean, la innovación actualmente potenciada por la eterna renovación de los productos podría perder fuerza. Ralentizar el ritmo significaría hacer que la investigación y el desarrollo (I+D) perdieran su centralidad en el funcionamiento del capitalismo. También en este caso sería el consumidor quien finalmente pagaría las consecuencias, pero esta vez en términos de libertad, pues perdería la posibilidad de cambiar de smartphone con tanta frecuencia como desee.

Los industriales tienen razón en un punto: aumentar el periodo de garantía de las mercancías supone producirlas de otra manera, con materiales duraderos. Es el fin de la civilización del usar y tirar, pilar de la sociedad de consumo, en particular desde la invención de la maquinilla de afeitar Gillette a finales del siglo XIX (3). Prolongar las garantías legales supondría también poner a disposición a largo plazo las piezas de recambio: diez años, incluso más, como ocurre con algunos fabricantes de electrodomésticos. Los fabricantes limitan voluntariamente su disponibilidad para provocar la obsolescencia. La obtención de estos componentes resulta ser una tarea larga y tediosa. Ni siquiera el vendedor sabe si siguen existiendo. Y el consumidor no tiene tiempo para esperar: compra un bien nuevo.

Crear un fichero central de piezas de recambio por sectores, al alcance de todos, sería un primer paso necesario. Ya existen embriones de repertorios de este tipo, por ejemplo, en el sector automovilístico. Se trataría de democratizar su acceso. La legislación sobre el copyright y el secreto industrial no podrán permanecer en su estado actual, pues detrás de la exigencia de disponibilidad de piezas de recambio se perfila la cuestión de la propiedad privada. Si una empresa puede sacar al mercado un bien y obtener ganancias de su venta, es porque posee derechos exclusivos sobre él. De estos resultan, en última instancia, los beneficios del capitalismo. Cuestionarlos, como lo ha hecho el movimiento obrero desde sus orígenes, allanaría el camino a otra organización de la economía.

Si se quiere aumentar el periodo de garantía, harán falta más reparadores. Ahora bien, en diez años, la mitad de los reparadores independientes ha cerrado su negocio en Francia (4). La reparación de automóviles funciona bien, pero, en materia de electrodomésticos o de calzado, el sector se está despoblando. Si se amplía la duración de la garantía, esta noble profesión recuperará el lugar que le corresponde. En algunos centros urbanos, el movimiento de los “Repair Cafés”, en los que gente mañosa invita a que los consumidores vayan allí para reparar sus objetos, despierta el entusiasmo (5). Quizás sea un efecto de la moda retro, pero también una consecuencia de la crisis, que lleva a numerosas personas a arreglar en lugar de renovar.

La profesión de reparador independiente presenta una particularidad: no se puede deslocalizar. Cuando se estropea un smartphone, para repararlo, a veces se envía al otro extremo del mundo y, más tarde, se reexpide. Es lo que ocurre en concreto cuando la reparación se realiza a través de la marca (la situación más frecuente en Francia) o del fabricante (en Alemania, por ejemplo). Por el contrario, la intervención de un reparador independiente moviliza a una persona presente en el lugar, de carne y hueso. Al contrario de lo que aseguran los industriales –a saber: que la extensión de la garantía supondría una amenaza para el empleo al aumentar los costes de fabricación y de distribución–, una garantía más extensa conlleva más reparaciones y, por lo tanto, más empleo. Pero, por supuesto, la estructura del mercado laboral debería evolucionar: el Estado tendría que establecer medidas de reconversión hacia esa actividad.

Ampliar la duración de la disponibilidad de las piezas de recambio y resucitar el sector de la reparación no sirve de nada si las mercancías no son reparables, es decir, si no se conciben para que se puedan reparar. Ahora bien, cada vez lo son menos. Pegar los componentes o atornillarlos: esta simple elección obstaculiza o facilita la sustitución de una pieza. En el caso de las estructuras llamadas “monobloque”, de una sola pieza, la propia idea de “componente” desaparece: ya no hay más que uno solo, que se toma o se tira, como lo muestra el ejemplo de los faros de los automóviles. Los fabricantes no necesitan practicar la obsolescencia programada stricto sensu. Les basta con crear mercancías imposibles de reparar. Es mucho más sencillo y jurídicamente menos arriesgado.

La prolongación de la duración de la garantía proporcionaría un instrumento para la relocalización de la producción, sin la cual la transición ecológica no tiene ninguna posibilidad de llegar a buen puerto. En efecto, los productos de bajo coste procedentes del otro extremo del mundo, que implican grandes dosis de emisiones de gases de efecto invernadero, difícilmente podrán satisfacer las exigencias de una garantía decenal. A menudo se olvida que la globalización comercial tiene por corolario la degradación de la calidad de los bienes, así como la ausencia de garantía en muchos de ellos. Si tuvieran que garantizar la cobertura de sus productos durante diez años, los industriales deberían obligar a sus proveedores, numerosos y geográficamente dispersos, a procurarles componentes de calidad (6).

Por último, la ampliación de la garantía debe ir acompañada de la indicación del “precio de utilización”, que, según la “ley Hamon”, designa “el valor comercial asociado al uso del servicio prestado por un bien mueble y no a la propiedad de ese bien” (7). El Gobierno confió en la buena voluntad de los industriales para probarlo y no hizo que fuera obligatorio. El resultado: nadie ha oído hablar del precio de utilización. No obstante, se trata de un instrumento sorprendente. Puede que el precio indicado de un bien sea bajo y que su precio de utilización, por el contrario, sea elevado. A menudo, ambos incluso varían de manera inversamente proporcional. Un precio bajo probablemente oculte la escasa calidad de sus componentes, y/o –por lo general van de la mano– las desastrosas condiciones laborales de los productores. El precio de utilización incluye los costes ocultos: los de una limitada vida útil que obligará al consumidor a renovar el producto en poco tiempo. Mostrar semejante indicador podría incitar a los clientes a pagar más por su compra para ahorrarse unos elevados costes durante el ciclo de vida del objeto.

El cálculo del precio de utilización depende de la vida útil “normal” del bien. Todas las mercancías poseen una longevidad esperada, estimada cuando se concibe y entra en nuestras representaciones. Esperamos que una nevera funcione durante más tiempo que un smartphone –renovado de media cada veinte meses (8)–. Cuanto más dura un producto, más disminuye su precio de utilización, puesto que el coste total del uso se divide por un mayor número de años. También entran en juego otros criterios: si un coche que ya tiene algunos años ocasiona gastos de reparación cada vez más elevados, el coste de utilización se disparará.

Abrir la caja negra de los precios no puede más que favorecer el cambio de hábitos en materia de consumo. Cuando se compra un alimento, una etiqueta nos informa de manera más o menos exacta y completa sobre su composición –nutrientes y calorías en particular–. Con todo, no se sabe nada de sus condiciones de producción, del salario de los productores o de los márgenes de beneficio de los proveedores (9). Esto no solo es válido para los alimentos, sino también, en diversos grados, para todas las mercancías.

La indicación del precio de utilización debe acompañarse de información precisa relativa a todo el proceso de producción. Se haría obligatorio un nuevo tipo de etiqueta en la que se indicaran las condiciones laborales reinantes durante la producción: salarios, jornada laboral, respeto de la igualdad de género, etc. Se retomaría entonces la tradición del “label sindical”, que antaño demostraba la presencia de sindicatos en las fábricas o en las tiendas (10). Cuando se trate de un bien duradero, la etiqueta también precisará el coste estimado de su uso en el tiempo, un indicador que informa sobre la calidad de los materiales y, por lo tanto, de la sostenibilidad medioambiental.

A la larga, la lógica basada en indicar el precio de utilización prepara las conciencias para un cambio más fundamental, que algunos denominan la “economía de la funcionalidad”: se venden usos y ya no objetos. Ya no compro un coche, sino tiempo de conducción. En otras palabras, ya no hay una transferencia de la propiedad. Es el principio del alquiler, generalizado a toda la economía. El valor de uso pasa entonces a ser hegemónico con respecto al valor de cambio.

Con todo, para que las plataformas privadas no se apoderen de los beneficios de este modo de intercambio, es importante que la propiedad de los bienes sea colectiva. Cuando alquilamos un coche, la empresa de alquiler posee el vehículo, lo que le otorga el derecho a imponer unas condiciones y un precio. Pero si el parque automovilístico pasara a ser de propiedad social (común o pública), los usuarios podrían influir en esas condiciones y en ese precio: se comienza a ejercer la democracia sobre los usos, con sus debates y sus contradicciones.

Para hacer concebible una transición de este tipo, aún habrá que enfrentarse a las poderosas fuerzas sociales que respaldan el valor de cambio. Desde esta perspectiva, la “economía de la funcionalidad” debe ir de la mano de un proyecto político capaz de movilizar a amplios sectores sociales y, en primer lugar, a las clases populares. La defensa del valor de uso frente a la propiedad privada forma la base común del socialismo y del ecologismo político: sin lugar a dudas, constituirá su punto de partida.




(1) “Allonger la durée de vie de nos biens: la garantie à dix ans, maintenant! Note de plaidoyer” (PDF), Les Amis de la Terre, septiembre de 2016.

(2) “Signez la pétition ‘Garantie dix ans maintenant'”, Les Amis de la Terre, 24 de octubre de 2016, www.amisdelaterre.org

(3) Serge Latouche, Hecho para tirar: la irracionalidad de la obsolescencia programada, Octaedro, Barcelona, 2014.

(4) “Allonger la durée de vie de nos biens: la garantie à dix ans, maintenant! Note de plaidoyer” (PDF), Les Amis de la Terre, septiembre de 2016.

(5) Nicolas Six, “Dans un Repair Café, avec les bénévoles qui redonnent vie aux objets cassés”, Le Monde, 1 de octubre de 2017.

(6) Philippe Moati, “Étendre la garantie sur les biens à dix ans”, Le Monde, 3 de mayo de 2010.

(7) Ley del 17 de marzo de 2014 relativa al consumo, capítulo II, sección 1, artículo 4.

(8) Clément Chauvin y Erwann Fangeat, “Allongement de la durée de vie des produits” (PDF), estudio realizado por cuenta de la Agencia de Medio Ambiente y de Control de la Energía (ADEME), Angers, febrero de 2016.

(9) Franck Cochoy et al., “La consommation low cost”, La Nouvelle Revue du travail, n.° 12, París, 2018.

(10) Jean-Pierre Le Crom, “Le label syndical”, en Jean-Pierre Le Crom (dir.), Les Acteurs de l'histoire du droit du travail, Presses universitaires de Rennes, 2005.
https://mondiplo.com/de-los-bienes-de-pacotilla-a-los-duraderos

 

¿Quién ha elegido a Ursula von der Leyen?




Providencial, la ola de calor de julio de 2019 ha eclipsado un asunto que resulta también revelador sobre los desajustes actuales, pero democráticos en este caso. En efecto, pocos son los europeos que, cegados por el sudor, se percataron de que el discurso político con el que se les saturaba desde hacía al menos tres años acababa de ser dinamitado. Y la prensa, ocupada en otras “investigaciones”, no se esforzó en señalarlo.

Hasta ese momento, se había embaucado a cientos de millones de electores europeos con un gran relato maniqueo. La política de la Unión Europea y las elecciones del pasado mayo se resumían en el enfrentamiento entre dos bandos: los liberales contra los populistas (1). Ahora bien, el 2 de julio, una vez concluida la elección de los eurodiputados, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea recomendó que la ministra cristianodemócrata alemana Ursula von der Leyen se convirtiera en presidenta de la Comisión Europea. La idea habría venido de Emmanuel Macron. Su sugerencia fue admitida, naturalmente, por la canciller alemana Angela Merkel, pero también por… el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Con todo, el presidente francés no había dejado de jurar desde su elección que se mostraría intransigente con los nacionalistas y los “populistas”, portadores de “pasiones infames”, “de ideas que tantas veces han encendido las llamas en las que Europa podría haber perecido”. “Mienten a los pueblos” y les “prometen odio”, afirmó (2). Macron incluso abandonó su irreprochable modestia para desafiar a dos de esos incendiarios, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y Orbán: “Si han querido ver en mi persona a su principal opositor, están en lo cierto”.

El pasado 16 de julio, cuando los eurodiputados confirmaron la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno, las proclamaciones de campaña –“progresistas” contra nacionalistas– volvieron a dar paso a una configuración política muy distinta. Algunos parlamentarios socialistas votaron en contra de Von der Leyen (los franceses y los alemanes, en particular); otros, a su favor (los españoles y los portugueses). Y, en este último caso, coincidieron con los nacionalistas polacos y con los secuaces de Orbán. Es decir, esos mismos a los que Marine Le Pen adulaba unos días antes para formar con ellos un grupo común en Estrasburgo… En definitiva, la candidata de Macron deberá su elección como presidenta de la Comisión Europea, que logró gracias a una mayoría de solo nueve votos, a una coalición heteróclita que incluye a los trece parlamentarios húngaros leales a Orbán, así como a los catorce eurodiputados “populistas” del Movimiento 5 Estrellas, por entonces aliados de Salvini.

Sin lugar a dudas, semejante cartografía del escrutinio nos aleja de las historietas que se cuentan cada mañana a unos niños europeos buenos y disciplinados. Sin embargo, podemos estar seguros de que, incluso cuando las temperaturas vuelvan a la normalidad en el Viejo Continente, la mayoría de los periodistas continuará repitiendo las categorías artificiales que Macron les preparó con esmero.




(1) Véase Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Liberales contra populistas, una división engañosa”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2018.

(2) Discurso en La Sorbona, París, 26 de septiembre de 2017.
https://mondiplo.com/quien-ha-elegido-a-ursula-von-der-leyen

 

Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos




Nos llegan mensajes alarmantes sobre el estado del planeta y su futuro. Cada semana hay una nueva catástrofe ecológica o una nueva agresión a la naturaleza. Comparando el estado del planeta en 1970, en 2000 y en la actualidad se ilustra la velocidad creciente a la que la situación se degrada. Nos podemos preguntar: si continuamos a este ritmo ¿Cuánto tiempo le queda al planeta de ser habitable?





Proponemos un recorrido sobre la situación de nuestro planeta a través de paneles informativos situados en los espacios intermedios de La Casa Encendida.

Nuestro planeta está bastante enfermo. Diversos grupos de especialistas a escala mundial se han reunido en múltiples ocasiones y una instrumentación sofisticada se ha puesto al servicio de sus investigaciones. Los informes emitidos por estos grupos coinciden: todas las señales están en rojo.

Es difícil subestimar la gravedad de la situación. Los datos cada vez más precisos sobre la disminución de la capa de ozono, sobre el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y sobre la cantidad de productos tóxicos vertidos a la biosfera son muy preocupantes.

La constatación es obvia: en medio siglo, las actividades humanas han provocado una crisis ecológica sin precedentes en el planeta. La manifestación más visible de la crisis es la del cambio climático que, ligado a elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, reducen la capa de ozono que protege nuestro planeta de los rayos ultravioleta del sol.

Los cambios en los usos del suelo, el mencionado cambio climático y los elevados niveles de consumo se han incrementado en los últimos años hasta niveles sin precedentes, impactando gravemente sobre la mayor parte de los mares y las tierras.

Se suceden los saqueos de todo tipo infligidos a los suelos, al agua y a la atmósfera. Derroche energético, urbanización galopante, deforestación, contaminación de las napas freáticas, de los mares y los ríos, adelgazamiento de la capa de ozono, lluvias ácidas...Todo ello, registrado con precisión a lo largo de la exposición, pone en peligro el futuro de la humanidad, puesto que todo está interconectado: la naturaleza contribuye a regular el clima o la calidad del aire y nos ofrece comida y energía, por lo que su alteración tiene un impacto directo en la vida humana y en el desarrollo económico del mundo.

El planeta ha lanzado ya su voz de alarma: un millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción, que será una realidad en las próximas décadas, a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo.

Los textos y las infografías de esta exposición están basados en contenidos de Le Monde diplomatique y de la colección de la FAO El estado del planeta.
Exposición: Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos
Lugar: La Casa Encendida / Ronda de Valencia, 2. Madrid
Fechas: Del 26 de septiembre al 19 de abril de 2020
Horarios del centro: De martes a domingo: de 10.00 a 22.00 h.
Más información: www.lacasaencendida.es
Organiza: La Casa Encendida de Fundación Montemadrid, FAO, Le Monde diplomatique en español y Fundación Mondiplo

https://mondiplo.com/planeta-tierra-nuestros-grandes-desafios

 

Soluciones para salvar el planeta




Ignacio Ramonet reflexionará sobre la situación actual del planeta. Ante la alarma ecológica y la emergencia climática, cada día aumenta la ciudadanía consciente de la urgencia en actuar para detener esta carrera hacia el abismo. Ante la pregunta: ¿existen realmente soluciones para evitar el desastre climático definitivo? La respuesta es sí.





La Tierra va mal, muy mal. El clima se recalienta, el agua dulce escasea, el aire se ha vuelto tóxico, la contaminación nos cerca, los bosques desaparecen, decenas de especies vivas se extinguen… Al destruir el medio natural, los seres humanos están consiguiendo que nuestro planeta deje poco a poco de ser habitable. Algunos científicos predicen ya que en pocos decenios la vida –toda forma de vida– en la Tierra habrá desaparecido. Es pues la hora de la alarma ecológica y de la emergencia climática.

Y sin embargo, el diagnóstico sobre los principales males que afectan al planeta se hizo hace más de 27 años, en Río de Janeiro (Brasil), durante la Primera Cumbre de la Tierra en 1992. Los dirigentes del mundo admitieron entonces que “la causa principal de la continua degradación del medio ambiente en todo el planeta es un esquema de consumo y de producción inviable, fundamentalmente en los países industrializados, que es extremadamente preocupante”.

En esta charla realizada con motivo de la apertura de la exposición “Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos”, donde abordaremos las soluciones para salvar el planeta.
Conferencia: Alarma ecológica, urgencia climática
Ponente: Ignacio Ramonet (director de Le Monde diplomatique en español y presidente de Mémoire des Luttes).
Fecha: Jueves 26 de septiembre / 19:00h
Lugar: La Casa Encendida / Ronda de Valencia, 2. Madrid
Precio: Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.
Más información: www.lacasaencendida.es
Organiza: Le Monde diplomatique en español y Fundación Mondiplo

https://mondiplo.com/soluciones-para-salvar-el-planeta

 

¿A quién beneficia la lucha anticorrupción?




Ya se trate de modificar la ley o de comprar votos, la corrupción constituye una de las formas de expresión más brutales del poder de los poderosos. Pero ¿son siempre tan nobles como pretenden los objetivos de aquellos que luchan contra esta lacra? En Brasil, unas acusaciones ampliamente divulgadas por la prensa posibilitaron la encarcelación, sin pruebas, del expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. En Rusia o en la India, las operaciones “manos limpias” permiten, sobre todo, que el poder se deshaga de unos molestos opositores. ¿Cuáles son entonces las motivaciones de los informantes y las de una prensa a veces menos desinteresada de lo que parece? En definitiva, ¿puede bastar la moral para guiar la acción política?
https://mondiplo.com/a-quien-beneficia-la-lucha-anticorrupcion

 

Frederick Wiseman, epopeyas comunes




El cine documental, puesto que parece dar cuenta directamente de la realidad, a menudo es considerado como portador de una verdad objetiva. Dicha creencia equivale a olvidar que, aunque la película se basa en elementos reales, un autor los escoge, los pone en escena y los organiza. Esto es lo que reivindica Frederick Wiseman, alabado como uno de los grandes observadores de Estados Unidos.



Al comienzo, un paisaje rural. Al final, una lápida. Entremedias, Frederick Wiseman, de 89 años, ha decidido sumir a su público durante más de dos horas entre los habitantes de una pequeña comunidad del Middle West, el corazón profundo de Estados Unidos, en su cuadragésima tercera película. Para realizar Monrovia, Indiana, estrenada en Francia en abril de 2019, filmó durante varias semanas a esa pequeña comunidad de mil cuatrocientos habitantes desde todos los ángulos posibles: del consejo municipal a la peluquería, de las veterinarias al tatuador, de la armería a la escuela, de las fiestas del pueblo a una boda y un entierro. No hay ninguna voz en off, ningún subtítulo explicativo, ninguna entrevista. Con las imágenes y los sonidos que aparecen, el espectador tiene todos los elementos para comprender las situaciones descritas. Este no sabe ni más ni menos que el cineasta. Es el método utilizado por Wiseman desde su primera película, Titicut Follies, en 1967.

En Monrovia, conocida por haber sido una de las primeras localidades con un equipo de baloncesto escolar en el estado de Indiana, más del 76% de los votos en las últimas elecciones presidenciales fueron para Donald Trump. En la película, este nombre no se llega a pronunciar, pero el espectador simplemente está atento a todos los elementos que le permiten intuir el significado de ese voto para una comunidad formada en un 96% por población blanca.

En contraposición a la visión retratada por numerosos documentalistas, Wiseman se niega a acusar a electores profundamente arraigados en la derecha del Partido Republicano. Por el contrario, los muestra en su vida cotidiana con una extrema benevolencia. Lo que describen esas imágenes es una vida tranquila de “buena gente” que disfruta de los coches antiguos y a la que le gusta comprar armas de fuego. Tras concluir su película, Wiseman comentó que lo que más le impresionó fue la extrema religiosidad de los monrovianos y su falta de curiosidad por el exterior, incluso por Indianápolis, la ciudad más cercana. Esta imagen congelada de “blancos pobres” aportará a los historiadores mucha información sobre el Estados Unidos de 2018. En este sentido, Wiseman, cronista de su tiempo que se niega a hacer ningún juicio a priori sobre lo que filma, es un gran archivista.

Este gran conocedor francófilo ha rodado una película en Reino Unido (National Gallery, 2014) y cuatro en Francia (1), donde ha participado con regularidad en el festival de cine documental Cinéma du réel que se realiza en la Biblioteca Pública de Información (Centro Pompidou) en París. Sus películas han contado fundamentalmente con el apoyo de la televisión pública estadounidense (Public Broadcasting Service, PBS), lo que le ha asegurado por lo menos una difusión nacional –tuvo que esperar varias décadas antes de que sus películas llegaran a un público más amplio y pudieran ser distribuidas en salas–. Su obra consiste en esencia en una exploración proteiforme de las instituciones estadounidenses, lo que le ha conducido una decena de veces a Nueva York y a por lo menos dieciocho de sus estados, así como al Canal de Panamá (Canal Zone, 1977), a Oriente Próximo (Sinai Field Mission, 1978) y a Alemania con motivo de las maniobras de las fuerzas estadounidenses (Manœuvre, 1980). Ese conjunto de más de treinta y cinco películas constituye un testimonio único sobre medio siglo de la historia de la primera potencia mundial, acompañando sus grandes momentos y sus dudas, desde la presidencia de Lyndon Johnson hasta la de Donald Trump (2).

Wiseman inauguró su carrera con la cárcel psiquiátrica para criminales “locos” de Bridgewater (Massachussets) y sus métodos de otra época (alimentación forzada mediante un tubo de caucho introducido en la nariz de un prisionero que se niega a comer). Con Titicut Follies, que estuvo durante mucho tiempo censurada, sienta las bases de su práctica cinematográfica, la cual modificará únicamente al abstenerse posteriormente de todo montaje alternativo, y se afianza de inmediato como un documentalista, término que Wiseman prácticamente no emplea; prefiere decir: “Hago películas”. Películas que podrían ser ficciones. De hecho, es conocida la influencia de Titicut Follies sobre Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman (1975). Porque esa inmersión se identifica, pero solo en apariencia, con el cine directo tal y como se hacía en los años 1960, siguiendo a los personajes con cámaras ligeras. No es casualidad que la película lleve el nombre de la revista anual que guardias y prisioneros realizan en común: el propósito de Wiseman no es reconstituir de manera categórica la verdad del mundo, sino restituir la realidad con sus vaivenes, sin olvidar que el protagonista es el escenario elegido, o el vínculo entre los hombres que filma.

Desde sus comienzos desconfía de todo lo que es preconcebido, tanto de los puntos de vista como de las ideas. Más tarde lo formulará de forma clara, burlándose de paso de un cineasta cuya manera de actuar realmente no le gusta: “Trato de permanecer con los ojos abiertos, y la película es ante todo el resultado de la síntesis de lo que he aprendido durante el rodaje, y no de lo que había pensado antes de tener la experiencia de vivir en un lugar durante varias semanas. Si no, se hace cine a lo Michael Moore” (3). De esta manera, High School (1968), retrato de un instituto tiempo antes de que empiece la época de las protestas, culmina con la lectura pública de una carta dirigida a su exprofesor escrita por un alumno que va a morir en Vietnam. Este final puede interpretarse tanto como la apología de un sistema capaz de formar ciudadanos conscientes de su deber como de su condena…

Cuando, a propósito de Law and Order (1969), donde sigue a la policía local de Kansas City, se le reprocha no haber realizado una película contra la Policía, en un momento en el que las brutalidades policiales contra los manifestantes eran denunciadas en todas partes, su respuesta es clara: “Estando sentado en el asiento delantero de un coche de policía, tardé quince minutos en comprender que lo que las personas se hacen las unas a las otras requiere del aparato policial. […] La Policía es una expresión de la humanidad. [Esta]deriva de nosotros y [su]brutalidad es nuestra brutalidad” (4). En su película se verá a agentes capaces de actos violentos y, al mismo tiempo, de lo que Wiseman llama “actos de bondad”.

En los años 1960 y 1970, se centra en las funciones esenciales de un Estado: la educación (High School), la Policía (Law and Order), la sanidad (Hospital, 1970), el Ejército (Basic Training, 1971), la Justicia (Juvenile Court, 1973), la asistencia social (Welfare, 1975). A partir de los años 1980, amplía su campo de acción y lo abre hacia caminos inesperados, filmando por ejemplo una agencia de modelos (Model, 1980), un circuito de carreras (Racetrack, 1985) o los grandes almacenes Neiman Marcus, en Dallas (The Store, 1983). Cada una de sus películas constituye un universo en sí mismo. Y Wiseman se toma todo el tiempo que considera necesario para escribir cada nuevo capítulo de su gran libro del mundo.

Para hablar de los cuidados paliativos en un hospital de Boston elabora una de sus obras más fuertes, una película maratónica de trescientos cuarenta y ocho minutos de los cuales no sobra ninguno (Near Death, 1989). Igualmente, necesita doscientos cuarenta y ocho minutos para describir un pueblo de pescadores en Belfast, Maine (1999), lo que le permite sobre todo mostrar durante once minutos, como un virtuoso del montaje, la fabricación de las conservas de sardinas.

Pero, desde el comienzo de su recorrido, tal vez destaca más como recolector de palabras. Pueden oírse, como si se siguiera de principio a fin, clases y discursos, o escuchar los detallados argumentos de los senadores de Idaho reunidos en Boise, su capital, para debatir cuestiones constitucionales (State Legislature, 2007), o seguir en High School II (1994), incursión en una escuela progresista en el Spanish Harlem –barrio neoyorquino de clase popular–, la larga conversación entre profesores, una alumna embarazada y sus padres, acerca del porvenir de la joven. Ex Libris (2017) permite saber todo acerca de las restricciones de crédito que afectan a la biblioteca pública de Nueva York, la New York Public Library, y de las discusiones de sus responsables para mantenerla en funcionamiento a pesar de todo.

Así pues, si este abogado de formación logra dar voz de forma muy concreta a los debates, a las preocupaciones, a los desafíos de hoy, se debe a las condiciones en las que filma. Junto con un operador encargado de llevar una cámara ligera –cada vez más ligera gracias a los avances técnicos– y un asistente de sonido, Wiseman elige ocuparse ante todo del sonido y no de la imagen; de ahí esa manera única de adueñarse de las palabras, de fijar los diálogos.

Valiéndose de la primera enmienda de la Constitución, que le permite filmar en los lugares públicos –con excepción de la Casa Blanca, que le negó la entrada–, ha podido instalarse en un tribunal, una oficina de asistencia social, un cuartel o aulas de una escuela. Se impregna del lugar y de la gente durante periodos largos, y no acciona su cámara de forma sistemática. Cada día graba entre una y dos horas. Termina con un caudal de varios centenares de horas de grabación de las que no utilizará más que un pequeño porcentaje, incluso para sus realizaciones maratónicas. Repitiendo que su rodaje hace las veces de seguimiento, construye su película en el montaje, donde descubre entonces realmente su objeto: un montaje en forma de mosaico en el que las escenas se responden unas a otras, se componen según una lógica que nada tiene de un desarrollo lineal y cronológico. Se pasa de seis a ocho meses “escribiendo” su película.

Como consecuencia, todos los que intervienen parecen tener una voz auténtica y enunciarla con una convicción, una claridad y una calidad de expresión que confirman que nos encontramos ante un cine que va más allá del cine verdad de otros tiempos. Máxime cuando, si bien hay algunas miradas a cámara, estas son poco numerosas, porque las personas se olvidan rápido de su presencia, ayudados por la casi total ausencia de movimientos de cámara. Algunos pueden verse tentados de mentir pero, para el director, nadie es capaz de desempeñar otro papel que no sea el suyo durante más de un número determinado de minutos. Por supuesto, Wiseman admite que él interpreta el mundo, pero afirma con fuerza: “Los documentales, como las obras de teatro, las novelas, la poesía, pertenecen a la forma ficcional y no tienen ninguna utilidad social” (5).

Este gran admirador de Samuel Beckett, de quien por otra parte puso en escena en el teatro Los días felices, no ha creado más que una única ficción (La dernière lettre, 2002), un magnífico boceto en blanco y negro tomado de un capítulo de Vida y destino, de Vassili Grossman. Lo que escribe la narradora a su hijo antes de ser asesinada por los nazis recorre todo el cine de Wiseman: “¿Qué decir de los hombres? Me sorprenden, para bien y para mal. Son extraordinariamente diversos, aunque todos tienen el mismo destino”.




(1) La Comédie-Française ou L'amour joué (1996); La dernière lettre (2002); La Danse (2009); Crazy Horse (2011).

(2) La obra íntegra de Frederick Wiseman está disponible en Blaq Out. Se pueden conseguir todas sus películas realizadas hasta 2016 por separado o en tres cajas que reúnen 52 DVD. Ex Libris: The New York Public Library se publicó en DVD en 2018 y Monrovia, Indiana aparecerá en Francia en septiembre de 2019.

(3) “Wiseman par Wiseman”, Images documentaires, n.° 85-86, París, junio de 2016.

(4) Entrevista con Claire Clouzot, Écran, n.° 50, París, septiembre de 1976. Citado en Maurice Darmon, Frederick Wiseman. Chroniques américaines, Presses universitaires de Rennes, 2013.

(5) Frederick Wiseman, “Le montage, une conversation à quatre voix”, Images documentaires, n.° 17, segundo semestre de 1994.
https://mondiplo.com/frederick-wiseman-epopeyas-comunes

 

“Haz que tu sonrisa sea tu profesión”




“¡Ponte recta!”, “¡Sonríe!”, “¡Vuelve a peinarte!”, “¡No des la espalda!”. Estas órdenes no salen de la boca de una madre enfadada, sino de superiores dirigiéndose a empleadas en traje sastre. Las azafatas, que cobran por horas el sueldo mínimo interprofesional, son contratadas principalmente por agencias que las colocan en empresas clientes. Asisten a eventos deportivos, inauguraciones, congresos o ferias, como la Feria del Automóvil de París, guían al público, haciendo caso omiso de las “bromas” de los visitantes, que las felicitan por su “carrocería” o les preguntan si están incluidas en el precio del coche. También cubren puestos en las propias empresas durante periodos de tiempo más largos. Por lo general, tienen menos de 30 años y en Francia suponen unos 13.000 empleos, sin contar los miles de puestos para eventos puntuales (1).

Las empresas proveedoras no buscan solo a mujeres jóvenes con "buena presencia" a las que proporcionar un uniforme: también cuidan su postura, el tono de su voz, vigilan la altura de sus tacones al centímetro, el tono de su pinta labios, la transparencia de sus medias, la forma en que se hacen la coleta... Las “normas de calidad” que les imponen revelan qué tipo de feminidad se espera de ellas: “Su maquillaje no debe ser agresivo, pero siempre debemos notar que se ha esforzado por ser la más guapa”, reza uno de los manuales, que también señala que las empleadas deben llevar las “manos cuidadas”, “un maquillaje discreto pero sofisticado”, usar “un perfume ligero y de buen gusto”, no llevar “bisutería llamativa” y “respetar las reglas del decoro”.

La figura de la azafata nació en la década de 1960 tomando como modelo a las azafatas de vuelo. Entonces buscaban sobre todo a jóvenes de buena familia. Las academias “para señoritas” empezaron a desarrollar cursos de formación inspirándose en la moda de las relaciones públicas, antepasada de la comunicación corporativa. Partían de las “buenas maneras” que las madres burguesas enseñaban a sus hijas y aspiraban tanto a la profesionalización (añadiendo taquigrafía e inglés) como al “esplendor de la personalidad femenina” (2) impartiendo “clases de postura” (3). Aunque este imaginario pervive, la selección de personal ha ampliado su público: a las jóvenes de los barrios ricos que buscan una paga extra se suman ahora otras, procedentes de entornos humildes, para las que esta actividad constituye su principal fuente de ingresos; las estudiantes se codean con artistas sin blanca o con recién graduadas a la espera de encontrar un trabajo. Las empresas que las subcontratan les piden que se comporten como un ama de casa con sus invitados.

El contenido y el alcance de su trabajo van cambiando. Además de tareas de recepción, las azafatas a veces desempeñan tareas domésticas: preparar café, regar las plantas, asegurarse de que todo esté en orden. Durante los eventos trabajan en la caja, en el guardarropa; en los auditorios, pasan el micrófono durante un coloquio; en las ceremonias, reparten regalos a los invitados o se las ve atareadas ante ordenadores imprimiendo documentos para los conferenciantes. En las oficinas, reparten el correo, envían cartas, llaman a repartidores y buscan taxis, gestionan la adjudicación de las salas de reuniones, archivan documentos, se encargan de los suministros de oficina, hacen fotocopias y traducen textos cortos. A veces, las tareas de recepción pasan a un segundo plano, como en el caso de las trabajadoras que forman parte del equipo de ventas en los estands de las ferias o aquellas cuyo trabajo se asemeja al de auxiliar administrativo.

Como todas las actividades que se supone que son “típicamente femeninas” (auxiliares de guardería, asistentas del hogar), esta profesión hereda del trabajo doméstico dos características: la abnegación y... la invisibilidad. Sin embargo, las azafatas no tienen nada de que avergonzarse en cuanto a formación. Es más probable que tengan un título que las demás jóvenes de su generación, o que tengan al menos el bachillerato, o incluso que hayan cursado dos o más cursos de educación superior (4). Esto no resulta sorprendente: los empleadores prestan mucha atención a la forma en que se expresan, tanto en francés como en inglés, oralmente y por escrito. Se exige que sean muy versátiles y adaptables; sin embargo, a menudo se las percibe como mujeres florero cuyo cometido principal es sonreír. Las agencias han contribuido a transmitir esta imagen, como lo demuestra el eslogan creado en los años 2000 por Pénélope, una de las mayores proveedoras de servicios del mercado: “Haz que tu sonrisa se convierta en tu profesión”.

La devaluación de las azafatas se debe también a su estatus. Su contratación no depende directamente de las empresas que requieren sus servicios, sino de intermediarios, con contratos temporales por obra y servicio para eventos o con contratos de duración determinada, generalmente a tiempo parcial, para puestos en oficina. Trabajan en las propias instalaciones de la empresa subcontratante, junto a sus empleados, pero sin llegar a disfrutar de los mismos beneficios como el comité de empresa o el comedor. Su situación se parece a la de una externalización permanente. Esta forma de subcontratación permite eliminar de la masa salarial del balance contable parte de la mano de obra y, así, mejorar el rendimiento de cara a los accionistas o evitar llegar al umbral por encima del cual la ley exige el establecimiento de un cuerpo representativo de trabajadores.

Además, en caso de ausencia, el proveedor de servicios se encarga de encontrar sustituta en menos de dos horas. Esta alta flexibilidad genera una presión sobre el personal, que sabe que puede ser despedido de la noche a la mañana. Al igual que otros empleados subcontratados, las azafatas se hayan relegadas y sujetas a un convenio colectivo menos ventajoso: por ejemplo, trabajar domingos y días festivos no conlleva un aumento.

La subcontratación permanente también tiene efectos sobre las oportunidades laborales. Supone el final de las vías tradicionales de ascenso que existían antes, cuando se podía entrar en una empresa en el escalafón más bajo: la recepción, para pasar a ser secretaria y seguir peldaño a peldaño. Aunque los clientes corporativos no deberían intervenir en las tareas ni en las condiciones laborales de las azafatas, tienden a comportarse como empleadores. A menudo eligen a “su” azafata a partir de una preselección del proveedor, le dan instrucciones o le piden que trabaje horas extras sin consultar al empleador oficial. Por otra parte, las azafatas desarrollan a menudo un mayor sentido de pertenencia a la empresa cliente que a su empresa de origen, con cuyos responsables tratan poco.

Céleste (5), empleada de Business Accueil, se presentó para conseguir el puesto de “jefa de azafatas” en el gran laboratorio farmacéutico en el que está destinada desde hace tres años y donde trabajan una decena de colegas con menos antigüedad. Sin embargo, Malika, que nunca ha puesto un pie allí, fue la elegida para el puesto. Céleste cree que el cliente apoyó su solicitud (se lleva muy bien con él), pero sospecha que la responsable de Business Accueil se ha opuesto a su promoción. Malika asegura que el cliente pidió deliberadamente una jefa de azafatas de otro sitio que aportara “sangre fresca” y “rompiera con los malos hábitos”. Habría incluso sugerido el despido de Céleste, acusada de quejarse profusamente. De esta forma, el cliente recurre al proveedor de servicios para que este cargue en su lugar con las evaluaciones desfavorables. Y al revés, la agencia también puede delegar en su cliente (“¡El cliente ya no te quiere!”) para imponer un traslado o provocar una renuncia. Para conservar el empleo, hay que adaptarse a la empresa subcontratante, sin dejar de mantener buenas relaciones con la empresa proveedora. Un agotador ejercicio de precaución y equilibrio...

Aunque la profesión parezca arcaica por la imagen anticuada de la feminidad que transmite, está a la vanguardia en cuanto a mutaciones del salariado. Cada vez más empleados trabajan de forma permanente en una empresa cliente contratados por una empresa proveedora. El mayor contingente lo aporta el sector de los servicios a las empresas (uno de cada siete puestos de trabajo en el sector terciario, excluyendo la agricultura y el sector financiero) (6). En Francia, incluyendo agentes de seguridad (casi 140.000 empleados equivalentes a tiempo completo en 2016) o personal de limpieza (404.000 personas o 294.000 empleados equivalentes a tiempo completo en 2015), pero también ingenieros de empresas de servicios de ingeniería informática o consultores de empresas de asesoría. La subcontratación permanente proporciona una mano de obra aún más flexible que los contratos definidos, al estar exentos del pago de una prima de precariedad.

Con este arsenal, la amenaza esgrimida por el Gobierno francés de penalizar a las empresas en caso de que recurran de manera abusiva a los contratos temporales no debería asustar mucho a la patronal…




(1) Valores aportados por la autora a partir de los datos disponibles procedentes de las organizaciones patronales del sector para el año 2017.

(2) Entrevista a Jean-Claude Tunon, fundador de la Escuela Internacional de Azafatas Tunon, Hôtesses sans frontières, n.° 3, septiembre de 1970.

(3) Cursos impartidos por la Escuela Parisina de Azafatas, Hôtesses Magazine, n.° 1, julio de 1966.

(4) Estadísticas elaboradas a partir de una base de datos de 659 personas creada para esta investigación.

(5) Los nombres de las personas y las empresas se han modificado para garantizar el anonimato de las personas.

(6) Informes Estadísticos Anuales de las Empresas (ESANE, por sus siglas en francés), Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE, por sus siglas en francés), París, 2014.
https://mondiplo.com/haz-que-tu-sonrisa-sea-tu-profesion

 

Bild/Foto Compartimos el editorial de José Natanson del mes de agosto: Bild/FotoRevival nestoristaBild/Foto El núcleo de la propuesta política de Alberto Fernández es recrear el nestorismo como salida al drama generado por Mauricio Macri. ¿Es posible este revival? Bild/Foto http://bit.ly/2UmOOPY pic.twitter.com/hW1HoHbVdq
Bild/Foto
https://twitter.com/ElDiploConoSur/status/1167844500309467136

 

¿Sepultureros de la revolución boliviana?


Detrás de la barra de su cocina estilo americano, Juan Pablo Reyes Aguilar y Diego Lionel Rodas Zurita preparan el menú del día de su restaurante: lawa de chuño, una sopa de papas deshidratadas, y charque frito, carne de llama seca y salada. Dos platos inspirados en la gastronomía típica del Altiplano andino, a base de ingredientes que ya los incas utilizaban. Con grandes cantidades de quinoa y finas hierbas, ambos chefs se proponen “revisitar” estos sabores ancestrales haciendo de cada plato “una puesta en escena”.

Ubicado en la calle Murillo, una arteria transitada que conduce a los mercados de La Paz, en Bolivia, el restaurante Popular ocupa el primer piso de una casa con un patio interno que antes albergaba viviendas modestas. Allí se encuentran actualmente un tostador de cafés bolivianos y una tienda de artesanías textiles. Desde su apertura, en 2018, el restaurante tiene un éxito fulgurante con su cocina “fusión”, ofrecida en un único menú del día (incluyendo su variante vegetariana) servido por un personal en remera negra y pañuelo de aguayo, una tela tradicional andina. Cada día, la gente se amontona frente a las puertas del establecimiento, donde, a menos que se haya reservado con mucha antelación, sólo unos pocos afortunados podrán entrar. Con un menú a 65 bolivianos (alrededor de 10 euros, mientras que el salario mensual promedio equivale a 450 euros), la clientela resulta menos popular de lo que sugiere el nombre del lugar: ejecutivos de corbata, jóvenes abogados, empleados de oficinas públicas cercanas, así como turistas, que llegan aquí por las recomendaciones leídas en internet.

El Popular encarna un fenómeno que se observa en toda la región desde hace una quincena de años, incluso en Bolivia, el país más pobre de América del Sur: el surgimiento de una nueva clase media que modifica las perspectivas electorales. Aunque producto de las políticas de redistribución social de dirigentes progresistas, ésta cautiva a los comentaristas conservadores: “Después de un tiempo, la clase media emergente tiende a preferir la economía de mercado a las políticas estatales y proteccionistas”, decía entusiasmado en 2010 el responsable de la sección “América Latina” del semanario The Economist (1).

El incremento del nivel de vida suele estar acompañado por un deseo de no modificar más el orden de las cosas, una “pulsión social de conservadurismo”, resume casi diez años más tarde Raúl García Linera, asesor de la Vicepresidencia ejercida por su hermano Álvaro, quien concede: “Si el proceso revolucionario no logra dar respuesta a ello, corre el riesgo de ir a su ruina”. ¿Estaría la izquierda condenada a ser expulsada del poder por las poblaciones a las cuales sus políticas beneficiaron; es decir, a engendrar a sus sepultureros? La pregunta se vuelve más candente en Bolivia cuando su presidente Evo Morales, en funciones desde 2006, aspira a un cuarto mandato en octubre.

“Lo más importante es producir -–insiste el ministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora, cuando le preguntamos sobre los potenciales efectos indeseables de sus políticas económicas–. La palabra ‘productivo’ es tan importante que hemos incorporado en la nueva ley educativa la idea de que la educación debe ser productiva; queremos poner esa idea en la cabeza de los niños desde pequeños”. Según Arce Catacora y Álvaro García Linera, toda redistribución debe estar precedida de una fase de producción, la cual requiere, por un lado, un nivel mínimo de paz social y, por el otro, un mercado interno dinámico.

En lo que respecta a la paz social, las cosas no estaban resueltas. Dos años después de su elección, Morales sufría un intento de golpe de Estado fomentado por la oligarquía terrateniente de la región de Santa Cruz.

El poder debe pues transigir con una oposición a la cual los principios democráticos no le preocupan mucho, y encontrar la forma de lograr sus fines sin ofender demasiado. Un ejemplo. En lugar de oponerse directamente al poderoso sector de la agroindustria para ayudar a los pequeños productores, el poder creó en 2007 la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). La institución compra a los pequeños agricultores su arroz, su trigo, su soja o su maíz a precios superiores a los del mercado cuando son demasiado bajos. La agroindustria se ve pues obligada a alinear sus precios con los de EMAPA, incluso a mejorar su oferta. “El mercado no es más que pura especulación –resume Jorge Guillén, quien dirige EMAPA para la región de Santa Cruz–. La función de EMAPA consiste en regularlo, incluso adquiriendo sólo el 15% de la producción total”. “El papel de EMAPA es ayudar a impedir que la agroindustria fije por sí sola los precios –agrega el vicepresidente Álvaro García Linera–. En síntesis, a fortalecer la posición de los pequeños productores. La intervención del Estado equilibra una lucha despareja entre dos sectores muy desiguales económicamente”.

Una lógica “ganador-ganador” que se observa en las medidas tomadas para estimular el mercado interno. En las calles de los centros urbanos, llaman la atención de los paseantes pequeños carteles que dicen “Esfuerzo por Bolivia”. Señalan los puestos que participan de un programa iniciado en 2018 (y basado en una ley de 2013) para favorecer la producción local: cuando el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) supera el 4,5%, los empleadores de personas cuyo ingreso es inferior a un umbral fijado por la ley (15.000 bolivianos por mes en 2018, aproximadamente 2.000 euros, es decir, más de siete veces el salario mínimo) deben pagarles un doble aguinaldo. Por primera vez este año, los empleados públicos perciben el 15% de la suma a través de una aplicación móvil que limita su utilización a productos fabricados en Bolivia y al pago de artesanos locales previamente registrados.

Si bien la medida había provocado inicialmente la ira de los pequeños comerciantes, que debían pagar un mes más de salario a sus empleados, actualmente lo hacen convencidos: “Vendedores de zapatos, ponchos, helados… Todo el mundo fue a registrarse –nos explica una clienta de un puesto de la calle Max Paredes, una de las principales arterias comerciales de La Paz–. La aplicación está bien hecha: puedes ingresar el producto que buscas y Google Maps te indica los lugares donde puedes encontrarlo. Luego, le das un código al vendedor para pagar con su aplicación. La operación tiene tanto éxito que los pequeños emprendedores cuentan que nunca ganaron tanto”.

“Redistribuir forma parte de la justicia social, pero también sirve de combustible para la dinámica interna”, justifica el vicepresidente García Linera. Redistribución, consumo, producción, crecimiento: en el plano económico, el esquema boliviano se parece a un círculo virtuoso. Pero estimular el consumo conduce a veces a alentar el consumismo, con consecuencias políticas menos favorables.

El pecado original

Desde su apertura, en 2010, el centro comercial MegaCenter –ubicado en el barrio residencial y acomodado de Irpavi– ascendió rápidamente a la categoría de destino obligado de final del día y fines de semana, con sus dieciocho salas de cine (algunas en 3D, que proyectan las últimas grandes producciones hollywoodenses), sus numerosas franquicias internacionales como Burger King o Hard Rock Café, su pub irlandés, sus tiendas, su bowling, su gimnasio, sus salones VIP, su campo de paintball, su pista de patinaje y… su estacionamiento de tres niveles. Otros florecen en las grandes ciudades del país, sugiriendo que la cultura de los malls al estilo estadounidense –que hasta hace algunos años aquí nadie conocía– se instaló actualmente en Bolivia.

Las cosas se hicieron no sin fricciones. La inauguración de una línea de teleférico que conecta el suburbio popular de El Alto con Irpavi, en 2014, facilitó la llegada de familias populares, reconocibles por las polleras que llevan tradicionalmente las mujeres indígenas. Poco acostumbradas a la etiqueta propia de este tipo de entorno, se sentaban en el suelo para compartir una gaseosa o golosinas, o disfrutaban de los jardines cercanos acostándose en el pasto. Su presencia provocó a su vez la llegada de vendedores ambulantes de comida barata… “Estos indios contaminan el MegaCenter –se enojaron entonces algunos vecinos y clientes en las redes sociales–. Desde que vienen, hay basura por todos lados.” Otros intentaron una torpe defensa: “Es cultural. Se sientan en el suelo para estar en contacto con la Madre Tierra” (2). La instalación de carteles “Prohibido hacer picnics” permitió que el templo del consumo volviera a ser un lugar “agradable”, donde cada uno puede actualmente ver una película estadounidense comiendo pochoclo, hacer sus fotos de casamiento o aprovechar las “súper ofertas” y los “precios locos”, como durante el Black Friday, ese acontecimiento de noviembre venido directamente de Estados Unidos que marca el comienzo de las compras de fin de año.

“La gente que frecuenta estos lugares difícilmente vuelva a ser comunista”, suspira Manuel Canelas, ministro de Comunicación, encargado de trabajar por la reconquista de la clase media antes de las elecciones de octubre. A sus ojos, el discurso del poder cometió el pecado de elevar el consumo al rango de virtud en sí misma, con el riesgo de borrar la dimensión política de su proyecto. “Estos últimos años se ha observado una explosión de los clubes de gimnasia y fitness en Bolivia, particularmente en La Paz. Lo que dice mucho sobre la transformación de la sociedad: con mejores condiciones de vida, uno dispone de más tiempo para preocuparse por su cuerpo, su apariencia”.

Canelas imagina, al dialogar con nosotros, el recorrido típico de un “joven boliviano de 25 años”. No habiendo crecido en el barrio periférico popular del que provienen sus padres, se “socializó en otros espacios”, construyéndose una identidad “en lugares donde los códigos son un poco menos colectivos”. No más egoísta que su padre o su madre, este joven será sin embargo menos proclive “a militar toda su vida en un sindicato”: “Su relación con el interés general será diferente”. Al igual que sus preferencias políticas. ¿La solución? “Debemos mejorar la oferta de servicios públicos y su calidad”, nos dice Canelas, para que “no se asocie más el bienestar y la calidad de vida con lo individual y lo privado. Es el único modo de desarrollar una forma de conciencia política compatible con las ideas de nuestra revolución en el seno de esta población”. En esta perspectiva, Canelas recomienda construir “parques, espacios públicos donde puedan hacer deportes, ir en familia, hablar con sus vecinos, interactuar y vivir en comunidad. Se adquiere otra idea de la ciudadanía cuando se puede acceder a este tipo de lugares, en vez de cultivar la apariencia en un club privado”.

Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raquel Lara identifica otra dificultad: “Mi hija, que tiene 24 años, nada sabe de las conquistas del pasado, de la ‘guerra del gas’, por ejemplo (3). La juventud actual está despolitizada; no ha sido informada, ni formada. Ya no hay dictadura contra la cual luchar, la lucha política interesa menos”. El argumento no convence a Jazmín Valdivieso, que forma parte de esa juventud de menos de 30 años: “Hay que vender otra cosa a los jóvenes. El discurso según el cual ‘las cosas están mejor que en la época de la dictadura’ no les basta”. A sus ojos, no están desmotivados, sino comprometidos con otras cosas. Las luchas actuales son “las de la juventud urbana, proveniente de la clase media”, lo que se explica según ella por la evolución demográfica: “Hay muchos menos jóvenes en las zonas rurales. Se quedan allí hasta los 14 o 15 años, luego se mudan para ir a estudiar o trabajar, y entonces se vuelven urbanos”. ¿Qué luchas los movilizan? “Las luchas por los derechos de los animales, las mujeres, las personas LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y trans], etc., que son impulsadas fuera de los partidos, por jóvenes que no son militantes sino activistas. Para muchos de ellos, la política está ensuciada por la corrupción; un sentimiento que se extiende en el seno de la clase media.”

Ruptura determinante

Pero ¿puede hablarse realmente de “una” clase media, sobre todo en Bolivia? En esta categoría se encuentran los sectores cultos de los barrios acomodados, como San Miguel y Sopocachi en La Paz, los empleados de un sector público fortalecido por las nuevas empresas estatales, jóvenes cuyas ambiciones se beneficiaron con la generalización del acceso a la educación sin que el mercado del trabajo produzca aún suficientes empleos calificados. Se encuentran también los comerciantes, artesanos y microemprendedores provenientes de las clases populares y de tez a menudo más oscura, cuyas condiciones de existencia y nivel de vida mejoraron sensiblemente: los que aquí llaman cholos, poblaciones indígenas urbanizadas, menos aferradas a los valores tradicionales aún preponderantes en las zonas rurales, que a formas de actividad económica y comercial a menudo poco calificadas (4). Ahora bien, nada indica que la estrategia de Canelas (y de todos aquellos que pretenden reforzar la conciencia política de una clase cuya tendencia consumista el gobierno habría elogiado demasiado) esté dando los frutos esperados en lo que respecta a los cholos.

Estos sectores apoyaron inicialmente a Morales. Primero, por identificación étnica: “Las cosas cambiaron aquí, vivimos una revolución. Con la elección de nuestro presidente Evo Morales, nuestra cultura está actualmente en un primer plano”, declaraba en 2014 un residente de El Alto a un periodista de Financial Times (5). Su entusiasmo fue también alimentado por el voluntarismo del Estado, que benefició en gran medida a una población que controla actualmente lo más importante del comercio de distribución a nivel nacional y se convirtió en un actor económico central. En efecto, la “revolución” que mencionaba el hombre entrevistado por Financial Times traía consigo un segundo componente: “Ahora puedo decir: ‘Tengo dinero, hago lo que quiero’”. Como construirse un cholet, término surgido de la combinación de cholo y chalet, en referencia a las casas suizas, que simbolizarían el éxito. En las calles de El Alto, es imposible no ver esos extraños edificios. Para la franja más rica de los cholos, exhibir su éxito económico implica tener un cholet mucho más extravagante que el del vecino: de cinco, seis, a veces siete pisos; paredes pintadas con colores brillantes; una arquitectura donde lo kitsch compite con lo ostentoso; inmensos ventanales; una superficie que supera a veces los quinientos metros cuadrados…

Pero entre los cholos y el gobierno, la ruptura ya se ha consumado, nos explica Nico Tassi, antropólogo especialista en economía popular: “El primer conflicto con el gobierno se produjo en el momento en que el poder emprendió la lucha contra la economía informal” –que representa el 60% del PIB y abarca al 70% de la población activa (6)–, en los años 2010. Cuando el Estado reforzó los controles, los cholos interpretaron su accionar “como una forma de desconfianza hacia ellos”. Más allá de la típica resistencia a los impuestos, aparece entonces un fenómeno inesperado: la mejora de los servicios públicos no representa una prioridad para una población que, habiéndolos descubierto con la llegada al poder de Morales, se siente satisfecha con su nivel de funcionamiento actual.

Entre los cholos, la prioridad sigue siendo la comunidad local, que resulta tanto más importante cuanto que vive un éxito colectivo asociado a una identidad cultural fuerte. Para Tassi, las poblaciones cholas constituyen originalmente sectores populares que no dependen de “entidades civilizatorias externas, como el Estado, el capital, la escuela, las ONG”. Con su discurso sobre el respeto a las diferencias identitarias, la “revolución plurinacional” de Morales los invita a “afirmarse de manera autónoma, reforzar sus propias instituciones y su cultura, ayer denigrada”. En este caso concreto, el acceso a la clase media no se ve acompañado de una ruptura con el modo de vida anterior, sino de su fortalecimiento. Se observa su riqueza no a través de los modos de consumo y de vida europeos, sino a la moda chola.

De esta manera, por ejemplo, los prestes, esas fiestas particularmente onerosas que organiza la nueva burguesía chola de origen aymara, desempeñan un papel determinante en el seno de esa franja de la población. La vestimenta y las joyas que lucen entonces (tan costosas que a veces se contrata un servicio de seguridad) expresan un éxito económico y un estatus social que el resto del tiempo no suele mostrarse. Este nuevo orgullo de “indios con plata” suscita además un resurgimiento de odio racial por parte de la antigua elite y la clase media blanca afectadas en sus privilegios.

Arraigo y funcionamiento comunitarios no significan aquí cerrarse al mundo; todo lo contrario. Agricultor de unos sesenta años, con el rostro arrugado y la sonrisa desdentada, Don Paulino Santos nos declara orgullosamente que gana “mucho dinero”. Además del campo del cual se ocupa, administra un taller de confección con su hija y está a punto de viajar a China para encontrar allí nuevos mercados. Los lazos de los comerciantes cholos con China alcanzaron un nivel tal que, cuando Morales designó a su primer embajador en el Imperio del Medio, éste se dirigió naturalmente a la comunidad chola para informarse. Cuando se trata de entablar negociaciones con multinacionales, los comerciantes de La Paz también prescinden del Estado. Como en sus negociaciones con el gigante Samsung, al que lograron imponerle la distribución de productos sólo en negocios independientes. Si bien la empresa surcoreana posee una tienda oficial en la calle Eloy Salmón, no puede vender allí sus productos.

Cuando nos explica cómo ve el futuro para el proceso político en el cual trabaja desde 2006, Álvaro García Linera afirma: “Bolivia tiene la suerte de tener esta clase media indígena chola, con su funcionamiento comunitario y asociativo muy específico”. Así, permite “pensar la perduración del proceso de transformación social iniciado con la llegada al poder de Evo Morales, aun cuando esta clase sea más consumista e individualista de lo que eran antes los sectores de la población de la cual surgió”. Para el vicepresidente, la clase media emergente chola constituiría la columna vertebral de la economía del país, como consecuencia de su control del mercado interno: mezclando eficacia y ética comunitaria, ofrecería “nuevas herramientas de reflexión para pensar y prolongar el proceso de cambio”.

Si resultan reelectos, Morales y su equipo deberán sin embargo dar muestras de habilidad táctica y flexibilidad estratégica para vincular el futuro de su “revolución democrática y cultural” a un grupo social que todo indica, por el momento, que se construye al margen de este proceso.

1. “Democracy, Latino-style”, The Economist, Londres, 11-9-10.

2. Maëlle Mariette, “En busca de la Pachamama”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2018.

3. Importante conflicto social que, en octubre de 2003, condujo a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contribuyó al prestigio del actual presidente Evo Morales.

4. La porosidad de las fronteras entre economía rural y economía urbana condujo a extender el término al conjunto de poblaciones mestizas que, sin adoptar el estilo de vida y las actividades de las burguesías blancas provenientes de la colonización, se inscriben en el desarrollo de una economía local caracterizada por la informalidad y las redes de proximidad.

5. Andres Schipani, “Bolivia’s indigenous people flaunt their new-found wealth”, Financial Times, Londres, 4-12-14.

6. “Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico”, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 2016; Leandro Medina y Friedrich Schneider, “Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years?”, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, DC, 2018.

La entrada ¿Sepultureros de la revolución boliviana? se publicó primero en El Dipló.


 

¿Milagro o ilusión?


“¿Qué queremos? ¡Viviendas para todos!”, gritaban sin parar unas cincuenta personas frente al sombrío edificio del Ministerio de Vivienda. En la mañana del 4 de junio de 2019, allí estaban los militantes de Stop Despejos (“No a los desalojos”) y un grupo de familias lisboetas amenazadas de desalojo.

Días antes, Maria Nazaré Jorge, de 83 años, que vivía en pleno centro de Lisboa, había sido desalojada por dos policías. “Vivía en este departamento desde hacía cuarenta años. El contrato de alquiler estaba a nombre de su tía, que falleció hace poco –cuenta Sandra P., de Stop Despejos–. Su alquiler era de 200 euros por mes. Como en el corazón de la capital los precios inmobiliarios se fueron por las nubes, la propietaria aprovechó para echarla.” Durante casi una hora, los miembros del colectivo se manifestaron alzando pancartas que proclamaban “Hay crisis habitacional” o “No a la especulación inmobiliaria”. Luego, se autorizó una pequeña delegación a entrar en el edificio. La jefa del gabinete ministerial declaró, lacónica: “Maria Nazaré Jorge estará en un alojamiento provisorio hasta que se pueda encontrar una solución definitiva”. Sandra P. cuenta: “Desde su desalojo, anda deprimida y desorientada. Vive sola en las alturas de Castelo, el barrio más turístico de la ciudad, donde el único medio de transporte público es el famoso tranvía N°28 que los turistas siempre toman por asalto”.

En 2012, el gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho (2011-2015) modificó la ley de alquileres a favor de los propietarios, facilitando el aumento del alquiler al final del contrato y la expulsión de los inquilinos en caso de reformas en el inmueble. Asfixiado por la crisis de la deuda desde 2008, en 2011 Portugal cayó en la trampa de la Troika, la alianza del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Ésta le impuso la desregulación del mercado inmobiliario y el desarrollo de la oferta turística como requisitos para el otorgamiento de una ayuda de 78.000 millones de euros.

Desde entonces, Lisboa se ha dedicado a impulsar su “atractivo fiscal” a fin de estimular el mercado inmobiliario. Las “visas de oro”, permisos de residencia creados en 2012 que se conceden a los extranjeros que compren bienes inmobiliarios por más de 500.000 euros, permitieron inyectar en seis años 4.000 millones de euros de capital en el sector. A esto se agregó el estatuto de residente no habitual (RNH), que garantiza un régimen fiscal ventajoso a los jubilados europeos que se instalen en Portugal y que adquieran allí una vivienda.

“Otra ley de 2014 que reglamenta los alquileres de tipo Airbnb permite que los propietarios ganen 3.000 euros por mes alquilando a turistas una propiedad que alquilarían a 300 euros a un portugués –agrega Luís Mendes, geógrafo y miembro de Morar em Lisboa (“Vivir en Lisboa”), una plataforma compuesta por unas cuarenta asociaciones por el derecho a la vivienda–. En ciertos barrios del centro, más de una de cada dos viviendas se alquila por Airbnb. Esta liberalización del mercado de alquiler lleva a la expulsión de una a tres familias por día. Hoy en día, incluso la clase media tiene dificultad para encontrar vivienda.” Con un aumento de alquileres turísticos del 3.000% en una década, desde fines de 2018 Lisboa es la capital europea que cuenta con más alojamientos Airbnb por habitante, por delante de Barcelona y París. Sin embargo, “en cuatro años, el gobierno de izquierda no ha hecho casi nada frente a estas medidas neoliberales que favorecen la financiarización de la vivienda”, declara Mendes.

Un terreno de especulación

A fines de 2015, el gobierno del primer ministro socialista António Costa llegó al poder mostrando la voluntad de atenuar las medidas de austeridad prescritas por la Troika. Apoyado en el Parlamento por el Bloque de Izquierda (Bloco de Esquerda, BE, izquierda radical), el Partido Comunista Portugués (PCP) y los ecologistas, gracias a acuerdos bipartitos –una coalición conocida como la geringonça, “la chapucería” en español–, el Ejecutivo aplicó una política de reactivación del poder adquisitivo, al tiempo que intentaba recuperar las cuentas públicas. Aumentó así las jubilaciones más bajas, aumentó el sueldo mínimo –de 485 euros en los que estaba congelado desde 2014, pasó a 600 euros en 2019– e incluso amplió las prestaciones sociales mínimas (1).

Los resultados son edificantes. En junio de 2017, Portugal salió del procedimiento por déficit excesivo en el que se encontraba desde 2009. La tasa de desempleo disminuyó rápidamente, pasando del 12% en 2015 al 6,3% en 2019, y el gobierno prevé un déficit público casi nulo para 2019, mientras que en 2015 se elevaba al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB): una novedad desde el advenimiento de la democracia en 1974. Por su parte, el crecimiento “culminó” con un 2,7% en 2017, el más alto en diecisiete años.

De The New York Times a Le Monde, de Le Figaro Économie a Financial Times, la prensa saluda el “milagro económico portugués”. La izquierda europea aplaude las medidas adoptadas por Costa, que supo dar la espalda al dogma liberal de la austeridad que impone Bruselas. Así, durante la campaña presidencial francesa de 2017, el candidato socialista Benoît Hamon se encontró con Costa en Lisboa, en tanto que Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) se refería al “modelo portugués” para promover su programa electoral.

El éxito se reflejó en los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones europeas. El socialista Duarte Cordeiro, secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y hombre clave de la alianza entre el gobierno y los diputados de extrema izquierda, celebró el resultado de su partido. Desde el sillón de su elegante oficina en pleno corazón de la Asamblea de la República, destacó: “A pocos meses de las legislativas de octubre, ganamos las elecciones con el 33,4% de los votos. No mandamos ocho, sino nueve diputados socialistas al Parlamento Europeo. Es una señal del amplio apoyo popular a la lógica actual del PS y de los partidos que apoyan al gobierno”.

Sin embargo, el PS portugués parece acomodarse sin demasiada dificultad a las medidas neoliberales de sus predecesores, como aquella que incita a los propietarios a alquilar a los turistas antes que a los habitantes, o las medidas de exoneración fiscal que buscan atraer a los inversores chinos y rusos. “Las visas de oro y el estatuto de RNH son dos temas sobre los que el gobierno no ha formulado su política –admite Cordeiro–. Pero estamos dispuestos a debatir sobre la cuestión, probablemente en el curso de una futura Legislatura”.

¿De veras? En enero de 2019, Costa inauguró un régimen de sociedad inmobiliaria inspirado en los Real Estate Investment Trust, un modelo que permite transformar la inversión inmobiliaria en inversión financiera gracias a una fiscalidad ventajosa. Además, en la misma línea que el estatuto de RNH, desde julio de 2019 el gobierno ofrece una reducción del 50% en el impuesto a las ganancias durante cinco años a aquellos portugueses que, expatriados durante el período de austeridad, regresen próximamente al país. En efecto, entre 2010 y 2015, en el momento más álgido de la terapia de austeridad, emigraron 500.000 personas, es decir, el 5% de la población. El objetivo de esta medida: incitar fiscalmente a los jóvenes profesionales de altos recursos a invertir en Portugal. Una suerte a la que no pueden aspirar los que no tuvieron los medios para exiliarse durante los años que siguieron a la crisis.

Al día siguiente de la acción de Stop Despejos, Morar em Lisboa organizó un debate sobre la regulación reciente por parte de la municipalidad de los alquileres Airbnb. En una pequeña sala acogedora, muy cerca del Museo del Fado, calle abajo del barrio de Alfama, se sucedieron acalorados debates hasta la noche. Lurdes Pinheiro, de la asociación del barrio, lanzó: “Alfama se está convirtiendo en un parque de diversiones. Todas las intervenciones urbanísticas de la municipalidad están dirigidas a los turistas y no a los lisboetas. ¡Es una barbarie arquitectónica que está destruyendo nuestro patrimonio!”.

A pocas cuadras de allí, la municipalidad socialista cedió hace poco el Palacio Santa Elena, un antiguo edificio del siglo XVI, a Stone Capital, uno de los principales promotores inmobiliarios de la ciudad. Los dos hermanos al frente de ese grupo privado, los franceses Arthur y Geoffroy Moreno, lo transformaron en departamentos de lujo. “Del otro lado de la colina de Alfama, Stone Capital se apoderó también de la plaza Martim Moniz –señala Ana Jara, arquitecta y consejera municipal de la oposición (PCP)–. Tienen el proyecto de construir un centro comercial a cielo abierto. Se trata de la privatización de una plaza pública”.

Luego de las elecciones municipales de 2017, en las que el alcalde socialista Fernando Medina resultó reelecto, los proyectos urbanos de envergadura dejaron de ser examinados por el Consejo Municipal. Comenzaron a ser directamente aprobados por el gabinete del vicealcalde Manuel Salgado, responsable de urbanismo desde hace doce años. “Es el director de obras de una estrategia de planificación urbana neoliberal cuyo único objetivo es hacer de Lisboa un terreno fértil para las inversiones financieras”, suelta Jara.

“Hace cinco años, uno de cada tres edificios en Lisboa estaba en ruinas, deteriorado o vacío, sin ninguna función social o económica”, nos dice Mendes. Desde que se confió al sector privado el jugoso mercado de recuperación de la ciudad, los grandes proyectos urbanísticos florecen al mando de Salgado. En el norte de la ciudad, la futura Torre Portugália, de 60 metros de altura, que albergará viviendas de alto nivel, cristaliza la bronca de los lisboetas. Del otro lado del Tajo, en los barrios populares, el proyecto Lisbon South Bay se anuncia como la operación más importante de revalorización urbana desde la Expo 98, la exposición internacional de 1998. Se prevé construir: un centro de congresos, un club náutico y hoteles de lujo. Los promotores estiman que este proyecto “reforzará la categoría de Lisboa en tanto destino turístico y de inversiones” (Público, 14 de mayo de 2019). La capital hoy se ha transformado en un terreno de juego para los inversores internacionales, a tal punto que, en la primavera de 2019, Medina fue invitado al club Bilderberg, ese discreto encuentro anual de las elites políticas y económicas occidentales.

Estas políticas de captación del maná público, en detrimento del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad de los portugueses, pretenden paliar el gran déficit de inversiones del gobierno de Costa. Porque, desde la llegada al poder de los socialistas, es el momento de menor inversión pública desde el establecimiento de la democracia en 1974. En 2018, el país fue incluso el inversor público más débil de la zona euro (2).

Ortodoxia presupuestaria

La razón de esta decisión es política: la obsesión del gobierno socialista de respetar la ortodoxia presupuestaria que imponen los tratados europeos. De este modo, la recuperación económica sirvió prioritariamente no para mejorar las condiciones de vida de los portugueses, sino para cubrir el déficit y la deuda, que se estima en un 120% del PIB. “Buena parte del PS quiere mantener una relación pacífica con el sector bancario y las instituciones europeas, para aparecer como el buen alumno de Europa –afirma José Gusmão, dirigente del Bloque de Izquierda y eurodiputado–. Su objetivo es el reembolso de la deuda para respetar el techo fijado por Bruselas: 60% del PIB. Pero continuar con el ritmo actual de reducción de la deuda –lo cual es utópico– implicaría privarnos de inversiones públicas durante décadas…”. Cordeiro reconoce: “La divergencia principal con nuestros compañeros de la izquierda sigue siendo el ritmo de reducción de la deuda. No apoyan nuestros objetivos presupuestarios. Nosotros los asumimos plenamente”.

La austeridad es aplicada por el ministro de Finanzas Màrio Centeno, economista liberal graduado en Harvard y actual presidente del Eurogrupo (3). En lugar de invertir en el sector público, Centeno se dedicó últimamente a reflotar los fondos del Novo Banco (4), un banco privado que quebró durante la crisis debido a las actividades especulativas: 1.600 millones de euros de dinero público. La decisión provocó la ira de la izquierda radical y de los comunistas, que acusaron al ministro de preferir “sanear” los bancos privados antes que efectuar las inversiones que el país necesita.

Las universidades están al borde de la quiebra; el sistema de salud carece de recursos materiales y de personal. El administrador público de infraestructuras ferroviarias considera que el 60% de las líneas de tren están en un estado entre “malo” y “mediocre”. En cuanto a la vivienda social, representa apenas un 2% del parque inmobiliario. “En el Parlamento se está discutiendo actualmente una ley marco sobre vivienda, pero ya sabemos en qué va a terminar –suspira Rita Silva, de la asociación Habita, por el derecho a la vivienda–. Al margen de algunas medidas positivas, no hay ninguna voluntad política de invertir dinero público en la vivienda. Y António Costa ya afirmó que esta ley no debería poner en tela de juicio la liberalización del mercado inmobiliario.”

Un síntoma de esta tensión entre disciplina presupuestaria y política social: la reciente huelga de los docentes que, dada la buena coyuntura económica, reclamaban la actualización de su sueldo, congelado durante nueve años como consecuencia de la austeridad. Sin embargo, el 5 de mayo último, el Primer Ministro calificó de “bomba presupuestaria” la aprobación de ese gasto por parte del Parlamento, porque pone en peligro “el equilibrio de las cuentas públicas” y compromete la “credibilidad internacional” del país. Luego de que el gobierno amenazara con renunciar, los docentes obtuvieron sólo una recuperación parcial de su sueldo en dos años y nueve meses.

“El país sigue frenado por esa voluntad de satisfacer las exigencias de Bruselas –analiza José Reis, investigador en Economía de la Universidad de Coímbra y coordinador del Observatorio de Crisis y Alternativas–. Se llevó a cabo una lucha difícil para revalorizar los bajos ingresos que responden al marco presupuestario europeo, pero el nivel general de los salarios todavía no alcanzó el de antes de la crisis financiera. ¿Por qué? Porque el crecimiento se basa, entre otras razones, en el trabajo precario y de bajo costo.”

Precarización laboral y salarial

La caída espectacular del desempleo oculta, en efecto, el recurso a empleos mal pagos y poco calificados. Los estudios al respecto muestran que, en la actualidad, la mitad de los contratos son temporales. Desde la llegada de la Troika, nunca hubo tantos trabajadores precarios como ahora: 73.000 más que en 2011. En 2018, la mitad de las horas extras efectuadas no se pagaron. Los jóvenes están en primera línea: el 65% de ellos tiene un contrato temporario, un 10% más que hace diez años. “Respecto de la legislación laboral, se avanzó muy poco, incluso se retrocedió –explica Gusmão–. Con la ayuda de la derecha y de la patronal, el gobierno aprobó la generalización de los contratos precarios de muy corta duración, que anteriormente se limitaban al sector turístico. En suma, lo que la geringonça permitió construir gracias a la revalorización de los salarios, el gobierno lo destruyó mediante la precarización de los sueldos.”

Mientras que entre 2009 y 2018 el porcentaje de exportaciones pasó del 27% al 43% del PIB –un crecimiento considerable–, los puertos industriales representan un desafío importante para la economía. Sin embargo, la competitividad de los puertos de exportación portugueses depende también de la explotación de una mano de obra flexible y del ajuste salarial de los trabajadores. “A fines del año 2013, el gobierno votó una ley sobre la liberalización de la actividad portuaria, con el objetivo de fragilizar nuestras condiciones laborales –cuenta António Mariano, presidente del Sindicato de Estibadores y de Actividad Logística (Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, SEAL)–. Ello causó un fuerte aumento de la tercerización.”

En agosto de 2018, el SEAL lanzó un movimiento de huelga en solidaridad con los trabajadores del puerto de Setúbal, a unos cincuenta kilómetros de Lisboa, donde el 90% de los estibadores y del personal logístico tenían por entonces contratos de jornaleros. “Esos trabajadores precarios no tienen ni vacaciones ni derecho a la protección social en caso de enfermedad o de accidente de trabajo. Algunos pueden ser contratados y despedidos dos veces en el mismo día para empalmar dieciséis horas de trabajo”, explica António Mariano. Setúbal es el puerto estratégico de exportación de Autoeuropa, fábrica del grupo Volkswagen de donde salen más de 100.000 automóviles por año, y del portugués The Navigator Company, uno de los pesos pesados mundiales de la industria papelera.

“Frente a nuestro movimiento contra la extrema precarización, el gobierno de Costa se desligó arguyendo que ése era un asunto vinculado al sector privado –cuenta el presidente del SEAL–. El 22 de noviembre, cuando el puerto estaba paralizado, el Estado mandó a la policía para romper los piquetes de huelga y poder cargar en un buque los autos de Autoeuropa…” La ministra del Mar, la socialista Ana Paula Vitorino, se preocupó más por los vehículos de Volkswagen que se apilaban a la espera de ser exportados, que por las condiciones de trabajo de los estibadores.

A fines de 2018, la lucha del SEAL terminó gracias a un acuerdo para que los trabajadores de Setúbal obtuvieran una convención colectiva. “No obstante, la ley de 2013 sobre el empleo portuario sigue vigente pese a numerosas interpelaciones del Ministerio del Mar y de las comisiones parlamentarias que examinan la legislación laboral. Hoy en día, en la totalidad de los puertos del país, entre el 25 y el 50% de los trabajadores son jornaleros mal remunerados –explica Mariano–. El Estado pretende aumentar la productividad debilitando el poder de negociación de los trabajadores”.

Leña al fuego

A 200 kilómetros al norte de Lisboa, en el pequeño pueblo de Pedrógão Grande, pleno corazón de Portugal, el sol es agobiante. Se llega por una ruta sinuosa en medio de un vasto y desolador paisaje. En junio de 2017, una serie de monstruosos incendios redujeron a cenizas 30.000 hectáreas de bosque y causaron la muerte de 66 personas. La mayoría perdió la vida al intentar escapar del fuego por la ruta principal, que las autoridades habían olvidado cerrar a tiempo. Esta tragedia nacional provocó una gran conmoción. Para explicar el incendio, el más mortífero de la historia del país, muchos señalaron la falta de medios humanos y materiales. Los bomberos, la mayoría voluntarios en Portugal, tienen poca formación y se considera que, desde hace unos diez años, el sistema de comunicación entre los servicios de emergencia (SIRESP), producto de una asociación público-privada, es deficiente.

El gobierno de Costa fue el blanco de duras críticas. El Ejecutivo socialista avanzó con el desmantelamiento de los servicios forestales, la privatización de los medios aéreos contra los incendios y la amputación del presupuesto en política forestal, efectos de la austeridad y del bajo nivel de inversión pública. Entre 2006 y 2016, se redujo a casi un tercio el personal de guardabosques. Una locura en un país cubierto en un 32% de bosques, y donde el fuego devasta en promedio 100.000 hectáreas forestales cada año.

Se ha señalado también el cultivo intensivo de eucaliptos como responsable del incendio. Se sabe que este árbol originario de Australia, además de empobrecer los suelos y la biodiversidad local, es sumamente inflamable. Sin embargo, los pequeños propietarios forestales lo plantan masivamente desde hace veinte años: este combustible, que no requiere ningún mantenimiento y crece muy rápido, se vende como materia prima a la industria papelera, en particular a The Navigator Company. “El eucalipto representa hoy un cuarto de los bosques portugueses. Es la especie más presente en el territorio –denuncia la Liga para la Protección de la Naturaleza (LPN)–. Portugal tiene la densidad de eucaliptos más alta del mundo. Este árbol, durante un tiempo presentado por el Estado como nuestro ‘petróleo verde’, es considerado como un motor de la economía”.

Tercer exportador del país, The Navigator Company realiza el 3% de las exportaciones nacionales. “Entre 2002 y 2004, el gobierno de Manuel Barroso negoció con la empresa para intensificar su desarrollo económico –relata Nádia Piazza, que perdió a su hijo de 5 años durante el drama de junio de 2017 y que preside la Asociación de Víctimas del Incendio de Pedrógão Grande (5)–. Desde entonces, con los ojos cerrados, los poderes locales concedieron a los micro propietarios las autorizaciones para plantar eucaliptos. Puesto que la política forestal se basa en el beneficio a corto plazo, el árbol proliferó muy rápidamente en las zonas rurales más desfavorecidas”. Además, muy a pesar de las asociaciones de protección del medioambiente, el gobierno de Passos Coelho liberalizó el cultivo de eucaliptos para las parcelas de menos de dos hectáreas, es decir, más del 80% de la superficie forestal, transformando a Portugal en “Eucaliptugal”, según la expresión de los ecologistas.

“Pedrógão Grande es una de las comunas más pobres del país. Un tercio de nuestros 2.500 habitantes tienen más de 65 años y cobran una jubilación de menos de 300 euros por mes –declaró Valdemar Alves, alcalde del PS de la comuna (6)–. El hecho de plantar algunos eucaliptos en sus pequeñas parcelas les asegura un ingreso significativo para sobrevivir”. Por otra parte, la población del pueblo se redujo a la mitad en los últimos cincuenta años. “Todos los jóvenes parten a Lisboa a buscar trabajo –se lamenta el alcalde– El éxodo rural conlleva el abandono de campos y bosques que, al no ser mantenidos, facilitan la propagación del fuego”. “Perdimos a nuestros seres queridos, y también toda esperanza –suelta en un suspiro Nádia Piazza–. Tenemos una sensación de abandono”.

La zona que rodea la municipalidad se reduce hoy en día a un conjunto de colinas grisáceas hasta donde alcanza la vista, donde los brotes de eucaliptos salen de la tierra como de una caja de sorpresas. “Es que el fuego favorece la proliferación de la especie, así como su comportamiento invasivo…”, explica la LPN. Tras la tragedia de junio de 2017, y con los riesgos mayores de incendios, el gobierno aumentó la cantidad de personal en la zona, reforzó los medios aéreos y compró al sector privado, por 7 millones de euros, la red SIRESP. Pero el primer ministro nombró al frente de la Agencia para la Gestión Integrada de los Fuegos Rurales (AGIF), estructura nacional de coordinación de planificación de lucha anti-incendio lanzada a comienzos del 2019, a Tiago Martins de Oliveira, un ex directivo de The Navigator Company. Los nuevos programas regionales de gestión forestal, vigentes desde este año, dan prioridad al eucalipto en todos los proyectos de plantación o reforestación en el 95% del territorio. “Los nuevos programas no muestran ninguna ambición de cambiar el escenario actual y funcionan según el business as usual”, resume la LPN.

Desde el año pasado, hay indicios de que el boom económico de Portugal se está quedando sin aliento. Luego de siete años de aumento constante, el incremento del número de turistas sufrió una fuerte desaceleración en 2018 –con un aumento del 3,8% respecto del 9,1% en 2017–. En junio, el Banco de Portugal advirtió sobre la posibilidad de una “interrupción brutal” de la efervescencia especulativa en el sector inmobiliario. Y si bien en 2017 la tasa de crecimiento fue del 2,8%, en 2018 comenzó a reducirse (2,1%), con un pronóstico del 1,7 % para 2019.

A fuerza de querer conjugar medidas sociales y rigor presupuestario, el gobierno de Costa, ¿no trabajó más en pos de una ilusión que de un milagro? “La geringonça fue un laboratorio político, una experiencia nueva para la izquierda –concluye Reis–. Pero, en vísperas de las legislativas de octubre, se plantea un interrogante: ¿podrá continuar?”. γ

1. Véase Marie-Line Darcy y Gwanaëlle Lenoir “En Portugal, una izquierda audaz”, Le Monde diplomatique, edición española, Valencia, octubre de 2017.

2. Con solamente el 1,97% del PIB, respecto de un promedio del 2,67% dentro de la Zona Euro (Eurostat, 23-4-19).

3. Reunión mensual de los ministros de Finanzas de la Zona Euro.

4. Tercer banco del país, Novo Banco nació tras el rescate del Banco Espírito Santo. En 2014, el Estado portugués ya había inyectado 4.400 millones de euros en sus cuentas.

5. En 2018, Piazza se unió al grupo del CDS-Partido Popular (derecha conservadora) a cargo de elaborar el programa electoral del partido.

6. Alves es citado por la Justicia por “homicidio culposo” en los incendios de junio de 2017 y por sospecha de desvío de fondos destinados a la reconstrucción de viviendas.

La entrada ¿Milagro o ilusión? se publicó primero en El Dipló.

 

Setenta años de gratuidad universitaria


Desde nuestro presente, atravesado por diversas tensiones, resulta interesante reconsiderar los pasos dados por el primer gobierno de Juan Domingo Perón en torno a la gratuidad universitaria así como su perdurabilidad en el tiempo. Ese ejercicio se enriquece si lo insertamos en la tradición abierta por el movimiento reformista del año 1918.

Esta acción pone en discusión algunos tópicos encontrados en el sentido común, motivados en procesos históricos concretos (antinomia irreductible entre peronismo y reformismo). También arroja algunos elementos acerca de la permanencia hasta la actualidad del principio de gratuidad, aunque existieron y existen intentos en sentido contrario.

Podemos colocar la cuestión de la gratuidad universitaria en una perspectiva de larga duración. Es real y cierto que tanto la política universitaria del golpe militar de 1943, como la confrontación de los años 1945 y 1946 colocaron frente a frente al naciente movimiento peronista con los estudiantes universitarios. También lo es que los estudiantes que engrosaron lo que Tulio Halperin Donghi llamó “resistencia”, como vanguardia de la clase media urbana más consolidada, buscaron identificarse y monopolizar las banderas de la tradición reformista.

Sin embargo, muchos dirigentes que se integraron o configuraron el peronismo inicial habían actuado en el seno de esa tradición. De allí venía también la motivación por la gratuidad, enarbolada por algunos estudiantes de 1921 sin éxito.

A partir de estos elementos, los términos reforma, reformismo y peronismo no admiten una aproximación simplista ni lineal, por más peso que tengan los hechos de un período y algunas interpretaciones e imágenes en esa consideración. A la luz de la decisión tomada por el gobierno peronista de establecer la gratuidad en las casas de estudios de nivel superior del país, esas relaciones requieren una mirada más amplia y superadora.

Si observamos el recorrido que han tenido las cuestiones legadas por la Reforma de 1918 en la vida universitaria de los gobiernos de raíz democrática, esta perspectiva se hace más necesaria.

Recordemos que el tercer gobierno peronista, a través de la Ley Taiana, intentó integrar los sentidos clásicos asociados al movimiento estudiantil y democratizador: cogobierno, autonomía, gratuidad y vinculación con lo social. Con posterioridad, ya en la democracia recuperada a partir de 1983, las perspectivas de construcción de una universidad íntimamente ligada a la sociedad, a un modelo de desarrollo deseado y a la profundización democrática han sido referentes utópicos de las fuerzas políticas con expresión mayoritaria en las instituciones de estudios superiores, dando por válidos los elementos constitutivos de la tradición reformista, de la que ya pasaba a formar parte la gratuidad.

Resulta clave sortear, entonces, los efectos de división y asociación directa de sentidos en la comprensión histórica, originados en categorizaciones sumarias, reduccionistas y fuertemente connotadas por el debate político-ideológico. Una aproximación más abierta puede introducir algunas distinciones, basadas en decisiones políticas como las referidas a la gratuidad, y problematizar ciertas lecturas.

El peronismo clásico, a través de la determinación de la gratuidad, disputó a su modo el sentido de la Reforma del 18. Retomaba esa bandera democratizadora, y en algunos casos también incorporó críticas producidas en el seno de la misma tradición reformista, declarándola caduca, superada o cumplida a partir de las realizaciones que venía llevando a cabo en el campo universitario. Entre ellas no eran menores las cuestiones relacionadas al aumento de alumnos con una mejora del acceso desde el punto de vista social.

Esa situación se vinculaba a la implementación de la gratuidad. Si bien el anuncio se realizó el 20 de junio de 1949, se estableció con posterioridad mediante los Decretos Nº 29.337/49 y Nº 4.493/52, integrando una demanda presente en el reformismo desde 1918 (1).

Estas reformas democratizadoras en el ámbito estudiantil impulsaron la organización a través de la Confederación General Universitaria, que buscaba debilitar y competir con la Federación Universitaria Argentina. En boca de uno de sus dirigentes, reconocía aportes a la Reforma universitaria en cuanto a la participación y organización estudiantil, pero le presentaba cargos en cuanto a no haber abatido el enciclopedismo y superado el arancelamiento (2).

Por otro lado, el peronismo jerarquizaba demandas de la tradición reformista (la autonomía a nivel constitucional), daba lugar a demandas largamente planteadas (como la gratuidad y un mayor acceso al ámbito universitario), suprimía los exámenes de ingreso y ampliaba otros derechos como los servicios sociales a estudiantes (comedores, materiales), y avanzaba en las dedicaciones exclusivas para los docentes, unidas a la duplicación de sus salarios. A su vez, y en una dimensión que los opositores no dejaban de percibir como autoritaria, rompía con ciertos elementos de las prácticas y los legados de aquella tradición reformista tal como venía desplegándose hasta la mitad de la década del cuarenta. Las regulaciones en cuanto a la participación estudiantil, su exclusión del gobierno universitario, la limitación en la pluralidad de reclutamiento docente y la autonomía en el ejercicio académico, así como la designación de autoridades por parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante normativas precisas (Nº 13.031/47, Nº 14.297/54) venían a modificar un derrotero y a plantear un escenario de confrontación, aumentado por lo que se vivía en el polarizado sistema político.

A través de becas, el peronismo favoreció la integración de estudiantes latinoamericanos a los espacios universitarios, otra de las banderas reformistas de la década de 1930, cuando se había eximido del pago de aranceles a los estudiantes de ese origen en algunas universidades nacionales.

En tiempos de la Revolución Libertadora, en un momento de fuertes pujas y lucha de sentidos, los estudiantes, con Ernesto Laclau entre los dirigentes prominentes, propusieron la candidatura de José Luis Romero a la intervención de la UBA. Se abrió allí una nueva etapa signada por la modernización académica. El reformismo encabezó y hegemonizó una experiencia que quedó estrechamente ligada a esa tradición en las universidades públicas. En ese marco, sostuvo la gratuidad, que posibilitó un aumento continuo de nuevas camadas de sectores sobre todo medios en el ámbito universitario. En esa nueva oleada de acceso se destacó el crecimiento de la participación femenina.

En esos años, variados grupos estudiantiles comenzaron a cuestionar ese ordenamiento y migraron hacia posiciones aliadas, cercanas o comprensivas con el peronismo. Esos movimientos fueron generando espacios de síntesis, ya que a los aportes y legados de la Reforma de 1918 que consideraban positivos sumaban los intentos democratizadores y obreristas del primer peronismo.

A su vez, en el campo intelectual del denominado “pensamiento nacional”, se producían una serie de materiales con importante difusión. Enrique Rivera, desde posiciones de izquierda nacional vinculadas al Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), planteaba: “La Reforma perdió su proyección continental, su naturaleza nacional y social, quedando reducida a una serie de consignas técnicas para democratizar la universidad y proveer buenos profesionales, científicamente conformados, y humanistas de nuevo cuño”, vinculando ese estancamiento a la situación semicolonial del país. Para él, los reformistas desnaturalizaban la Reforma. El intelectual peronista Juan José Hernández Arregui, a su vez, instalaba la idea de que los ideales de la Reforma de 1918 fueron completados por el peronismo en el gobierno de 1946-1955 mediante el acceso y la gratuidad. Arturo Jauretche polemizaba con los fubistas (reducto mayor del reformismo para él), realizando una clara distinción entre el legado y la fuerza democratizadora del radicalismo que generó las condiciones y otorgó la plataforma para la reforma con las consignas “vacías” del estudiantado divorciado de la realidad del país y de las masas. Jorge Abelardo Ramos, de la izquierda nacional, a través de sus ensayos históricos acusó al reformismo de ir “a contramano” de los impulsos populares representados en primer término por el radicalismo yrigoyenista y luego por los hechos del año 45 que dan lugar al surgimiento del peronismo.

La Noche de los Bastones Largos generó una situación novedosa en las “fuerzas populares y democráticas”, igualando a todos los partidos en la proscripción y cerrando las vías del debate y la participación estudiantil. El orden autoritario buscó limitar los ingresos a través de mecanismos indirectos, pero no pudo retraer la ya consolidada política de gratuidad. Los fenómenos de “cátedras nacionales” y las “convergencias” producidas por la reconsideración del peronismo por parte de figuras que venían del reformismo del período anterior, a la vez que una revisión del legado de la Reforma por parte de los sectores “nacionales” ligados a la educación superior (alumnos, docentes, no docentes y sus agrupaciones), llevaron a una “aproximación” en vísperas de 1973, empujados por un nuevo clima de época signado por cierto latinoamericanismo antiimperialista.

Por ese tiempo, Jauretche volvió a la universidad visitando el Noreste, y participó de un ciclo en el que anticipó los pilares de La colonización pedagógica. Avanzaron las “cátedras nacionales” con Justino O’Farrell, Roberto Carri, Horacio González, Alcira Argumedo, Gunnar Olson, Ricardo Sidicaro. El científico Rolando García convocó a equipos técnicos para la formulación de insumos para el plan de gobierno. Juan Domingo Perón ofreció a Rodolfo Puiggrós el rectorado de la UBA. Las obras de Hernández Arregui se reeditaron y fueron ampliadas con anexos en los que la temática universitaria toma cuerpo. Las revistas Envido y Antropología Tercer Mundo expresaron los movimientos que se producían en la “nacionalización” de las clases medias y los debates sobre la universidad futura. La movilización social y política del retorno democrático del año 1973 operó como acelerador del ingreso a la universidad y contuvo expresiones novedosas y procesos de síntesis de tradiciones enfrentadas (“lo popular” y “lo reformista”). La Ley Taiana sería una expresión de esas búsquedas. Ese intento naufragó por las internas en el oficialismo, la muerte de Juan Domingo Perón y las intervenciones desatadas desde el Ministerio de Educación en tiempos de Isabel Perón. A ello le siguieron el terrorismo de Estado desde el año 1976 y otra ola de intervención a las universidades. La instalación de exámenes de ingreso operó como filtro invisible para reducir la matriculación.

La transición democrática condujo a la aceptación “normalizada” de la tradición reformista construida entre 1955 y 1966 junto con los agregados democratizadores provenientes de la tradición justicialista. Estas fuerzas irían configurando un campo institucional con reglas estables y en constante expansión, de masividad creciente, con creaciones en territorios geográficos y sociales nuevos.

En los años noventa se estableció la Ley de Educación Superior, que habilitaba el arancelamiento, quedando a cargo de las casas de estudio su posible implementación. Ello llevaba a que en tiempos de ajuste presupuestario se limitaran los recursos para las universidades, como en la propuesta fracasada del ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, quien las obligaba a reemplazar los recursos provistos por el Estado a través del arancelamiento o la venta de servicios.

En la etapa siguiente, bajo la estela de inclusión y ampliación de la oferta universitaria, se modificó el articulado de la Ley de Educación Superior para pasar a considerar a la educación como bien público, personal y social, y garantizar el papel del Estado como actor principal e indelegable en el financiamiento, prohibiendo el cobro de aranceles de manera directa o indirecta.

De un pasado de mutua exclusión, pasando por cierta reconsideración, se fue llegando a una recuperación de los postulados reformistas en el conjunto de sus dimensiones por parte de las corrientes principales de actuación en el ámbito universitario. Puede verse que la reafirmación del cogobierno, de la autonomía, de los concursos y la libertad de cátedra, la búsqueda de mayor vinculación con el entorno social, unidos al sostenimiento de la gratuidad para promover mayor acceso y permanencia, forman parte de una tradición compartida y singular de la universidad argentina.

Este lento y trabajoso proceso de construcción democrática, no exento de conflictos y confrontaciones, distingue al sistema universitario nacional de otros países de la región. La gratuidad es un timbre de distinción, como umbral para el derecho a la educación superior. Es la puerta de acceso a niveles mayores de justicia social en el campo educativo. Esa nota distintiva así como su apropiación por parte de la sociedad y las organizaciones estudiantiles y docentes tienen dos proyecciones actuales. Por un lado, hace difícil el camino del arancelamiento planteado por economistas ortodoxos, organismos de crédito o sectores políticos con escasa o nula inserción en el ámbito. Por otro lado, constituye una plataforma para mayores niveles de incorporación y mejora de la permanencia de los estudiantes en las instituciones universitarias, enmarcada en un proyecto político-académico de más largo alcance que integre justicia y democracia.

1. Gabriel Del Mazo (compilador), La reforma universitaria, Tomo I: El movimiento argentino, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967.

2. Horacio Bordo, “Los movimientos universitarios argentinos: de la Reforma a la CGU”, Cuadernos del Ateneo, N° 1, Buenos Aires, 1954.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz

Cuando los trabajadores entraron a los claustros

por Diego Herrera*

A comienzos de la década de 1950, pocos años después de que el presidente Perón estableciera la gratuidad de la universidad pública mediante un decreto, Adolfo Pérez Esquivel ingresó a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para graduarse de pintor y escultor. “Es difícil caracterizar esa época –opina–, porque el peronismo siempre tuvo grandes contradicciones. Lo cierto es que por primera vez había trabajadores que podían mandar a sus hijos a la universidad. Eso antes era más que un sueño; era un imposible.”

El premio Nobel de la Paz recuerda que, al mismo tiempo que la clase trabajadora podía acceder por primera vez a los estudios superiores, durante el peronismo se intervino la universidad y se nombró como rector de la Universidad de Buenos Aires a un conservador católico como Oscar Ivanissevich. Lógicamente, eso provocaba choques con un estudiantado mayoritariamente liberal. Pérez Esquivel recuerda que el movimiento estudiantil de aquel entonces también se organizaba para conseguir que el boleto y el comedor tuvieran precios accesibles para los alumnos.

“Los estudiantes nos manejábamos con bastante libertad y había buena comunicación con los profesores. La UNLP, así como otras universidades argentinas, en ese entonces tenía grandes maestros”, relata Pérez Esquivel. Además, rescata algunas prácticas estudiantiles de la época: “Me acuerdo de que los estudiantes íbamos a las fábricas y hacíamos actos culturales. Los que eran músicos llevaban música y los que manejábamos otras artes les enseñábamos a pintar o a hacer teatro”.

Pérez Esquivel aprovecha la evocación del vínculo entre universidades y fábricas para reflexionar sobre la falsa separación entre trabajo intelectual y manual: “Yo muchas veces pensaba que de la universidad iban a salir arquitectos que nunca colocaron un ladrillo. En cambio, un trabajador que cursaba estudios superiores era un hombre que venía de la práctica, y lo que tenía que hacer era desarrollar su intelecto. La educación también tiene que ser una práctica: es una práctica en la vida. Si no, es sólo conocimiento; no es educación”. Y añade: “La sabiduría no está en aquel que lee más libros, sino en quien comprende el sentido profundo de la vida. Si un ingeniero agrónomo piensa que sólo hay que poner glifosato para producir soja que alimente chanchos, no tiene sabiduría. Tiene un conocimiento para la especulación financiera”.

Para el presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia Argentina y de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, deben valorarse los atributos de la universidad pública del país: es libre, gratuita y de primer nivel. “A setenta años de la gratuidad universitaria –dice–, es fundamental tener presente que el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que todo gobierno tiene que dar a su pueblo. Los presupuestos universitarios no son un gasto, porque de las universidades salen los científicos y allí funcionan los centros de investigación. Son instituciones decisivas para el desarrollo de los pueblos y para profundizar la memoria.” La gratuidad, de acuerdo con el premio Nobel, es una conquista social “fruto de la lucha, no sólo de los intelectuales, sino también de los trabajadores”. Y afirma: “A las universidades argentinas antes sólo llegaba una élite y hoy puede llegar gente de clase media y de los sectores sociales más postergados”.

Según Pérez Esquivel, una de las amenazas principales para la universidad pública y gratuita son las políticas de desfinanciamiento: “Hay que estar muy atentos, porque les bajaron los presupuestos a muchas universidades para pagar los intereses de la deuda externa. Si hay instituciones a las que hoy se les ha reducido muchísimo el presupuesto, lógicamente que no pueden cumplir con el nivel académico y educativo que se requiere”. También evalúa que el actual gobierno nacional privilegia la educación privada por sobre la pública. Por eso, advierte que, aunque quede un largo camino por recorrer en materia de obtención de derechos, “hay que cuidar las conquistas sociales, políticas y culturales”.

“La gran inversión de la política pública es en educación”, insiste Pérez Esquivel, que observa con preocupación que no haya lugar en Argentina para muchos científicos y profesionales. “Hoy –describe– más de dos mil científicos del Conicet tienen que irse del país. Entonces, se invierte en formar a todos esos profesionales que después no tienen cabida.” Para el premio Nobel es necesario relacionar la educación con el desarrollo del país, aunque realiza una salvedad: “El desarrollo nunca es explotación; tiene que permitir restablecer el equilibrio entre la necesidad del ser humano y la Madre Tierra”. Pérez Esquivel, que sigue ejerciendo la docencia universitaria, siempre les recuerda a sus estudiantes: “Todos conocemos los monocultivos de soja, maíz, trigo, pino, pero hay un monocultivo todavía más peligroso, que sólo una educación liberadora y concientizadora puede superar. Se trata del monocultivo de las mentes, del pensamiento único”.

*Licenciado en Ciencias de la Comunicación e integrante del equipo editorial de UNIPE.
Adriana Puiggrós, pedagoga y ex funcionaria

“Fue un momento histórico”

“Hay un antes y un después del establecimiento de la gratuidad universitaria”, asegura la pedagoga Adriana Puiggrós. La ex diputada por el Frente para la Victoria es la autora de la Ley Nº 27.204, que en 2015 modificó la Ley de Educación Superior para garantizar el acceso irrestricto, prohibir el arancelamiento y asegurar la gratuidad de la formación en la universidad pública.

A cuatro años de la sanción de la Ley N° 27.204, ¿qué balance hace sobre sus resultados?

No hay ninguna ley que pueda cumplirse si no hay un sujeto que la sostenga. La modificatoria es muy poco conocida y no ha habido un movimiento estudiantil que la cuidara y la defendiera. Me canso de nombrarla en cada lugar donde hablo y creo que durante el último año y medio empezó a conocerse algo más. También suele ignorarse que hubo tres amparos en contra de la ley, y calculo que ahora debe estar en la agenda de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que dependemos del humor con que se levante la Corte para saber, por ejemplo, si el artículo que garantiza la gratuidad es constitucional o no.

A setenta años de la gratuidad universitaria, ¿qué valoración hace de esa conquista?

Fue un momento histórico que caló profundamente en la educación argentina. La gratuidad se sumó a las tres banderas reformistas (la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el cogobierno). La educación argentina fue concebida como gratuita ya por la Ley N° 1.420 (1884), pero no estaba desarrollada la educación media y, por eso, para los congresistas de aquel entonces era inimaginable pensar una gratuidad que fuera más allá de la primaria. Cuando el gobierno de Perón establece la gratuidad universitaria, se afianza la idea de construir un gran sistema educativo para todos. En la década del sesenta, ya había una población que estaba cursando la educación secundaria y muy rápidamente golpearía las puertas de la universidad. El decreto de Perón tuvo realmente una gran perspectiva de futuro.

Ese decreto parece un hecho histórico mucho menos recordado que las conquistas logradas por la Reforma de 1918. ¿A qué se debe?

El movimiento reformista no vinculó la educación con derechos, sino con libertad. La categoría derecho a la educación no es propia del reformismo universitario; la establece el peronismo en la Constitución de 1949. En la Constitución de 1853 aparecía de manera genérica el derecho a enseñar y aprender.

¿Influye también un cierto antiperonismo en parte del movimiento estudiantil?

Existe una postura antiperonista de los estudiantes, sobre todo entre los que se identificaron con el radicalismo y el socialismo. Siempre se ha visto que los primeros dos gobiernos de Perón tuvieron una postura muy dura con el movimiento estudiantil. Por ejemplo, se nombraron rectores de la derecha nacionalista católica como Oscar Ivanissevich. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otra cosa: en 1945, antes de asumir el gobierno, Perón convocó al movimiento estudiantil y le propuso un acuerdo para establecer la autonomía universitaria. El movimiento estudiantil no aceptó ninguna clase de acuerdo con el peronismo y eso hay que tenerlo en cuenta. También se ignora que la Constitución de 1949 estableció la autonomía universitaria.

¿La intervención peronista en las universidades representó más una continuidad en la política educativa nacional que una ruptura?

Sí, aunque el peronismo tuvo la oportunidad de establecer finalmente los principios reformistas que nunca antes habían sido plenamente establecidos. Ni el gobierno de Alvear lo hizo. Perón tuvo esa oportunidad y no lo hace hasta la reforma de 1949, pero ya la relación con los estudiantes estaba muy deteriorada. En 1973 se intervienen nuevamente las universidades, pero enseguida se sanciona la Ley de Universidades Nacionales (1974), que suma por primera vez la gratuidad a las tres banderas sostenidas por la Reforma. Pero esa experiencia duró muy poco tiempo.

Además de la gratuidad, ¿qué otras políticas son necesarias para que la educación superior pueda ser en verdad un derecho para amplios sectores de la población?

Por un lado, se requiere de cursos de nivelación y orientación vocacional. Segundo, creo que hay que cambiar el criterio básico que tienen las universidades, que es meritocrático. Se tiene en cuenta solamente el título final y no se acreditan los saberes que se van adquiriendo. Alguien que estudió dos años o un año en la Facultad de Medicina tiene conocimientos para desarrollar tareas de prevención primaria, por ejemplo. Las universidades tienen que ir acreditando saberes y esa es una manera de retener. Además, hay que crear una conciencia en la sociedad respecto a que ingresar a la universidad ya es un estatus adquirido. Esto lo muestran mucho las familias de los chicos que entran a las nuevas universidades del conurbano. Hay que intentar que el egreso se haga lo más rápido posible, pero pensar que obligatoriamente alguien deba hacer una carrera en cuatro o cinco años forma parte de criterios meritocráticos, selectivos y discriminadores.

D.H.
Brenda Marcilio, estudiante

Gratis, pero no tanto

“Como muchos y muchas, soy la primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. Mi mamá está jubilada como ama de casa y mi papá trabajó más de 40 años como operario de Peugeot”, cuenta Brenda Marcilio, estudiante de cuarto año del Profesorado Universitario en Letras y presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Marcilio tiene dos hijas de 6 y 12 años que realizan actividades de extensión en la universidad: la menor practica arco y flecha y danza; la mayor toca el violín en la orquesta. Además, a los 65 años, su padre comenzó a estudiar Gestión Ambiental en la misma institución.

¿Qué cambió para que pudieras empezar a estudiar en la universidad pública y gratuita?

Empecé a imaginarme como una universitaria una vez que se construyó el edificio de la UNAHUR a treinta cuadras de mi casa. La cercanía es el primer factor que hizo que yo pudiera acceder a la universidad. Pero también hay que entender que, por más de que sea gratuita, la universidad tienen un costo. Hay que pagar los apuntes, las horas en las que se estudia no se pueden dedicar al trabajo y a veces tenemos que pagarle a alguien para que cuide hijos o hijas. Cuando la cursada es de cuatro horas, hay que comer algo, hay que pagar los viajes.

¿Cómo impactó el estudio universitario en tu vida cotidiana?

Me permitió dos cosas sumamente importantes: soñar y proyectarme. Son dos cosas que descubrí en la universidad: la posibilidad de volvernos profesionales, de tener una mejor calidad de vida, de salir de nuestro futuro predestinado de seguir siendo pobres.

Modificó tu horizonte de futuro.

Totalmente. Cuando una llega por primera vez a la universidad (por lo menos en mi caso y en el de muchos de mis compañeros), lo hace con mucho miedo. Después me di cuenta de que hay una construcción cultural que dice que como trabajadores y pobres no vamos a poder estudiar. Tuvimos que deconstruir un montón de cosas para entender que este lugar también puede ser nuestro. A mucha gente le da bronca que los “negritos” y las “negritas” del conurbano empecemos a estudiar, porque la universidad también nos incluye en la sociedad. Muchos estudiantes no tienen carnet de obra social o recibo de sueldo, pero sí pasamos a tener libreta universitaria. Es simbólico, pero también muy significativo.

Hace casi cuatro años que hay un nuevo panorama político y económico. ¿Se complicó el acceso a los estudios superiores?

La vida cotidiana del que se anotó a estudiar está llena de dificultades. Este gobierno puso condiciones más meritocráticas para otorgar becas (se incrementaron la cantidad de materias que hay que aprobar por cuatrimestre y se redujo el límite de edad para postularse) y eso deja afuera a muchas personas. También veo que muchos compañeros van a cursar sin comer nada.

¿Qué otras políticas son necesarias para que la gratuidad garantice el acceso?

Se necesita una Ley Nacional de Becas para que ningún gobierno de turno decrete que no las vamos a tener más. Otro de los desafíos tiene que ver con que el proyecto educativo tiene que ir de la mano de un modelo de país. Yo no hubiera podido acceder al sistema educativo sin haber tenido resueltas ciertas cosas de mi vida cotidiana, sin que mis hijas comieran todos los días. La verdad es que la política de la gratuidad y de la creación de universidades en el conurbano tiene que ver con un país con justicia social. Para garantizar el derecho de todos los argentinos al sistema de salud, por ejemplo, necesitamos miles de enfermeros y enfermeras; necesitamos miles de nuevos docentes; necesitamos egresados de carreras vinculadas con la ingeniería y la tecnología para desarrollar la industria y garantizar nuestra soberanía política y económica.

D.H.
Formación continua

¿Los posgrados deben ser pagos?

por Adrián Cannellotto y Marisa Díaz*

La Ley Nº 24.521 de Educación Superior de 1995 fijó en su Artículo 29 las competencias de las universidades para la creación de carreras de grado y posgrado y, en el Artículo 59, les otorgó la potestad para generar recursos adicionales mediante la venta de bienes, productos, derechos, servicios, etc. La interpretación conjunta de ambos artículos abrió las puertas al arancelamiento de los estudios de posgrado, quedando en la órbita de las instituciones su implementación. Como es lógico, en los momentos de ajuste y limitación presupuestaria, se intensifica la necesidad de cubrir los faltantes por la vía de la generación de recursos extraordinarios. En forma paralela, desde 1994, las universidades fueron aportando la información que le sirvió a la Secretaría de Políticas Universitarias para elaborar en 2002 un modelo de asignación presupuestaria. Este Modelo de Pautas Objetivas de Distribución Presupuestaria fue aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional en 2003 y modificado en distintos acuerdos plenarios. Una de sus particularidades es que toma en cuenta exclusivamente la cantidad de estudiantes de grado, no incluyendo para sus cálculos a los de posgrado. A pesar de esto, hace ya algunos años que las universidades ofrecen alternativas gratuitas de posgrados, aunque restringidas a sus graduados, docentes y no docentes. A 70 años de la gratuidad universitaria, ¿es posible abrir una discusión en torno al arancelamiento de los posgrados? ¿Tenemos margen para pensar la gratuidad de este nivel de titulación? ¿Debería la gratuidad extenderse por igual a todo tipo de posgrado? ¿Qué impacto tendría una política universitaria que favorezca la gratuidad de aquellas titulaciones vinculadas a la investigación y a la docencia?

Esta última pregunta adquiere singular interés para la Universidad Pedagógica Nacional, dada su particular condición. Desde su creación, los posgrados tienen un peso significativo en su estructura académica. Y lo tienen porque es una universidad orientada no sólo a la formación inicial, sino también a la formación continua del poco más de un millón de trabajadores del sistema educativo nacional. La Ley de Educación Nacional en su Artículo 67 establece que la capacitación y actualización tiene que ser “gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera”. A los efectos de hacer propio este desafío, la UNIPE asume esta tarea democratizando el acceso a los posgrados universitarios para los distintos perfiles educativos, promoviendo para ello formaciones en articulación y codiseñadas con los gobiernos provinciales, las universidades nacionales y los institutos de formación docente.

*Rector y Secretaria Académica de la UNIPE, respectivamente.
“Absolutamente garantizada”

“Creo que la gratuidad está absolutamente garantizada. Desde ya, quienes somos reformistas también incorporamos la gratuidad como uno de los pilares de nuestra universidad. Este año se cumplen setenta años del decreto que así lo establece, y me parece que, más allá de algunas discusiones vanas que se plantean y de que siempre va a haber sectores que se opongan, nuestro sistema universitario público, gratuito y laico tiene historia, fortaleza propia y, además, una consideración social que genera, para mi mirada, que la gratuidad esté garantizada y consolidada. Además, también lo han expresado todos los actores del sistema, tanto en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2008 en Cartagena de Indias (en la que se incorpora la educación superior como un bien público, social y un derecho humano de responsabilidad indelegable del Estado) como se ha reafirmado el año pasado en la CRES de Córdoba, a los 100 años de la Reforma Universitaria.” (Pablo Domenichini, secretario de Políticas Universitarias)

La entrada Setenta años de gratuidad universitaria se publicó primero en El Dipló.